INA-Inadmisibilidad

Texto completo

02010
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Santiago, treinta de enero de dos mil catorce.

Proveyendo a fojas 141, téngase por cumplido lo
ordenado y a sus antecedentes.

A lo principal de fojas 156, téngase presente, y al
primer otrosí, a sus antecedentes.

A fojas 178, téngase presente y a sus antecedentes.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

19. Que, con fecha 26 de diciembre de 2013, en los
autos roles Ns 2566-13-INA a 2613-13-INA, Sociedad
Química y Minera de Chile S.A. -en adelante SOQUIMICH- ha
deducido cuarenta Y ocho requerimientos de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad, todos respecto
de los artículos 27; 73, inciso primero, y 78, inciso
primero, del Código de Minería, y del artículo 4”, inciso
segundo, de la Ley N” 18.097, Orgánica Constitucional
sobre Concesiones Mineras, y que inciden en sendos
procesos de constitución de concesión minera de
explotación tramitados ante el Primer Juzgado de Letras
de Calama, y actualmente pendientes en recurso de hecho
ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta a raíz del
rechazo de una solicitud de suspensión del plazo a que se
refiere el artículo 78, inciso primero, del Código de
Minería;

2%. Que, por resolución de 30 de diciembre de 2013
(fojas 101), esta Sala ordenó la acumulación de las
causas a la más antigua (Rol N”* 2566-13-INA); las acogió
a tramitación, sin conferir las suspensiones de los
procedimientos solicitadas, y, como medida para mejor
resolver acerca de la admisibilidad, ordenó poner el
requerimiento acumulado en conocimiento de la Sociedad
Legal Minera NX Uno de Peine -en adelante NX Uno-, para

que, dentro del plazo de 10 días, planteara sus
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observaciones, las que fueron hechas valer dentro de
plazo, conforme consta de la resolución de fojas 136. En
la misma resolución aludida, también como medida para
mejor resolver, se decretó que se oyeran alegatos
respecto de la admisibilidad del requerimiento, lo que
tuvo lugar en la audiencia realizada el día 29 de enero
de 2014, conforme da fe el certificado que rola a fojas
192;

3%. Que el artículo 93, inciso primero, N* 6%, de la
Constitución Política establece que es atribución de este
Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría de sus
miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto
legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga
ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria
a la Constitución.”.

El inciso decimoprimero del mismo precepto de la
Carta Fundamental dispone que "en el caso del número 6”,
la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las
partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá
a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin
ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre
que verifique la existencia de una gestión pendiente ante
el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del
precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la
resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.”;

4”. Que la normativa constitucional aludida
precedentemente se complementa con la que se contiene en
la Ley N* 17,997, Orgánica Constitucional del Tribunal

Constitucional, que en su artículo 84 establece:
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“Procederá declarar la inadmisibilidad en los
siguientes casos:

1? Cuando el requerimiento no es formulado por una
persona u órgano legitimado;

2% Cuando la cuestión se promueva respecto de un
precepto legal que haya sido declarado conforme a la
Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control
preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque
el mismo vicio que fue materia de la sentencia
respectiva;

3? Cuando no exista gestión judicial pendiente en
tramitación, oO se haya puesto término a ella por
sentencia ejecutoriada;

4* Cuando se promueva respecto de un precepto que no
tenga rango legal;

5% Cuando de los antecedentes de la gestión
pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el
precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella
no resultará decisiva en la resolución del asunto, y

6” Cuando carezca de fundamento plausible.

Declarada la inadmisibilidad por resolución que
deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya
recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial
pendiente y a las demás partes que intervengan en ella, y
el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos
los efectos legales.

La resolución que declare la admisibilidad oO
inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de
recurso alguno.”;

5%. Que atendida la cantidad de antecedentes
allegados por los intervinientes en el presente proceso
constitucional y para efectos del debido entendimiento de
esta resolución acerca de la admisibilidad de la acción

deducida, se torna necesarlo efectuar una breve
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venta y se:

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exposición de los preceptos legales impugnados; de la
situación fáctica que rodea la gestión pendiente en que
incide la acción deducida, y de la cuestión de
inconstitucionalidad invocada.

Así, primero, los preceptos cuestionados se refieren
a que en un mismo territorio no puede constituirse más de
una concesión minera -artículo 27 del Código y 4”, inciso
segundo, de ley arriba aludidas-; a que la mensura no
puede abarcar pertenencias vigentes -artículo 73, inciso
primero, del Código-, y a que la mensura debe presentarse
al juzgado dentro del plazo de 15 meses desde la
manifestación -—artículo 78, inciso primero, del Código-.

Luego, en los hechos, la requirente SOQUIMICH inició
48 procedimientos judiciales voluntarios de constitución
de concesiones mineras que se originan en las denominadas
manifestaciones Llano, solicitando al Primer Juzgado
Civil de Calama la suspensión del plazo de 15 meses para
la mensura, petición a la que no se accedió por el juez
así como tampoco a la reposición deducida ni a la
apelación subsidiaria, encontrándose la cuestión
pendiente actualmente en recurso de hecho ante la Corte
de Apelaciones de Antofagasta.

En seguida, afirma la actora que la suspensión es
necesaria atendido que ella misma ha deducido en paralelo
sendos juicios de nulidad ante el mismo juzgado en contra
de las pertenencias Mineras Oriente constituidas a favor
de NX Uno, sin que pueda proceder a la mensura mientras
no se fallen dichos juicios de nulidad, pues el perito
incurriría en un delito al sobre mensurar, aludiendo
también a juicios anteriores de caducidad que perdió en
sede de casación, habiendo la Corte Suprema dejado
establecida en las respectivas sentencias la existencia

del respectivo vicio de nulidad, cuestión esta última
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que, en todo caso, ha sido controvertida por escrito y en
estrados por NX Uno.

En fin, las inconstitucionalidades invocadas por
SOQUIMICH consisten en que de no suspenderse las
gestiones judiciales pendientes, por la aplicación de los
preceptos cuestionados que ha hecho el juez de la
instancia, se producirá el efecto de que SOQUIMICH
perderá sus concesiones en trámite y, asimismo, el
interés que la legitima para actuar en los juicios de
nulidad paralelos, consolidándose además un fraude en la
adquisición de las pertenencias Oriente por NX Uno (esto
último también ha sido controvertido por NX Uno). Ello,
estima la actora ¡infringe sus derechos al justo y
racional procedimiento, a la tutela Judicial efectiva y a
la propiedad sobre las concesiones en trámite, en
relación con los numerales 3 y 24? del artículo 19
constitucional;

6”. Que, a continuación, cabe consignar que esta
Magistratura ha sostenido que la exigencia constitucional
de fundamentar razonablemente un requerimiento de
inaplicabilidad, para los efectos de declarar su
admisibilidad, supone una "condición que implica -como
exigencia básica- la aptitud del o de los preceptos
legales objetados para contrariar, en su aplicación al
caso concreto, la Constitución, lo que debe ser expuesto
circunstanciadamente. La explicación de la forma en que
se produce la contradicción entre las normas, sustentada
adecuada y lógicamente, constituye la base indispensable
de la acción ejercitada.” (entre otras, SSTC roles Ns
482, 483, 484, 485, 490, 491, 492 y 494);

7%. Que luego del estudio de los antecedentes que
obran en autos y oídos los alegatos de las partes, esta
Sala ha llegado a la convicción de que el requerimiento

deducido en autos no cumple con explicar debidamente la
forma en que se producirían las infracciones
constitucionales que denuncia (numerales 3 y 24” del
artículo 19 constitucional), como consecuencia de la
aplicación de los preceptos legales que impugna. En este
sentido, tanto del requerimiento como de los alegatos
oídos en el marco de la medida para mejor resolver
decretada, aparece más bien que lo intentado por la
actora a través de la presente acción de inaplicabilidad
se circunscribe a sustraer de las normas que aplicó el
juez de la instancia, aquéllas que la perjudican en su
interés procesal, en cuanto determinaron que el juez a
quo no accediera a la solicitud de suspensión del plazo
para mensurar. Sin embargo, la misma requirente no logra
explicar, en los términos arriba descritos, cómo se
produciría un efecto inconstitucional por la aplicación
de dichas normas.

Luego, el efecto pretendido por la requirente a
través de la presente acción de inaplicabilidad es
exactamente el mismo que se produciría en el evento
hipotético de que, en la gestión pendiente, la Corte de
Apelaciones de Antofagasta acogiera el recurso de hecho
deducido, declarando admisible el recurso de apelación
subsidiario y, después, acogiera dicha apelación y
modificara la resolución del juez a quo decretando que se
accede a la petición de suspensión del plazo para
mensurar.

Ello, desde luego, no constituye un asunto de
constitucionalidad sino que -como ha manifestado esta
Magistratura en reiteradas oportunidades- una cuestión de
mera legalidad, consistente en la interpretación y
aplicación de la ley por el juez de la instancia, materia
que es de resorte exclusivo de este último (SSTC roles

N*%s 1141 y 1284, entre otras).
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Así, pretender que a través de la inaplicación de
ciertos preceptos legales se genere el mismo efecto
procesal de suspensión de una actuación necesaria para
obtener la pretensión declarativa final de la requirente
en la gestión pendiente, dada por la constitución de las
concesiones mineras que persigue, sin que al mismo tiempo
la actora logre explicar suficientemente cómo se produce
un efecto inconstitucional por la aplicación de las
normas legales que cuestiona, implica desde ya la
impertinencia de entrar a conocer acerca del fondo del
asunto, pues se configura una causal de inadmisibilidad,
según se dirá;

8. Que, asimismo, la acción de inaplicabilidad no
puede ser ejercida como un instituto adicional para
revisar o modificar una resolución Judicial (SSTC roles
N*s 777 y 1327, entre otras), máxime si en la especie,
precisamente, se están ejerciendo los recursos que la ley
procesal franquea a dichos efectos. En este sentido, esta
Magistratura Constitucional es incompetente para
sustituir al juez de fondo, quien es soberano en la
determinación de la ley aplicable a la solución tanto del
incidente de suspensión del plazo para mensurar, cuanto
del fondo de la gestión sub lite.

Tampoco puede pretenderse la creación de estatutos
jurídicos especiales a través del ejercicio de una acción
de inaplicabilidad, sustrayendo la aplicación de ciertos
preceptos legales, al tiempo que no se cumple debidamente
con explicar cómo la aplicación de dichas normas
generaría, en el caso particular, una infracción a la
Carta Fundamental;

9%. Que, además, el asunto puede ser decidido de la
misma forma por el juez a quo aplicando el artículo 34
del Código de Minería, que expresamente impide suspender

el curso de la gestión judicial de constitución de
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concesión minera. Sin embargo, este precepto legal no fue
impugnado de inaplicabilidad en autos, lo que conlleva el
efecto que se explicará en el motivo siguiente;

10”. Que todo lo manifestado en los tres
considerandos precedentes redunda en que la acción de
inaplicabilidad deducida en estos autos envuelve un
conflicto de mera legalidad y no cumple con la exigencia
constitucional y legal de encontrarse razonablemente
fundada, concurriendo a su respecto la causal de
inadmisibilidad contemplada en el numeral 6” del artículo
84 de la Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal

Constitucional.

Y TENIENDO PRESENTE lo establecido en el artículo
93, inciso primero, N”* 6%, e inciso decimoprimero, de la
Constitución Política y en el N”* 6” del artículo 84 y
demás normas citadas y pertinentes de la Ley N* 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

Que se declara inadmisible el requerimiento
interpuesto en lo principal de fojas uno.

Notifíquese, comuníquese y archívese.

Rol N” 2566-13-INA (2567-13-INA a 2613-13-INA

acumuladas).

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Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidenta, Ministra
señora Marisol Peña Torres, y por sus Ministros señores
Raúl Bertelsen Repetto, Carlos Carmona Santander y
Gonzalo García Pino y señora María Luisa Brahm Barril.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional,

señora Marta de la Fuente Olguín.
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Santiago, 30 de enero de 2014.

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OFICIO N* 9525

Remite resolución.

SEÑORA PRESIDENTA DE LA
1. CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA:

Remito a V.S.I. copia de la resolución dictada por la Segunda
Sala de esta Magistratura con fecha 30 de enero de 2014, en los procesos Roles N'%s 2,566-
13- INA al 2613-13-INA (acumulados), sobre acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto de los artículos 27, 73, inciso primero y 78, inciso primero del
Código de Minería y del artículo 4, inciso segundo de la Ley N” 18.097, Orgánica
Constitucional sobre concesiones mineras, en los autos Rol N* V-847-2012 sobre constitución
de concesión minera de explotación, sustanciados ante el Primer Juzgado de Letras de
Calama, en actual recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, bajo el Rol

N? 88-2013, a los efectos que ella indica.

Saluda atentamente a V.S.I.

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Secretaria

SEÑORA PRESIDENTA DE LA

I. CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA
DONA LAURA DE LOS ANGELES SOTO TORREALBA
SAN MARTIN N? 2836

ANTOFAGASTA.
Santiago, 30 de enero de 2014
OFICIO N'* 9526

Remite resolución.

SEÑORA JUEZ
DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS
DE CALAMA:

Remito a US. copia de la resolución dictada por la Segunda Sala de esta
Magistratura con fecha 30 de enero de 2014, en los procesos Roles N%s 2.566-13- INA al
2613-13-INA (acumulados), sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto de los artículos 27, 73, inciso primero y 78, inciso primero del Código de Minería y
del artículo 4, inciso segundo de la Ley N” 18.097, Orgánica Constitucional sobre
concesiones mineras, en los autos Rol N* V-847-2012 sobre constitución de concesión minera
de explotación, sustanciados ante el Primer Juzgado de Letras de Calama, en actual recurso de

hecho ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, bajo el Rol N* 88-2013, a los efectos que

ella indica.
Saluda atentamente a US.
MARISOL PEÑA|TO
A ET
NA A A
MARTA DE LA FUENTE JÍN
"Secretaria

A LA SEÑORA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO
DE LETRAS DE CALAMA

DOÑA PALOMA FERNANDEZ FERNANDEZ
GRANADEROS N” 2345 SEGUNDO PISO
CALAMA.-