INA-STC

Texto completo

000161
A e

Santiago, tres de abril de dos mil doce.

VISTOS:

Con fecha 30 de diciembre de 2010, Juan
Francisco Arriagada Obreque, en representación de
Daniel Adrián Costagliola Mellado, dedujo
requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del inciso final del
artículo 40 de la Ley N* 18.287, que establece el
procedimiento ante los juzgados de Policía Local,
en los autos sobre recurso de hecho tramitado ante
la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N* 3973-
2010, recaído en un proceso de suspensión de
licencia de conductor por acumulación de
anotaciones de infracciones gravísimas de
tránsito, que se encuentra actualmente en estado
de relación.

El requirente es denunciado por acumulación
de infracciones en causa Rol N* 141.985-2010, ante
el Juzgado de Policía Local de Vitacura.

El precepto legal cuya aplicación se solicita
declarar inconstitucional dispone:

“ARTICULO 40%. El Juez, con la
información que le envíe el
Registro Nacional de Conductores,
citará al afectado a una audiencia
para un día y hora determinados, en
la que deberán hacerse valer los
descargos.

Para tal efecto, se citará al
conductor afectado mediante cédula,
en extracto, que se dejará en su
domicilio. Si no concurriere a la
citación o el domicilio registrado
no le correspondiere o) fuere

inexistente, el Juez ordenará su
0001692 2
Cánto ainda , cto

arresto para que concurra a la
presencia judicial.

Efectuados los descargos, el Juez
fallará en el acto o recibirá la
prueba, decretando todas las
diligencias que estime pertinentes.

No procederá recurso alguno
contra las sentencias y demás
resoluciones que se dicten en este
procedimiento.”.

Manifiesta el requirente que, conforme a la
normativa que regula el procedimiento en que
incide su gestión, el proceso se inició de oficio
por el Juez de Policía Local de Vitacura, con la
información que se le envió por parte del Registro
Nacional de Conductores. El resultado del
procedimiento fue la condena de suspensión de
licencia de conducir, habiendo sido oído.

Una vez notificada la sentencia definitiva,
interpuso, infructuosamente, un recurso de
apelación y posteriormente recurrió de hecho,
recurso que actualmente se encuentra en estado de
relación. Hace presente que dicho recurso
probablemente no prosperará, en virtud de lo
dispuesto por el precepto impugnado.

Tras referirse latamente a diversas
consideraciones de admisibilidad, invoca como
infringido, a fojas 9, el denominado “derecho al
recurso”, contenido en el artículo 8%, número 2%,
letra h), del Pacto de San José de Costa Rica, en
relación al artículo 5% de la Constitución
Política de la República, agregando que se
infringen además las libertades de trabajo y de

desplazamiento garantizadas por la Constitución.
00163 3

Liso acto has

Afirma asimismo que la citación establecida
en el procedimiento de sanción por acumulación de
infracciones se decreta bajo apercibimiento de
arresto, como un medio de asegurar la
comparecencia del afectado, y que en su contra se
puede interponer la acción constitucional de
amparo de la libertad personal, citando al efecto
un conjunto de sentencias dictadas por la Corte
Suprema.

Señala que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha declarado que las garantías
judiciales del orden penal rigen en cualquier tipo
de causas que se tramiten ante órganos
jurisdiccionales, haciendo presente que los
miembros de dicho tribunal fueron recibidos en
Chile en el marco de una visita realizada tras
condenar al Estado de Chile.

Expone que frente a la resolución dictada
sólo podría recurrir de queja, una vía
insuficiente e impropia, que no tiene el mismo
alcance ni finalidades que la apelación, ya que no
es un recurso. Agrega una serie de referencias a
casos particulares en los cuales se habría
revocado la condena en sede de queja, pero sin
exponer los antecedentes de hecho y derecho a los
cuales parece aludir.

Además de lo ya expuesto, considera
infringido el artículo 14 del Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos, en Cuanto al

derecho al recurso, e invoca también como
vulnerado lo que denomina “el derecho al
desplazamiento”, conjuntamente con la garantía de

igualdad ante la justicia.
Posteriormente agrega que si el conjunto de

derechos aludidos pueden ser afectados por un
v0v164 *

juez, debe ser necesariamente en el marco de un

procedimiento racional y justo.

Con fecha 11 de enero de 2011 el
requerimiento fue acogido a tramitación por la
Segunda Sala de esta Magistratura, en votación
dividida, concediéndose la suspensión del
procedimiento solicitada y requiriendo informe al
Juez de Policía Local de Vitacura para resolver
acerca de la admisibilidad.

El 19 de enero del mismo año, el Juez de
Policía Local respectivo informó señalando que el
proceso versó acerca de la acumulación de dos
infracciones gravísimas por exceso de velocidad;
añade que el denunciado compareció, que formuló un
incidente de nulidad de derecho público y
alegaciones de fondo, todo lo cual fue rechazado,
y que finalmente se le condenó por acumulación de
infracciones a la pena de 45 días de suspensión de
licencia. Hace notar que se está en presencia de
una falta y que su tribunal ha conocido de los

hechos en virtud de la competencia que le otorga

el artículo 216 del DFL N*1 del Ministerio de
Justicia, del año 2007 (en adelante, DFL N* 1 O
Ley del Tránsito, indistintamente), obrando
conforme a la ley en todo momento. Finalmente,
acompaña copia de la sentencia condenatoria y del
informe del recurso de hecho.

Con fecha 25 de enero de 2011, también en
votación dividida, se declaró admisible el
requerimiento, confiriéndose traslado acerca del
fondo al Juzgado de Policía Local de Vitacura, y
se ordenó comunicar el requerimiento al Servicio
de Registro Civil e Identificación.

El Juez de Policía Local de Vitacura remitió

nuevamente copia del informe evacuado en el marco
00165 :
Carlo pesenda , bu

del recurso de hecho en el que incide el libelo de

inaplicabilidad y el Servicio de Registro Civil e
Identificación contestó dando cuenta de la
normativa legal que establece su deber de informar
la acumulación de faltas a los Juzgados de Policía
Local, remitiendo además las respectivas hojas de
vida de los conductores.

Habiéndose traído los autos en relación con
fecha 25 de agosto de 2011, se procedió a la vista
de la causa, en conjunto con la causa Rol N* 1804,
de 2010, quedando ambas en estado de acuerdo el 13
de octubre de 2011.

CONSIDERANDO:

19. Que se inició el presente proceso
constitucional por requerimiento deducido por Juan
Francisco Arriagada Obreque, en representación de
Daniel Adrián Costagliola Mellado, solicitando la
declaración de inaplicabilidad del inciso final
del artículo 40 de la Ley N* 18.287, que establece
el procedimiento ante los juzgados de Policía
Local, en los autos sobre recurso de hecho

tramitado ante la Corte de Apelaciones de

Santiago, Rol N* 3973-2010, recaído en un proceso
sancionatorio por acumulación de anotaciones de
infracciones de tránsito;

2%. Que el precepto legal cuestionado ha
sido transcrito en la parte expositiva de esta
sentencia, en la cual también se han consignado
debidamente las alegaciones y fundamentos de
derecho aducidos por el requirente, así como las
resoluciones, comunicaciones y certificaciones que
dan cuenta de la sustanciación de este proceso
constitucional;

3%. Que, traídos los autos en relación y

terminada la vista de la causa, se procedió a
vOV166 e
Lito heserdla y 4041

votar el acuerdo respectivo, produciéndose empate

de votos, con lo cual, atendido el quórum
calificado exigido por la Carta Fundamental para
resolver esta clase de materias y teniendo en
cuenta que, por mandato de la letra g) del
artículo 8% de la Ley Orgánica Constitucional de
este Tribunal, el voto del Presidente no dirime
este tipo de empate, se tuvo por desechado el
requerimiento por no haberse alcanzado el quórum

constitucional necesario para ser acogido.

TI. CONSIDERACIONES PARA ACOGER EL
REQUERIMIENTO.

Los Ministros señores Marcelo Venegas
Palacios, Hernán Vodanovic Schnake, Enrique

Navarro Beltrán e Iván —Aróstica Maldonado
estuvieron por acoger el requerimiento de
inaplicabilidad, teniendo presentes las siguientes
consideraciones:

1%. Que el artículo 93 N* 6 de la

Constitución Política de la República dispone que
es atribución del Tribunal Constitucional
“resolver, por la mayoría de “sus miembros en
ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal
cuya aplicación en cualquier gestión que se siga
ante un tribunal ordinario o especial, resulte
contraria a la Constitución”. La misma norma
constitucional expresa en su inciso decimoprimero
que, en este caso, “la cuestión podrá ser
planteada por cualquiera de las partes Oo por el

Juez que conoce del asunto”;
Y
Lindo rada, y ato

2%. Que la misma disposición agrega que
“corresponderá a cualquiera de las salas del
Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la
admisibilidad de la cuestión siempre que verifique
la existencia de una gestión pendiente ante el
tribunal ordinario o especial, que la aplicación
del precepto legal impugnado pueda resultar
decisivo en la resolución de un asunto, que la
impugnación esté fundada razonablemente y se
cumplan los demás requisitos que establezca la
ley.”;

3. Que la declaración de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad sólo resultará procedente si,
con la aplicación del precepto legal impugnado en
el caso concreto al resolver el conflicto sublite,
se produce una contradicción directa, clara y
precisa con la Constitución, pues no es el papel
del juez constitucional interpretar o corregir la
ley ordinaria con relación a otras leyes -lo que
es propio de la casación- sino contrastarla con la
misma Constitución, prohibiendo derechamente su
aplicación si ella resulta contraria a la Carta
Fundamental, y no autorizar su aplicación por la
vía de señalar su recta interpretación legal, para
hacerla compatible con las demás leyes, lo cual es
facultad privativa de la Corte Suprema;

4%. Que la disposición que se cuestiona en la
presente acción es el artículo 40 de la Ley N*

18.287, que preceptúa que:
y00168 8
Gente pesen y otleo

“El Juez, con la información que le envíe el
Registro Nacional de Conductores, citará al
afectado a una audiencia para un día y hora
determinados, en la que deberán hacerse valer
los descargos.

Para tal efecto, se citará al conductor

afectado mediante cédula, en extracto, que se

dejará en su domicilio. Si no concurriere a

la citación o el domicilio registrado no le

correspondiere o fuere inexistente, el Juez
ordenará su arresto para que concurra a la
presencia judicial.

Efectuados los descargos, el Juez fallará en

el acto o recibirá la prueba, decretando

todas las diligencias que estime pertinentes.

No procederá recurso alguno contra las

sentencias y demás resoluciones que se dicten

en este procedimiento.”

5%. Que la Constitución Política de la
República asegura a todas las personas, en su
artículo 19 N* 3%, inciso sexto, la garantía de
que “toda sentencia de un Órgano que ejerza
jurisdicción debe fundarse en un proceso previo
legalmente tramitado”, correspondiéndole al
legislador “establecer siempre las garantías de un
procedimiento y una investigación racionales y
justos”;

6%. Que cuando se discutió su alcance en la

Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, el
UONIGY

profesor José Bernales hizo presente que “otro
principio sería el derecho a los recursos legales
con posterioridad a la sentencia, que tiene
evidentemente algunas derogaciones por el hecho de
que pudiere haber tribunales de primera instancia
colegiados que eliminen la necesidad de los
recursos” (CENC, sesión 101, 9 de enero de 1975,
p. 7-8). De igual forma, se puntualizó durante el
debate que “en la inmensa mayoría de los casos, la
consagración de un tribunal de apelaciones, o de
segunda instancia o de casación, o de queja, es
indispensable como regla de un adecuado
procedimiento, para que por lo menos dos
tribunales revisen alguna cuestión en la cual haya
cierto grado de importancia comprometido, ya sea

monetaria, de honor, de situación de la persona en

la vida de la sociedad, etcétera” (CENC, sesión
103, 16 de enero de 1975, p. 16);

7%. Que, como ha expresado esta Magistratura,
la historia fidedigna del establecimiento de la
disposición constitucional referida permite
concluir que se estimó conveniente otorgar un
mandato al legislador para establecer siempre las
garantías de un proceso racional y justo, en lugar
de señalar con precisión en el propio texto
constitucional cuáles serían los presupuestos
mínimos de un debido proceso, sin perjuicio de
dejar constancia que “algunos de dichos elementos

decían relación con el oportuno conocimiento de la
vvbvi70 10
Cinlo pelerda

acción y debido emplazamiento, bilateralidad de la
audiencia, aportación de pruebas pertinentes y
derecho a impugnar lo resuelto por un tribunal,
imparcial e idóneo y establecido con anterioridad
por el legislador” (Rol 481/2006, considerando
7%). De igual forma, se ha sentenciado que "el
derecho a un proceso previo, legalmente tramitado,
racional y justo, que la Constitución asegura a
todas las personas, debe contemplar las siguientes
garantías: la publicidad de los actos
jurisdiccionales, el derecho a la acción, el
oportuno conocimiento de ella por la parte
contraria, el emplazamiento, adecuada defensa y
asesoría con abogados, la producción libre de
pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de
la evidencia rendida, la bilateralidad de la
audiencia, la facultad de interponer recursos para
revisar las sentencias dictadas por tribunales
inferiores...” (roles N*s 376, 389, 478, 481, 529,
533, 546, 791, 821, 934, 986, 1432 y 1718, entre
otros);

8%. Que la doctrina también se encuentra
conteste en la necesidad de la existencia de un
medio eficaz para impugnar lo resuelto por un
tribunal. Así, Enrique Evans ha señalado como
elementos de un “racional y justo procedimiento”,
entre otros: “notificación y audiencia del
afectado, pudiendo procederse en su rebeldía si no

comparece una vez notificado; presentación de las
000171 11

pruebas, recepción de ellas y su examen; sentencia
dictada en un plazo razonable; y posibilidad de
revisión de lo fallado por una instancia superior
igualmente imparcial y objetiva” (Enrique Evans de
la Cuadra, Los Derechos Constitucionales, Tomo II,
tercera edición, 2004, p. 144). Por su parte, en
cuanto a los derechos que constitucionalmente
implica el debido proceso, la doctrina procesal
nacional ha señalado que: “Las garantías mínimas
para que nos encontremos ante un procedimiento

racional y justo para el desarrollo de un debido

proceso son las siguientes: a.- El derecho a que
el proceso se desarrolle ante un juez
independiente e imparcial; b.- El derecho a un
juez natural preconstituido por la ley; C.- El

derecho de acción y de defensa; d.- El derecho a

un defensor; €e.- El derecho a un procedimiento que

conduzca a una pronta resolución del conflicto;
f.- El derecho a un procedimiento que contemple la
existencia de un contradictorio; g.- El derecho a
un procedimiento que permita a las partes la
rendición de prueba; h.- El derecho a un
procedimiento que contemple una igualdad de
tratamiento de las partes dentro de él; i.- El
derecho a un procedimiento que contemple la
existencia de una sentencia destinada a resolver
el conflicto; j.- El derecho a un recurso que
permita impugnar las sentencias que no emanen de

un debido proceso.” (Cristián Maturana Miquel,
90172

Nociones sobre Disposiciones Comunes a Todo
Procedimiento, Apuntes de clases, Departamento de
Derecho Procesal, Facultad de Derecho, Universidad
de Chile);

9%. Que de lo dicho se puede concluir que
ciertamente uno de los elementos fundamentales
propios de un justo y racional procedimiento es la
circunstancia de que exista la posibilidad de que
las partes puedan impugnar lo resuelto ante un
tribunal superior jerárquico. Si bien es cierto,
como también lo ha sentenciado esta Magistratura,
que la Constitución Política de la República no
establece propiamente el derecho a una apelación,
sí se ha entendido como constitutiva de un debido
proceso la existencia de una vía de impugnación
adecuada. Ello también se ha reconocido en

diversos tratados internacionales, especialmente

en procesos penales, como es el caso del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(artículo 14.5, que alude al derecho a un tribunal
superior), la Convención Americana de Derechos
Humanos (artículo 8.2.h, que consagra el derecho
de recurrir del fallo ante juez o tribunal
superior) o el Tratado Europeo de Derechos Humanos
(artículo 13). De esta forma, si bien el artículo
19 N*%3*, inciso sexto, de la Carta Fundamental no
indica una a una cuáles son las formalidades
esenciales de un proceso, cuestión por lo demás

ajena a una Carta Fundamental, ello no implica que
090173 — *
Cirilo aelenlo. ) buey

el legislador pueda mutilar la garantía de que se
trata en punto a poder eliminar arbitrariamente el
recurso a un tribunal superior, a cuyo alrededor
se estructura nada menos que la organización y
atribuciones de los tribunales del Poder Judicial,
desde la Constitución de 1823 hasta la actualidad.
Aquella falta de enumeración taxativa en la
Constitución vigente debe entenderse, más bien,
como un margen de sana discrecionalidad para mejor
facilitar el ejercicio efectivo de ese derecho a
un procedimiento justo y racional, lo que la norma
cuestionada no ha hecho;

10%. Que incluso esta Magistratura ha
señalado -también de manera reiterada- que los
principios del derecho penal son aplicables en
general, aunque con matices, en materia
administrativa sancionatoria, como es precisamente
el caso de autos (roles N*%s 244 y 479). En efecto,
se ha sentenciado que “aunque se trate de
potestades que no suponen ejercicio de
jurisdicción, Ciertamente deben sujetarse a los
parámetros propios de un debido proceso”, de forma
tal que para dictarse el acto administrativo debe
haberse “previamente escuchado a la parte
afectada” y -en su caso- recibir “antecedentes
probatorios” (Rol 766/2008);

11%. Que, así las cosas, la fórmula “en única
instancia” o "en su contra no procederá recurso

alguno”, relativa a una sentencia judicial, en
principio, puede ser constitucionalmente válida
siempre y cuando su emisión esté precedida de un
justo y racional procedimiento, tanto en sede
administrativa como judicial, y en el que las
partes puedan ser escuchadas y puedan aportar
probanzas y ser controvertidas las afirmaciones de
la autoridad administrativa. En efecto, se ha
sentenciado que resolver un asunto "en única
instancia” no importa por sí mismo una infracción
al debido proceso, en la medida en que se
contemple una etapa administrativa previa, en la
que es escuchada la parte, y luego se abra una
etapa jurisdiccional, en donde exista la
posibilidad de aportar pruebas (Rol N* 1252/2009);
12%*. Que, sin embargo, en el caso de autos no
se dan los supuestos señalados, desde que -en el
hecho- el Juez de Policía Local realiza una
actuación que incluso podría estimarse reviste más
bien carácter administrativo que jurisdiccional,
una mera constatación de lo que le informa la
autoridad «sectorial (el Servicio del Registro
Civil e Identificación, que tiene a su cargo el
Registro Nacional de Conductores de Vehículos
Motorizados), lo que por lo demás se constata al
revisar el lenguaje que emplea el propio
legislador, al aludir a los “descargos” del
afectado. De esta forma, en tales procesos no se
observa que el Juzgado de Policía Local oficiado

al efecto pueda “conocer” y “juzgar”, estando más
AE pue 15
149 0 to
600775

Lisilo pelele y tino

bien compelido a “ejecutar” mecánicamente una

sanción predeterminada e inexorable;

13%. Que ello también se ratifica con la
revisión de la historia fidedigna del
establecimiento de la ley. En efecto, durante la
tramitación del proyecto en la Junta de Gobierno
se hizo presente que se "crea un trámite, sin
forma de juicio, ante el Juez de Policía Local,
que permitirá en forma rápida y garantizando los
derechos del afectado, hacer efectivas las penas
de cancelación o suspensión por reincidencia del
titular de una licencia en infracciones gravísimas
o graves” (Historia fidedigna de la Ley N* 18.287,
Tomo II, Pp. 335). Del mismo modo, se dejó
constancia de que "el procedimiento especial de

que se trata procederá cuando en el Registro se

acumulen las anotaciones por infracciones O
contravenciones de un determinado conductor. En
tal caso, el Registro comunicará al Juez de
Policía Local dicha circunstancia y éste citará al
afectado a una audiencia para día y hora
determinado, de acuerdo y en la forma dispuesta
por el artículo 40. Dicha audiencia tiene por
objeto oír al afectado, dando cumplimiento al
principio de bilateralidad de la audiencia. En
contra de la sentencia que se pronuncia en este
procedimiento no procederá recurso alguno”
(Historia fidedigna de la Ley N* 18.287, Tomo II,

Pp. 359);
14%. Que a todo lo señalado debe agregarse
que incluso en dicho procedimiento sancionatorio -
en el que puede imponerse una sanción tan grave
como es la cancelación o la suspensión de la
licencia- puede citarse al afectado bajo
apercibimiento de arresto, medidas todas extremas
que afectan severamente la libertad de movimiento
tutelada en el artículo 19 N* 7 de la Carta
Fundamental, todo lo cual hace indispensable la
revisión de la sanción a través de un debido
proceso seguido ante un tribunal superior. Si bien
es cierto que -en teoría- podría impetrarse la vía
del recurso de queja, en el hecho ella se ve muy
disminuida al tener los tribunales de Policía
Local la naturaleza de tribunales especiales que
no forman parte del Poder Judicial;

15%. Que, por último, debe tenerse presente
que el inciso segundo en cuestión, al denegar la
procedencia de mecanismos de impugnación ante un
tribunal superior, como en la especie la Corte de
Apelaciones, afecta severamente atribuciones de
los tribunales, razón por la cual se trata
ciertamente de una disposición de carácter
orgánico constitucional, a cuyo respecto debió
escucharse específicamente a la Corte Suprema, la
que en todo caso emitió una opinión genérica
(Oficio N* PP-1742-04449, de 26 de agosto de
1982). En efecto, tal como lo ha señalado

recientemente este Tribunal, el trámite de
consulta a la Corte Suprema “debe efectuarse tanto
cuando se otorga una nueva facultad como cuando se
abroga una determinada atribución; de forma tal
que también se requiere de dicho trámite en el
caso que se elimine una competencia otorgada por
la ley 0, más aún, por la propia Carta
Fundamental, puesto que de no entenderse así el
legislador podría vaciar de contenido a las
facultades jurisdiccionales de los tribunales de
justicia que tienen su fundamento en el artículo
76 de la Constitución Política de la República”
(Rol N* 2036/2011)

r Y

16%. Que -finalmente- a lo señalado cabe
añadir que la disposición que se impugna en estos
autos debió someterse a revisión previa de esta
Magistratura, tal como por lo demás lo hizo
presente durante la tramitación el Presidente de
la Primera Comisión Legislativa (Historia
fidedigna de la Ley N* 18.287, Tomo II, p. 503),
todo lo cual no aconteció, razón por la cual el
precepto resulta a todas luces inconstitucional.

IT. CONSIDERACIONES PARA RECHAZAR EL
REQUERIMIENTO:

La Ministra señora Marisol Peña Torres y los
Ministros señores Francisco Fernández Fredes,
Carlos Carmona Santander y Gonzalo García Pino

estuvieron por rechazar la acción de
inaplicabilidad de autos en base a las siguientes

consideraciones:
a) ALGUNAS PRECISIONES PREVIAS.

17. Que el artículo 93, inciso primero, N”
6%, de la Constitución Política de la República
dispone que es atribución del Tribunal
Constitucional “resolver, por la mayoría de sus
miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un
precepto legal cuya aplicación en cualquier
gestión que se siga ante un tribunal ordinario o
especial, resulte contraria a la Constitución”;

2%. Que la misma norma constitucional
expresa en su inciso undécimo que, en este caso,
“la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de
las partes o por el juez que conoce del asunto” y
agrega que “corresponderá a cualquiera de las
salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso,
la admisibilidad de la cuestión siempre que
verifique la existencia de una gestión pendiente
ante el tribunal ordinario o especial, que la
aplicación del precepto legal impugnado pueda
resultar decisivo en la resolución de un asunto,
que la impugnación esté fundada razonablemente y
se cumplan los demás requisitos que establezca la
ley”;

3%. Que, de este modo, para que prospere la
acción de inaplicabilidad es necesario que
concurran los siguientes requisitos: a) que se
acredite la existencia de una gestión pendiente
ante un tribunal ordinario o especial; b) que la
solicitud sea formulada por una de las partes oO
por el juez que conoce del asunto; Cc) que la
aplicación del precepto legal en cuestión pueda

resultar decisiva en la resolución de un asunto y
sea contraria a la Constitución Política de la
República; d) que la impugnación esté fundada
razonablemente; y e) que se cumplan los demás
requisitos legales;

4%, Que, en relación al primer requisito, en
el caso de autos se solicita la inaplicabilidad
por inconstitucionalidad del artículo 40 de la Ley
N% 18.287, que establece el procedimiento ante los
juzgados de Policía Local, en la gestión pendiente
de recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones
de Santiago, Rol N* 3973-2010, actualmente en
estado de relación, recurso que se da en el marco
de un procedimiento de suspensión de licencia de
conductor por acumulación de anotaciones de
infracciones gravísimas de tránsito, con sentencia
definitiva del Juzgado de Policía Local de
Vitacura, por lo que existe gestión pendiente que
se sigue ante un tribunal;

5%. Que, en lo que se refiere al segundo
requisito, la inaplicabilidad es formulada por el
denunciado en el procedimiento de suspensión de
licencia de conductor por acumulación de
anotaciones de infracciones gravísimas de
tránsito, por lo que tiene la calidad de parte en
la “gestión pendiente en la que incidirá Del
presente pronunciamiento de inaplicabilidad;

6%. Que, en el caso de autos, se impugna el
inciso final del artículo 40 de la Ley N* 18.287,
que establece el procedimiento ante los juzgados
de Policía Local, precepto que puede resultar
decisivo para la resolución del asunto y que
dispone:

“ARTICULO 40%. El Juez, con la
información gue le envíe el

Registro Nacional de Conductores,
citará al afectado a una audiencia
para un día y hora determinados, en
la que deberán hacerse valer los
descargos.

Para tal efecto, se citará al
conductor afectado mediante cédula,
en extracto, que se dejará en su
domicilio. Si no concurriere a la
citación o el domicilio registrado
no le correspondiere o fuere
inexistente, el Juez ordenará su
arresto para que concurra a la
presencia judicial.

Efectuados los descargos, el Juez
fallará en el acto o recibirá la
prueba, decretando todas las
diligencias que estime pertinentes.
No procederá recurso alguno contra
las sentencias y demás resoluciones
que se dicten en este
procedimiento.”;

7%. Que, según se ha señalado en la parte
expositiva de esta sentencia, el requirente
solicita la inaplicabilidad del referido precepto
legal aduciendo, en síntesis, que la disposición
infringiría la garantía constitucional del
racional y justo procedimiento, consagrada en el
numeral 37 del artículo 19 de la Carta
Fundamental, y el artículo 8.2, letra h), de la
Convención Americana de Derechos Humanos, en
relación al inciso segundo del artículo 5” de la
Constitución, ambas disposiciones en su expresión
del derecho al recurso;

8%. Que de lo dicho se desprende que en la

especie han concurrido todas las exigencias y
000ES1 21

Leido ahuda, no

requisitos constitucionales y legales para que
este Tribunal se pronuncie sobre el problema de
fondo planteado por el requirente. Así,
corresponde analizar, en esta fase, los
razonamientos jurídicos y la procedencia de la
infracción constitucional denunciada respecto del
precepto legal aplicable a la referida gestión
judicial;

9%. Que, en efecto, no puede obviarse que la
licencia de conducir es un instrumento que
acredita un aspecto del ejercicio de la libertad
ambulatoria Y en esa medida es preciso
considerarla, puesto que los procedimientos se
vinculan estrechamente con reglas relativas al
derecho del tránsito;

c) LICENCIA DE CONDUCTOR Y LIBERTAD

CONSTITUCIONAL AMBULATORIA.

10”. Que los elementos integrantes del debido
proceso deben vincularse con las garantías
sustantivas que lo sustentan y se ordenan a un
procedimiento que los materializa. Por ello, no
puede obviarse que la licencia de conductor, como
afirma el requirente, es un instrumento de la
libertad ambulatoria;

11%. Que la libertad de movimiento,
desplazamiento, ambulatoria o de movilización son
algunas de las expresiones que identifican el
derecho de toda persona para desplazarse
libremente dentro del territorio nacional, salir
de él y volver a entrar. Lo regula el artículo 19
No 7 de la Constitución como una consecuencia del
derecho a la libertad personal y seguridad
individual, en los siguientes términos: “toda
persona tiene derecho de residir y permanecer en

cualquier lugar de la República, trasladarse de
vbgisa *
Coculo erherla olor
uno a otro y entrar y salir de su territorio, a
condición de que se guarden las normas
establecidas en la ley y salvo siempre el
perjuicio de terceros”. A esta libertad la
denominaremos “libertad ambulatoria”;

12%. Que las múltiples dimensiones de la
libertad personal, entendidas en su definición
positiva de libertad personal y no como. la
seguridad contra detenciones arbitrarias, se
manifiestan en un conjunto amplio de libertades
innominadas;

13%. Que estas normas constitucionales han
tenido un desarrollo genérico sin mayor atención
al alcance de sus contenidos positivos. El énfasis
ha estado puesto en el reconocimiento de que se
trata de libertades limitadas y que admiten
regulación legal, la cual debe cumplir con los
requisitos sustantivos del artículo 19, numeral
26%, de la Constitución;

14?. Que es admisible distinguir la libertad
personal de la libertad ambulatoria. “Es
perfectamente posible que una persona goce de
plena libertad personal, pero tenga limitada su
libertad de residencia y circulación. (..) Las
libertades de residencia y circulación no son
concebibles sin una relación externa, en tanto que
la libertad personal se refiere a la persona en sí
y por sí considerada” (García Morillo, Joaquín, El
derecho a la libertad personal, Tirant lo Blanch,
Valencia, 1995, p. 35). Es evidente, eso sí, que
la libertad ambulatoria tiene como fundamento la
libertad personal, puesto que ésta es el derecho
de “disponer de la propia persona y de determinar
la propia voluntad y actuar de acuerdo con ella,

sin que nadie pueda impedirlo, siempre que no
00983 23

exista una prohibición constitucionalmente
legítima”. (García Morillo, Joaquín, El derecho a
la libertad personal, Tirant lo Blanch, Valencia,
1995, pp. 42-43). La libertad ambulatoria es el
derecho de la persona natural a moverse
físicamente y de un modo tangible;

15. Que, tratándose de una libertad
constitucional, resulta normal que deba ser
desarrollada y concretados sus contenidos mediante
regulación legal, la cual puede establecer
“condiciones oO requisitos para su ejercicio”,
debiendo respetar en todo caso el contenido
esencial de esta libertad;

16%. Que estas condiciones o requisitos se

sujetarán, dependiendo del medio de transporte

escogido, desde ¡un mínimo de prescripciones
aplicables al desplazamiento pedestre,
observándose en plenitud la interpretación

extensiva "pro homine”, hasta un máximo de reglas
relativas a la circulación de vehículos
motorizados;

17%. Que una de las manifestaciones de la
libertad ambulatoria es el derecho a transitar y
movilizarse, mediante vehículos motorizados, por
las vías públicas. Por tanto, “las vías públicas,
elemento esencial del dominio público terrestre,
son afectadas a la circulación que constituye su
modo de utilización normal. Como todas las
utilizaciones a la vez normales y comunes del
dominio -esto es no privativas-, la circulación
debe regirse, a priori, por los tres principios de
libertad -todos los individuos pueden utilizar la
vía pública para circular-, de igualdad entre los
usuarios para su utilización y, en fin, de

gratuidad” (Rivero, Jean, Les libertés publiques,
10y304
cd do ¿to

2/Le régime des principales libertés, Themis, 6eme
edition, Paris, 1997, p. 126);

18%. Que la legislación que regula esta
materia ha apuntado a cinco elementos
estructurales de la circulación automotriz en vías
públicas: el conductor, el vehículo, la
conducción, el estacionamiento y el peatón. La
legislación exige el cumplimiento de variados
requisitos, pero teniendo siempre en cuenta estos
elementos. Por un lado, acreditar la aptitud de
conductor, según se analizará exhaustivamente. Por
otro lado, la aptitud del vehículo, que se traduce
en la obligación de contar con el permiso de
circulación, que se define como “padrón o permiso
de circulación: Documento otorgado por la
autoridad, destinado a individualizar al vehículo
y a su dueño con el objeto de que pueda circular
por las vías públicas” (artículo 2%, N* 32, de la
Ley del Tránsito). En cuanto a las obligaciones de
la conducción y del estacionamiento, existe una
amplia regulación que especifica conductas
variadas. Lo relevante es identificar un patrón de
significación detrás de ellas. Esto implica que el
objetivo de fondo de estas regulaciones es la
garantía para terceros respecto de la cautela y
protección de sus derechos, otorgando poderes
administrativos de policía para el desarrollo de
intervenciones justificadas en estas libertades;

19%. Que la libertad ambulatoria traducida en
el derecho a movilizarse por las vías públicas
mediante vehículos motorizados, está sujeta a
limitaciones. En tal sentido, la intervención
sobre el derecho debe estar justificada y cumplir
con el requisito de estar regulada por ley y

“salvo siempre el perjuicio de terceros";

25

Nana»

VUVIOS)
Cato odida y timo
20%. Que esta cláusula constitucional chilena
de evitar el daño a terceros se emparenta
directamente con los artículos 4% y 5% de la
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano
de Francia, de 1789, y tiene por objeto intervenir
sobre libertades innominadas para evitar el “daño
a otro” y el “daño a la sociedad”,
respectivamente. Por el artículo 4% de dicha
Declaración se reconocía que “la libertad consiste
en poder hacer todo aquello que no daña a otro" y
se añadía que esta libertad tiene por límite
aquellos que aseguran “a los demás miembros de la
sociedad el goce de los mismos derechos”. Quizás
uno de los trasuntos más evidentes de la
reglamentación de la libertad de circulación de
vehículos motorizados en normas de tránsito, es
transformar una libertad natural en una libertad
regulada que permite hacer frente a desafíos de
seguridad, tranquilidad, orden público y ejercicio
de otros derechos fundamentales. “La circulación
es el ejemplo tipo de una libertad donde la puesta
en marcha no reglamentada conduciría a su propia
destrucción; esto llevaría a la imposibilidad para
todos de circular” (Rivero, Jean, Les libertés
publiques, 2/Le régime des principales libertés,
Themis, eme edition, Paris, 1997, p. 127).
Justamente, el papel del legislador es regular
para que sea posible el ejercicio de la libertad
ambulatoria igual para todos, cumpliendo y
salvaguardando siempre los intereses y derechos de
terceros;
217. Que esta regulación es exigida desde el
propio ordenamiento constitucional,
particularmente por aplicación del artículo 19,

numeral 230. En él se establece que “la
00086
4

Constitución asegura a todas las personas: (..) N"
23: la libertad para adquirir el dominio de toda
clase de bienes, excepto aquellos que la
naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres oO
que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo
declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo
prescrito en otros preceptos de esta
Constitución”. Lo anterior es evidente, puesto que
el ejercicio normal de la libertad ambulatoria,
mediante vehículos motorizados, exige que ésta se
realice en vías, Caminos, autopistas Oo ramales que
tienen la aptitud básica para permitir la
circulación de vehículos. Por tanto, es necesario
vincular la libertad ambulatoria con el estatuto
de estas vías, ya que en ellas se materializa un
ejercicio de libertades “salvo siempre el
perjuicio de terceros” (artículo 19, numeral 7,
de la Constitución);

22”. Que, utilizando genéricamente el
concepto de vías para todos los tipos de caminos
distinguibles en el derecho chileno, éstas son
bienes nacionales de uso público. Tratándose de
estos bienes, ellos están fuera del comercio
humano pues pertenecen a la Nación toda. Son
bienes inapropiables y están sometidos a la
técnica demanial para su administración y gestión.
Lo más relevante, en casos como el de autos, es
que su aptitud no está en la propiedad sino que en
su uso. "De ese modo, la existencia de los
llamados bienes nacionales de uso público tiene un
fundamento constitucional y, por ende y dada su
propia naturaleza de quedar reservados para el uso
de todos, debe darse por establecido que existen
en razón de la utilidad pública; esto es, de todos

los habitantes y del interés general de la Nación,
YO0N7 y 21
IUVEOS
Ciiulo colas ) dial

en los términos del inciso segundo del numeral 24”
del artículo 19 de la Carta Fundamental” (Rol N*
1215, considerando 22%). Empero, puede
distinguirse a propósito de su uso, como lo ha
hecho esta Magistratura, entre la dimensión común
y especial. “El uso común significa que
corresponde en general a todos, aunque se haga

individualmente. Dicho uso es anónimo, temporal y

no requiere título alguno. Eso explica que, por

regla general, su uso se sujete a ciertos
principios: igualdad (todos concurren al uso en
las mismas condiciones), libertad (no hay más
restricciones que las expresamente establecidas) y
gratuidad (a fin de que todas las personas puedan
acceder a estos bienes, por regla general no se

cobra por su uso). El mencionado uso común está

sujeto a ciertas limitaciones: se debe respetar el

destino del bien, de modo que no se cause daño que
impida oO menoscabe su uso; además, “se debe

respetar el uso que las otras personas hagan del

bien; también se debe respetar la reglamentación

que haga la autoridad. El uso común puede ser

general O especial. En este último Caso, a
diferencia de lo que sucede con el uso común

general, la autoridad puede establecer

determinadas restricciones en atención a ciertas

consideraciones como la peligrosidad [o] la

intensidad en el uso. El uso privativo, por su

parte, implica que la autoridad encargada de su
administración entrega por actos específicos la
ocupación del bien, temporalmente, con un
propósito de interés público, generalmente a
título oneroso, a un particular, quien puede
excluir al resto de las personas que accedan a él.

El uso privativo implica un uso exclusivo y
PODSILO 28
DODIES
UUV IO

Ginle echen 7 pHo

excluyente del bien. Por eso, exige un título
habilitante, que puede ser el permiso O la
concesión" (Rol. N2 1281, considerando 330)
[énfasis agregado] ;

23%. Que las vías oO Caminos son bienes
nacionales de uso público, puesto que el
legislador lo estableció así en el artículo 589
del Código Civil, que dispone, en lo pertinente,
que se "llaman bienes nacionales aquellos cuyo
dominio pertenece a la nación toda. Si además su
uso pertenece a todos los habitantes de la nación,
como el de calles, plazas, puentes y caminos, el
mar adyacente y sus playas, se llaman bienes
nacionales de uso público o bienes públicos”, sin
perjuicio de otras manifestaciones normativas
adicionales como el artículo 24 del DFL N* 850, de
1998, del Ministerio de Obras Públicas, o los
artículos 5%, letra Cc), y 63, letra f), de la Ley
N“% 18.695, Orgánica de Municipalidades;

24”. Que el objetivo de tales regulaciones va
dirigido a Cautelar el uso común de estos bienes,
particularmente garantizando la igualdad de acceso
a los mismos, el uso que otras personas hagan de
ellos y precaviendo ciertas situaciones de peligro
que importa su uso masivo, sistemático y
simultáneo. Tales condiciones son el supuesto
permanente que el legislador regula mediante las
reglas del tránsito;

25%. Que, por consiguiente, el ordenamiento
jurídico debe establecer condiciones, requisitos
habilitantes y mecanismos regulatorios para el
ejercicio del derecho a movilizarse por las vías
públicas mediante vehículos motorizados.
Particularmente, esta libertad es más exigente aún

tratándose de vehículos que exigen licencia
f, 29

vuy 29
Lirio 6deida y puta

profesional para su manejo y que están destinados

Ea

al transporte de pasajeros;
c) ACTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCIR.
26*. Que, dicho esto, cabe señalar que la

licencia de conductor es un acto administrativo

autorizante. La licencia de conducir es el acto

administrativo consistente en el otorgamiento del
título habilitante que acredita la capacidad o
idoneidad temporal de la persona para la
conducción por las vías públicas de determinados
vehículos sometidos a Registro. En tal sentido,
“la función del permiso no es otra que la de
otorgar a la persona interesada una autorización
administrativa para ejercer esa actividad, tras
haberse verificado debidamente que el peticionario
cumple los requisitos de capacidad, conocimientos
y habilidad necesarios para la conducción del
vehículo” (Junceda Moreno, Javier, “Derecho

sancionador en materia de tráfico. En especial la

retirada del permiso de conducir” en Revista de
Administración Pública, N* 145, Enero-Abril, 1998,
Madrid, España);

27%. Que es un acto administrativo municipal.

El acto administrativo de otorgamiento de una
licencia de conducir corresponde a las
Municipalidades autorizadas expresamente para ello
por el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, las cuales deben hacer
constatar el cumplimiento de los siguientes
requisitos generales:

“1) Acreditar idoneidad moral, física y psíquica;
2) Acreditar conocimientos teóricos y prácticos de
conducción, así como de las disposiciones legales

y reglamentarias que rigen al tránsito público;
30
090190
Lado pecrendo
3) Poseer cédula nacional de identidad oO de
extranjería vigentes, con letras O dígitos
verificadores;

4) Acreditar, mediante declaración jurada, que
no es consumidor de drogas, estupefacientes o
sustancias sicotrópicas prohibidas que
alteren o modifiquen la plenitud de las
capacidades físicas o síquicas, conforme a
las disposiciones contenidas en la ley N?
20.000 y su Reglamento” (artículo 13 de la
Ley del Tránsito). En el acto de acreditación
de requisitos, “si se otorgare una licencia
de conductor con infracción a las normas de
esta ley, el o los funcionarios responsables
de ello, sean O no municipales, serán

solidariamente responsables de los daños y

perjuicios que se ocasionen por culpa del

conductor a quien se le hubiere otorgado
dicha licencia” (artículo 169, inciso
tercero, de la Ley del Tránsito);

28. Que también es un acto administrativo

habilitante. Por tanto, según nuestra legislación,

“ninguna persona podrá conducir un vehículo
motorizado o a tracción animal, sin poseer una
licencia expedida por el Director del Departamento
de Tránsito y Transporte Público Municipal de una
Municipalidad autorizada al efecto; o un permiso
provisional que los Tribunales podrán otorgar sólo
a los conductores que tengan su licencia retenida
por proceso pendiente; o una boleta de citación al
Juzgado, dada por los funcionarios a que se
refiere el artículo 4”, en reemplazo de la
licencia o del permiso referido; o una licencia o
permiso internacional vigente para conducir

vehículos motorizados, otorgado al amparo de
tratados o acuerdos internacionales en que Chile
sea parte.” (Artículo 5% de la Ley del Tránsito).
En consecuencia, a los conductores que tengan su
licencia de conducir retenida durante un proceso
infraccional, se les cautela en el ejercicio de su
derecho a conducir mediante su sustitución por un
permiso provisional judicial o por la boleta de
Citación al Juzgado;

29%. Que es asimismo un acto administrativo

de vigencia indefinida, pero de revisión temporal.

La licencia de conducir se otorga de manera
indefinida, pero debiendo constatarse, en el caso
de licencias no profesionales, cada seis años, el
cumplimiento de la ¡idoneidad moral, física O
psíquica que acredita la habilidad para conducir
(artículo 19 de la Ley del Tránsito). La autoridad
administrativa correspondiente ¡podrá acotar el
otorgamiento de la licencia a la conducción en
determinados vehículos, espacios “geográficos u
horarios Cuando no se acredite plenamente el
estándar exigido para la aptitud requerida
(artículo 21 de la Ley del Tránsito);

30%. Que, como todo acto administrativo,

puede ser rechazada su autorización o revocada la

licencia. En efecto, este acto administrativo
puede ser rechazado y, por tanto, “no se otorgará
licencia de conductor a quien carezca de aptitudes
físicas o psíquicas que lo habiliten para conducir
un vehículo motorizado co hagan peligrosa su
conducción” (artículo 22 de la Ley del Tránsito).
Y también puede ser revocado: “en los casos de
incapacidad física o psíquica sobrevinientes que
determinen que un conductor está incapacitado para
manejar o hagan peligrosa la conducción de un

vehículo, el director de tránsito y transporte
público municipal o el juez de policía local, en
su caso, le cancelarán o suspenderán la licencia
de conducir” (artículo 20, inciso segundo, de la
Ley del Tránsito);

31%. Que es un acto administrativo sujeto a

registro e inscripción. “La licencia de conductor:

Documento que la autoridad competente otorga a una
persona para conducir un vehículo” (definición del
artículo 2%, N* 25, de la Ley del Tránsito). Todos
los actos administrativos vinculados a las
licencias de conducir son inscritos en el Registro
Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados
que lleva el Servicio del Registro Civil e
Identificación;

d) SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA LICENCIA DE

CONDUCTOR.
32%. Que, habida consideración de lo
señalado, la consecuencia natural, desde el

reconocimiento constitucional de la libertad

ambulatoria aplicada a la conducción motorizada en

vías públicas, y teniendo en cuenta los
procedimientos administrativos que reconocen
determinadas aptitudes en el conductor y

obligaciones en la conducción, es que la licencia
pueda ser suspendida o cancelada;

33%. Que, como es habitual en la esfera
jurídica, existen dimensiones preventivas que
permiten resguardar la protección de ciertos
bienes jurídicos que, cuando se incumplen, dan
paso a la expresión represiva o punitiva del
derecho administrativo sancionador en materia de
tráfico;

34%. Que, como ya dijimos, la dimensión
preventiva consiste en el otorgamiento en sede

municipal, previo examen de un conjunto de
conocimientos teóricos y habilidades prácticas, de
una licencia de conducir por un plazo indefinido,
pero sujeto a revisión cada seis años. Esta
licencia se otorga supeditada a la condición de
mantener esas habilidades y si ellas faltan, los
plazos de otorgamiento son más reducidos O
simplemente se rechaza su concesión. Por su parte,
el otorgamiento de la licencia de conductor está
sometido a la observancia, por parte del sujeto
que la recibe, de la normativa que regula la
circulación de vehículos motorizados, esto es, las
normas de tránsito;

35%. Que, vulnerada la normativa del derecho
de tránsito, se abre la posibilidad de un conjunto
amplio de sanciones, dentro de las cuales aquí
consideraremos la suspensión de la licencia de
conducir;

36”. Que esta sanción está referida a hechos
propios, esto es, “la suspensión o cancelación de
la licencia de conducir sólo es aplicable por
infracciones cometidas conduciendo personalmente
un vehículo” (artículo 170, inciso final, de la
Ley del Tránsito) y no posee efectos permanentes;

37%. Que, como se verá más adelante, la
suspensión de la licencia de conductor en el caso
de autos se da dentro de un proceso judicial,
cumpliendo las reglas del debido proceso;

38%. Que, además, se puede eliminar la

anotación respectiva del Registro Civil. “Las

anotaciones en el Registro de las sentencias
ejecutoriadas de condenas por infracciones
gravísimas oO graves podrán eliminarse una vez
trascurridos tres años, en el caso de infracciones
gravísimas, y dos años, en el caso de infracciones

graves. Estos plazos se computarán y podrán
| 34
600294
Eiilo porel y

hacerse valer separadamente para cada una de
dichas categorías de infracciones, y se contarán
desde la fecha de la anotación de la última
infracción de la respectiva categoría” (artículo
217 de la Ley del Tránsito);

39”. Que, en consecuencia, no sólo se
satisfacen las reglas del debido proceso, como se
analizará, por cada una de las sentencias que
condujeron a la suspensión de la licencia de
conducir, sino que tal hecho está lejos de generar
efectos permanentes superiores a los propios que
la sentencia fija;

e) LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

SOBRE EL DERECHO DE REVISIÓN EN EL MARCO DEL

DEBIDO PROCESO.

40%. Que cabe hacerse cargo ahora de la
vulneración del derecho al recurso que implicaría
la disposición requerida de inaplicabilidad. Para
ello es preciso recordar la jurisprudencia de esta
Magistratura sobre el derecho al recurso y el
debido proceso;

41%. Que las exigencias constitucionales en
materia de justo y racional procedimiento son
atendidas mediante definiciones primarias del
legislador, complementadas con el desarrollo
jurisprudencial de la cláusula del debido proceso;

42%. Que el procedimiento legal debe ser
racional y justo. Racional para configurar un
proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo
para orientarlo a un sentido que Cautele los
derechos fundamentales de los participantes en un
proceso. Con ello se establece la necesidad, entre
otros elementos, de un juez imparcial, con normas
que eviten la indefensión, con derecho a presentar

e impugnar pruebas, que exista una resolución de
fondo, motivada y pública, susceptible de revisión
por un tribunal superior y generadora de la
intangibilidad necesaria que garantice la
seguridad y certeza jurídica propias del Estado de
Derecho.

Esta Magistratura ha reconocido que hay
elementos comunes que abarcan a todos los derechos
que integran las reglas del artículo 19, numeral
3%, de la Constitución. Estos elementos son un
amplio reconocimiento de que es el legislador el
llamado a establecer procedimientos, aun cuando
con un mandato limitado. Una potencial actuación
extra vires del legislador es el objeto preferente
del examen del Tribunal Constitucional en cuanto
al desarrollo de estos derechos al debido proceso
y a la tutela judicial efectiva, particularmente
porque el Congreso Nacional debe respetar los
derechos esenciales que emanan de la naturaleza
humana, tanto los consagrados en la propia
Constitución como los reconocidos en tratados
internacionales vigentes en Chile Y,
especialmente, el contenido esencial de esos
derechos. Respecto de estos procedimientos el
Tribunal Constitucional ha ratificado la noción de
que las garantías integrantes del debido proceso
se deben vincular con la naturaleza o materia del
procedimiento de que se trate. (Rol N* 481). Por
lo tanto, la propia garantía exige que no exista
un modelo de procedimiento único. Así, “quedó
patente que no existe un modelo único de garantías
integrantes del debido proceso en Chile” (Rol N*
1838, considerando 130);

43%. Que, en relación a la dimensión del
debido proceso que se estima vulnerada por el

requirente, esto es, el “derecho al recurso”, esta
36
2

00196

0
Leúvilo poneis, eé7

Magistratura ha señalado que la facultad de los
intervinientes de solicitar a los tribunales la
revisión de las sentencias es parte integrante del
debido proceso (roles N%s 986, 1432, 1443 y 1448).
Así, ha manifestado expresamente que “el derecho a
un proceso previo, legalmente tramitado, racional
y justo, que la Constitución asegura a todas las
personas, debe contemplar las siguientes
garantías: la publicidad de los actos
jurisdiccionales, el derecho a la acción, el
oportuno conocimiento de ella por la parte
contraria, el emplazamiento, adecuada defensa y
asesoría con abogados, la producción libre de
pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de
la evidencia rendida, la bilateralidad de la

audiencia, la facultad de interponer recursos para

revisar las sentencias dictadas por tribunales

inferiores...” [énfasis agregado];

44*. Que de lo anterior no se debe deducir,
sin más, que la garantía constitucional de un
justo y racional procedimiento debe expresarse en
formas determinadas y específicas de revisión. Es
más, cuando se discutió el alcance normativo del
artículo 19, número 3%, de la Carta Fundamental,
en la Comisión de Estudios de la Nueva
Constitución, el señor Enrique Evans afirmó que
“es muy difícil señalar en el texto constitucional
cuáles son las garantías reales de un debido
proceso, porque es un convencido de que ellas
dependen de la naturaleza del procedimiento y de
todo el contenido de los mecanismos de
notificación, defensa, producción, examen y
objeción de la prueba y los recursos dependen, en

gran medida, de la índole del proceso.”;
g00197 *
Ciclo morcido, nido

45”, Que, consistente con ello, el

ma

constituyente no precisó los componentes del
debido proceso, delegando en el legislador la
potestad para definir y establecer sus elementos
(roles N*%s 576 y 1557). De esta manera, es claro
que no existe un modelo único de garantías
integrantes del debido proceso en Chile;

467. Que, de este modo, es el legislador el
órgano competente para establecer los mecanismos
procesales necesarios para asegurar la garantía
del debido proceso en los procedimientos
específicos que deba regular;

477. Que es la propia Carta Fundamental la
que dispone que la especificación de los recursos
y el modo en que se deben ejercer es materia de
competencia del legislador. En tal sentido, el
actual artículo 19 N* 3%, inciso sexto, dispone

que “corresponderá al legislador establecer

siempre las garantías de un procedimiento y una
investigación racionales y justos”. Asimismo, el
artículo 63 N% 3% de la propia Constitución

establece que “sólo son materias de ley:.. 3) Las

que son objeto de codificación, sea civil,
comercial, procesal, penal uu otra" [énfasis
agregado] ;

48”. Que, por otra parte y no obstante la
libertad del legislador para desarrollar y definir
los elementos de un procedimiento, cabe precisar
que su competencia no puede implicar dejar en una
situación de indefensión a las partes de un
procedimiento;

49%, Que, en efecto, la garantía
constitucional del debido proceso exige que el
legislador establezca las condiciones para

garantizar un justo y racional procedimiento,
vs0rss +

Lindo proccido , echo

debiendo tener especialmente presente que “le está

vedado establecer condiciones oO requisitos que
impidan o limiten el libre ejercicio del derecho
de acceso a la jurisdicción o lo dejen
condicionado a la voluntad de otro de los
intervinientes” (Rol N* 1535, considerando 10%);

50%. Que, por otra parte, esta exigencia
también se manifiesta en los límites materiales a
todo procedimiento: el derecho a un proceso sin
dilaciones indebidas y el derecho a obtener una
resolución judicial firme contra la cual no quepa
recurso judicial alguno. Es parte de la
efectividad y justicia de todo procedimiento un
derecho de acceso a la jurisdicción, tramitado sin
retardos formalistas y una resolución de fondo
sobre el interés o derecho justiciable;

51. Que, en consecuencia, es posible
advertir que el legislador debe considerar siempre
el aseguramiento de estas dos garantías del debido

proceso que necesariamente entran en tensión -

revisión de las decisiones y fin o término de un
procedimiento con decisión que tenga fuerza de
cosa jJuzgada-, y se encuentra dentro del ámbito de
su competencia decidir cómo hacerlo, dependiendo,

fundamentalmente, de la naturaleza del asunto

controvertido en el que deban operar los

principios antedichos;

52%. Que esto es consistente con la idea de
que controlar la constitucionalidad de preceptos
legales, establecida en el artículo 93 N* 6 de la
Constitución Política de la República, no
comprende el análisis de mérito de tal o cual
procedimiento que ha establecido el legislador;

53”, Que, así las cosas, el derecho a

revisión por un tribunal superior es el derecho
Uuivg 2?
que tiene todo interviniente en un proceso a que
la sentencia de un tribunal inferior sea
susceptible de revisión por un tribunal superior,
siempre que se haya hecho uso de los medios
impugnatorios pertinentes dentro del plazo legal.
Este es un derecho que no implica recurrir de
todas y cada una de las resoluciones, sino que el
legislador tiene libertad para determinar aquellas
actuaciones jurisdiccionales que sean susceptibles

de ser revisadas;

54%. Que, por consiguiente, el legislador

tiene un amplio margen de apreciación para

establecer las formas de revisión que le parezcan

pertinentes, dependiendo de la naturaleza del

procedimiento en que se ventila la controversia,

para la protección de los derechos e ¡intereses
justiciables. Por tanto, en lo referente al
“derecho al recurso”, como una de las expresiones
de la garantía de un justo y racional
procedimiento, la decisión sobre la estructura y
forma de los medios por los cuales se hace
efectiva la revisión de sentencias corresponde al
legislador (Rol N* 1443);

fÍ) EXAMEN DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE
VENTILA LA NORMA IMPUGNADA.

55%. Que el requirente sostiene que el inciso
cuarto del artículo 40 de la Ley N* 18.287 viola
la garantía de un justo y racional procedimiento,
toda vez que impediría que un tribunal superior
conozca la resolución y los hechos que implicaron
la suspensión de la licencia de conductor;

56”. Que no es posible juzgar la
constitucionalidad o no de la norma requerida, en
los términos manifestados por el requirente, sin

considerar, en su conjunto, las características

40

del procedimiento en el que ella se ventila, esto
es, el procedimiento de suspensión por
infracciones anotadas y acumuladas por parte del
juez de policía local y los diversos
procedimientos que motivan a éste;

57%. Que, como primera cuestión, cabe señalar
que la suspensión de la licencia por acumulación
de anotaciones O registros de infracciones
gravísimas tiene, como se analizó, naturales
fundamentos. Se encuentra justificada
normativamente por el artículo 207, letra b), del
DFL N*1, que establece que: “Sin perjuicio de las

multas que sean procedentes, el Juez decretará la

suspensión de la licencia de conducir del

infractor, en los casos y por los plazos que se
indican a continuación:...
b) Tratándose de procesos por acumulación de

infracciones, al responsable de dos infracciones o

contravenciones gravísimas cometidas dentro de los

últimos doce meses, la licencia se le suspenderá

de 45 a 90 días” [énfasis agregado] ;

58%. Que, complementando la disposición
anterior, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 199 de la Ley del Tránsito, los
comportamientos que reciben ese calificativo son:
“infracciones o contravenciones gravísimas, las
siguientes: 1.- No detenerse ante la luz roja de
las señales luminosas del tránsito, o ante la
señal "PARE", y 2.- Conducir sin haber obtenido
licencia de conductor, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 194.”. A su vez, el
artículo 203, inciso cuarto, de la misma ley
establece que “[clonstituirá infracción gravísima,

exceder en más de 20 kilómetros por hora el límite

máximo de velocidad.” [Enfasis agregado];

AMEN TEN 41
Luv 201

59%. Que el artículo 207 de la referida ley
contempla básicamente dos elementos que deben ser
considerados en el análisis del presente
requerimiento. En primer lugar, el inciso primero
impone al juez decretar la suspensión de la
licencia de conductor cuando acaece alguna de las
hipótesis de la disposición, y, en segundo lugar,
la suspensión de la licencia de conductor, en el
caso de autos, es el resultado de dos condenas
distintas en los últimos doce meses, por
infracciones gravísimas a la Ley del Tránsito;

60%. Que la articulación de la disposición en
términos imperativos, esto es, que el juez debe
proceder a la suspensión de la licencia si se
satisfacen todos los presupuestos contenidos en la
norma, “se justifica por el contenido fáctico
sumamente restringido que se somete a reflexión
del tribunal.

En efecto, el hecho procesal que debe ser
considerado por el juez para suspender la licencia
de conductor no es si tal o cual comportamiento
violó una norma de tránsito: eso ya fue juzgado en
otro procedimiento distinto. Lo que debe resolver
el juez es si dos comportamientos, ya calificados
jurídicamente en procedimientos correspondientes a
la justicia de Policía Local, se realizaron dentro
del tiempo que la ley establece para que opere la
suspensión;

61%. Que lo anterior es fundamental, pues el
ámbito de discrecionalidad del juez se encuentra
especialmente restringido, precisamente por la
naturaleza del asunto. El ámbito factual en un
procedimiento de suspensión como el presente es
evidentemente más reducido. El juez debe constatar

si concurren, en este caso, las condenas (que se
o , 42
LEER E
GUYZUD

anotan por un procedimiento administrativo
especial) y el tiempo determinado en que
acaecieron esas condenas, y sentenciar conforme a
esa constatación;

62%. Que, en segundo lugar, conforme a la
norma Citada, la suspensión de la licencia de
conductor, en el caso de autos, es el resultado de
dos condenas distintas, en los últimos doce meses,
por infracciones gravísimas a la Ley del Tránsito.
En otras palabras, por la hipótesis contenida en
la letra b) del artículo 207 del DFL N* 1;

63. Que, en este sentido, la razón jurídica
que se impone al juez que debe suspender la
licencia de conducir es la existencia de condenas
anotadas en un tiempo determinado. El
procedimiento de suspensión de licencia de
conductor ¡por acumulación de anotaciones del
Título IV de la Ley N* 18.287, procedimiento en el
que “se aplica la disposición requerida de
inaplicabilidad, es la forma en que dicha
imposición debe llevarse a cabo;

64%. Que, en consecuencia, la condena, la
anotación y la suspensión poseen una relación
causal y se encuentran vinculadas sustancial y

procesalmente entre sí, por lo que no deben ser

analizadas separadamente. En efecto, el entramado

procesal que precede a la decisión de suspensión
de licencia es fundamental para analizar la
constitucionalidad de la disposición requerida;
65%. Que, por consiguiente y visto que el
fundamento del procedimiento de suspensión es
parte integrante de un proceso más amplio que el
establecido en el Título IV de la Ley N* 18.287 y
es motivado, fundamental y directamente, por la

concurrencia de un número de condenas anotadas por
LADO, 43
GUUZUS
penciidos Jen

infracciones calificadas de gravísimas en los

últimos doce meses (artículo 207, letra b), del
DFL N*1), debemos analizar este proceso en su
conjunto;

66%. Que, en primer lugar, el procedimiento
judicial de suspensión de licencia de conductor
por acumulación de anotaciones tiene su origen
directo e inmediato en la anotación de
infracciones gravísimas que son consecuencia de un
proceso jurisdiccional previo. Este proceso

jurisdiccional previo tiene por objeto determinar

si cierto comportamiento, individualmente
considerado, constituye .o no una infracción
gravísima;

67%. Que, desde esta perspectiva, para que
opere la suspensión deben concurrir varios
comportamientos temporalmente distinguibles
respecto de los cuales un juez de Policía Local (o
varios jueces de Policía Local) ha o han juzgado -
en procedimientos distintos- que dichos
comportamientos constituyen lo que la ley denomina
infracción gravísima;

68%. Que el procedimiento judicial donde se
califica el hecho jurídicamente y se condena,
posee las características propias de un
procedimiento amparado por las reglas del debido
proceso establecido en la Carta Fundamental;

69%. Que, en efecto, el procedimiento
infraccional ante un juez de Policía Local se
sujeta, fundamentalmente, a las normas que regulan
el procedimiento ordinario del Título I de la Ley
N* 18.287, que establece el procedimiento ante los
juzgados de Policía Local;

70%. Que en él se establece, en síntesis,

normas sobre la denuncia, el contenido de la
==
E

y2v4 44

elncicilo ¿uoh

citación, demanda (o querella), notificación,
contestación de la demanda (o querella),
conciliación, prueba, sentencia, medidas

precautorias (Título II) y apelación (Título III),
entre otras, todas reglas que, en principio,
reconocen la igualdad de las partes en el
ejercicio de sus derechos, permiten aportar e
impugnar pruebas y habilitan al juez para tomar
una decisión jurídica sobre los hechos sometidos a
su conocimiento que es consecuencia de un proceso
debido y justamente reglado;

71%. Que el procedimiento infraccional
contiene disposiciones típicas que tienen por
objeto la determinación judicial de los hechos que
se supone controvierten cierta norma a la cual
otra disposición le asigna una sanción. Así, en
caso que el juez, bajo las reglas de la sana
crítica y luego del procedimiento descrito, juzgue
que el comportamiento violó la norma y que
constituye una infracción gravísima, acaecerá una
sanción al denunciado, que es revisable en segunda
instancia, esto es, bajo las reglas de la doble
instancia y no solamente bajo las de revisión
jurídica por un tribunal superior. Por tanto, las
disposiciones aplicables a este procedimiento
satisfacen, al menos en principio, el mandato
constitucional de un justo y racional
procedimiento;

72%. Que, en segundo lugar, resuelta la
condena por el juez - en un procedimiento justo y
revisable expresamente vía recurso de apelación-,

se inicia un proceso administrativo en virtud del

cual la infracción debe ser anotada en el Registro
Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados

(en adelante Registro), a cargo del Servicio de
yuUUZVa 45
Aerciailo fro
Registro Civil e Identificación (artículo 210 del
DFL N*1);

73*. Que este proceso de carácter
administrativo tiene por objeto el intercambio
reglado de información judicialmente revisada y
definitiva (ejecutoriada);

74. Que, en efecto, el Registro debe, entre

otras cosas, “[rlegistrar las sentencias

ejecutoriadas en que se condene a una persona por

delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones

gravísimas o graves...” (artículo 211, N* 2, del

DFL N*1) [énfasis agregado] ;

75%. Que, a su vez, el inciso primero del
artículo 215 del mismo cuerpo normativo obliga a
los tribunales de justicia (y a los de Policía
Local entre ellos) a comunicar al Registro dichos
antecedentes; específicamente, dispone que los
“Tribunales de Justicia y los Juzgados de Policía
Local y cualquier otro Tribunal de la República

deberán comunicar al Registro toda sentencia

ejecutoriada que condene a una persona como autor

de delitos e infracciones a la ley N* 19.925,
sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, y
a la ley N” 20.000, sobre Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, o que
cancele o suspenda la licencia de conductor o que
condene a una persona por delitos, cuasidelitos,

infracciones gravísimas o graves tipificadas en

esta ley” [énfasis agregado];

76%. Que, por su parte, el artículo 216 del
DFL N* 1 establece que en los casos en que en el
Registro conste una acumulación de ¡infracciones
gravísimas que impligue la suspensión de la
licencia de conductor, el Servicio de Registro

Civil e Identificación (que está a cargo del
46
AA

000306
Arcirton atea
Registro) “deberá informarlo detalladamente al
Juez de Policía Local del domicilio que el titular
de la licencia tuviera registrado";

77%. Que, en consecuencia, el Registro debe
anotar o registrar las sentencias ejecutoriadas de
condena, en este caso, por infracciones gravísimas
(artículo 210 del DFL N% 1); a su vez, los
tribunales de justicia deben informar o comunicar
al Registro todas las sentencias ejecutoriadas de
condena (artículo 215 del DFL N*1). En fin, el
Servicio de Registro Civil e Identificación se
encuentra en la obligación de informar
detalladamente a los juzgados de Policía Local
cuando se cumplan los presupuestos de la
suspensión, en este caso, por acumulación de
anotaciones de infracciones gravísimas en los
últimos doce meses (artículo 216 del DFL N* 1);

78%. Que, como se puede concluir de las
disposiciones citadas, la lógica interna de este
procedimiento administrativo tiene por objeto el
intercambio reglado de información definitiva,
determinada en un procedimiento jurisdiccional
previo, que se realiza entre el Registro y los
tribunales de justicia;

79%, Que, una vez que se han realizado las
distintas etapas de este procedimiento, esto es,
una vez que dos comportamientos durante los
últimos doce meses han sido declarados, en dos
procedimientos judiciales distintos -Ccada uno de
ellos apelable-, como infracciones gravísimas a la
Ley del Tránsito y luego de que se ha procedido al
intercambio administrativo obligatorio de
información definitiva entre el Registro y los
tribunales de justicia, corresponde que se siga el

procedimiento de suspensión de licencia _ de

47

conductor dispuesto en el Título IV de la Ley N“
18.287;

80%. Que este procedimiento es consecuencia
de todas las etapas anteriormente descritas y no
puede “ser juzgado desde un punto de vista
constitucional sin considerarlas todas. De este
modo, sus especiales características obedecen a la
vinculación necesaria con los otros
procedimientos;

81%. Que, como ya se ha adelantado, su motivo
o causa no es el acaecimiento de un comportamiento
que deba ser calificado o no por el juez como
infracción a las normas del tránsito, sino que por
concurrencia de dos anotaciones distintas de
infracciones gravísimas en el Registro;

827. Que la anotación o registro, en el caso
de autos, es un acto administrativo en el que
consta un hecho definitivo que fue sometido a un
procedimiento jurisdiccional previo y revisable;

837. Que, en este sentido, el hecho procesal
que se somete a la jurisdicción del juez es
sustancialmente más reducido: consiste en
acreditar si existieron o no dos anotaciones por
infracción gravísima en los últimos doce meses;

84”. Que, además, a diferencia del
procedimiento común de la Ley N* 18.287, este
procedimiento no puede realizarse en rebeldía,
esto es, debe llevarse a cabo necesariamente en
presencia del denunciado; por ello, si no es
habido, debe llevársele arrestado para que
concurra al tribunal y realice sus descargos
(artículo 40 de la Ley N* 18.287);

85%. Que otra característica especial y que
es consistente con la naturaleza del

procedimiento, es el remedio jurídico de la
48

az

UVIVS

anotación. Dado que la anotación o registro es la
constancia administrativa y definitiva de una
infracción -y esta última es consecuencia de un
procedimiento jurisdiccional previo, con todos los
elementos de un debido proceso, incluido el
derecho de recurrir de apelación-, en caso que la
anotación contenga algún error notorio puede
eliminarse (y modificarse, a fortiori) por decreto
judicial o por resolución administrativa del Jefe
Superior del Servicio (artículo 217, inciso
cuarto, del DFL N* 1);

86”. Que, en consecuencia, queda de
manifiesto que el procedimiento de acumulación de
anotaciones de una infracción gravísima que
conlleva la suspensión de la licencia de
conductor, como es el caso del requirente, es el
resultado de un procedimiento complejo que debe
incluir en su análisis constitucional el proceso
infraccional y el intercambio administrativo de
información definitiva entre los tribunales de
justicia y el ente registral;

g) EXAMEN EN CONCRETO DEL CONFLICTO
CONSTITUCIONAL PLANTEADO A ESTA MAGISTRATURA.

87”. Que, habida consideración de lo
señalado, para que se inicie un procedimiento de
suspensión de licencia de conductor por
acumulación de anotaciones, como el del caso
concreto, es imprescindible que lo precedan dos
procedimientos infraccionales con sentencias
ejecutoriadas de infracción gravísima en los
últimos doce meses, y que dichas sentencias hayan
sido comunicadas entre el Registro y los
tribunales de justicia;

88. Que, desde esta perspectiva, para la

regulación de un procedimiento justo y racional,
MINE:
AD.

Aencieilo pume

el legislador consideró la vinculación de estos

49

procedimientos, atendiendo a su naturaleza y
diferencias, fortaleciendo y compatibilizando la
posibilidad de revisión y la necesidad de eficacia
en la tramitación de estos procedimientos;

89%. Que confirma esta idea la diferencia de
remedios para modificar la resolución que contiene
la sanción derivada de infracción y la anotación
de la infracción. Ambos son equilibrados de
acuerdo a su propia naturaleza jurídica. En el
caso que un juez de Policía Local sentencie que un
comportamiento constituye una infracción
gravísima, el condenado podrá apelar de. la
decisión (artículo 33, inciso primero, de la Ley
N* 18.287, junto con el 207, letra a), del DFL N*
1). Ejecutoriada que se encuentre la sentencia,
ésta se deberá anotar en el Registro. La
anotación, por su parte, es revisable por otras
vías (artículo 217 del DFL N* 1) y, en el caso
específico de autos, es revisable fundado en la
existencia de un error notorio;

90%”. Que el asunto de fondo en el que se
ventila la norma que se requiere inaplicable por
inconstitucionalidad es un recurso de hecho que
conoce la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N“
3973-2010), motivado en el procedimiento de
suspensión de la licencia de conductor por
acumulación de anotaciones de infracciones de
tránsito, ante el Juzgado de Policía Local de
Vitacura;

91%. Que el procedimiento de suspensión de
licencia tiene como fundamento la concurrencia de
dos anotaciones por infracciones calificadas de
gravísimas en dos procedimientos distintos, uno

ante el Juzgado de Policía Local de Nogales y el
bandas S0
uyuz10
otro ante el Juzgado de Policía Local de Colina,
ocurridas en los últimos doce meses;

92%. Que el requirente fue sometido a dos
procedimientos distintos en los que tuvo la
posibilidad de controvertir los hechos que se le
imputaban durante el juicio;

93*. Que, además, cada una de las sentencias
de los jueces de Policía Local que concluyeron que
cada uno de los comportamientos constituía
infracción gravísima -que causan directamente las
anotaciones y que implicaron el procedimiento de
suspensión de la licencia de conductor-, eran
apelables para el agraviado, requirente en autos;

94%, Que, incluso más, el requirente tiene
otra alternativa para eliminar o modificar alguna
o todas las anotaciones, en Caso de que éstas
contengan algún error notorio, por medio de
decreto judicial o por resolución administrativa
del VJefe Superior del Servicio (artículo 217,
inciso cuarto, del DFL N* 1), remedio que, como se
señaló, es consistente con la naturaleza de la
anotación;

95%. Que, en consecuencia, el requirente no
sólo tuvo la alternativa de discutir en un
procedimiento la calificación de los hechos que
fueron definidos como sanciones gravísimas (que
luego debían anotarse en el Registro) y, a su vez,
recurrir de apelación en cada uno de ellos, sino
que también, si las anotaciones adolecían de algún
error notorio, pudo haberlas modificado o)
eliminado, además de las garantías que le asegura
el resto del ordenamiento jurídico en caso que la
sentencia haya sido dictada con abuso o falta

grave;
51
Y90211
Obacieibo one

96%. Que, sumado a todo lo afirmado, la
petición del requirente pretende que esta
Magistratura incorpore un recurso a la legislación
ahí donde el legislador, expresamente y por
razones comprensibles, lo negó;

97?. Que, atendido lo expuesto, debe
afirmarse que, en el asunto que se ha planteado a
este Tribunal, el legislador ha tenido presente en
la determinación de un procedimiento una serie de
circunstancias que permiten contar con Una
resolución de fondo sin dilaciones indebidas y la
pertinente revisión de sentencias, garantizada por
un justo y racional procedimiento;

98%. Que, por consiguiente, la norma del
artículo 40, inciso final, de la Ley N* 18.287 no

viola la garantía de un justo y racional

procedimiento;

99%. Que, por todas las consideraciones
expuestas, procede rechazar la acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad
presentada.

Y VISTO lo prescrito en los artículos 109,
número 3”, inciso sexto, y 93, incisos primero, N?
6, y undécimo, de la Constitución Política de la
República, así como en las disposiciones
pertinentes de la Ley Orgánica Constitucional de
este Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE. Que por haberse producido empate
de votos, se rechaza el requerimiento de fojas 1.
Queda sin efecto la suspensión del procedimiento
decretada en estos autos. Ofíciese.

Redactó el voto de rechazo el Ministro
Gonzalo García Pino. El voto por acoger fue

redactado por el Ministro Enrique Navarro Beltrán.
Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol 1888-10-INA.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal
Constitucional, integrado por los Ministros
señores Marcelo Venegas Palacios (Presidente
subrogante), Hernán Vodanovic Schnake, señora
Marisol Peña Torres y señores Enrique Navarro
Beltrán, Francisco Fernández Fredes, Carlos
Carmona Santander, Iván Aróstica Maldonado y
Gonzalo García Pino.

Autoriza la Secretaria del Tribunal

Constitucional, señora Marta de la Fuente Olguín.
400213
dlorciertos btce

m.0.0.
Santiago, 3 de abril de 2012.
OFICIO N* 7,244
Remite sentencia.
EXCELENTISIMO SEÑOR

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por
esta magistratura con fecha 3 de abril en curso en el proceso Rol N” 1.888-10-INA, sobre
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los
autos Rol N* 3973-2010 sustanciado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Dios guarde a V.E.

4

.” a 3
! TTO

L'BERTELSEN RE

/ Presidente | /
i

MARTA D NTE OLGUÍN

Secretaria

LOS

AS.E. EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

> DON SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE
PALACIO DE LA MONEDA
PRESENTE.
900214

plorciendo) colors

m.0.0.
Santiago, 3 de abril de 2012.
OFICIO N”* 7.245
Remite sentencia.
EXCELENTISIMO SEÑOR

PRESIDENTE DEL SENADO:

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por
esta magistratura con fecha 3 de abril en curso en el proceso Rol N”* 1.888-10-INA, sobre
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los
autos Rol N* 3973-2010 sustanciado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Dios guarde a V.E.

RAUL BERTELSEN REPETTO

Presidente A

MART E OLGUÍN
Secretaria
ME NADO DE
REPÚ LA
ASE. EL ÚBLICA DE CHILE
PRESIDENTE DEL H. SENADO
2.* DON CAMILO ESCALONA MEDINA y 4 ABR, 2012

SENADO DE LA REPUBLICA

VALPARAISO CORREO INTERNO
coreo
000215

Santiago, 3 de abril de 2012.

m.o0.0.

OFICIO N” 7,246

Remite sentencia.

EXCELENTISIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS:

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por
esta magistratura con fecha 3 de abril en curso en el proceso Rol N” 1.888-10-INA, sobre
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los
autos Rol N* 3973-2010 sustanciado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Dios guarde a V.E.

RAUL BERTELSEN REPETTO
Presidente /

MARTA DE OLGUÍN

Secretaria

A S.E.EL |
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

- DON NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZ

*** HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAISO

[ovaeo Efaed: Y ab la lot 20.
000216

m.0.0.
Santiago, 3 de abril de 2012.
OFICIO N* 7.247
Remite sentencia.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA

1. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO:

Remito a V.S.I copia de la sentencia definitiva dictada por esta
magistratura con fecha 3 de abril en curso en el proceso Rol N* 1.888-10-INA, sobre
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los
autos Rol N?” 3973-2010 sustanciado ante esa Corte de Apelaciones de Santiago, a los fines

que indica.

Saluda atentamente a V.S.I

RAUL BERTELEN perO.
/

Presidente a

MARTA D NTE OLGUÍN

Secretaria

CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO
NING: 3973-2010 FOLIO: 76747
FECHA: 04/04/2012

LIBRO: Trabajo-menores-p.local
HORA; 10:51 CASTGVPM

Escrito : En cumplimiento de lo ordenado *Duplicado*

SEÑOR PRESIDENTE DE LA

L CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO
DON IVÁN PATRICIO VILLARROEL VALDIVIA
PALACIO DE TRIBUNALES

PRESENTE.
p002 Wi
Abstiendon Aci

m.0.0
Santiago, 3 de abril de 2011.
OFICIO N* 7.248
Remite resolución.

SEÑOR JUEZ

JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE VITACURA:

Remito a US. copia de la sentencia definitiva dictada por esta
magistratura con fecha 3 de abril en curso en el proceso Rol N” 1.888-10-INA, sobre
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los
autos Rol N* 3973-2010 sustanciado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Saluda atentamente a US.

QUAY

MARTA DE LA EBENTE OLGUÍN

Secretaria

SEÑOR JUEZ

DON SERGIO VILLALOBOS RIOS

JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE VITACURA
AV. BICENTENARIO 3.800 PISO 2, VITACURA
SANTIAGO.

Penso opus yet eidal 20%
uvv21S
¿lncicilo oleada
Santiago, 3 de abril de 2011.
OFICIO N” 7.249

Remite sentencia.

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DEL
REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN:

Remito a Ud. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por
esta magistratura con fecha 3 de abril en curso en el proceso Rol N” 1.888-10-INA, sobre
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los

autos Rol N* 3973-2010 sustanciado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Saluda atentamente a Ud.

lu JIVEZS,
MARTA DE LA-FUENTE OLGUÍN

Secretaria

SEÑOR DIRECTOR NACIONAL
DON ROBERTO MEDINA HERRERA

++" REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

CATEDRAL 1772 PISO 3, SANTIAGO
SANTIAGO.