INA-Inadmisibilidad

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Santiago, veintisiete de julio de dos mil once.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, a fojas 121, por resolución de siete de
julio de dos mil once, esta Sala acogió a tramitación el
requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, deducido por doña Rosa de las
Mercedes Aguirre Díaz, respecto de la expresión "la
Corte”, contenida en el inciso final del artículo 360,
del Código Procesal Penal, en el marco del Juicio penal
seguido ante el Tribunal de Juicio Oral de Calama, RIT N?
2535-2011, RUC 1001002311-K, según consta en certificado
que se ha tenido a la vista, emitido por dicho tribunal;

2. Que, en la misma resolución citada en el párrafo
anterior, esta Sala dispuso, entre otras medidas, la
suspensión del aludido proceso judicial, que se
despachara oficio al tribunal que conoce de él a los
efectos de que se dejara constancia de dicha resolución y
remitiera copia autorizada de las principales piezas del
proceso y, para pronunciarse sobre la admisibilidad del
requerimiento, confirió traslado, por cinco días, al
Ministerio Público;

3". Que, a fojas 131, el Fiscal Nacional del
Ministerio Público, contestó el traslado conferido;

4%. Que a fojas 142, el Tribunal de Juicio Oral en
lo Penal de Calama, remitió copia de las piezas
principales de la gestión judicial en que incide este
requerimiento, lo que se tuvo por cumplido a fojas 195;

5”. Que el artículo 93, inciso primero, N” 6”, de la
Constitución Política de la República, señala que es
atribución de este Tribunal “resolver, por la mayoría de
sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un

precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que
se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte
contraria a la Constitución.”;

6”. Que, en el mismo orden de ideas, el inciso
undécimo del aludido artículo 93 de la Carta Fundamental
dispone: “En el caso del número 6”, la cuestión podrá ser
planteada por cualquiera de las partes o por el juez que
conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las
salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la
admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la
existencia de una gestión pendiente ante el tribunal
ordinario o especial, que la aplicación del precepto
legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución
de un asunto, que la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.”;

7%. Que, asimismo, el artículo 82, inciso primero,
de la Ley N* 17.997, orgánica constitucional de esta
Magistratura establece que “para ser acogido a
tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las
exigencias señaladas en los artículos 79 y 80. En caso
contrario, por resolución fundada que se dictará en el
plazo de tres días, contado desde que se dé cuenta del
mismo, no será acogido a tramitación y se tendrá por no
presentado, para todos los efectos legales”;

8”. Que la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional, consagra, en su artículo 79,
lo siguiente: “En el caso del número 6” del artículo 93 de
la Constitución Política, es órgano legitimado el juez

que conoce de una gestión pendiente en que deba aplicarse
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el precepto legal impugnado, y son personas legitimadas
las partes en dicha gestión.

Si la Cuestión es promovida por una parte
ejerciendo la acción de inaplicabilidad, se deberá
acompañar un certificado expedido por el tribunal que
conoce de la gestión judicial, en que conste la
existencia de ésta, el estado en que se encuentra, la
calidad de parte del requirente y el nombre y domicilio
de las partes y de sus apoderados.

Si la cuestión es promovida por el tribunal que
conoce de la gestión pendiente, el requerimiento deberá
formularse por oficio y acompañarse de una copia de las
piezas principales del respectivo expediente, indicando
el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.

El tribunal deberá dejar constancia en el
expediente de haber recurrido ante el Tribunal
Constitucional y notificará de ello a las partes del
proceso.”;

9. Que, por otra parte, el artículo 84 de dicha Ley
Orgánica Constitucional establece que:

“Procederá declarar la inadmisibilidad en los
siguientes casos:

1? Cuando el requerimiento no es formulado por una
persona u órgano legitimado;

2% Cuando la cuestión se promueve respecto de un
precepto legal que haya sido declarado conforme a la
Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control
preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque
el mismo vicio que fue materia de la sentencia
respectiva;

3? Cuando no exista gestión judicial pendiente en
tramitación, oO se haya puesto término a ella por

sentencia ejecutoriada;
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4% Cuando se promueva respecto de un precepto que no
tenga rango legal;

5% Cuando de los antecedentes de la gestión
pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el
precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella
no resultará decisiva en la resolución del asunto, y

6 Cuando carezca de fundamento plausible.

Declarada la ¡inadmisibilidad por resolución que
deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya
recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial
pendiente y a las demás partes que intervengan en ella,
y el requerimiento se tendrá por no presentado, para
todos los efectos legales.

La resolución que declare la admisibilidad oO
inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de
recurso alguno.”;

10%. Que la inaplicabilidad es un mecanismo de
control concreto de constitucionalidad de la ley
establecido por la Constitución Política de la República
con el objeto de resolver si una disposición de jerarquía
legal que puede ser derecho aplicable en un asunto
pendiente de resolución por los tribunales ordinarios o
especiales, produce o no en ese caso un efecto contrario
a las normas constitucionales que son invocadas en el
respectivo requerimiento;

117. Que de conformidad a las disposiciones
precedentemente enunciadas, el requerimiento de autos no
puede prosperar y ser declarado admisible, desde el
momento que no se condice con la finalidad de la acción
de inaplicabilidad y, a su vez, no impugna una norma
pertinente a la cuestión debatida en la gestión en actual

tramitación;
12%. Que, la disposición impugnada señala:”“Si la
resolución judicial hubiere sido objeto de recurso por un
solo interviniente, la Corte no podrá reformarla en
perjuicio del recurrente.” En relación al texto
transcrito se solicita la declaración de inaplicabilidad
de la expresión “la Corte”, por cuanto, de esta manera,
se haría extensiva la prohibición de la reformatio in
peius, que esa norma establece en relación a los
recursos, al pronunciamiento del tribunal de reenvió,
esto es del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal, el que
conocerá del asunto luego de que la primera sentencia
condenatoria dictada por el mismo fuera anulada por la
Corte de Apelaciones a petición del imputado que
actualmente requiere en estos autos;

13". Que, en diversos pronunciamientos, este
sentenciador ha declarado la inaplicabilidad de una
expresión, una frase o inciso de un artículo y ha
precisado que el requisito de la acción consistente en
que se impugne un precepto legal se da por cumplido en
aquellas ocasiones. Al efecto se ha razonado que “una
unidad de lenguaje debe ser considerada un 'precepto
legal”, a la luz del artículo 93 de la Constitución
Política, cuando tal lenguaje tenga la aptitud de
producir un efecto contrario a la Constitución” (Roles N”
626/2007 y 944/2008). De este modo, para que una unidad
lingúuística pueda ser considerada un precepto legal de
aquellos a que alude el artículo 93 de la Carta
Fundamental, no es necesario que sea completa sino
autárquica o, en otros términos, que se baste a sí misma”
(Roles N*%s 626; 944; 1.204; 1.416; 1.535; 1.254, entre

otras);

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14. Que, sin embargo, en este caso no se produce la
situación antes descrita pues, como fuera señalado, la
impugnación no se relaciona con la finalidad que el
constituyente ha considerado al consagrar la acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad y, en ese
sentido, no resulta razonablemente fundado, desde el
momento que no se pretende mediante la acción interpuesta
que se inaplique un precepto legal por ser contrario a la
Constitución, sino más bien, alterar la institución
desarrollada en la disposición objetada, esto es, la
reformatio in peius, ampliando su campo de aplicación a
una gestión Judicial para la que no ha sido dispuesta por
el legislador y, de esta manera, en el fondo, se pretende
que esta Magistratura pase a ser un legislador, todo lo
cual escapa de la esfera propia de la acción de
inaplicabilidad;

15%. Que, Cabe precisar que en otras ocasiones
también se ha declarado la inadmisibilidad de
requerimientos en los que se impugna un vocablo contenido
en un artículo, por motivos que, como es posible
apreciar, también se hacen predicables en la especie. En
efecto, en autos rol N? 1.212 se pronunció — la
inadmisibilidad de la acción interpuesta atendido que la
frase ¡impugnada no se puede considerar en términos
aislados toda vez que Junto al resto de lo preceptuado en
el articulo conformaba “un todo armónico e indivisible o
una unidad de lenguaje con el resto del precepto que
puede producir efectos jurídicos”. En la especie, similar
cuestión se presenta atendido que el sentido y alcance
con que fue redactado el artículo 360 del Código Procesal
Penal es un todo armónico que manifiesta la voluntad del

legislador en orden a consagrar la reformatio in peius en
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materia de recursos, siempre y cuando se mantengan cada
una de las expresiones que en él se contienen;

16%. Que de todo lo dicho si bien se comprende la
falta de fundamento razonable del requerimiento, se
desprende al mismo tiempo que el precepto legal
reprochado no resulta aplicable ni decisivo para el
proceso penal pendiente, atendido que, como se señaló, se
encuentra inserto en un artículo que regula una
institución establecida en relación al régimen recursal y
sólo podría resultar aplicable y decisorio en el evento
que esta Magistratura se constituyera como legislador
alterando, mediante la declaración de inaplicabilidad
solicitada, la redacción del precepto en orden a hacerlo
extensivo, como lo solicita el requirente, a la gestión
constituida por el segundo juicio oral a realizarse;

177. Que, en consecuencia, atendido el mérito de los
antecedentes que obran en autos, esta Sala ha logrado
convicción que la acción constitucional deducida no puede
prosperar, atendido que no cumple con las exigencias
constitucionales y legales precedentemente aludidas, esto
es, encontrarse el requerimiento fundado razonablemente,
y que la aplicación del precepto legal objetado tenga un
carácter decisivo en la gestión judicial pendiente, por
lo que debe declararse inadmisible.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en el
artículo 93, inciso primero, N”* 6%, e inciso undécimo, de
la Constitución y en el artículo 84 y demás pertinentes
de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional,

SE DECLARA INADMISIBLE el requerimiento de

inaplicabilidad deducido a fojas uno.
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69020:
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ke

Se deja sin efecto la suspensión decretada a fojas
121, oficiándose a este efecto al Tribunal de Juicio Oral
en lo Penal de Calama.

Notifíquese por carta certificada a las partes de
este proceso constitucional y comuníquese por oficio al
el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama, que
conoce de la gestión judicial invocada en el libelo, para
que deje constancia de esta resolución en el respectivo

expediente.

Archivese.

Rol N” 2028-11-INA.

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidente, Ministro don
Marcelo Venegas Palacios, y por los Ministros señores
Hernán Vodanovic Schnake, Enrique Navarro Beltrán y
Francisco Fernández Fredes.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de la

Fuente Olguín. lua |

000204

Alorciorda (uoh

m.0.0.
Santiago, 27 de julio de 2011.
OFICIO N?* 6.399
Remite resolución.

SEÑORA JUEZ

TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE CALAMA:

Remito a US. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con
fecha 27 de julio en curso en el proceso Rol N” 2.028-11-INA, acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos RIT 25-2011, RUC
1001002311-K,sobre delito de robo con intimidación, sustanciado ante ese Tribunal de Juicio

Oral en lo Penal de Calama, a los efectos que indica.

Saluda atentamente a US.

QUITE
MARTA DE LA FUENFE-OEGUÍN

Secretaria

SEÑORA JUEZ

GABRIELA ANDREA MARIN WITTWER
n. 4% TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE CALAMA

AVDA. GRANADEROS N” 2406

CALAMA

Lomao ros, 23 eb palio ob Zo
600203

Santiago, 27 de julio de 2011.

m.0.0.

Señores

Pablo Campos Muñoz

Hernán Ferrera Leiva

General Mackenna 1369, segundo piso

Santiago.

Remito a ustedes copia de la resolución dictada por la Primera Sala de
esta Magistratura, con fecha 27 de julio en curso en el proceso Rol N” 2.028-11-INA,
sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en
la causa RIT N? 25-2011, RUC 1001002311-K sobre delito de robo con intimidación,
sustanciado ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama. Asimismo acompaño

copia del requerimiento.

Saluda atentamente a Ud.

uente Olguín

Secretaria
mn $,

foro Efren ¿Eo qula ob 204
anto Domingo N* 489

* Santiago de Chile eléfonos [56-23 640 18 00 - 6401820 + Fax [56-2] 6401825 + secretaria Otcchile.cl * www.techile.cl
m.0.0.

Señores

Ignacio Barrientos pardo
Loreto Flores Tapia

Pedro Casanueva Werlinger

Nelson Pantoja Durán

Avda. Libertador Bernardo O Higgins N? 1449, 8? piso

Santiago.

6002066

Santiago, 27 de julio de 2011.

Remito a ustedes copia de la resolución dictada por la Primera Sala de

esta Magistratura, con fecha 27 de julio en curso en el proceso Rol N* 2.028-11-INA,

sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en

la causa RIT N* 25-2011, RUC 1001002311-K sobre delito de robo con intimidación,

sustanciado ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama.

Saluda atentamente a Ud.

Secretaria

Lorco ofien ob fubo eb Zo,
Santo Domingo N* 689 +» Santiago de Chile Teléfonos [56-2] 640 18 00 - 640 18 20 -

Fax [56-2] 640 1825 * secretaria O techile.cl « www.techile.ol