INA-Inadmisibilidad

Considerando 1

Santiago, cinco de octubre de dos mil doce. Proveyendo a fojas 94: A lo principal: por evacuado el traslado por el Consejo de Defensa del Estado; al primer otrosí: por acompañado documento, bajo apercibimiento legal; al segundo otrosí: téngase presente. Proveyendo a fojas 102: téngase presente. Proveyendo a fojas 105: a sus antecedentes oficio de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, que remite copia de las piezas principales de la gestión pendiente en que incide el presente requerimiento. VISTOS Y CONSIDERANDO:

Considerando 2

Que el artículo 93, inciso primero, Nº 6º, de la Constitución Política establece que es atribución de este Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución.” El inciso decimoprimero del mismo precepto de la

Considerando 3

Que la normativa constitucional aludida precedentemente se complementa con la que se contiene en la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. Así, en lo pertinente, el artículo 84 de dicha ley orgánica constitucional establece que: “Procederá declarar la inadmisibilidad en los siguientes casos:

Considerando 4

Cuando se promueva respecto de un precepto que no tenga rango legal;

Considerando 5

Cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del asunto, y

Considerando 6

Cuando carezca de fundamento plausible. Declarada la inadmisibilidad por resolución que deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial pendiente y a las demás partes que intervengan en ella, y el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos los efectos legales. La resolución que declare la admisibilidad o inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de recurso alguno.”.

Considerando 7

Que, conforme ha destacado la jurisprudencia de esta Magistratura, el que la aplicación de un precepto legal haya de resultar decisiva en la resolución de un asunto supone que el Tribunal Constitucional debe efectuar “un análisis para determinar si de los antecedentes allegados al requerimiento puede concluirse que el juez necesariamente ha de tener en cuenta la norma legal que se impugna, para decidir la gestión.”(Roles N°s 668, 809, 1225,1493, 1780 y 2193);

Considerando 8

Que de los antecedentes acompañados en estos autos se desprende que en la causa invocada como gestión pendiente no fue materia de discusión la aplicación de los preceptos impugnados, por lo que no resultan decisorios en la resolución de dicho asunto litigioso;

Considerando 9

Que, por otra parte, la exigencia de fundamento plausible para declarar la admisibilidad, supone una condición que implica -como exigencia básica- la aptitud del o de los preceptos legales objetados para contrariar, en su aplicación al caso concreto, la Constitución, lo que debe ser expuesto circunstanciadamente, motivo por el cual la explicación de la forma en que se produce la contradicción entre las normas, sustentada adecuada y lógicamente, constituye la base indispensable de la acción ejercitada(STC. Rol 1780);

Considerando 10

Que, en la especie, el requerimiento carece de fundamento plausible, toda vez que no explicita la forma cómo la aplicación de cada uno de los preceptos objetados produce la infracción constitucional que se denuncia, apareciendo más bien como una impugnación genérica y abstracta al sistema de regularización de la pequeña propiedad raíz contenido en el Decreto Ley N° 2695, lo que resulta aún más claro en la fundamentación comparada que se hace entre el régimen establecido en la normativa