INA-Inadmisibilidad

Considerando 1

Santiago, cuatro de abril de dos mil doce. VISTOS Y CONSIDERANDO:

Considerando 2

Que el artículo 93, inciso primero, Nº 6º, de la Constitución Política establece que es atribución de este Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución.” El inciso decimoprimero del mismo precepto de la Carta Fundamental dispone, a su vez, que “en el caso del número 6º, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial,

Considerando 3

Que la normativa constitucional aludida precedentemente se complementa con la que se contiene en la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. Así, el inciso primero del artículo 82 de dicho texto legal establece que “para ser acogido a tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las exigencias señaladas en los artículos 79 y 80. En caso contrario, por resolución fundada que se dictará en el plazo de tres días, contado desde que se dé cuenta del mismo, no será acogido a tramitación y se tendrá por no presentado, para todos los efectos legales.”. Por su parte, los artículos 79 y 80 de la legislación aludida establecen: “Artículo 79.- En el caso del número 6° del artículo

Considerando 4

Que, a su turno, el artículo 84 de dicha ley orgánica constitucional establece que: “Procederá declarar la inadmisibilidad en los siguientes casos:

Considerando 5

Cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del asunto, y

Considerando 6

Cuando carezca de fundamento plausible. Declarada la inadmisibilidad por resolución que deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial pendiente y a las demás partes que intervengan en ella, y el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos los efectos legales. La resolución que declare la admisibilidad o inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de recurso alguno.”;

Considerando 7

Que, atendido el mérito de los antecedentes que obran en autos, esta Sala ha logrado convicción en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede prosperar, toda vez que no cumple con las exigencias constitucionales y legales antes transcritas, al carecer de fundamento plausible;

Considerando 8

Que, en efecto, en cuanto al primer capítulo, se afirma que los artículos 6°, letra B), N° 6, y 115 del Código Tributario, a la vez que el artículo 19, letra b), de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contravendrían la Constitución Política de la República, desde el momento que en ellos se otorga facultades jurisdiccionales al Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, constituyéndolo en juez y parte, con lo que se infringiría la igualdad ante la justicia, el derecho a la defensa, el debido proceso, la independencia judicial, los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y el Estado de Derecho. En tal sentido, se indica que la infracción queda en evidencia desde que “el mismo Juez que dictó la sentencia de primera instancia (…) había actuado antes como funcionario administrativo rechazando la pérdida tributaria respectiva, erigiéndose así como juez y parte” (fojas 17 vta.) Vale decir –continúa la requirente- que “la misma persona que dictó la resolución que rechazó una pérdida

Considerando 9

Que, sin embargo, lo que se solicita es que pueda dictar la sentencia de primera instancia un determinado funcionario, el Director Regional, y no el funcionario que suscribió la que motivó el reclamo, de lo que se deduce que de inaplicarse la norma que se cuestiona tampoco podría pronunciarse fallo, porque la norma que le otorga competencia es precisamente el artículo 115 del Código Tributario, de todo lo cual se deduce que la presentación carece de fundamento plausible;

Considerando 10

Que en relación con lo consignado en el considerando anterior, esta Magistratura en reiteradas oportunidades ha declarado la improcedencia de la acción de inaplicabilidad como un medio de impugnación de resoluciones judiciales. Así, en los autos Rol N° 493, señaló que “la acción de inaplicabilidad es una vía procesal inidónea para impugnar resoluciones judiciales de tribunales ordinarios o especiales con la finalidad de revocar, enmendar, revisar, casar o anular éstas; ya que la guarda del imperio de la ley en el conocimiento, juzgamiento y ejecución de lo juzgado en general y de la sustanciación en particular en las causas civiles y criminales corresponde exclusivamente a los tribunales creados por ley a través de las vías procesales previstas en las leyes de enjuiciamiento;” (en el mismo sentido, las sentencias roles N°s 1145 y 1349). Sin perjuicio de lo cual, corresponderá –en definitiva- a la Corte Suprema revisar la sujeción a derecho de la sentencia dictada en primera instancia, precisamente a través del recurso de

Considerando 11

Que, por otro lado, se sostiene que los artículos 21 y 60, ambos en su inciso primero, del Código Tributario y la primera oración del inciso primero del artículo 31 de la Ley de la Renta contravendrían la Carta Fundamental, específicamente, la igualdad ante la ley, la igualdad ante la justicia, el derecho a la defensa, el debido proceso, la no discriminación económica, el derecho de propiedad y el Estado de Derecho. Lo anterior, en atención a que la aplicación de las disposiciones referidas “permite el rechazo de una pérdida tributaria de arrastre o de ejercicios anteriores, desconociendo que la acción fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos se encuentra prescrita”;

Considerando 12

Que de la lectura de este capítulo se aprecia que se está frente a un problema de aplicación de leyes, desde que se insiste en que debió aplicarse la normativa legal en cuya virtud correspondía declarar la prescripción. En efecto, se sostiene que la decisión no considera los artículos 59 y 220 del Código Tributario, de modo que su accionar “no se sometió a las normas legales dictadas conforme a ella”. Del mismo modo, se expresa que “la ley impide revisar y modificar los resultados tributarios positivos o negativos que se hayan determinado en declaraciones presentadas oportunamente por mi representado en todos los períodos tributarios en que dicha acción del Servicio se encuentra legalmente prescrita” (fojas 20). En otras palabras, “al desechar la alegación de prescripción, consideró que no se encontraba privada de fiscalizar más allá de los plazos de prescripción dispuestos en los artículos 59 y 200 del Código Tributario”. Por lo mismo, se trata de una “situación ilegal impedida tanto por los art. 59 como por el inciso 1° del art. 200 del Código Tributario” (fojas

Considerando 13

Que, como bien ha sostenido esta Magistratura, “en sede de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional sólo ha sido autorizado por la Carta Fundamental para efectuar el control de constitucionalidad concreto de los preceptos legales objetados y, por consiguiente, no ha sido llamado a resolver sobre la aplicación e interpretación de normas legales, cuestión que, de conformidad a la amplia jurisprudencia recaída en requerimientos de inaplicabilidad, es de competencia de los jueces del fondo” (sentencias roles N°s 1314 y 1351, entre otros). Por lo mismo, como también lo ha señalado reiteradamente esta Judicatura, no le corresponde a ella determinar, frente a un conflicto de leyes, cuál corresponde aplicar, materia que es atribución exclusiva del juez de fondo, habida consideración de que “son los jueces del fondo, en las instancias pertinentes, los llamados a determinar las normas legales aplicables a la solución del conflicto jurisdiccional sometido a su decisión y, en caso de conflicto de leyes, a aplicar los principios generales de hermenéutica para su solución” (Rol N° 1925/2011);

Considerando 14

Que de lo señalado se desprende que, en la especie, corresponde declarar inadmisible la presentación, en atención a que ella carece de fundamento plausible, al tratarse además de un conflicto de legalidad ajeno a la naturaleza propia de la acción de inaplicabilidad. Y TENIENDO PRESENTE lo establecido en el artículo 93, inciso primero, Nº 6º, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política de la República y en los N°s 3° y

Considerando 93

de la Constitución Política, es órgano legitimado el juez que conoce de una gestión pendiente en que deba aplicarse el precepto legal impugnado, y son personas legitimadas las partes en dicha gestión. Si la cuestión es promovida por una parte ejerciendo la acción de inaplicabilidad, se deberá acompañar un certificado expedido por el tribunal que conoce de la gestión judicial, en que conste la existencia de ésta, el estado en que se encuentra, la calidad de parte del requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.