TC Rol 2892

Texto completo

Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil quince.
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, con fecha 3 de septiembre de 2015, el
abogado Samuel Ginsberg ha requerido la declaración de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la frase
“contados desde la perpetración del acto”, contenida en
el artículo 2332 del cóádigo Civil, para que surta
efectos en el proceso caratulado “Ginsberg con
Inversiones Alsacia S.A. y otros”, sobre recursos de
casación en la forma y en el fondo, de que conoce la
Corte Suprema, bajo el Rol N* 31.909-2014;
2%. Que el artículo 93, inciso primero, N%* 6%, de
la Constitución Política establece que es atribución de
este Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría
de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un
precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que
se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte
contraria a la Constitución.”.
El inciso decimoprimero del mismo precepto de la
Carta Fundamental dispone que “en el caso del número 6%,
la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las
partes o por el juez que conoce del asunto.
Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal
declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la
cuestión siempre que verifique la existencia de una
gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial,
que la aplicación del precepto legal impugnado pueda
resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la
impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los
demás requisitos que establezca la ley. A esta misma
sala le corresponderá resolver la isuspensión del
procedimíento en que se ha originado la acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad.”;
3%. Que la normativa constitucional aludida
precedentemente se complementa con la que se contiene en
la Ley N% 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional. Así, el inciso primero del artículo 82
de dicho texto legal establece que “para ser acogido a
tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las
exigencias señaladas en los artículos 79 y 80”.
Por su parte, el artículo 80 aludido dispone:
“Artículo 80.- El requerimiento de inaplicabilidad,
sea promovido por el juez que conoce de la gestión
pendiente o por una de las partes, deberá contener una
exposición clara de los hechos y fundamentos en que se
apoya y de cómo ellos producen como resultado la
infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo, el
o los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con
indicación precisa de las normas constitucionales que se
estiman transgredidas.”;

4%. Que, por otra parte, el artículo 84 de dicha
ley orgánica constitucional establece que:
“Procederá declarar la inadmisibilidad en los
siguientes casos:
6* Cuando carezca de fundamento plausible.”;
5%. Que esta Magistratura Constitucional, en
oportunidades anteriores y atendido el mérito de cada
caso particular, ha determinado que si un requerimiento
de inaplicabilidad, como el interpuesto en la especie,
adolece de vicios o defectos tales que hacen imposible
que pueda prosperar, resulta improcedente que la Sala
respectiva efectúe un examen previo de admisión a
trámite a su respecto y procede que la misma declare
derechamente la inadmisibilidad de la acción deducida
(entre otras, sentencias roles N“”s, 1749, 1771, 1788,
1789, 1828, 1834, 1860, 1878, 1890, 1935, 2088, 2124,
2353, 2361, 2476, 2662, 2686, 2765 y 2816);
6”. Que, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 84, N* 6, de la Ley N* 17.997, el requerimiento
de inaplicabilidad debe encontrarse razonablemente
fundado para que pueda declararse admisible.
Dicho requisito supone explicitar la aptitud del o
de los preceptos legales objetados para contrariar la
Constitución en su aplicación al caso concreto, lo que
debe ser expuesto circunstanciadamente, motivo por ei
cual, la explicación de la forma en que se produce la
contradicción entre las normas legales Y
constitucionales, sustentada adecuada y lógicamente,
constituye la base indispensable de la acción ejercitada
(Roles N”s 1780 y 2811).
A su vez, no basta con plantear en tales términos
una explicación de las infracciones constitucionales
denunciadas;

7”. Que, en efecto, para que la acción de
inaplicabilidad pueda prosperar, y s*se declare la
admisibilidad del requerimiento interpuesto, es
necesaria la existencia de un conflicto de
constitucionalidad planteado con claridad, de manera que
este sentenciador pueda apreciar que se está frente a
“una contradicción directa, clara y precisa entre
determinado precepto legal, que se pretende aplicar en
el caso concreto, con la propia Constitución” (Roles N”s
1740, 2811 y 2816, entre otros);

8%. Que, por lo dicho, resulta entonces manifiesto

que el ejercicio de la. acción de inaplicabilidad supone
la presentación de un libelo en el que se desarrolle, en
términos inteligibles P>para esta 1Xagistratura, un
conflicto de constitucionalidad y mno de legalidad,
último que supone la confrontación de normas legales; el
cuestionamiento de la aplicación que de las mismas ha
efectuado el juez del fondo, como también, críticas a
los alcances y mérito de la normativa legal, esto es,
reproches a sus características, en tanto no acomodan a
los intereses de uno de los litigantes;
9”. Que, debe tenerse presente que, en autos Roles
N*”s 2809, 2816 y 2843, el mismo abogado, en
representación de las mismas partes y respecto de la
misma gestión judicial, requirió la declaración de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo
2332.

Además, anteriormente, en autos Rol N* 2741,
solicitó la inaplicabilidad de los artículos 49, 1494,
2332, 2523 y 2524 del Código Civil, cuando la misma
gestión se encontraba en tramitación ante la Corte de
Apelaciones de Santiago.
En las citadas causas Roles N*”*s 2741, 2816 y 2843,
esta Sala declaró inadmisibles los requerimientos
deducidos;
10%. Que, asimismo, se constata que los vicios de
constitucionalidad que se plantean en el requerimiento
de inaplicabilidad de autos, se refieren también a los
artículos 1%, 5%, 6%, 7%, 19, numerales 1%, 2%, 22*% y
24% de la Carta Fundamental, agregando en esta
oportunidad, al igual que en autos Rol N* 2843,
infracciones a los numerales 3% y 26% del artículo 19
aludido;
11%. Que la distinta formulación que se presenta en
el texto de la acción ahora bajo examen, cual varía
respecto del precepto legal impugnado -al solicitarse
tan sólo la inaplicabilidad de una frase del artículo
2332 del cCódigo Civil- y en la presentación de un
conflicto conocido, mediante argumentaciones de
supuesta inconstitucionalidad, no +impide que este
sentenciador, nuevamente, declare inadmisible el
requerimiento por manifiesta falta de fundamento
razonable.
Lo anterior, toda vez que las reseñadas
innovaciones no cambian la pretensión que fuera
anteriormente considerada como inconciliable con el
objeto de la acción de inaplicabilidad, por configurar
un conflicto referido a la correcta aplicación de la
ley.

En efecto, ya por quinta vez, se busca obtener, de
parte de esta Magistratura, un pronunciamiento destinado
al descarte, en la gestión pendiente, del régimen de
prescripción estatuido en la disposición cuestionada;
12%*. Que, de lo precedentemente expuesto -esto es,
que la acción deducida plantea el mismo conflicto de
legalidad que el que fuera expuesto anteriormente en los
autos ya citados-, ha de colegirse, a modo de corolario
lógico, que el requerimiento resulta inadmisible por no
encontrarse razonablemente fundado y así se declarará.


Y TENIENDO PRESENTE lo establecido en el artículo
93, inciso primero, N* €6%, e inciso decimoprimero, de la
Constitución Política y en el N* 6% del artículo 84 y
demás normas pertinentes de la Ley N* 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional,


SE RESUELVE:

Que se declara inadmisible el requerimiento
interpuesto en lo principal de fojas uno; a los
otrosíes, estese a lo resuelto en lo principal.


Notifíquese.
Archívese.
Rol N* 2892-15-1IN




Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidente, Ministro
señor Carlos Carmona Santander, y los Ministros señores
Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, señora
María lLuisa Brahm Barril y señor Cristián Letelier
Aguilar.




Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional,
señor Rodrigo Pica Flores.