CCO

Considerando 1

porque el Ministerio Público no tiene la atribución, en supuesta disputa, de manera exclusiva. En efecto, el Código Procesal Penal no se la otorga, a diferencia de las leyes especiales referidas a los delitos terroristas y de tráfico de estupefacientes, que sí se la conceden expresamente. Además, así lo deja en claro la historia de la ley. En ella consta que se desechó consagrar la medida en comento en el nuevo código de enjuiciamiento penal, porque la experiencia ha demostrado que los testigos secretos se prestan para venganzas personales. Por otra parte, el artículo 308 citado no es una norma de la etapa de investigación –atendido que se ubica entre las normas referidas al juicio oral-. Visto lo anterior, en los instructivos del Fiscal Nacional no se instruye a los fiscales adoptar la reserva de identidad en virtud de aquel artículo, sino que se les ordena solicitarla según lo dispuesto en el artículo 182 del código en comento. De esta manera, ha de ser decretada bajo control judicial posterior del juez de garantía, a petición de la defensa.

Considerando 2

porque el Juez de Garantía resolvió, cumpliendo su deber jurisdiccional de cautelar las garantías del imputado. Tal deber se lo impone el artículo 14, letra a), del Código Orgánico de Tribunales y el mismo artículo 83 constitucional que preceptúa que: “las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán autorización judicial.”. En tercer lugar, y finalmente, aduce que la contienda de competencia es incoherente en sus fundamentos y petición. Lo anterior, atendido que, por una parte, en el recurso de protección que interpusiera el Ministerio Público se afirma que, en la etapa de investigación, la facultad de determinar la reserva de identidad de los testigos corresponde al Ministerio Público. Sin embargo, por otra parte, se afirma que en la etapa de preparación del juicio oral esto le corresponde al juez de garantía. Pues bien, actualmente, los imputados se encuentran acusados y, por lo tanto, ha finalizado la etapa de investigación, de manera que ya no tiene ningún sentido que esta Magistratura dirima contienda de competencia alguna. Por resolución de fojas 226, esta Magistratura accedió a la solicitud de alegatos que formulara el Ministerio Público. La vista de la causa se llevó a cabo el día 11 de junio del año en curso. En esta instancia, luego de efectuarse la relación, se escucharon los alegatos del abogado Pablo Campos, por el Ministerio Público, y del abogado Fernando Mardones, por la Defensoría Penal Pública. CONSIDERANDO: I.- La contienda de competencia planteada

Considerando 3

Que ha sido reconocido por la doctrina que el Ministerio Público tiene la calidad de órgano político o administrativo para efectos del ejercicio de la competencia prevista en el artículo 93, Nº 12°. La expresión “autoridad administrativa” fue empleada en la atribución de la facultad de dirimir contiendas de competencia que se otorgó al Consejo de Estado por el constituyente de 1833 (artículo 104, Nº 5°). La Constitución de 1925 añadió la expresión “políticas” después de "autoridades" y dividió la facultad para conocer las contiendas de competencia entre el Senado y la Corte Suprema. A esta última se entregó la misma facultad que, desde la reforma constitucional del año 2005, pertenece al Tribunal Constitucional en virtud del citado numeral 12° del artículo 93. Luego, puede afirmarse que la expresión “autoridades políticas o administrativas” no ha sufrido reforma desde 1925 y se ha entendido de un modo amplio, que incluye a entes autónomos que no sean tribunales de justicia. Comentando la facultad del artículo 53, Nº 3), de la Constitución (que utiliza también la expresión "autoridades políticas o administrativas" y que en el pasado formaba una única competencia con la del artículo 93, Nº 12°), José Luis Cea sostiene que de seguirse una tesis restrictiva “quedarían sin resolver las contiendas suscitadas entre esos órganos constitucionales, de un lado, y la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones, de otro, situación paralizante y que fomentaría los conflictos, con la posibilidad de volverlos mayores o dejarlos sin solución” (Cea, José Luis, Derecho Constitucional chileno, t. III, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2013, p. 348 y 534);

Considerando 4

Que ha sido reconocida por la jurisprudencia de esta Magistratura la calidad de “autoridad política o administrativa” del Ministerio Público en fallos anteriores (en la STC 2633/14 y en más de treinta asuntos conocidos por el Tribunal);

Considerando 5

Que el texto constitucional supone que la contienda de competencia puede nacer del ejercicio -o no ejercicio- de atribuciones por parte de la autoridad política o administrativa y de los tribunales de justicia y, por lo mismo, asume que puede existir colisión de atribuciones entre órganos de naturaleza distinta, en la especie, administrativo y judicial. En nuestro ordenamiento fundamental, entonces, no puede sustentarse la tesis de que la contienda de competencia se genera única y exclusivamente en la hipótesis de ejercicio o abstención de ejercicio de competencias análogas y no en el caso de un conflicto de funciones; II.- La facultad de proteger a testigos mediante la reserva de su identidad.

Considerando 6

Que la facultad de proteger a testigos que declaran en juicio mediante reserva de su identidad es reconocida en el ordenamiento jurídico chileno y en el Derecho Comparado. En el Derecho chileno, la Ley Nº20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, dispone que el Ministerio Público puede adoptar medidas tales como "que no consten en los registros de las diligencias que se practiquen su nombre, apellidos, profesión u oficio, domicilio, lugar de trabajo, ni cualquier otro dato que pudiera servir para la identificación de los mismos (…)" (artículo 30, letra a). Dicha medida de protección de identidad, según el artículo 31 de la misma Ley, es objeto de un decreto del tribunal que prohibe revelar "en cualquier forma, la identidad de testigos o peritos protegidos, o los antecedentes que conduzcan a su identificación". Del mismo modo, la Ley Nº 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, otorga al Ministerio Público una facultad equivalente en sus artículos 15 y 16;

Considerando 7

Que, en el mismo ámbito regulado por la Ley Nº 18.314, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sus Recomendaciones para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, de 8 de mayo de 2006, ha dicho que “en circunstancias muy excepcionales, las exigencias de la lucha contra el terrorismo podrían justificar la suspensión de algunos aspectos limitados del derecho a un juicio imparcial, incluidos: a) el derecho del acusado a examinar o a que se examine a los testigos presentados en su contra, cuando, por ejemplo, los esfuerzos por investigar y procesar delitos relacionados con el terrorismo tornan a los testigos vulnerables a amenazas contra su vida o integridad y, por tanto, requieren medidas excepcionales para proteger el anonimato de los testigos (…)”;

Considerando 8

Que en el Derecho acaomparado se constata la existencia de normas dirigidas al mismo propósito de proteger a peritos y testigos ante amenazas para su salud, seguridad y vida familiar, entre otros. En tal sentido se encuentran normas de este tipo en la legislación española, de Países Bajos, Alemania, Nueva Zelanda, México, Colombia y Perú; III.- La facultad de proteger a testigos mediante la reserva de su identidad en el Código Procesal Penal.

Considerando 9

Que el artículo 307 del Código Procesal Penal (en adelante CPP), en su inciso segundo, dispone que si existiere motivo para temer que la indicación pública del domicilio del testigo durante la individualización que inicia su testimonio, pudiese implicar peligro para él u otra persona, el presidente de la sala o juez puede autorizarlo a no responder a la correspondiente pregunta durante la audiencia. La misma norma, en su inciso siguiente, en el caso de usarse el derecho a no revelar el domicilio, ordena al tribunal decretar la prohibición de divulgar, en cualquier forma, la identidad del testigo o de antecedentes que condujeren a ella. Asimismo, el artículo 308 del CPP faculta al tribunal y al Ministerio Público para adoptar medidas especiales destinadas a proteger la seguridad de testigos. La facultad otorgada al tribunal le permite, en casos graves y calificados, disponer medidas para proteger al testigo que las solicita. Estas medidas duran el tiempo que el tribunal fije y pueden ser renovadas si fuere necesario. La facultad otorgada al Ministerio Público le permite conferir al testigo la debida protección, antes o después de prestadas sus declaraciones. La protección debida puede ser conferida por el Ministerio Público de oficio o a petición de parte;

Considerando 10

Que lo anterior, sumado a la ausencia de otras normas sobre esta materia, permite afirmar que el Código Procesal Penal no contiene una regulación especial y detallada sobre la medida de reserva de identidad de testigos. En consecuencia, si bien ella puede adoptarse por el tribunal o el Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 307 y 308 del Código Procesal Penal, su sentido y alcance ha de fijarse sobre la base de las normas constitucionales y las prescripciones generales del proceso penal; IV.- La facultad de proteger a testigos mediante la reserva de su identidad y el justo y racional procedimiento e investigación.

Considerando 11

Que la reserva de identidad de testigos es una medida de protección que puede adoptarse antes, durante y después del proceso penal, ante el peligro o amenaza de lesión de bienes jurídicos fundamentales tales como la vida, integridad física y psíquica y salud del testigo. El ordenamiento jurídico chileno entrega herramientas a los órganos estatales para ofrecer esta protección en aquellos casos en que ella es necesaria para obtener la colaboración con la justicia por medio de un testimonio rendido en el proceso;

Considerando 12

Que la medida de reserva de identidad del testigo decretada durante el desarrollo del proceso penal ha de someterse, de modo especial, a la garantía del justo y racional procedimiento prevista por el artículo 19, Nº 3º, de la Constitución. A este respecto parece pertinente destacar que esta Magistratura ha señalado que el listado mínimo de garantías derivadas de la exigencia del justo y racional procedimiento incluye el derecho a la acción, la bilateralidad de la audiencia (lo que comprende el conocimiento oportuno de la acción y el emplazamiento); el derecho a formular las defensas, a la adecuada defensa y asesoría con abogados; la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida; el derecho a impugnar lo resuelto por el tribunal y la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores; y la publicidad de los actos jurisdiccionales (SSTC Rol N° 1448, considerando 40°; Rol Nº 1307, considerandos 20º, 21º y 22º; entre otras);

Considerando 20

Que si bien el inciso sexto del Nº 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental encarga al legislador establecer las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos, también compete al juez velar por la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos (artículo 19, Nº 3°, inciso