INA-STC

Texto completo

1


Santiago, veintinueve de marzo de dos mil doce.

VISTOS:

Con fecha 17 de junio de 2011, Claudio Rafael Segovia
Cofré ha requerido a esta Magistratura la declaración de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los siguientes
preceptos legales:

- artículo 36 B letra a) de la Ley N° 18.168, de
Telecomunicaciones (fojas 2):

“Artículo 36 B.- Comete delito de acción pública:

a) El que opere o explote servicios o instalaciones de
telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión sin
autorización de la autoridad correspondiente, y el que permita
que en su domicilio, residencia, morada o medio de transporte,
operen tales servicios o instalaciones. La pena será la de
presidio menor en sus grados mínimo a medio, multa de cinco a
trescientas unidades tributarias mensuales y comiso de los
equipos e instalaciones, y

b) El que maliciosamente interfiera, intercepte o
interrumpa un servicio de telecomunicaciones, sufrirá la pena
de presidio menor en cualquiera de sus grados y el comiso de
los equipos e instalaciones.

c) El que intercepte o capte maliciosamente o grave sin
la debida autorización, cualquier tipo de señal que se emita a
través de un servicio público de telecomunicaciones, será
sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio y
multa de 50 a 5.000 UTM.
d) La difusión pública o privada de cualquier
comunicación obtenida con infracción a lo establecido en la
letra precedente, será sancionada con la pena de presidio menor
en su grado máximo y multa de 100 a 5.000 UTM.”

- artículos 15 y 18 de la Ley N° 18.838, que crea el
Consejo Nacional de Televisión, referidos al estatuto de las
concesiones de servicio de radiodifusión televisiva de libre
recepción:
2


“Artículo 15°.- Las concesiones de servicio de
radiodifusión televisiva de libre recepción sólo se
otorgarán a personas jurídicas, cuyo plazo de
vigencia
no podrá ser inferior al de la concesión. Las
concesiones durarán 25 años.
El Consejo, con 180 días de anticipación al
vencimiento del plazo de vigencia de toda concesión,


o dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que


quede ejecutoriada la resolución que declara
caducada
una concesión, o dentro de los 30 días siguientes a
la
fecha en que sea requerido para ello por cualquier
particular interesado en obtener una concesión no
otorgada, llamará a concurso público. Las bases de
la licitación deberán publicarse en el Diario
Oficial
por tres veces, mediando no menos de tres ni más de
cinco días hábiles entre cada publicación; deberán
señalar con claridad y precisión la naturaleza y la
extensión de la concesión que se licita y sólo
podrán exigir requisitos estrictamente objetivos.
La concesión será asignada al postulante cuyo
proyecto, ajustándose cabalmente a las bases del
respectivo concurso, ofrezca las mejores condiciones


técnicas para garantizar una óptima transmisión. Se
entenderá, sin necesidad de mención expresa, que
toda
postulación conlleva la obligación irrestricta de
atenerse y mantener permanentemente el "correcto
funcionamiento" del servicio, en los términos
establecidos en el inciso final del artículo 1° de
esta ley.
En toda renovación de una concesión, la
concesionaria que la detentaba tendrá derecho
preferente para su adjudicación, siempre que iguale
3


la mejor propuesta técnica que garantice una óptima
transmisión.
No podrá adjudicarse concesión nueva alguna a la
concesionaria que haya sido sancionada de
conformidad
al artículo 33, N° 4, de esta ley, como tampoco a la


persona jurídica que sea titular de una concesión
VHF
o que controle o administre a otra concesionaria de
servicio de radiodifusión televisiva de libre
recepción VHF, en la misma zona de servicios del
país.”

“Artículo 18º.- Sólo podrán ser titulares de
una
concesión de servicio de radiodifusión televisiva de


libre recepción o hacer uso de ella, a cualquier
título, personas jurídicas de derecho público o
privado, constituidas en Chile y con domicilio en el
país. Sus presidentes, directores, gerentes,
administradores y representantes legales deberán ser
chilenos y no haber sido condenados por delito que
merezca pena aflictiva.
Se aplicarán a las concesionarias las normas
establecidas en el artículo 46 de la ley N° 18.046
sobre Sociedades Anónimas. La infracción a estas
disposiciones será sancionada por el Consejo, de
acuerdo con el informe de la Superintendencia de
Valores y Seguros, conforme a lo establecido en el
artículo 33 de esta ley.”

La Gestión judicial invocada es el Proceso penal
simplificado RUC 1100474360-3, Rit 913-2011 del Juzgado de
Garantía de Graneros, en el cual el requirente es imputado por
el delito contenido en el primer precepto impugnado.

Señala que gestionaba un canal UHF de servicios
comunitarios en Graneros, por lo que fue detenido y acusado del
delito contemplado en el primer precepto impugnado.
4


Expone que fue requerido en proceso simplificado y que al
no aceptar responsabilidad en los hechos se realizó la
audiencia preparatoria del juicio simplificado.

Señala que su canal realizó ayuda a la comunidad y
servicios comunitarios con las policías y que incluso se
adjudicó un proyecto en el gobierno regional para la
realización de la página web del canal.

El actor señala que la aplicación de la preceptiva
impugnada infringe el artículo 1º de la Constitución, en la
medida que se niega el acceso a las telecomunicaciones, y se
exige ser persona jurídica y tener un cierto capital, en
infracción a la protección constitucional de los grupos
intermedios y al deber de asegurar la participación con
igualdad de oportunidades en la vida nacional.

Considera que se infringe también la garantía de la
igualdad ante la ley contenida en el numeral 2° del artículo 19
de la Carta Fundamental, pues se le acusa por un delito
consistente en transmitir sin autorización, la cual jamás podrá
ser obtenida por él, pues la norma discrimina entre personas
naturales y jurídicas. La aplicación de esta normativa a
señales comunitarias como la suya sería discriminatoria.

En otro capítulo, considera infringida la libertad de
emitir opinión y de informar sin censura previa, contenida en
el numeral 12° del artículo 19 de la Carta Fundamental, además
del artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica y del
artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos civiles y
políticos.

En mérito de lo expuesto, solicita la declaración de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la preceptiva
referida.

Con fecha 28 de junio, el requerimiento fue ACOGIDO A
TRÁMITE por la Segunda Sala de este Tribunal, que decretó la
SUSPENSIÓN del procedimiento confirió TRASLADO para resolver
acerca de la admisibilidad.

A fojas 36 el Ministerio Público comparece y solicita la
declaración de inadmisibilidad del requerimiento, toda vez que
5


las normas de los artículos 15 y 18 de la Ley N° 18.838, que
crea el Consejo Nacional de Televisión no resultarían de
aplicación decisiva. La decisión de otorgar o denegar una
concesión no es materia del proceso penal, pues lo único que
debe juzgarse en la gestión invocada es si el actor operaba o
no instalaciones de televisión y a qué titulo lo hacía. Por
otra parte, alega que no se contendría en el libelo argumento
alguno que sustente una contradicción con la Constitución del
artículo 36 B de la Ley N°18.168. Señala además que se está en
presencia de una cuestión abstracta, sin referencia a la
aplicación de los preceptos al caso concreto.

A fojas 43 comparece el Consejo Nacional de Televisión,
solicitando se le tenga por parte. Pide la declaración de
inadmisibilidad, aduciendo que la cuestión descansa en
considerar inconstitucional la normativa que establece que sólo
las personas jurídicas pueden acceder a concesiones de
televisión. Expone, por otra parte, que los artículos 15 y 18
impugnados no son normas aplicables al caso, ya que lo que se
debe decidir es si el requirente explotaba o no una frecuencia
de tv sin autorización y aun si se declararan inaplicables
dichas normas el actor se encuentra dentro de la conducta
típica que se le imputa en el proceso penal. Por otro lado,
señala que no se expone de qué manera la aplicación de las
normas vulnera la Carta Fundamental.

Con fecha 9 de agosto, en votación dividida, se declaró
la admisibilidad del requerimiento, tras lo cual se confirió
traslado acerca del fondo del asunto planteado.

A fojas 63 el Ministerio Público evacuó el traslado
conferido solicitando el rechazo de la acción, reiterando lo
argumentado en sede de admisibilidad, agregando que las
cuestiones planteadas carecen de aptitud para influir en la
decisión de la gestión pendiente y que la incorporación del
artículo 36 B en la preceptiva impugnada es puramente
funcional, ya que no hay ningún cuestionamiento autónomo que lo
afecte.

A fojas 70 compareció el Consejo Nacional de Televisión,
solicitando el rechazo de la acción, reiterando lo argumentado
en etapa de admisibilidad.
6


Con fecha 29 de septiembre de 2011 se ordenó traer los
autos en relación.

Con fecha 27 de diciembre de 2011 se verificó la vista de
la causa.

CONSIDERANDO:

Antecedentes.

1. Que de conformidad a lo establecido en el
artículo 93, inciso primero, N°6 de la
Constitución, don Claudio Segovia Cofré ha
solicitado a este Tribunal que declare la
inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los
artículos 36 B letra a) de la Ley General de
Telecomunicaciones, Ley N°18.168, y de los
artículos 15 y 18 de la Ley N°18.838, del Consejo
Nacional de Televisión;

2. Que, los preceptos cuya aplicación se impugna
establecen que sólo se otorgarán concesiones de
servicio de radiodifusión televisiva de libre
recepción a personas jurídicas (artículo 15,
inciso primero, de la Ley N° N°18.838), y que
sólo éstas podrán ser titulares de una concesión
de radiodifusión televisiva de libre recepción o
hacer uso de ella, a cualquier título (artículo
18, inciso primero, de la Ley N° N°18.838). El
artículo 36 B letra a) de la Ley General de
Telecomunicaciones, por su parte, señala que
“Comete delito de acción pública: a) El que
opere o explote servicios o instalaciones de
telecomunicaciones de libre recepción o de
radiodifusión sin autorización de la autoridad
correspondiente, y el que permita que en su
domicilio, residencia, morada o medio de
transporte, operen tales servicios o
instalaciones. La pena será la de presidio menor
en sus grados mínimo a medio, multa de cinco a
7


trescientas unidades tributarias mensuales y
comiso de los equipos e instalaciones”;

3. Que, la gestión pendiente en la cual incidiría
la aplicación de tales preceptos legales se sigue
ante el Juzgado de Garantía de Graneros, bajo el
RUC 1100474360-3, en la cual se imputa
responsabilidad al requirente por el delito de
acción pública previsto en el artículo 36 B letra
a) de la Ley General de Telecomunicaciones. Los
hechos por los cuales el Ministerio Público ha
dado inicio a una persecución penal en contra del
requirente consisten en la operación, por éste,
de instalaciones de telecomunicaciones de libre
recepción por la frecuencia del Canal N° 15, UHF,
sin contar con autorización de la autoridad
correspondiente;

Garantías fundamentales invocadas.

4. Que, a juicio del requirente, el impedir que se
entreguen concesiones de radiodifusión televisiva
de libre recepción a personas naturales como él,
y la persecución penal que se hace en su contra
por haber operado un canal de televisión sin
autorización, son discriminatorias y afectan su
libertad de expresión, impidiendo que el Centro
Cultural que dirige desarrolle sus fines
específicos como grupo intermedio, vulnerando así
los artículos 1° y 19 N°s 2 y 12 de la
Constitución;

5. Que respecto de la garantía de igualdad ante la
ley, el requirente aduce que ésta se infringiría
toda vez que las normas cuya aplicación se
cuestiona exigen que se cuente con personalidad
jurídica para ser titular de una concesión de
radiodifusión televisiva, sin distinguir el tipo
de canal o programación que se pretende
8


trasmitir. Frente a la ausencia de normativa
especial para las organizaciones comunitarias
como el Centro Cultural que dirige, indica, las
señales comunitarias tendrían que someterse a la
misma regulación general de todo concesionario,
cuestión que no se condice con las particulares
condiciones y finalidad de ese tipo de
organizaciones. Así, se trata de forma idéntica a
sujetos que se encuentran en situaciones
jurídicas distintas, de modo que se infringiría
la igualdad ante la ley;

6. Que, a juicio del requirente, se infringiría el
artículo 19 N°12 de la Constitución, pues por no
contar con personalidad jurídica, se le impide
transmitir una señal de radiodifusión de libre
recepción y se le sanciona penalmente por
hacerlo, de manera que se le veda emitir opinión
e informar. Agrega que se transgredirían también
el artículo 13.1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

7. Que, además, frente lo formulado por un Ministro
en la vista de la causa en ejercicio de la
facultad prevista en el artículo 88 de la ley
orgánica constitucional de esta magistratura, el
requirente extendió su alegato. Sostuvo que la
aplicación del artículo 36 B letra a) de la Ley
General de Telecomunicaciones sería
inconstitucional por infringir el principio de
proporcionalidad en materia penal, reconocido en
el artículo 19 N°s 2° y 3° de la Constitución. A
su juicio, la persecución penal en el caso
concreto resultaría excesivamente lesiva en
atención al fin que persigue la norma, lo que no
se condice con la naturaleza de última ratio del
derecho penal;
9


8. Que, antes de analizar cada uno de los
planteamientos del requirente a fin de determinar
la constitucionalidad de la aplicación de los
preceptos cuestionados en el proceso sub lite,
nos referiremos brevemente a la regulación de las
concesiones y permisos de radiodifusión
televisiva a la luz de la Constitución Política;

Regulación de las concesiones y permisos de
difusión televisiva.

9. Que, en nuestro ordenamiento jurídico el acceso
a la transmisión televisiva se encuentra regulado
en diversos cuerpos legales e intervienen en su
aseguramiento distintos órganos del Estado,
dependiendo de la modalidad de acceso o título de
intervención de que se trate. Tales títulos
pueden ser permisos provisorios a título
experimental, permisos para desarrollar servicios
limitados de televisión y concesiones de
radiodifusión televisiva de libre recepción.

Todo ello, como lo señaló esta Magistratura en
sentencia Rol 1849-10, en virtud de las facultades que
el Presidente de la República tiene de administración del
Estado: “Que, dado que los Ministros de Estado son los
colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la
República en el gobierno y la administración del Estado,
según el artículo 33, inciso primero, de la Constitución,
y atendida la circunstancia de que este cometido se
traduce, entre otros, en “asignar recursos y fiscalizar
las actividades del respectivo sector”, merced al
artículo 22 de la Ley Nº 18.575, por ello al Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones le corresponde, a
través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
“administrar y controlar el espectro radioeléctrico”,
según prevé el Decreto Ley Nº 1.762, de 1977, en su
artículo 6º, letra f).
10


Lo cual debe entenderse sin perjuicio de las
atribuciones que, para aquellas concesiones tratadas en
la Ley Nº 18.838, le corresponden al Consejo Nacional de
Televisión, servicio público descentralizado colaborador
del Presidente de la República en el cumplimiento de la
función administrativa, en los términos del artículo 1º
de la Ley Nº 18.575.” (c. 11°);

Corresponde al Ministro de Transportes y
Telecomunicaciones otorgar permisos provisorios para el
funcionamiento temporal, sin carácter comercial y a
título experimental o demostrativo, para instalar
servicios de telecomunicaciones en ferias o exposiciones
(Art. 15 inciso final de la Ley N° 18.168). Por su parte,
la Subsecretaría de Telecomunicaciones de dicho
Ministerio se encarga de otorgar permisos para
desarrollar servicios limitados de televisión, los cuales
tienen duración indefinida y se pueden otorgar a toda
persona interesada, natural o jurídica (Art. 9 de la Ley
N° 18.168).

La administración de las concesiones de
radiodifusión televisiva de libre recepción, en cambio,
corresponde al Consejo Nacional de Televisión, en tanto
servicio público descentralizado, con autonomía
constitucional, colaborador del Presidente de la
República en el cumplimiento de la función
administrativa, en los términos del artículo 1º de la Ley
Nº 18.575;

10. Que, como se desprende de lo reseñado en el
considerando anterior, las concesiones de
radiodifusión televisiva de libre recepción, cuya
regulación se cuestiona por el requirente en
autos, no son el único mecanismo o título para
acceder a la trasmisión televisiva;

11. Que, las concesiones en cuestión envuelven una
autorización para utilizar y explotar un bien
11


nacional de uso público, cual es el llamado
“espectro radioeléctrico”, compuesto por las
diferentes bandas o bloques de frecuencias por
donde discurre la trasmisión televisiva. Como
bien nacional de uso público constituye un
recurso de libre acceso, pero como se trata de un
bien limitado y escaso, es administrado por el
Estado para su mejor aprovechamiento según los
avances tecnológicos (STC Rol N° 1895, c. 10° y
STC Rol N° 1849-10, c. 12°).

Como ha reconocido esta Magistratura, cabe
distinguir entre la asignación de frecuencias y el
otorgamiento de concesiones: “Que, atingente a la
administración del espectro radioeléctrico, el artículo
segundo del Decreto Supremo N° 264, explicitado en el
considerando 9°, numeral 9.2 del mismo texto, ordena a la
Subsecretaría de Telecomunicaciones no que asigne, sino
que determine y calendarice –por resolución pública y
transparente- cuáles frecuencias precisas dentro de la
banda UHF van quedando paulatinamente disponibles, a
objeto de que las correspondientes concesiones se puedan
abrir al ingreso de nuevos operadores;”. (STC Rol
1849-10, c. 16°);

12. Que para comprender la exigencia de
personalidad jurídica para ser titular de una
concesión, debe tenerse presente que el artículo
19 de la Constitución, si bien en su enunciado
señala que la Constitución asegura “a todas las
personas” los derechos que enumera a
continuación, en su N°12 distingue los derechos
que se reconocen a las personas naturales y a
personas jurídicas, indistintamente, de aquellos
derechos respecto de los cuales se ha entregado
al legislador determinar quiénes podrán
ejercerlos. Así, el inciso tercero del N°12 del
artículo 19 reconoce el derecho de rectificación
12


en las condiciones que determine la ley, a “toda
persona natural o jurídica ofendida o
injustamente aludida por algún medio de
comunicación social”. Lo mismo sucede con el
inciso cuarto de la misma disposición, en el cual
se señala que “toda persona natural o jurídica”
tiene el derecho de fundar, editar y mantener
diarios, revistas y periódicos, en las
condiciones que señale la ley”.

En cambio, en su inciso quinto, respecto del
derecho de establecer, operar y mantener estaciones de
televisión, el artículo 19 N° 12 de la Constitución
señala que éste corresponde al “Estado, aquellas
universidades y demás personas o entidades que determine
la ley”. Consecuente con lo anterior, la Ley N° 19.838
exige que para ser titular de una concesión de
radiodifusión televisiva de libre recepción, se requiere
contar con personalidad jurídica con un período de
duración al menos equivalente al de la concesión;

13. Que, la exigencia de personalidad jurídica para
ser titular de una concesión de radiodifusión
televisiva de libre recepción se inserta en un
sistema regulado, que apunta asegurar que la
utilización del espectro radioeléctrico se
realice de forma continua y seria, sometiéndose a
los deberes de “correcto funcionamiento” a que
alude el inciso sexto del artículo 19 N°12 de la
Constitución.

Ello corresponde a la importancia que el
constituyente reconoce a la televisión como medio de
comunicación social, a cuya regulación dedica dos incisos
especiales, que podría haber omitido si la hubiera
asimilado a los demás medios de comunicación conocidos
en la época: diarios, revistas y periódicos. Esta
preocupación particular por el impacto social y cultural
13


de la televisión se refleja además en la historia del
establecimiento de la televisión en el país: al principio
sólo podían ser titulares de canales de televisión el
Estado y las universidades reconocidas por éste. Por eso
el texto constitucional prescribe que sólo podrán
establecer, operar y mantener estaciones de televisión el
Estado aquellas universidades y demás personas o
entidades que la ley determine. Tales personas sólo
pueden ser de naturaleza jurídica, pues si la ley pudiera
determinar que ciertas personas naturales pueden obtener
concesiones de televisión y otras no, sin que tal
distinción fuera objetiva y razonable, estaría
incurriendo en una discriminación arbitraria. Por eso la
distinción que la Constitución contempla es entre ciertas
personas o entidades, en el entendido que se está
refiriendo a ciertas personas jurídicas o entidades que
tienen la capacidad para gestionar adecuadamente un canal
de televisión, y las personas naturales que quedan
excluidas.

Así, la Ley del Consejo Nacional de Televisión en
su artículo 15 establece que los titulares de las
concesiones deben ser “personas jurídicas de derecho
público o privado, cuyo plazo de vigencia no podrá ser
inferior al de la concesión”, o sea 25 años. Luego, estas
personas deben estar constituidas en Chile y tener
domicilio en el país. Sus presidentes, directores,
gerentes, administradores y representantes legales deben
ser chilenos y no haber sido condenados por delito que
merezca pena aflictiva (Arts. 15 y 18 de la Ley N°
18.838). Además, a las concesionarias se les aplican las
normas del artículo 46 de la Ley N° 18.046, referidas a
la obligación del directorio de proporcionar a los
accionistas y al público, las informaciones suficientes,
fidedignas y oportunas que la ley y, en su caso, la
Superintendencia determinen respecto de la situación
legal, económica y financiera de la sociedad.
14


Por la importancia que la Constitución atribuye a
la televisión, establece además que un organismo
especializado, el Consejo Nacional de Televisión, velará
por el correcto funcionamiento de este medio de
comunicación, lo que no ocurre con ningún otro. Para tal
fin su ley orgánica estipula que tendrá la super
vigilancia y fiscalización de los servicios de
televisión. Privado de facultades para inmiscuirse en la
programación de los canales, dicho Consejo puede, sin
embargo, sancionarlos según lo previsto en su Título V.
La ley le otorga a cualquier ciudadano la capacidad para
denunciar ante ese organismo una falta al correcto
funcionamiento o una infracción a las normas del Consejo
para impedir programas que contengan violencia excesiva,
truculencia, pornografía o participación de niños o
adolescentes en actos reñidos con la moral o las buenas
costumbres (Art. 40 bis).

En síntesis, cabe recordar que la propia
Constitución contempla un estatuto especial para los
servicios de televisión, encargando a la ley su
regulación sin vulnerar la libertad de expresión;

14. Que, el otorgamiento de concesiones de
radiodifusión televisiva debe respetar el
principio de libre e igualitario acceso exigido
por los artículos 2º y 8º de la Ley General de
Telecomunicaciones, en concordancia con el
principio de igualdad ante la ley y del derecho
de libre expresión consagrados por el artículo 19
N°s 2° y 12° de la Carta Fundamental. Ello se
expresa en que los requisitos establecidos para
optar a una concesión son de general aplicación y
que se accede a ella mediante un concurso público
que asegura la transparencia e integridad de la
concesión, acorde con el hecho de recaer en un
bien nacional de uso público (Art. 15 de la Ley
N° 18.838);
15


15. Que, debe recordarse que ya en otras
oportunidades este Tribunal se ha pronunciado
sobre la exigencia impuesta por ley de contar con
personalidad jurídica para ejercer determinados
derechos que suponen una cierta organización
capaz de garantizar la seriedad del prestador de
un servicio. Así ocurrió cuando esta Magistratura
tuvo que pronunciarse, ejerciendo control
preventivo obligatorio de constitucionalidad,
sobre la Ley General de Educación. Se señaló que
la exigencia de personalidad jurídica a los
sostenedores de establecimientos educacionales,
otorga un grado de permanencia, transparencia y
estabilidad a los establecimientos educacionales
que no es posible alcanzar por las personas
naturales, y apunta a cumplir de mejor manera la
obligación de garantizar una educación de calidad
que asegura el artículo 19 N° 10 de la
Constitución. Así se establecía una clara
distinción entre el patrimonio personal del dueño
del establecimiento reconocido y el de la
personalidad jurídica que cumple las veces de
sostenedor, lo que resulta indispensable para
asegurar el buen uso de la subvención
educacional. En ese sentido, se apuntó, la
libertad de enseñanza supone determinada
organización para su ejercicio (STC Rol N° 1363,
c. 17°,18° y 19°);

16. Que, lo mismo ocurre con la libertad de
expresión y su ejercicio por medio de la
radiodifusión televisiva. Para que pueda
explotarse de forma adecuada el espectro
radioeléctrico y permitir la mejor utilización de
éste en tanto bien nacional de uso público, la
ley ha previsto que el establecimiento, operación
y mantención de estaciones de televisión sea
16


realizado por personas jurídicas, que cumplan
con las exigencias que la ley indica. La
particular regulación del sistema de concesiones
de radiodifusión televisiva responde a la
especial naturaleza y relevancia que posee la
televisión como medio de comunicación, lo que ha
sido reconocido por la Constitución según se ha
señalado anteriormente;

17. Que, la exigencia de personalidad jurídica se
presenta como justificada cuando ello asegura la
prestación permanente de un servicio o
satisfacción de un derecho. Así, en los casos en
que la Constitución entrega al legislador
determinar quiénes podrán desarrollar una
determinada actividad o ejercer un derecho, son
numerosas las situaciones en que el ordenamiento
jurídico exige una determinada organización para
ello. Tal como se señaló en la sentencia citada
en el considerando anterior, “exigencias de esta
especie existen en otras áreas de manera mucho
más estricta y nunca han sido objeto de reproche
de constitucionalidad. Así, por ejemplo, las
ISAPRES, de acuerdo al artículo 171 del D.F.L.
N° 1, de Salud, de 2005, “deberán constituirse
como personas jurídicas y registrarse en la
Superintendencia”. En algunos otros casos se
exige una específica forma societaria como
respecto de los Bancos o de las AFP. Así, el
artículo 27 de la Ley General de Bancos
establece que “las empresas bancarias deben
constituirse como sociedades anónimas en
conformidad a la presente ley”. En el mismo
sentido, el artículo 23 del D.L. N° 3.500
establece que “las Administradoras de Fondos de
Pensiones, denominadas también en esta ley
Administradoras, serán sociedades anónimas que
17


tendrán como objeto exclusivo administrar Fondos
de Pensiones y otorgar y administrar las
prestaciones y beneficios que establece esta
ley”. Un último ejemplo, también más estricto,
lo encontramos en el artículo 15 del D.F.L. N°
1, de Educación, de 1980, también conocido como
Ley de Universidades, que establece que “podrán
crearse universidades, las que deberán
constituirse como personas jurídicas de derecho
privado sin fines de lucro”;” (STC Rol N° 1363,
c. 21°);

Exigencia de personalidad jurídica frente a las
garantías invocadas en el caso concreto.

18. Que, la libertad de expresión asegura a las
personas poder manifestar sus opiniones y
difundir y recibir información, sin censura
previa. Como se ha planteado por este mismo
Tribunal: “la libertad de expresión, por su
parte, desempeña un papel fundamental en la
sociedad democrática, pues permite el debate de
ideas, el intercambio de puntos de vista, emitir
y recibir mensajes, la libre crítica, la
investigación científica y el debate
especulativo, la creación artística, el diálogo
sin restricción, censura ni temor, y la
existencia de una opinión pública informada” (STC
Rol N° 567, c. 32). Además, “dentro del
contenido de la libertad de expresión, se
comprenden las declaraciones sobre hechos y
también las meras opiniones, con independencia
de si son fundadas racionalmente o no. Su
protección alcanza no sólo al contenido de las
ideas, sino también a la forma en que ellas son
expresadas; las personas puedan escoger
libremente el lugar, los medios y las
18


circunstancias para hacerlo” (STC Rol N° 567, c.
34);

19. Que, no obstante lo anterior, la misma
Constitución distingue entre la titularidad del
derecho y quienes pueden ejercerlo en cada una de
sus manifestaciones atendido el medio que se
emplee. Como se indicó en el considerando XX,
conforme a la Constitución, sólo pueden
establecer, operar y mantener estaciones de
televisión, el “Estado, aquellas universidades y
demás personas o entidades que la ley determine”.
Así, con todo, corresponde analizar si esta
exigencia que ha efectuado el legislador afecta
en el caso concreto la libertad de expresión del
requirente (Art. 19 N°12 de la Constitución), la
igualdad ante la ley (Art. 19 N°2 de la
Constitución) y el deber del Estado de promover
el bien común y de amparar a los grupos
intermedios (Art. 1, incisos 3° y 4°, de la
Constitución);

20. Que, en primer lugar, la exigencia de
personalidad jurídica no es un real obstáculo
para el funcionamiento de un canal de televisión
comunitario, pues éste podría desarrollarse
mediante un permiso de servicio limitado de
televisión, sin necesidad de conformar una
personalidad jurídica. Tampoco puede considerarse
que constituir una persona jurídica sea un
trámite engorroso en nuestro ordenamiento
jurídico, pues actualmente toda persona puede
hacerlo en forma expedita, según lo establece el
Título XXXIII del Libro I del Código Civil y la
Ley N°20.500, Sobre Asociaciones y Participación
Ciudadana en la Gestión Pública. Por ende nada
impedía al requirente formar una personalidad
jurídica u obtener un permiso de servicio
19


limitado de televisión, como de hecho ocurre en
múltiples comunas del país en casos análogos.
Como se sabe, la exigencia de personalidad
jurídica no excluye a las personas naturales,
sino que supone que éstas dirigen e integran la
persona jurídica;

21. Que, no corresponde a esta Magistratura hacerse
cargo de la negligencia del requirente. Éste pudo
solicitar un permiso de radiodifusión limitado a
la Subsecretaría de Telecomunicaciones, como
muchas televisiones comunitarias lo hacen.
También pudo constituir una personalidad jurídica
y luego esperar un proceso de licitación de una
concesión por parte del Consejo Nacional de
Televisión, cuestión que no hizo. En el caso,
como consta en autos, el requirente simplemente
optó por transmitir sin autorización alguna en
conocimiento que esa conducta se encontraba
sancionada por la ley;

22. Que, por lo demás, aun cuando el requirente
contara con personalidad jurídica y postulara a
una concesión televisiva de libre recepción,
nada le asegura ganar el concurso y
efectivamente acceder a una concesión de
radiodifusión televisiva, pues el espacio
radioeléctrico es limitado;

23. Que, consecuentemente, no puede estimarse que
la aplicación de las normas cuestionadas pueda
infringir la libertad de opinión e información
del requirente, quien además puede ejercer dicha
libertad en otros medios de comunicación o
transmitir sin utilizar el espectro
radioeléctrico;

24. Que, por los motivos señalados en los
considerados anteriores, tampoco pueden estimarse
20


infringidos los derechos consagrados en el
artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y en el artículo 13.1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos. La
regulación impugnada -que tiene un fundamento
objetivo en el carácter limitado del espacio
radioeléctrico- no puede ser considerada una
forma indebida de restringir la libertad de
expresión por vías o medios indirectos, pues no
se trata de una manipulación del uso de las
frecuencias radioeléctricas sino de requisitos
razonables para ser titular de una concesión de
servicios televisivos;

25. Que, respecto de la igualdad ante la ley,
supuestamente infringida por la aplicación de las
normas cuestionadas, es preciso recordar que ésta
supone “la diferenciación razonable entre
quienes no se encuentren en la misma condición;
pues no se impide que la legislación contemple
en forma distinta situaciones diferentes,
siempre que la discriminación no sea arbitraria
ni responda a un propósito de hostilidad contra
determinada persona o grupo de personas, o
importe indebido favor o privilegio personal o
de grupo, debiendo quedar suficientemente claro
que el legislador, en ejercicio de sus
potestades, puede establecer regímenes
especiales, diferenciados y desiguales, siempre
que ello no revista el carácter de arbitrario”
(en otras, STC Roles Nºs 986 y 1414);

26. Que no se aprecia en qué forma se produciría
una discriminación arbitraria (infracción al
artículo 19 N°2 de la Constitución) en perjuicio
del requirente al aplicarse las normas
cuestionadas. Tales normas establecen criterios
objetivos y rigen para la generalidad de los
21


sujetos. Incluso, el artículo 15 de la Ley N°
18.838, objetado en autos, en su inciso tercero
señala que los requisitos que habrán de exigirse
en las bases de la licitación serán públicos y
estrictamente objetivos. El otorgamiento de
concesiones de radiodifusión televisiva debe
respetar el principio de libre e igualitario
acceso exigido por los artículos 2º y 8º de la
Ley General de Telecomunicaciones;

27. Que, consecuentemente, por lo sostenido en los
considerandos anteriores, tampoco es acertado lo
alegado por el requirente sobre la supuesta
infracción a los incisos 3° y 4° del artículo 1°
de la Constitución. La organización comunitaria
que el requirente dirige no se ha visto ni habrá
de verse obstaculizada en el cumplimiento de los
fines que le son propios por la aplicación de las
normas cuestionadas, sino que por los eventuales
ilícitos que ha cometido su director;

28. Que, por último, determinar si el delito
previsto en el artículo 36 B ya citado, en su
aplicación al caso concreto, resulta
desproporcionado, exige tener presente que,
conforme al principio democrático (artículo 4° de
la Constitución), el legislador es libre para
determinar razonablemente los requisitos para
castigar una conducta y establecer la sanción
correspondiente.

Así lo ha reconocido esta Magistratura en la STC
Rol 786-2007, en los siguientes términos:
…”VIGESIMOCTAVO:…. En efecto, ya se ha recordado de qué
manera la protección de los derechos de los adolescentes
se ha encontrado especialmente presente en la gestación
y desarrollo de toda la legislación sobre responsabilidad
penal en que ellos puedan incurrir, la que, sin duda, ha
22


tenido presente que, de conformidad con el artículo 37,
letra b), de la Convención sobre los Derechos del Niño, no se
prohíbe la privación de libertad de los adolescentes,
sino que se impide que ella sea ilegal o arbitraria,
exigiendo también que sólo proceda conforme a la ley y en
carácter de último recurso, por el período más breve
posible, a juicio del mismo legislador.



Pero, además, debe tenerse presente que la
determinación de las penas es de resorte exclusivo del
legislador, al tenor de lo dispuesto en el artículo 19 N°
3, incisos séptimo y octavo, de la Constitución, que
señalan, el primero, que "ningún delito se castigará con
otra pena que la que señale una ley promulgada con
anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley
favorezca al afectado" y, el segundo, que "ninguna ley
podrá establecer penas sin que la conducta que se
sanciona esté expresamente descrita en ella".



La competencia reservada al legislador en esta
materia ha sido destacada por varias Cortes
Constitucionales, pertenecientes a diversas áreas
geográficas. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional
del Perú ha señalado que: "En materia de determinación
legal de la pena, la evaluación sobre su adecuación o no
debe partir necesariamente de advertir que es potestad
exclusiva del legislador, junto a los bienes penalmente
protegidos y los comportamientos penalmente reprensibles,
el tipo y la cuantía de las sanciones penales, la
proporción entre las conductas que pretende evitar, así
como las penas con que intenta conseguirlo ....en tales
casos, el legislador goza, dentro de los límites de la
Constitución, de un amplio margen para determinar las
penas ..." (Sentencia de 21 de julio de 2005, Expediente
0019-2005-AI/TC, considerando 198°).
23


El Tribunal Constitucional de Alemania, por su
parte, refiriéndose a la pena de trabajos forzados, ha
afirmado que: "La ley fundamental obliga al legislador a
desarrollar un concepto efectivo de la resocialización y a
estructurar la ejecución de la pena con base a estos
criterios. Para esto se ha dejado a él (al legislador) un
amplio espacio de regulación (...) Él puede, atendiendo a
toda clase de conocimientos, principalmente en los campos de
la antropología, la criminología, la terapia social y la
economía, llegar a una regulación que -atendiendo a
los costos- se encuentre en concordancia con el rango y
necesidad de otras funciones del Estado." (Schwabe,
Jürgen (compilador). Cincuenta años de jurisprudencia del
Tribunal Constitucional alemán. Fundación Konrad
Adenauer, Uruguay, 2003, pág. 268);
29. Que esta Magistratura, entretanto, ha invocado
previamente jurisprudencia del Consejo
Constitucional francés, el que, conociendo de
un requerimiento que impugnaba un proyecto de ley
tendiente a crear y aumentar penas, decidió que:
"Dentro de los márgenes de su misión, no le cabe al
Consejo Constitucional reemplazar el juicio del
Parlamento por el propio con respecto a la necesidad
de las penas impuestas a los delitos (Sentencia
Rol N° 591, considerando 90);

30. Que, afirmada la exclusividad de la competencia
legislativa en la determinación de las penas como
en la fijación de sus modalidades de cumplimiento,
resulta que lo que corresponde al Tribunal
Constitucional es cerciorarse de que las penas
obedezcan a fines constitucionalmente lícitos y de
que no se vulneren los límites precisos que la
misma Carta ha impuesto como, por ejemplo, en el
caso del artículo 19 N° 1, que prohíbe la
aplicación de apremios ilegítimos, del artículo 19
N° 7, inciso segundo, letras g) y h), que impiden
24


establecer la pena de confiscación de bienes o la
de pérdida de los derechos previsionales, todo lo
cual tiende, finalmente, a dar cumplimiento al
deber que el inciso segundo del artículo 5° de la
Constitución impone a los órganos del Estado en
orden a respetar y promover los derechos
esenciales del ser humano.

El mismo criterio fue reafirmado en la STC N° 1328
(considerando 13°), al establecer:”Corresponde al legislador
el establecimiento de una pena para un determinado delito.
Por tanto, éste tiene discrecionalidad para la fijación de
las penas, en la medida que respete los límites que le fija
la Constitución. Así, asignar penas para un delito es parte
de la política criminal y depende de un juicio de
oportunidad o conveniencia que corresponde efectuar al
legislador…”.
Las normas penales deben respetar los criterios y
principios que contempla la Constitución, no pudiendo
establecer discriminaciones arbitrarias. En STC N° 1584
(considerandos 21° y 22°) se reconoce que a mayor
gravedad del delito corresponde una pena superior. Por lo
mismo, deben ajustarse a un criterio de proporcionalidad,
dada la intensidad de la afectación de derechos
fundamentales que su aplicación provoca. El Derecho Penal
es la herramienta del Estado más invasiva en la
restricción de la libertad, por lo que requiere un mayor
cuidado en su configuración. Efectivamente, la norma de
carácter penal debe ser idónea y necesaria para proteger
un determinado bien jurídico, manteniendo un equilibrio
entre la trascendencia social de la conducta típica y la
pena que se asigna al delito (Constitución y Principios
del Derecho Penal: algunas bases constitucionales, Ed.
Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2010).

De lo cual cabe concluir que a esta Magistratura
sólo le incumbe pronunciarse sobre la proporcionalidad de
una sanción penal en casos de extrema gravedad en que se
25


pueda concluir que se está en presencia de una
discriminación arbitraria explícita o encubierta;

31. Que, en el presente caso, no parece
desproporcionada la configuración del delito
contemplado en el artículo 36 B, letra a), de la
Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, ni
su penalidad, dada la importancia que para la
sociedad tiene el bien jurídico protegido, cual
es el correcto uso del espacio radioeléctrico,
para lo cual se requiere la autorización de la
autoridad competente una vez cumplidos los
requisitos que la ley establece, los cuales, como
se ha afirmado en este fallo, se ajustan a la
Constitución.

Cabe tener también en cuenta que el requirente se
ha sometido a un juicio simplificado, en el cual la pena
se limita aun más, al no poder exceder la de presidio o
reclusión menor en su grado mínimo, sin considerar las
eventuales atenuantes de responsabilidad penal que
pudieran beneficiar al requirente.

Analizar más allá de los criterios reseñados el
precepto penal impugnado podría implicar la formulación
de un juicio de mérito, cuestión que escapa a la
competencia de esta Magistratura.

Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE lo previsto en los
artículos 1°, 6°, 7° y 19, números 2° y 12°, de la
Constitución Política, así como las disposiciones
pertinentes de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,

SE DECLARA: Que se rechaza el presente recurso de
inaplicabilidad. Déjase sin efecto la suspensión del
procedimiento, oficiándose al efecto.
26



Se previene que el Ministro señor Carlos Carmona
Santander concurre a la presente sentencia sin compartir
lo razonado en su considerando vigesimocuarto.
Acordada la sentencia con el voto en contra de los
Ministros señores Raúl Bertelsen Reppetto, Marcelo
Venegas Palacios, Hernán Vodanovic Schnake e Iván
Aróstica, quienes estuvieron por acoger el requerimiento
sólo en cuanto a declarar inaplicable por
inconstitucional, en el proceso respectivo, la
aplicación de la pena corporal contemplada en la letra a)
del artículo 36 B de la Ley N° 18.168 y decidir, en
consecuencia, que la aplicación en el caso sublite del
precepto legal que establece como pena la de “presidio
menor en sus grados mínimo a medio”, contenido en la
citada disposición legal, resulta contraria a la
Constitución.
Tienen presente para ello los motivos siguientes:
1) La necesaria caracterización de la relación jurídico
procesal en que incide la acción cobra particular
relevancia en este caso, atendido a que el tipo
penal –bajo una cobertura común, operar o explotar
servicios de instalaciones de telecomunicaciones de
libre recepción o radiodifusión sin autorización de
la autoridad correspondiente- admite hipótesis
fácticas de la más variada intensidad o disímil
peligrosidad. Así, puede ser sancionado con la
misma pena corporal tanto la operación de un canal
de televisión clandestino de gran alcance, incluso
difundiendo contenidos contrarios al orden o salud
públicos, como otro de extensión restringida y
local, que divulgue noticias de interés público para
la comunidad.

2) En la especie, la conducta incriminada alude a la
operación de un canal de televisión en la frecuencia
15 de la banda UHF, en la localidad de Graneros, que
27



–según el imputado y requirente- “emitía
programación solamente para dicha comuna, dirigido a
la información, cobertura de noticias, ayuda a la
comunidad, entre otras, realizando muchas de las
actividades en conjunto con organismos públicos,
entre otros Carabineros de Chile, la Policía de
Investigaciones de Chile y el hospital local,
afirmando aquél haber conseguido la adjudicación por
parte del gobierno de la Región de O’Higgins, de un
proyecto destinado a la realización de una página
web de dicho canal de televisión.

3) La disposición objetada sanciona al responsable con
presidio menor en sus grados mínimo a medio, multa
de 5 a 300 Unidades Tributarias Mensuales y comiso
de los equipos e instalaciones, constituyendo la
acumulación de penas, a través de la imposición de
la corporal, el elemento transgresor del principio
de proporcionalidad constitucionalmente protegido.

4) Según lo ha hecho presente esta Magistratura (roles
N°s. 755, 790, 1138, 1140, 1254 y 1518), “la
igualdad ante la ley supone analizar si la
diferenciación legislativa obedece a fines
objetivos y constitucionalmente válidos. De este
modo, resulta sustancial efectuar un examen de
racionalidad de la distinción; a lo que debe
agregarse la sujeción a la proporcionalidad,
teniendo en cuenta las situaciones fácticas, la
finalidad de la ley y los derechos afectados”;
5) De la misma forma, se ha considerado por este
Tribunal “que el derecho a un procedimiento justo y
racional no sólo trasunta aspectos adjetivos o
formales, de señalada trascendencia como el acceso a
la justicia de manera efectiva y eficaz, sino que
también comprende elementos sustantivos de
28



significativa connotación material (roles N°s. 437 y
1518), como es -entre otras dimensiones- garantizar
la proporcionalidad de las medidas adoptadas en su
virtud. Esto es, en los procesos punitivos, que
exista una relación de equilibrio entre la sanción
impuesta y la conducta imputada”.
6) En la especie, la reclamada proporcionalidad no se
produce, como se ha dicho anteriormente, estimándose
que la pena corporal mencionada en su aplicación
resulta contraria al principio establecido en el
artículo 19 N° 3 de la Constitución Política.
7) Que no resulta acorde con el pleno respeto a los
derechos y garantías constitucionales exigido por el
inciso cuarto del artículo 1° de la Carta
Fundamental, admitir una versión restringida del
principio de legalidad punitiva ni aceptar una
discrecionalidad legislativa sin límites efectivos,
como tampoco parece procedente juzgar en sede
constitucional el comportamiento de un imputado,
correspondiéndole a este Tribunal estimar arbitraria
una norma que criminaliza y sanciona con presidio
una conducta si ello, como ocurre, infringe el
principio de proporcionalidad.
8) Todo lo cual se ve corroborado cuando se
observa la existencia de otros cuerpos legales que,
atendiendo al contenido de las transmisiones y los
propósitos perseguidos, sancionan drásticamente como
delito la emisión de noticias falsas o tendenciosas
con el designio de alterar el orden o perturbar el
orden institucional de la República, cuyo es el caso
de la Ley N° 12.927 (artículo 4° letra g).

Redactó la sentencia el Ministro señor José Antonio
Viera-Gallo Quesney y la disidencia el Ministro señor
Hernán Vodanovic Schnake.

Notifíquese, regístrese y archívese.
29



Rol Nº 2022-2011-INA.




Se certifica que el Ministro señor Marcelo Venegas
Palacios concurrió a la vista de la causa y al acuerdo
del fallo, pero no firma por encontrarse haciendo uso de
feriado legal.
Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional,
integrado por su Presidente, el Ministro señor Raúl
Bertelsen Repetto, y los Ministros señores Marcelo
Venegas Palacios, Hernán Vodanovic Schnake, señora
Marisol Peña Torres y señores, Francisco Fernández
Fredes, Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera
Gallo-Quesney, Iván Aróstica Maldonado y Gonzalo García
Pino.
Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional,
señora Marta de la Fuente Olguín.

Normas y sentencias citadas

• citaexternal #—— l Título XXXIII del Libro I del Código Civil y la Ley N°20.500, Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Por ende nada impedía al requi
• aplicaexternal #—— las concesionarias las normas establecidas en el artículo 46 de la ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas. La infracción a estas disposiciones será sancionada por el Consejo, de a
• aplicaexternal #—— las actividades del respectivo sector”, merced al artículo 22 de la Ley Nº 18.575, por ello al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones le corresponde, a través de la Subsecre
• aplicaexternal #—— ar a toda persona interesada, natural o jurídica (Art. 9 de la Ley N° 18.168). La administración de las concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción, en cambio,
• aplicaexternal #—— cho de recaer en un bien nacional de uso público (Art. 15 de la Ley N° 18.838); 15 15. Que, debe recordarse que ya en otras oportunidades este Tribunal se ha pronunciado sobre
• fundaexternal #—— ar de una concesión, debe tenerse presente que el artículo 19 de la Constitución, si bien en su enunciado señala que la Constitución asegura “a todas las personas” los derechos que
• citaexternal #—— lo, como lo señaló esta Magistratura en sentencia Rol 1849-10, en virtud de las facultades que el Presidente de la República tiene de administración del Estado:
• citaexternal #—— rovechamiento según los avances tecnológicos (STC Rol N° 1895, c. 10° y STC Rol N° 1849-10, c. 12°). Como ha reconocido esta Magistratura, cabe distinguir entre
• citaexternal #—— e determinada organización para su ejercicio (STC Rol N° 1363, c. 17°,18° y 19°); 16. Que, lo mismo ocurre con la libertad de expresión y su ejercicio por medio
• citaexternal #—— existencia de una opinión pública informada” (STC Rol N° 567, c. 32). Además, “dentro del contenido de la libertad de expresión, se comprenden las declaraciones
• citaexternal #—— Así lo ha reconocido esta Magistratura en la STC Rol 786-2007, en los siguientes términos: …”VIGESIMOCTAVO:…. En efecto, ya se ha recordado de qué manera la prot
• citaexternal #—— d de las penas impuestas a los delitos (Sentencia Rol N° 591, considerando 90); 30. Que, afirmada la exclusividad de la competencia legislativa en la determina
• citaexternal #—— nake. Notifíquese, regístrese y archívese. 29 Rol Nº 2022-2011-INA. Se certifica que el Ministro señor Marcelo Venegas Palacios concurrió a la vista de la cau
• citalaw #22902— espectro radioeléctrico”, según prevé el Decreto Ley Nº 1.762, de 1977, en su artículo 6º, letra f). 10 Lo cual debe entenderse sin perjuicio de las atribucion
• citalaw #30214— a de 100 a 5.000 UTM.” - artículos 15 y 18 de la Ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, referidos al estatuto de las concesiones de servicio d
• citalaw #204877— etermine la ley”. Consecuente con lo anterior, la Ley N° 19.838 exige que para ser titular de una concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción, se requ
• citalaw #29427— ica, así como las disposiciones pertinentes de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, SE DECLARA: Que se rechaza el presente recur
• citalaw #27292— titucional de la República, cuyo es el caso de la Ley N° 12.927 (artículo 4° letra g). Redactó la sentencia el Ministro señor José Antonio Viera-Gallo Quesney y l
• citalaw #29967— l respectivo sector”, merced al artículo 22 de la Ley Nº 18.575, por ello al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones le corresponde, a través de la Subsecre
• citalaw #29473— s las normas establecidas en el artículo 46 de la ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas. La infracción a estas disposiciones será sancionada por el Consejo, de a
• citalaw #29591— receptos legales: - artículo 36 B letra a) de la Ley N° 18.168, de Telecomunicaciones (fojas 2): “Artículo 36 B.- Comete delito de acción pública: a) El que ope