INA-Inadmisibilidad

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Santiago, veintitrés de abril de dos mil quince.
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, con fecha 10 de abril de 2015, el abogado
Samuel Ginsberg Rojas ha requerido a esta Magistratura la
declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
del artículo 2332 del Código Civil, en el marco de los
recursos de casación en la forma y en el fondo, de que
conoce la Corte Suprema, bajo el Rol N? 31,909-2014;
2%. Que el artículo 93, inciso primero, N* 6%, de la
Constitución Política establece que es atribución de este
Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría de sus
miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto
legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga
ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria
a la Constitución.”.
El inciso decimoprimero del mismo precepto de la
Carta Fundamental dispone que “en el caso del número 6”,
la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las
partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá
a cualquiera de las salas del Tribunal decilarar, sin
ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre
que verifique la existencia de una gestión pendiente ante
el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del
precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la
resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.”;
3". Que la normativa constitucional aludida
precedentemente se complementa con la que se contiene en
la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional. Así, el inciso primero del artículo 82 de
dicho texto legal establece que “para ser acogido a
tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las
exigencias señaladas en los artículos 79 y 80”.
Por su parte, el artículo 80 aludido dispone:
“Artículo 80.- El requerimiento de inaplicabilidad,
sea promovido por el juez que conoce de la gestión
pendiente o por una de las partes, deberá contener una
exposición clara de los hechos y fundamentos en que se
apoya y de cómo ellos pfoducen como resultado la
infracción constitucional, Deberá indicar, asimismo, el o
los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con
indicación precisa de las nmormas constitucionales que se
estiman transgredidas.”;
4%. Que, por otra parte, el artículo 84 de dicha ley
orgánica constitucional establece que:
“Procederá declarar la inadmisibilidad en los
siguientes casos:
6% Cuando carezca de fundamento plausible.”;
5., Que esta Magistratura TConstitucional, en
oportunidades anteriores y atendido el mérito de cada
caso particular, ha determinado que si un requerimiento
de inaplicabilidad, como el interpuesto en la especie,
adolece de vicios o defectos tales que hacen imposible
que pueda prosperar, resulta impertinente que la Sala
respectiva efectúe un examen previo de admisión a trámite
a su respecto y procede que la misma declare derechamente
la inadmisibilidad de la acción deducida (entre otras,
sentencias roles N“*s 1890, 1878, 1860, 1789, 1834, 1828,
1788, 1771, 1749, 1878, 1935, 2088, 2124, 2353, 2361,

2476, 2662, 2686 y 2765 entre otros);

6%. Que la exigencia de fundamento razonable para
declarar la admisibilidad supone explicitar la aptitud
del o de los preceptos legales objetados para contrariar
la Constitución en su aplicación al caso concreto, lo que
debe ser expuesto circunstanciadamente, motivo por el
cual la explicación de la forma en que se produce la
contradicción entre las mnormas, sustentada adecuada y
lógicamente, constituye la base indispensable de la
acción ejercitada (Roles N“s 1780 y 2811). Así, para que
la acción de inaplicabilidad pueda prosperar, debe
estarse =ziempre en presencia de un conflicto de
constitucionalidad, esto es, frente a “una contradicción

directa, clara y precisa entre determinado precepto legal

que se pretende aplicar en el caso concreto, con la

propia Constitución” (Roles Nos 1740 y 2811);

7%. Que, de la lectura del requerimiento de fojas se
desprende que la cuestión planteada constituye claramente

un conflicto de legalidad y una solicitud de revisión del
mérito de lo resuelto por el tribunal del fondo en la
sentencia, en la medida que se sustenta argumentando que
el precepto “es inaplicable constitucionalmente en la
especie, porque mno contiene mnorma que fundamente su
aplicación en materias de prescripción proveniente de un
delito criminal" (foja 12), que “el tribunal violó los
artículos 105 del Código Penal y los artículos 2332 al
extenderlo a materias que no comprehende y el artículo
2493 en relación al artículo 10, ambos del Código Civil y
transgredió como consecuencia de ello los artículos 6 de
la Constitución Política de la República, al "no actuar
conforme las normas dictadas conforme la Constitución",
no cumpliendo con ello, su obligación de "garantizar el
orden institucional de la República"; y el artículo 7 de
la misma, al no resolver "en la forma que prescribe la
ley", provocando la "nulidad de ese acto" y haciéndose
acreedor a "las sanciones que la ley señale"”, (foja
13), que “El sentenciador infringió el artículo 2332 del
Código Civil, inaplicable en la especie, al pretender
hacerlo extensivo a situaciones que no contempla; y, el
artículo 2492 del C. Civil, al no aplicarlo, siendo que
la materia sobre la que recaía la litis, era justamente,
la de la prescripción" (foja 18), que la sentenciadora
“transgredió asimismo no solo los artículos 6 y 7 de la
Constitución Política de la República, al "no actuar
conforme las mnormas dictadas conforme la Constitución",
ni "garantizar el orden institucional de la República"; y
no resolver el caso "en la forma que prescribe la ley",
sino al transgredir flagrantemente los artículos 1% y 5%
inciso segundo de la C.P.R, al atentar con su sentencia
los derechos personales de las víctimas y las familías
involucradas que esas disposiciones reconocen" (foja 19),
que “la sentenciadora, al conceder la prescripción sin
que fuera legalmente alegada como lo establecen las
normmas de prescripción, procediendo de oficio, y al no
examinar todas las normas que concurren a ésta para poder
declararla infringiendo el principio de irrenunciabilidad
que protegen al acreedor; violó las siíguientes normas
legales: el artículo 2332 del cCódigo Civil por hacer
extensiva su aplicación a una materia sobre la cual no
contiene norma alguna y le es por consiguiente
inaplicable; el artículo 2493 sobre su alegación y la
prohibición del tribunal de declararla de oficio; y, los
artículos 2494 y 2495 del C. Cv., sobre su
irrenunciabilidad, todo lo cual incidió en el rechazo de
la demanda y en la transgresión flagrante de las
siguientes normas constitucionales: los artículos 19, 5,
6%, 79, y 19% n9 19%, 1n%, n% 22 y n9 24 de la Constitución
Política de la República.” (foja 22), etc.;
8%. Que, como se ha razonado por esta Magistratura,
entre otras, en las sentencias de inadmisibilidad Roles
Nos 1344, 1942, 2083, 2084 y 2349, no es competencia de
esta Magistratura Tresolver Aacerca de la eventual
aplicación incorrecta o abusiva de un determinado
precepto que pudiere efectuar un tribunal, la que
corresponderá corregir a través de los diversos recursos
que contemplan las leyes de procedimiento. Como se ha
señalado, “la acción de inaplicabilidad es un medio

inidóneo para impugnar resoluciones de órganos
jurisdiccionales, ya que la salvaguarda del imperio de la

ley en el conocimiento, resolución y ejecución de lo
juzgado en causas civiles y criminales corresponde
exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley,

a través de los medios procesales que el legislador
establezca mediante los Códigos de Enjuiciamiento” (Roles

N“s 794 y 2349)”. De igual forma, “la acción de
inaplicabilidad es una vía procesal inidónea para
impugnar resoluciones judiciales de tribunales ordinarios
o especiales con la finalidad de revocar, enmendar,

revisar, casar o anular éstas; ya que la guarda del
imperio de la ley en el conocimiento, juzgamiento y
ejecución de lo juzgado en general y de la sustanciación
en particular en las causas civiles y criminales
corresponde exclusivamente a los tribunales creados por
ley a través de las vías procesales previstas en las
leyes de enjuiciamiento” (en el mismo sentido, las
sentencias roles N“*s 794, 1145, 1349, 2150, 2261 y 2444);
9*%. Que, atendido el mérito de los antecedentes que
obran en autos, esta Sala ha logrado convicción en cuanto
a que la acción constitucional deducida mno puede
prosperar, toda vez que no cumple con las exigencias
constitucionales y legales antes transcritas, al mo
formular un conflicto de constitucionalidad en los
términos del artículo 80 de la ¡Ley Ne 17.997,
configurándose, además, la causal de inadmisibilidad del
número 6% del ya transcrito artículo 84 del mismo cuerpo
legal, al no concurrir el presupuesto constitucional de
encontrarse razonablemente fundado el requerimiento;



Y TENIENDO PRESENTE lo establecido en el artículo
93, inciso primero, N* 6%, e inciso decimoprimero, de la
Constitución Política y en el N? 6% del artículo 84 y
demás normas pertinentes de la Ley N* 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional,


SE DECLARA inadmisible el requerimiento interpuesto
en lo principal de fojas uno. Téngase por no presentado
para todos los efectos legales.

Notifíquese.
Archívese.

Rol N* 2816-15-INA.




Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su pPresidente, Ministro
señor Carlos Carmona Santander, los Ministros sefiores
Iván Aróstica Maidonado y Gonzalo García Pino, la
Ministra sefiora María Luisa Brahm Barril y el Ministro
señor Cristián Letelier Aguilar.
Autoriza el $Secretario Subrogante del Tribunal,
señor Rodrigo Pica Flore =

Normas y sentencias citadas

• aplicaexternal #—— n de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 2332 del Código Civil, en el marco de los recursos de casación en la forma y en el fondo, de que conoce la Corte Suprema,