TC Rol 2679

Texto completo

Na

ORI

EN LO PRINICPAL: DEDUCE RECURSO QUE INDICA; EN EL OTROSÍ:

ACOMPAÑA DOCUMENTO.

EDWIN SHULTZ YURASZECK, por la recurrente INMOBILIARIA,
AGRÍCOLA Y COMERCIAL BALTIERRA S.A., en autos Rol N*2679-2014, a VSE

respetuosamente digo:

Que, por el presente acto, en tiempo y forma, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, vengo en
solicitar se modifique la resolución de 03 del mes en curso a través de la cual no se
admite a tramitación el requerimiento de autos a partir de error de hecho en el que
se incurre en aquella, solicitando a VSE pronunciarse de plano en tal sentido y, a
partir de ello, corregir el error de hecho en el que se ha incurrido en la especie,

acogiendo aquel a tramitación.

Tras revisar con detenimiento la referida resolución es posible concluir que los
fundamentos que determinan que WVSE decida no admitir a tramitación el
requerimiento de autos están expuestos en los considerandos 3” y 4” de aquel que,

al efecto, indican lo siguiente. Cito textual:

«39, Que del tenor de la acción de inaplicabilidad impetrada a fojas 1, se
aprecia que la misma no da debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 de
la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura, pues no cumple con exponer

debidamente los hechos y fundamentos en que se apoya y cómo se producen, por la

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Limá ha,
aplicación del precepto impugnado en el caso particular, las infracciones
constitucionales que denuncia (artículo 19, N*s 21 y 24 de la Constitución);

4”. Que, a mayor abundamiento, la requirente no acompaña copias de los
recursos de casación deducidos en la gestión pendiente ante la Corte Suprema, todo
lo cual impide a este Tribunal determinar claramente un conflicto constitucional
sometido a su conocimiento, por lo que el presente requerimiento no podrá ser
acogido a tramitación, y así se declarará.....”

No cabe duda VSE que la resolución en comento encuentra su fundamento en:

1.- un supuesto no cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley

Orgánica Constitucional de esta Magistratura, y

2.- no haberse acompañado copias de los recursos de casación pendientes de

resolución para ante la Excelentísima Corte Suprema.

Para efectos meramente didácticos nos referiremos por separado, y en el
mismo orden a estas dos cuestiones. No obstante ello, antes de pasar a la segunda,
revisaremos lo dispuesto por el artículo 47 F del cuerpo normativo referido bajo el

numeral 1.- precedente.

DEL_ ARTÍCULO $80 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

Se estima de vuestra parte que no hemos cumplido con la exigencia contenida
en la norma del artículo 80 de la ley ya referida, que al efecto dispone que, cito

textual:

“Artículo 80. El requerimiento de inaplicabilidad, sea promovido por el juez que
conoce de la gestión pendiente o por una de las partes, deberá contener una
exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos

producen como resultado la infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o

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JUU 1U4
los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación precisa de las

normas constitucionales que se estiman transgredidas.”

En autos, VSE considera que no se indica de modo preciso la forma en que la
aplicación a la gestión sub lite del precepto impugnado infringiría el artículo 19 -en
sus numerales N* 21 y 24- de la Constitución.

Estimamos, con todo el respeto que es debido, que VSE ha incurrido en un
error de hecho al pronunciarse en tal forma, toda vez que esta parte ha sido
absolutamente preclara a la hora de exponer como la aplicación del precepto legal
impugnado, artículo 58 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, resulta
decisiva en la resolución dictada por la llustrísima Corte de Apelaciones de San
Miguel, al punto que, si uno revisa el fallo en cuestión, advierte que la norma
impugnada es el único y exclusivo sustento normativo de lo resuelto por los falladores
en orden desechar nuestra reclamación de ¡legalidad en contra de la resolución de la
reclamada llustre Municipalidad de Puente Alto y ello no sólo es inconstitucional sino
que atenta en contra de la garantía de la recurrente de desarrollar su actividad
económica consignada bajo el numeral 21” del artículo 19 de nuestra carta
fundamental, como también en contra de su derecho de propiedad consignado por el
numeral 24” del mismo artículo referido. De hecho VSI, existe un capítulo de nuestra

presentación intitulado FORMA EN QUE SE PRODUCE LA CONTRAVENCIÓN DE

LA CONSTITUCIÓN que se refiere específicamente, e in extenso, a ello.

Pues bien, la norma en cuestión dispone lo siguiente. Cito textual:

“Artículo 58".- Igualmente, el otorgamiento de patentes municipales
será concordante con dicho uso del suelo. Las patentes, no regidas por las normas
especiales diversas, requerirán el informe previo favorable de la Dirección de Obras
Municipales. El otorgamiento de patentes que vulneren el uso del suelo establecido
en la planificación urbana acarreará la caducidad automática de éstas, y será causal

de destitución del funcionario o autoridad municipal que las hubiere otorgado.”

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Los falladores han considerado, a partir única y ren tico lo
dispuesto por el artículo 58 citado, que nuestra reclamación de ¡legalidad es
improcedente y, por tanto, debía ser desechada.

Se indicó en el requerimiento de autos que nuestras garantías
constitucionales — y específicamente el derecho de propiedad respecto de nuestras
pertenencias mineras- ha sido vulnerado por el fallo de la !lustrísima Corte de
Apelaciones de San Miguel en el que se aplica la norma ya referida, la que constituye
el único fundamento normativo de la sentencia definitiva dictada en autos sobre
Reclamación de llegalidad del artículo 151 de la Ley de Municipalidades que rechaza
aquel y que, por tanto, deja vigente el decreto de clausura respecto de la faena de
extracción de áridos que se desarrolla en el predio de esta parte, la que se encuentra
amparada por patentes mineras pagadas y por las correspondientes autorizaciones
del SAG. En otras palabras, el artículo 58 es LA norma en que los falladores
confirman una actuación del ente edilicio que abiertamente vulnera nuestras
garantías constitucionales ya tantas veces indicadas en autos. Todo ello se consignó
en nuestro requerimiento de autos de 25 de junio recién pasado y constituye un
adecuado y estricto cumplimiento de la exigencia del artículo 80 de la Ley Orgánica
Constitucional de esta Magistratura.

DEL ARTÍCULO 47 F_DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

Esta norma dispone lo siguiente. Cito textual:

“Procederá declarar la inadmisibilidad en los siguientes ' casos:
1” Cuando el requerimiento no es formulado por una persona u órgano legitimado;
2” Cuando la cuestión se promueva respecto de un precepto legal que haya sido
declarado conforme a la Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control
preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque el mismo vicio que fue
materia de la sentencia respectiva;

3* Cuando no exista gestión judicial pendiente en tramitación, o se haya puesto
término a ella por sentencia ejecutoriada;

4* Cuando se promueva respecto de un precepto que no tenga rango legal;

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Ledo pela

5” Cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la
cuestión, aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella
no resultará decisiva en la resolución del asunto, y
6” Cuando carezca de fundamento plausible.”

Ta! como VSE comprenderá, y de acuerdo a lo resuelto de vuestra parte con

fecha 03 del mes en curso, ninguna de estas hipótesis se dan en la especie. VSE NO
CONSIDERA QUE ALGUNA DE ESTAS CAUSALES DE INADMISIBILIDAD
CONCURREN RESPECTO DE NUESTRO REQUERIMIENTO. Por el contrario, VSE
considera inadmisible nuestra presentación por los dos motivos ya expuestos
precedentemente, ninguno de los cuales cabe dentro de alguna de las hipótesis de
inadmisibilidad que el legislador enumera en el artículo 47 F. Por tanto, y si respecto
de nuestro recurso no concurre ninguna causal de inadmisibilidad, ESTE DEBE SER
DECLARADO ADMISIBLE.

DE LAS COPIAS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

Sin perjuicio de que el hecho de no haber acompañado estas a la
presentación de 25 de junio de 2014 tampoco es considerada por el legislador como
un fundamento para declarar la inadmisibilidad de nuestro requerimiento, cabe tener
presente que aquellos fueron deducidos tras la dictación de la sentencia que se funda
en la norma impugnada —y que si se acompañó- circunstancia a partir de la cual no
cabe duda que los mismos no forman parte del conflicto constitucional que nos
convoca, sino que mas bien son otra consecuencia de este. No obstante ello, una
copia se acompaña bajo el otrosí de esta presentación.

Por tanto VSE, y teniendo en especial consideración que nuestra reclamación
de autos no incurre en ninguna de las causales de inadmisibilidad del artículo 47 F ya

citado, y a contrario sensu, ésta debe necesariamente ser declarada admisible.

Sin perjuicio de lo anterior, reiteramos que os artículos 62 y 160 de la Ley

General de Urbanismo y Construcciones disponen lo siguiente. Cito textual:

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0 Z. pielo

“Artículo 62.- Los terrenos cuyo uso no se conformare con los instrumentos de
planificación territorial correspondientes, “se entenderán congelados. En
consecuencia, no podrá aumentarse en ellos el volumen de construcción existente
para dicho uso de suelo. Sin embargo, los aumentos que tengan por objeto preciso
mitigar los impactos ambientales adversos que provocare su actividad productiva no
estarán afectos a dicho congelamiento, como, asimismo, las obras destinadas a
mejorar la calidad de su arquitectura, de sus estructuras y de sus instalaciones,
incluidas aquéllas que tengan un sentido estético que contribuya a mejorar Su
aspecto.

Las industrias mal ubicadas, que causen molestias o daños al vecindario,
deberán trasladarse dentro del plazo que les señale la Municipalidad, previo informe
del Departamento de Higiene Ambiental del Servicio Nacional de Salud y de la
Secretaría Regional Correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este

plazo no será inferior a un año.”

“Artículo 160”.- En el caso de establecimientos industriales o locales de
almacenamiento, expuestos a peligro de explosión o de incendio, y los que
produjeren emanaciones dañinas o desagradables, ruidos, trepidaciones u otras
molestias al vecindario, la Municipalidad fijará, previo informe de la Secretaría
Regional correspondiente del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y del Servicio
Nacional de Salud, el plazo dentro del cual deberán retirarse del sector en que
estuvieren establecidos. Dicho plazo no podrá ser inferior a un año, contado desde la
fecha de la notificación de la resolución respectiva.”

Pues bien, La llustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, por
sentencia de 30 de marzo de 2012 (confirmada posteriormente por la Excelentísima
Corte Suprema) ha resuelto que esta parte debe estarse a estas dos disposiciones

que, en definitiva, determinan que:

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a.- este tipo de cuestiones quedan entregadas al conocimiento y resolución de
la Ilustre Municipalidad de Puente Alto, y

b.- BAJO NINGUN RESPECTO LOS PLAZOS A FIJAR PARA ACATAR LO

RESUELTO POR LA CORTE PUEDEN SER INFERIORES A UN AÑO.

Resulta ser, entonces, que la Ex. N*1496 reclamada por esta parte atentaba
en contra de la legislación vigente recogida en las dos normas citadas disponiendo la
clausura de ciertas faenas de mi representada en un plazo muy inferior al
determinado por el legislador.

El fallo dictado en autos Rol N*338-2011 (al igual que todas las resoluciones
judiciales, por lo demás) debe interpretarse de modo tal que el mismo produzca
efectos y sea aplicable, tanto en todo como en parte, y no de forma contraria. Como
consecuencia de ello, es menester asumir que se ha dispuesto en definitiva que se
debe paralizar la extracción de áridos en la zona adyacente al talud sur del predio de
mi representada, única zona cuya estabilidad podría representar una supuesta
amenaza al derecho a la vida e integridad física de las personas que viven cerca de
ese sector.

La hipótesis que plantea la llustre Municipalidad de Puente Alto en la Ex.
N*1496 era insostenible y atentaba en contra de la debida armonía y aplicación que
debe presentar el fallo en cuestión, ya que si en definitiva se prohibió la extracción de
áridos en todo el predio, ¿para que entonces se dispone que se debe seguir el
procedimiento expuesto en las dos normas citadas, que fijan un plazo NO INFERIOR
A UN AÑO para ello? En ese caso, lo resuelto por VSI en relación con el
cumplimiento del procedimiento de los artículos citados estaría demás y ello no es
susceptible de sostenerse, ya que lo que se resolvió en definitiva lo fue para que
tuviese aplicación y. fuese cumplido, no para que no tuviese aplicación y no fuese
cumplido.

Pues bien VSE, la llustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, al

desechar nuestra Reclamación de !legalidad a partir de lo dispuesto por el artículo

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58 de la Ley de Rentas Municipales ha hecho una aplicación inconstitucional de tal
norma ya que a partir de ella se impide dar cumplimiento a una sentencia
ejecutoriada dictada por el mismo llustrísimo Tribunal, que exigía a la llustre
Municipalidad de Puente Alto iniciar y dar aplicación en la especie a los
procedimiento contemplados bajo los artículos 62 y 160, ambos de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones, afectando nuestras garantías
constitucionales ya mencionadas y citadas.

Específicamente, el Tribunal se pronunció en los siguientes términos. Cito
textual:

“VIGÉSIMO CUARTO: Que atendido el mérito de los antecedentes
probatorios aportados por la partes y el tercero coadyuvante y las disposiciones
legales analizadas, más lo resuelto en el recurso de protección N* 338-2011, fallado
por esta Corte el 4 de Mayo del 2012, según consta de las copias agregadas a fs. 33
y siguientes, el presente reclamo de ilegalidad deberá ser rechazado, al no haberse
acreditado que el acto impugnado haya sido dictado en contravención a la ley y la

normativa vigente.

VIGÉSIMO QUINTO: Que con lo relacionado y considerando
precedentemente, no se advierte que el Sr. Alcalde de la |. Municipalidad de Puente
Alto haya incurrido en una ¡legalidad de acuerdo a las imputaciones efectuadas por el

recurrente en su reclamación.

VIGÉSIMO SEXTO. Que con lo razonado anteriormente, esta Corte comparte

el criterio de lo informado por la Sra. Fiscal judicial a fs. 382 y siguientes.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 140 de
la Ley N* 18.695 y artículo 58 de la Ley de Rentas Municipales se decide que:

[.- SE RECHAZA la alegación previa de extemporaneidad opuesta por la parte
reclamada a fs. 93.

1.- SE RECHAZAN las tachas interpuestas por la parte recurrente a fs. 176 y fs. 178
y de la parte tercero coadyuvante a fs. 167 y fs. 172;

IIL- SE RECHAZAN las objeciones documentales interpuesta por la parte reclamante
afs. 263;

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000,170
. L .

IV.- SE RECHAZA la reclamación interpuesta a fs. 16 por la Sociedad Inmobiliaria
Comercial Baltierra S.A. en contra de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto,
representada por su Alcalde don Germán Codina Powers, ya que por intermedio del
Ord. 918 de fecha 26 de Diciembre de 2012 el municipio recurrido rechazó su
reclamo presentado el día 06 del mismo mes y año en contra del “Ex. N* 1496” del 06
de Septiembre de 2012, mediante el cual la reclamada dispone la clausura de la
faena de extracción y procesamiento de áridos en el inmueble ubicado en Elisa
Correa, Parcela 14 B, Lote B-1 hoy Avenida Canal Troncal San Francisco N* 1750,
de la comuna de Puente Alto.”

Es decir, los falladores, a partir de lo dispuesto por la norma del artículo 58 de

la Ley de Rentas Municipales, han dejado sin aplicación hasta la fecha lo resuelto por
ellos mismos en el Recurso de Protección ya tantas veces referido, lo cual implica
una vulneración de nuestras garantías constitucionales ya aludidas toda vez que, de
haberse dado cumplimiento a lo fallado en su oportunidad, no se habría dictado el
decreto de clausura que impide a mi representada ejercer uno de sus giros, lo que
afecta sus garantías constitucionales en lo relativo al referido ejercicio, respecto del
cual tiene, por lo demás, y tal como VSI fácilmente comprenderá, un derecho de
propiedad en los términos dispuesto bajo el numeral 24” del artículo 19” de nuestra
carta fundamental. Y este derecho de propiedad además, y desde otra perspectiva,
también se ve afectado por la interpretación que en los autos en comento han hecho
los falladores respecto de la aplicación de los instrumentos de planificación territorial,
a saber, y en la especie, el plan regulador actualmente aplicable respecto del predio
de mi representada, el que ciertamente no puede afectar (mas ello ha ocurrido) un
derecho de propiedad que la misma tiene respecto de sus pertenencias mineras
concedidas por el SAG y que legitiman y justifican el actuar de esta parte así como la

procedencia del recurso en este acto deducido.

POR TANTO,

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. mee.

A VSE respetuosamente pido: se sirva modificar la resolución de 03 del mes
en curso a través de la cual no se acoge a tramitación el requerimiento de autos a
partir de error de hecho en el que se incurre en aquella, solicitando a VSE
pronunciarse de plano en tal sentido y, a partir de ello, corregir el error de hecho en el

que se ha incurrido en la especie, acogiendo aquel a tramitación.

OTROSI: Sírvase VSE tener por acompañada copia de los recursos de casación
deducidos por esta parte para ante la Excelentísima Corte Suprema y que consisten

en la gestión pendiente de autos, Rol de Ingreso de Corte N”11.373-2014.

y

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SECRETARÍA: — + CIVIL
RECURSO: RECLAMACIÓN
ROL DE INGRESO: 5-2013

EN LO PRINCIPAL: interpone Recurso de Casación en la Forma; EN EL PRIMER
OTROSÍ: interpone Recurso de Casación en el Fondo; EN EL SEGUNDO
OTROSÍ: Patrocinio.y Poder.

ILTMA. CORTE DE APELACIONES

EDUARDO ZARHI HASBUN, abogado, por la parte reciamante, en
autos caratulados “WALDO ACUÑA BALTIERRA CON MUNICIPALIDAD DE
PUENTE ALTO” Rol de Ingreso de Corte 5-2013, a V.S.lltma. respetuosamente
digo:

En la representación que invisto, y enconirándome dentro de plazo para
tales efectos -de conformidad a lo dispuesto por los artículos 764 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil- vengo en deducir Recurso de Casación en la
Forma en contra de la sentencia dictada por VSI con fecha 10 de abril de 2014 y
notificada por el estado diario con igual fecha, a través de la cual se rechaza la
reclamación de ¡legalidad deducida en autos por esta parte, solicitando a VSI
conceder el recurso en este acto interpuesto para ante la Excelentísima Corte
Suprema a efectos que ésta, conociendo del mismo, lo acoja en todas sus partes,
dejando sin efecto la resolución recurrida y, en su reemplazo, se acoja la

reclamación de autos en todas sus partes, con costas.

l.- ANTECEDENTES DEL RECURSO
Por presentación de fojas 219, la reclamada de autos, en el primer
otrosí de aquella, solicita se despache oficio a la Gobernadora de la Gobernación
Provincial Cordillera, para los efectos que allí se indican.

A tal solicitud VSI resuelve, a fojas 260, “Se resolverá por la Sala de fondo,
en su oportunidad.”

Pues bien VSI, ello no ocurrió. Hasta la fecha. La diligencia probatoria
solicitada de contrario a fojas 219 sigue sin resolverse y, más grave aún, VSI no
ha actuado de acuerdo a lo resuelto de vuestra parte a fojas 260. Y NO
OBSTANTE ELLO, SE HA DICTADO SENTENCIA DEFINITIVA EN AUTOS.

11.- VICIO DE QUE ADOLECE LA SENTENCIA RECURRIDA.-

El artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en su numeral 9*-
dispone que una de las causales que determinan la procedencia del recurso de
casación en la forma es cuando ha faltado algún trámite o diligencia declarados
esenciales por la ley o cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes
prevengan expresamente que hay nulidad.

Pues bien VSI, sírvase tener presente, a este respecto, lo siguiente:

1.- a fojas 219 la reclamada solicitó la práctica de una diligencia probatoria
(oficio) para efectos que la Autoridad ya referida aclarara e ilustrara en autos si
mi representada contaba con las autorizaciones del artículo 17 N* 1 del Código de
Minería,

2.- VSI dispuso que-ello sería resuelto por la Sala de Fondo en su
oportunidad;

3.- lo anterior no ocurrió, y

4.- LA FISCAL JUDICIAL, EN SU INFORME DE AUTOS DE 13 DE
ENERO DE 2014, INDICÁ QUE ES PRECISO QUE LA SALA DE FONDO SE
ENCARGUE, ENTRE OTROS, DE LOS ASUNTOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS A FOJAS 260, LO QUE PODRÍA MODIFICAR LO

INFORMADO POR LA FISCAL.
Nada de ello ocurrió. VSI no se pronunció acerca del primer otrosi de fojas
219 tal como lo dispuso a fojas 260 y, a partir de ello, no se ha dado cumplimiento

al asunto encomendado, que la fiscal judicial considera de tal relevancia que

incluso podría modificar las conclusiones a la que la misma arriba en su informe

evacuado en autos.
11.- DE LA LEY QUE CONCEDE EL RECURSO

Esta corresponde a los artículos 764 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil y, especificamente, a la causal considerada por el numeral 9%
de su artículo 768.

IV. DELA PREPARACIÓN DEL RECURSO

En relación con lo dispuesto por el artículo 769 del Código de
Procedimiento Civil, se hace presente a VSI que el vicio que autoriza la
interposición del recurso que nos convoca tuvo lugar en la sentencia definitiva en
este acto recurrida.

V.- DE LAS PETICIONES CONCRETAS

Estos vicios autorizan la interposición del presente recurso de casación, a
fin de que la Excma. Corte Suprema invalide la sentencia recurrida y en su
reemplazo dicte aquella que acoja nuestra reclamación en todas sus partes.

POR TANTO,

A VSI respetuosamente pido: se sirva tener por interpuesto recurso de
Casación en la Forma en contra de la sentencia dictada por VSI con fecha 10 de
abril de 2014 y notificada por el estado diario con igual fecha, a través de la cual
se rechaza la reclamación de ilegalidad deducida en autos por esta parte,
solicitando a VSI conceder el recurso en este acto interpuesto para ante la
Excelentísima Corte Suprema a efectos que ésta, conociendo del mismo, lo acoja
en todas sus partes, dejando sin efecto la resolución recurrida y, en su reemplazo,

se acoja la reclamación de autos en todas sus partes, con costas.
009115
quin

PRIMER. OTROSÍ: EDUARDO ZARHI HASBUN, abogado, por la parte
reclamante, en autos caratulados “WALDO ACUÑA BALTIERRA CON
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO” Rol de Ingreso de Corte 5-2013, a V. S.
itma., respetuosamente digo:

En la representación que invisto, y encontrándome dentro de plazo para
tales efectos -de conformidad a lo dispuesto por los artículos 764 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil- vengo en deducir Recurso de Casación en el
Fondo en contra de la sentencia dictada por VSI con fecha 10 de abril de 2014 y
notificada por el estado diario con igual fecha, a través de la cual se rechaza la
reclamación de ilegalidad deducida en autos por resta parte, solicitando a VSI
conceder el recurso en este acto interpuesto para ante la Excelentísima Corte
Suprema a efectos que ésta, conociendo del mismo, lo acoja en todas sus partes,
corrigiendo las infracciones de ley cometidas por los falladores que han influido
substancialmente en lo dispositivo del fallo, dejando sin efecto la resolución
recurrida y, en su reemplazo, se acoja la reclamación de autos en todas sus
partes, con costas.

1.- ANTECEDENTES DEL RECURSO

La resolución dictada por VSI, y recurrida en este acto, es la sentencia
«definitiva de 10 de abril de 2014,

Pues bien VSI en aquella, en su considerando VIGÉSIMO CUARTO, se
dispone lo siguiente. Cito textual:

" “VIGÉSIMO CUARTO: Que atendido el mérito de los antecedentes
probatorios aportados por la partes y el tercero coadyuvante y las disposiciones
legales analizadas, más lo resuelto en el recurso de protección N* 338-2011,
fallado por esta Corte el 4 de Mayo del 2012, según consta de las copías
agregadas a fs. 33 y siguientes, el presente reclamo de ¡legalidad deberá ser
rechazado, al no haberse acreditado que el acto impugnado haya sido dictado en

contravención a la ley y la normativa vigente.”
009116

ll.- ERRORES DE DERECHO DE QUE ADOLECE LA SENTENCIA

RECURRIDA.-

Lo indicado de vuestra parte en el considerando citado implica que se han
tenido en consideración para desechar nuestra reclamación

1. Antecedentes probatorios aportados por las partes;

2. Disposiciones legales analizadas, y

3. Lo resuelto en autos 338-2011.

Pues bien, en los referidos autos VS! dispuso que sin perjuicio de lo allí
fallado, la reclamada de autos DEBÍA SEGUIR, ADEMÁS, EL PROCEDIMIENTO
CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 62 Y 160 DE LA LEY GENERAL DE
URBANISMO Y CONSTRUCCIONES.

Estas dos últimas normas disponen lo siguiente. Cito textual:

“Artículo 62.- Los terrenos cuyo uso no se conformare con los instrumentos
de planificación territorial correspondientes, se entenderán: congelados. En
consecuencia, no podrá aumentarse en ellos el volumen de construcción existente
para dicho uso de suelo. Sin embargo, los aumentos que tengan por objeto
preciso mitigar los impactos ambientales adversos que provocare su actividad
productiva no estarán afectos a dicho congelamiento, como, asimismo, las obras
destinadas a mejorar la calidad de su arquitectura, de sus estructuras y de sus
instalaciones, incluidas aquéllas que tengan un sentido estético que contribuya a
mejorar su aspecto.

Las industrias mal ubicadas, que causen molestias o daños al vecindario,
deberán trasladarse dentro del plazo que les señale la Municipalidad, previo
informe del Departamento de Higiene Ambiental del Servicio Nacional de Salud y
de la Secretaría Regional. Correspondiente del Ministerio de. Vivienda y
Urbanismo. Este plazo no será inferior a un año.”

“Artículo 160”.- En el caso de establecimientos industriales o locales de

almacenamiento, expuestos a peligro de explosión o de incendio, y los que

As
ms

¿O

produjeren emanaciones dañinas o desagradables, ruidos, trepidaciones u otras
molestias al vecindario, la Municipalidad fijará, previo informe de la Secretaría
Regional correspondiente del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y del Servicio
Nacional de Salud, el plazo dentro del cual deberán retirarse del sector en que
estuvieren establecidos. Dicho plazo no podrá ser inferior a un año, contado desde
la fecha de la notificación de la resolución respectiva.”

Pues bien, estas dos normas legales han sido infraccionadas en autos y
ello, a no dudarlo, ha influido substancialmente en lo dispositivo del fallo en este
acto recurrido, ello toda vez que en caso de haberse estado a lo resuelto por VSI y
a las normas infraccionadas, no podía rechazarse la reclamación de autos, ya que
la clausura que se reclama en autos no es procedente AL MENOS DENTRO DEL
AÑO SIGUIENTE AL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS TRÁMITES Y
REQUISITOS ESTABLECIDOS AL EFECTO POR LAS NORMAS EN ANÁLISIS
(ESPECÍFICAMENTE LOS INFORMES QUE ALLÍ SE EXIGEN).

“ Y lo anterior VSI no corresponde. a una elucubración teórica o artificiosa de
esta parte. Es, por el contrario, ta consecuencia de la aplicación completa del fallo
dictado en los autos sobre recurso de protección ya tantas veces referido el que,
además, es uno de los tres fundamentos de lo decidido en definitiva de
vuestra parte en autos y que, resulta ser por tanto, que ha sido considerado
sólo en parte, no en su integridad.

11l.- FORMA COMO LOS ERRORES DE DERECHO DENUNCIADOS INFLUYEN
EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO.

Los errores de derecho ya referidos han implicado una infracción de ley que
ha influido substancialmente en lo dispositivo del fallo, especificamente a lo
dispuesto por los artículos 62 y 160 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, los que han sido obviados por VSI, no obstante haber VSI

dispuesto que debía cumplirse con el procedimiento que ellos contemplan.
A

Estos vicios autorizan la interposición del presente recurso de casación, a
fin de que la Excma. Corte Suprema enmiende conforme a derecho la sentencia
de VSI y acoja nuestra reclamación, con expresa condena en costas..

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, y lo señalado en los artículos 764,
767, 770, 771 y 772 del Código de Procedimiento Civil, y demás disposiciones
citadas,

A VSI respetuosamente pido: se sirva tener por interpuesto recurso, de
casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por VSI con fecha 10 de
abril de 2014 y notificada por el estado diario con igual fecha, a través de la cual
se rechaza la reclamación de ilegalidad deducida en autos por resta parte,
solicitando a VSI conceder el recurso en este acto interpuesto para ante la
Excelentísima Corte Suprema a efectos que ésta, conociendo del mismo, lo acoja
en todas sus partes, corrigiendo las infracciones de ley cometidas por los
falladores que han influido substancialmente en lo dispositivo del fallo, dejando sin
efecto la resolución recurrida y, en su reemplazo, se acoja la reclamación de autos
en todas sus partes, con costas.

OTROSI: En mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, y
domiciliado en Paseo Huérfanos 835 oficina 1504, Santiago, asumo el patrocinio y

poder del presente recurso.