INA-STC

Considerando 1

Que la presente cuestión de constitucionalidad recae en el efecto automático que el artículo 61 de la Ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, le atribuye a la circunstancia de que un alcalde encuentre suspendido su derecho a sufragio, por hallarse acusado por delito que merezca pena aflictiva, según el artículo 16, N° 2, de la Constitución. A consecuencias de lo cual, dicho artículo 61 prevé que ese alcalde queda también suspendido en el ejercicio de su cargo, de pleno derecho. El citado artículo 61 amerita entonces un examen de constitucionalidad, toda vez que a la suspensión del derecho a sufragio por esa causa, le suma una segunda consecuencia que opera por el sólo ministerio de la ley: el alcalde o concejal -además- "se entenderá temporalmente incapacitado para el desempeño de su cargo, debiendo ser reemplazado, mientras dure su incapacidad, de conformidad a lo establecido en los artículos 62 y 78";

Considerando 2

Que, atento a las particularidades que ofrece este concreto caso, el Tribunal Constitucional desechará la objeción planteada, en punto a que el precepto legal transcrito lesionaría el principio de inocencia, recogido en diversos instrumentos internacionales que el Estado de Chile se ha obligado a 000481 7 respetar y promover, por mandato del artículo 5°, inciso

Considerando 3

Que, por de pronto, cabe tener presente que fue la Ley N° 19.130 (artículo único, N° 15 bis) la que introdujo el precepto impugnado a la Ley orgánica constitucional de Municipalidades, como un nuevo artículo 51 bis. El proyecto respectivo fue declarado constitucional por esta Magistratura, en su oportunidad (STC Rol N° 145). Correspondiendo observar que, a la fecha de entrada en vigencia de dicha ley, el año 1992, regía el texto original del artículo 16 constitucional, en cuya virtud las tres causales que hacen procedente la suspensión del derecho a sufragio requerían de un previo acto jurisdiccional. Decía esta norma -en lo pertinente- que el derecho a sufragio se suspende: "1°.- Por interdicción en caso de demencia; 2°.- Por hallarse la persona procesada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista, y 3°.- Por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al artículo 8° de esta Constitución";

Considerando 4

Que, con posterioridad, el año 2005, la Ley de Reforma Constitucional N° 20.050 (artículo 1°, N° 8) reemplazó en el artículo 16, N° 2, la expresión "procesada" por "acusada" (en tanto la Ley N° 18.825 había modificado el ilícito del N° 2, susceptible de ser sancionado por el Tribunal Constitucional). Con ello se quiso adecuar el texto constitucional a las actuales denominaciones empleadas por el Código 8 000482 ijAjpe.iut/) Procesal Penal, considerando análogos el "procesamiento", que antes preveía la antigua ley de enjuiciamiento criminal, con la "acusación", que ahora contempla ese nuevo Código Procesal. La analogía no es exacta, sin embargo. Porque mientras aquel "procesamiento" constituía un acto del competente tribunal, pasible de apelación, la actual "acusación" sólo configura un acto del respectivo fiscal, no reclamable en sede jurisdiccional;

Considerando 5

Que, empero, esta minoración en las garantías judiciales es sólo relativa. Puesto que, por imperativo de la Constitución, cuyos preceptos poseen eficacia inmediata, siempre procede dar cabida a lo prescrito en su artículo 83, inciso tercero, merced al cual "las , actuaciones que priven al imputado o a terceros del -7-'e'ercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o • o restrinjan o perturben, requerirán de aprobación ._,:,,_=;7judicial previa". Dado que la suspensión en el cumplimiento de su cargo perturba el ejercicio del derecho a la función que le asiste al alcalde, entonces el Ministerio Público, junto con formular su "acusación", debe requerir dicha autorización judicial, precisamente porque esa actuación suya es la que trae aparejada la aplicación del artículo 61 de la Ley N° 18.695;

Considerando 6

Que corresponde infundir efectividad a esta garantía judicial, no solo porque así todas las normas del texto supremo reciben plena y congruente aplicación, sino porque fue la existencia de un resguardo de esta índole lo que justificó la aprobación del N° 2 del artículo 16 constitucional. Es dable recordar la preocupación que, a este respecto, expresó don Jaime Guzmán Errázuriz, el discutirse en la Comisión de Estudio de la nueva Constitución el artículo 16 del texto supremo. En el sentido de "que el procesado no debe ser tratado como que fuera un condenado. El procesado -dijo- está siendo, justamente, analizado, por así decirlo, por la justicia. Hay una presunción fundada en contra de él, pero no más MáS que eso. De manera que se inclinaría, en principio, por la idea de que el procesado no quede suspendido en sus derechos" (Sesión 75a, celebrada el 3 de octubre de 1974, pág. 13). Una duda que disipó definitivamente don Alejandro Silva Bascuñan, al llamar a "considerar que la declaración de reo supone la intervención del Poder Judicial -y la intervención de él en dos instancias, porque para que la declaración de reo produzca efecto, tiene que ser ejecutoriada, o sea, tiene que haber habido una revisión- y que no es una simple detención de un ciudadano, sino que es el establecimiento, por dos órganos o grados de jurisdicción, de que en relación con esa persona hay presunciones fundadas de que ha cometido un delito" (pág. 18);

Considerando 7

Que, entonces, es esa "actuación" del Ministerio Público, denominada "acusación", la que produce sendos efectos jurídicos directos e inmediatos: tanto aquellos que le son propios en el juicio penal, cuanto aquella suspensión en el desempeño como alcalde o concejal. Siendo así, el aludido artículo 83 de la Constitución, obliga al Ministerio Público a actuar a favor de los derechos del acusado, por propia iniciativa. Allanando los obstáculos y arbitrando las medidas más expeditas, a objeto de requerir oportunamente dicha autorización judicial; CONSIDERACIONES

Considerando 8

Que por STC Rol N° 1152, para desechar un requerimiento similar, esta Magistratura tuvo en cuenta que el artículo 73 de la Ley N° 18.695 contempla, como el

Considerando 10

PRIMERO: Que este criterio se corresponde con las amplias atribuciones, prerrogativas y descollante autonomía depositadas en los alcaldes y concejales, que hacen menester dicho excepcional arbitrio, consistente en el alejamiento transitorio de sus funciones cuando -como sucede en la especie- un alcalde se encuentra acusado •.—,precisamente por los delitos indicados, de malversación de públicos. , / Por eso, una disposición similar se encuentra en el artículo 40, letra d), de la Ley orgánica constitucional N° 19.175, referida a los consejeros de los consejos regionales;