INA-STC

Considerando 1

Que se inició el presente proceso constitucional por requerimiento deducido por Pizza Pizza S.A., cuyo representante es don Fernando Kaminetzky, solicitando la declaración de inaplicabilidad de la expresión “Basta para dar por establecida la existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios (...) el acta que levante el funcionario del Servicio al comprobarla”, contenida en el artículo 166 del Código Sanitario, y del inciso segundo del artículo 171 del mismo Código, en los autos sobre reclamación de multa impuesta por la SEREMÍA de Salud, sustanciados por el Vigesimosexto Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol N”5626-2011;

Considerando 2

del artículo 171 del Código Sanitario dispone que el juez siempre debe desechar una reclamación cuando los hechos calificados: como infracción sanitaria se encuentran NS N , , ; S '3?¿comprobados en el sumario sanitario de conformidad a las S E '%¿reglas del Código Sanitario. Por su parte, el artículo 166 - N >: >¡de ese 2a Código, consagra, como regla para comprobar los Xx_ SECRETARIA / e - hechos, una presunción , , de derecho respecto a la existencia de la infracción sanitaria, al preceptuar que basta el acta del funcionario fiscalizador que consigne *“u existencia para darla por establecida. Atendido lo dispuesto en ambos preceptos, su aplicación tiene como resultado que el juez siempre estará obligado a desechar una reclamación judicial de multa sólo porque existe un acta de funcionario fiscalizador que consigna y comprueba los hechos infracciónales, pese a que el reclamante rinda prueba en contrario. El resultado descrito, como fuera ya indicado, implicaría los dos siguientes efectos de inconstitucionalidad. El primer efecto consiste en que no tiene sentido solicitar la intervención de los tribunales de justicia, para satisfacer la garantía del debido proceso, pues no se tiene la facultad real de probar, es decir, la facultad no sólo de acompañar materialmente pruebas, sino que de poder ganar el juicio en virtud de la pertinencia y el peso de las probanzas aportadas. Lo anterior, ya que, como se señalara, la aplicación de los preceptos cuestionados anula esa posibilidad probatoria, desde el momento que el tribunal siempre debe rechazar la reclamación si la infracción se ha comprobado por acta del fiscalizador. Es por ello, que no cabe sino concluir que esto, a su VeZz, importa una conculcación del derecho constitucional a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos pues, el juez está atado, obligado a fallar en un determinado sentido, quedando de esa manera reducido al papel de un mero repetidor de lo declarado por el funcionario que fiscaliza. Más que infracción a la igualdad en la protección, ni siquiera habría protección. El segundo efecto de inconstitucionalidad consiste en que el legislador desconoce el mandato constitucional que le ordena establecer 2*iempre las dgarantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. Lo anterior, atendido que la reseñada rresunción de existencia de una infracción y la concomitante obligación del juez de desechar siempre la reclamación en virtud de ésa presunción, implica un privilegio para ganar en juicio en favor de la SEREMÍA de Salud, es decir, en favor del Estado, en desmedro de los derechos de la reclamante de muita de poder rendir probanzas, de ser oída en el juicio y de obtener en el mismo. Finalmente, la actora precisa que no es posible comparar las disposiciones reprochadas con otras disposiciones del ordenamiento djurídico, a efectos de justificar lo preceptuado en aquellas. Señala, a modo ejemplar, que el artículo 1700 del código Civil, no obstante que dota con férrea fuerza probatoria a los instrumentos ¡»»úblicos, deja abierta a terceros la posibilidad de cuestionar la veracidad de su contenido. A su vez, el artículo 76 del mismo Código, establece una presunción de derecho para fijar la concepción, pero se trata de una presunción que, además de basarse en un hecho objetivo, permite demostrar la inconcurrencia de ese hecho. Por resolución de fojas 33, la Primera Sala de esta Magistratura admitió a tramitación el requerimiento y, en la misma oportunidad, decretó la suspensión de la gestión judicial en que incide. Luego de ser declarado admisible por la aludida Sala y pasados los autos al Pleno, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, el requerimiento fue comunicado a la Cámara de Diputados, al Senado y al Presidente de la República y notificado a la SEREMÍA requerida y al Consejo de Defensa del Estado, a efectos de que pudieran hacer valer sus observaciones y acompañar los antecedentes que estimaren convenientes. Por escrito de fojas 230, el Consejo de Defensa del Estado formuló sus observaciones al requerimiento, las que pueden sintetizarse de la manera que sigue. Luego de referirse a diversos conceptos fundamentales relacionados con la competencia del Ministerio de Salud para fiscalizar lugares de trabajo y alimentos; con el sumario sanitario y con la jurisprudencia de esta Magistratura referida al debido proceso, el Consejo argumenta sobre la constitucionalidad tanto en abstracto como de la aplicación de los preceptos reprochados, desarrollando los 2 tópicos que se describen a continuación. En primer lugar, se refiere al sentido y alcance de los preceptos legales cuestionados con el objeto de afirmar su adecuación a la Constitución Política. Respecto del artículo 166 del Código Sanitario, expone que en cuanto éste le asigna un valor probatorio determinado al acta levantada por el fiscalizador, constituye una manifestación del sistema probatorio de prueba legal o tasada, esto es, aquel en que el legislador le indica al juez el valor que deberá darle a un medio probatorio. En la especie, el acta de funcionario es un instrumento que cumple con las características de ser un instrumento público, tipo de prueba al que el legislador le da cierta eficacia probatoria en el artículo 1700 del Código Civil. No obstante ello, el artículo 166 del Código Sanitario no impide la producción y la valoración de otra prueba que se rinda en juicio, no sólo porque su texto no contiene expresión alguna que permita interpretarlo en ese sentido, sino que, además, porque los artículos 163 y 164 del Código Sanitario aluden a las pruebas de descargo que puede producir el sumariado, razón, justamente por la cual, se le cita a una audiencia de descargos. Por lo demás, el aludido artículo 166 no establece una presunción legal ni menos de derecho, cuestión que resulta evidente desde el momento que no contiene la estructura propia de una presunción, a saber, la hipótesis del hecho base, la hipótesis del hecho presumido y la vinculación lógica entre ambos que permita efectuar la presunción. Respecto del artículo 171 del cCódigo Sanitario, explica al efecto que se trata de una disposición que establece el derecho del sumariado sancionado para reclamar de la sanción administrativa en sede judicial, es decir, establece un tipo de reclamo de ilegalidad. Y, en su inciso segundo, sólo viene a determinar qué es lo que debe resoilver el juez frente a la reclamación, especificando que debe acogerla o rechazarla, dependiendo de si los hechos sancionados han sido o no comprobados en el sumario sanitario s=egún las reglas del Código Sanitario; si tales hechos constituyen efectivamente o no una infracción a leyes o reglamentos sanitarios y si la sanción aplicada es o no la que corresponde a la infracción cometida. A ello se debe agregar que en el procedimiento sumarial sanitario el sumariado tiene derecho a producir las pruebas que estime convenientes, pudiendo valerse de cualquier medio probatorio consagrado en el Código Civil, conforme lo establece el artículo 35 de la Ley N* 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. Precisa que, en todo caso, la requirente no presentó prueba alguna en el mencionado proceso administrativo. Por otra parte, también, atendiendo ¿a que los preceptos objetados no limitan la admisión de otras no se confiere al Estado privilegio alguno que en contra del derecho constitucional a que el SECTEND legislador garantice la racionalidad y justicia de los procedimientos e investigaciones. Visto lo anterior, debe colegirse que no se infringe el derecho a probar en juicio, ni, por lo tanto, el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, ni el derecho a un justo y racional procedimiento., En segundo lugar, el Consejo de Defensa del Estado se refiere a las - características de la gestión pendiente, para afirmar que, en virtud de sus particularidades, la aplicación de las disposiciones reprochadas no puede producir efectos inconstitucionales. Explica al efecto que, para que la prueba rendida tenga eficacia probatoria, es menester que el reclamante cumpla con la carga de señalar los hechos a probar en su escrito de reclamación siguiendo los requisitos de la demanda, establecidos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, si se revisan los hechos afirmados por la requirente en su escrito referido a la reclamación de multa, se puede observar que los hechos consignados en las actas de inspección del local no serán materia de probanzas en el transcurso del juicio, toda vez que en la reclamación no discute la existencia de los mismos. De esta manera, no se entiende por qué la aplicación de las normas podría afectar el derecho de la reclamante a rendir probanzas. Por todo lo anterior, el organismo de defensa solicita a esta Magistratura el rechazo del requerimiento en todas sus partes. Habiéndose traído los autos en relación, se procedió a la vista de la causa el día 17 de diciembre de 2013, oyéndose los alegatos del abogado Rodolfo Arriagada, por la requirente, y del abogado Daniel Martorel, por el g CONSIDERANDO:

Considerando 3

Que, traídos los autos en relación, terminada la vista de la causa y cumplidas las medidas para mejor revolver decretadas, se procedió a votar el acuerdo respectivo, produciéndose empate de votos, con lo cual, atendido el quórum calificado exigido por la Carta Fundamental para acoger esta clase de requerimientos y teniendo en cuenta que, por mandato de la letra g) del artículo 8% de la Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal, el voto del Presidente no dirime un empate en estos casos, se tuvo por desechado el requerimiento por no haberse alcanzado el quórum constitucional necesario para ser acogido. I. CONSIDERACIONES PARA ACOGER EL REQUERIMIENTO. Los Ministros señores Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Iván Aróstica Maldonado y señora María luisa Brahm Barril, estuvieron por acoger el requerimiento de fojas 1, únicamente en la parte en que solicita la inaplicabilidad del inciso segundo del artículo 171 del Código Sanitario, teniendo Opresente >para ello las siguientes consideraciones: 1%. Que se ha requerido en estos autos la declaración de inaplicabilidad T—por inconstitucionalidad de dos preceptos legales: a)las expresiones "“Basta para dar por establecida la existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios (...) el acta que levante el funcionario del Servicio al comprobarla”, contenida en el artículo 166 del Código Sanitario, y b) el inciso segundo del artículo 171 del mismo Código, cuyo tenor es el siguiente: “El tribunal desechará la reclamación si los hechos quie hayan motivado la sanción se encuentran comprobados en el sumario sanitario de acuerdo a las normas del presente Código, si tales hechos constituyen efectivamente una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios y sí la sanción aplicada es la que corresponde a la infracción cometida.”. 2%. Que dicha petición de inaplicabilidad se hace en el marco de un proceso en que se conoce de la reclamación de la multa impuesta a la requirente por la autoridad sanitaria, al haber determinado ésta que la requirente incurrió en infracciones a la normativa sanitaria. El proceso judicial se encuentra pendiente ante la justicia ordinaria civil, sede en la que los preceptos están liamados a producir efectos, especialmente el inciso 2* del artícuilo 171 del Código Sanitario, que como se verá, es una regla legal de carácter imperativo dirigida al juez, llamada a aplicarse precisamente en el conocimiento jurisdiccional de la reclamación. 3%. Que, en síntesis, la requirente funda '*u pretensión en que la aplicación en la gestión pendiente de los preceptos legales impugnados infringe la garantía asegurada en el número 3 del artículo 19 de la Constitución. Específicamente, en cuanto a la garantías contenidas en sus incisos primero y sexto que aseguran, respectivamente, “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos” y que “Corresponderá al legislador establecer s<iempre I1las ígarantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”. 4% Que cabe descartar la inaplicabilidad del artículo 166 del Código Sanitario dado que esa norma sólo está destinada a operar dentro del ámbito administrativo, constituyéndose en una regla especial de cara a la Ley 19.880, sobre procedimiento administrativo. Mientras el artículo 35 inciso 1% de esta última establece que por regla general “los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento, podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, apreciándose en conciencia”, aquí el artículo 166 del Código Sanitario señala que “basta para dar por establecida la existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios (..) el acta que levante el funcionario del Servicio al comprobarla”. Por ende, el artículo 166 del Código Sanitario no está llamado a producir efectos en sede jurisdiccional ni puede menoscabar, por ende, las atribuciones que les asisten a los tribunales para conocer de los hechos sometidos a su decisión soberana, a través de los medios de prueba que consideren convenientes. 5% Que, por las razones que se expresarán, los Ministros que suscriben este voto han concluido que la aplicación del artículo 171, inciso segundo, del Código Sanitario, en la gestión pendiente, resulta contraria a la garantía contenida en el artículo 19 N* 3 de la Constitución Política. 6%. Que el artículo 171 del Código Sanitario, en su inciso primero, tras lo sentenciado por este Tribunal mediante sentencia Rol 1345, hace efectivo el derecho de acceso a la justicia asegurado a todas las personas en el N*3 del artículo 19 de la Constitución, al configurar la reclamación judicial de las sanciones impuestas por el 1>¡Servicio Nacional de Salud, entregando su conocimiento a ila justicia ordinaria civil. A la vez, pone en vigor el derecho del Administrado a ocurrir ante un Tribunal de la República para impugnar la sanción que le ha sido impuesta por la autoridad sanitaria, a fin de que sea ese Tribunal el encargado de resolver, con el efecto de cosa juzgada privativo de la función jurisdiccional, la procedencia de la sanción, dando cumplimiento a lo prescrito por el artículo 38, inciso 2%*, de la Constitución Política, en virtud del cual “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”. 7%. Que, sin embargo, a continuación, el inciso