INA-STC

Considerando 1

Que, el conflicto de constitucionalidad se estructura a partir de la invocación por parte del requirente de la libertad e igualdad, dado que se afectarían éstas puesto que no se encuentran fundamentos razonables para la comprensión del porqué su salud ha dejado de ser compatible con el cargo que ostentaba, dado que ha superado su enfermedad y se ha podido reintegrar a sus labores ordinarias (artículo 19 de la Carta Fundamental, en su inciso primero); luego, se sostiene la aplicación discrecional y arbitraria de normas por parte de la administración sólo a aquellos funcionarios que hubieren hecho uso de licencias médicas por seis meses en los últimos dos años, sin que el legislador establezca criterios para su aplicación (artículo 19 N* 2*% de la Constitución). En tercer término, se alega una afectación al debido proceso, . dado que la declaración de salud incompatible no consideraría instancia alguna que permita sostener una adecuada defensa de sus derechos, a efectos de demostrar que su salud sí hoy es compatible con el ejercicio de su cargo, basándose la autoridad en un hecho meramente objetivo, cual es, el mero cómputo del tiempo (artículo 19 N* 3*%, incisos primero, segundo y sexto). En

Considerando 2

Que, desde una perspectiva, en el sentido que los ordenamientos cuentan con garantías jurisdiccionales que permiten guardar el control de regularidad de las mnormas que integran el sistema en 10 contraste con la Constitución, las leyes, los reglamentos y otras normas, los términos “control constitucional” y “control de legalidad” se han insertado en la comunidad jurídica desde hace ya varios años y denotan, entre otros, tipos del propio concepto de “control de regularidad”. Así, todas las normas jurídicas se encuentran sometidas al control constitucional y al principio de supremacía constitucional que permite establecer un control (de regularidad) sobre las normas inferiores que contradicen a dicha supremacía;

Considerando 3

Que, el concepto de función jurisdiccional se encuentra, a la vez, asociado con una relación de concordancia (no contradicción) entre normas o conjuntos normativos de diverso grado jerárquico, de forma tal que partiendo del concepto de función jurisdiccional tenemos que esta actividad consiste en dos actos motivados por una controversia elevada en un procedimiento específico: 1) en la calificación de un acto como relevante para el derecho; y, 2) en la imputación de una sanción como consecuencia de la calificación del acto. De esta manera, cualquier examen o contraste de validez entre las normas jurídicas superiores e inferiores realizado a través de la función jurisdiccional resulta una garantía del ordenamiento jurídico; III.- DIGNIDAD HUMANA.

Considerando 4

lugar, se aduce vulneración a la protección a la salud, dado que las normas impugnadas generarían la pérdida del trabajo, así como de los medios necesarios para proveer el restablecimiento de la salud del funcionario que ha estado más de seis meses con licencia en los últimos dos años, por prescripción médica. Por último, se genera una afectación a la carrera funcionaria de que trata el artículo 38 constitucional, toda vez que dicha norma remite a la Ley N* 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado como garante de la misma. II.- CRITERIOS METODOLÓGICOS APLICABLES AL CASO CONCRETO.

Considerando 5

Que el artículo 1%, inciso primero, umbral del Capítulo I dedicado a las Bases de la Institucionalidad, proclama que: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, principio matriz del sistema institucional: vigente del cual se infiere, con claridad inequívoca, que todo ser humano, sin distinción ni exclusión, está dotado de esa cualidad, fuente de los derechos fundamentales que se aseguran en su artículo 19. De la dignidad se deriva un cúmulo de atributos, con los que nace y que conserva durante toda su vida. Entre tales atributos se hallan los derechos públicos subjetivos o facultades que el ordenamiento jurídico le asegura con carácter de inalienables, imprescriptibles e inviolables en todo momento, lugar y circunstancia. (STC Rol N* 1287 cc.16 a 19; en el mismo sentido STC Rol N* 1273 c.42; STC Rol N* 2747 ce.il, STC Rol N* 2801 c.11), La dignidad de la persona se ¡irradia en las disposiciones de la Constitución en una doble dimensión: como principio y como norma positiva (STC Rol N* 1273 c.46). El derecho a la seguridad social tiene su razón de ser en que los administrados están sujetos a contingencias sociales. La necesidad de proteger de estas contingencias al ser humano y .a los que de él dependen emana de su derecho a la existencia; de la obligación de conservar su vida y hacerlo en un nivel digno y acorde con su condición de tal. Así, el derecho a la seguridad social constituye una directa y estrecha proyección de la dignidad humana a que alude el artículo 1%, inciso

Considerando 6

Que, “..[N]o es desdoroso para una persona si se estima que su salud no le permite desempeñar un cargo público, si tal circunstancia efectivamente concurre; ni tampoco la declaración de salud incompatible, si se fundamenta en la caúsal del artículo 151, inciso primero, del Estatuto Administrativo, implica por sí una privación de derechos, puesto que lo que autoriza es sólo poner término al ejercicio de un cargo para el cual ya no se es idóneo, exclusión, por otra parte, que en el caso que nos ocupa protege a la población en general al asegurarle que no será atendida por un profesional médico cuya salud es incompatible con el cargo para el que había sido nombrado. “..[LT]os efectos derivados de la declaración de salud incompatible con el cargo, que el requirente considera lesivos a sus derechos, como el cese de sus remuneraciones y cotizaciones previsionales, la pérdida del derecho al bono de retiro voluntario y la imposibilidad de acceder al beneficio de la jubilación por vejez anticipada, son consecuencia de la aplicación de otras disposiciones legales que no han sido impugnadas y acerca de cuya constitucionalidad este Tribunal carece de competencia específica para hacerio, atendidos los términos del requerimiento sometido a su conocimiento y decisión. (STC Rol N* 2024 c. 15*);

Considerando 7

Que como término de lo anterior, debe desecharse el argumento, frente a las interpretaciones posibles del alcance de la protección constitucional de un derecho fundamental, en la medida que no aparece vulnerada la dignidad de la persona, teniendo en consideración que el cese de la función pública es compatible con una jubilación por invalidez o vejez anticipada, y que por otra parte lo que resguarda el artículo 150 de la Ley N*18.834, es aquella situación que hace irrecuperable la salud para cumplir un rol laboral o su incompatibilidad en el desempeño del cargo, menoscabe 13 el carácter funcional del respectivo servicio, razones por las cuales debe desecharse la argumentación deducida por la requirente; IV.- PRINCIPIO DE SERVICIALIDAD DEL ESTADO (IGUALDAD DE OPORTUNIDAD) .

Considerando 8

Que la Carta Fundamental establece, en el Capítulo I, artículo 1*, inciso cuarto: “El Estado está al. servicio de la persona humána y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización eápiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.” En virtud del principio de servicialidad, la Administración del Estado existe para atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, para lo cual actúa a través de servicios públicos y para que la Administración atienda de un modo apropiado las necesidades colectivas para cuya satisfacción existe, es necesario que las personas a través de las cuales ella actúa sean idóneas para el desempeño de las tareas que se les encomiende, pues de no existir dicha idoneidad se vuelve imposible el cumplimiento de la función pública. Así, es perfectamente válido el cese del contrato de un trabajador por salud incompatible. (STC Rol N* 2024 cc.6, 7 y 15). La consagración del principio de servicialidad del Estado es una garantía de buena fe y lealtad estatal que vendría a complementar los elementos puramente formalistas “reconocidos en el artículo 7% de la Constitución, de una manera sustancialista, reconociendo 14 la primacía del sentido finalista pro persona (STC Rol N” 2693, c.18);

Considerando 9

Que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional;

Considerando 10

Que, tampoco resulta atingente en la especie invocar la impugnación del artículo 151 de la Ley N*18.834, puesto que dicha normativa asegura que la Administración del Estado pueda desarrollar y cumplir en forma permanente y continua su cometido consistente en ia función pública, dado que, como se señalará más adelante, existen los derechos y garantías suficientes para amparar y mitigar dentro del ámbito jurídico la medida que mandata el artículo 151 recién citado; V.—- APLICACIÓN DISCRECIONAL Y ARBITRARIA DE LAS NORMAS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN.

Considerando 20

Que son características de las licencias médicas que: a) Confieren un derecho a los empleados afectos al régimen del sector público o al del sector privado; b) Constituyen un derecho irrenunciable para el empleado; c) Obligan al empleador a velar por que el empleado no efectúe ninguna actividad relacionada con sus funciones durante el período que dure la licencia médica; d) No impiden ni obstaculizan el goce total de las remuneraciones del empleado o funcionario; e) El régimen que rige a las licencias médicas forma parte del ámbito- de la seguridad social que debe ser regulado por leyes de quórum caliíficado según ordena el inciso segundo del artículo 19 N* 18% de la Constitución Política. (STC Rol N* 1801 c. 12) (En el mismo sentido, STC Rol N* 2830, c. 10);

Considerando 30

Que, no resulta pertinente la invocación expresada por la requirente teniendo presente que no se vulneran beneficios ni derechos previsionales, remuneratorios ni indemnizatorios como acota el peticionario puesto que, la decisión de la jefatura del servicio público aparece justificada por el ordenamiento jurídico el cual tiene por fin la prestación continua y permanente de la función pública en aras del bien común, lo cual en modo alguno resulta vulneratoria para la 23 libertad de trabajo y su protección tal como se sustentó en los motivos anteriores; IX.- ADECUADA DEFENSA DE DERECHOS EN SEDE ADMINISTRATIVA. TRIGESIMOPRIMERO: Que se alega por el actor de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que existirían razones para estimar wuna inadecuada defensa de sus derechos en sede administrativa, toda vez que es una decisión discrecional de la autoridad la que decide la declaración de salud incompatible con el cargo. Frente a dicha disquisición, no debe olvidarse que el propio actor ha recurrido de protección, de forma tal que el problema juez-ley ha sido centrado como un acto de enfrentamiento de la actividad jurisdiccional y la ley, el cual es resuelto en el caso concreto a través de operaciones de subsunción, que responden a una visión silogística del juicio, de forma tal que al existir un órgano -como acaece en la especie- que ejerce jurisdicción -Corte: Suprema, por apelación del recurso de protección interpuesto, causa Rol N”19.306-2016- el requirente ha sentado las bases de una relación procesal, sobre la cual puede ejercer las acciones e impugnaciones pertinentes, de forma que estamos en presencia de temas de mera legalidad que escapan a la competencia, en este sentido, de este órgano constitucional; X.- JURISPRUDENCIA SOBRE ARTÍCULO 150 LETRA a) DE LA LEY N “18.834, TRIGESIMOSEGUNDO: Que nuestros tribunales de £fondo se han pronunciado sobre la norma, diciendo: 24 l. Conforme a lo latamente expuesto en los dos fundamentos que preceden, no podría calificarse de arbitraria la Resolución N*505 antes indicada, ya que se ajusta a las normas aplicables al caso sub judice, pues, por no haber controvertido la duración de las licencias de las que hizo uso por el lapso de dos años, este hecho es inamovible y la norma legal que invoca la recurrida, es la que rige la situación en estudio. Además se cumplen las exigencias para la declaración de vacancia, tal como se señaló en los dos primeros párrafos del motivo tercero de esta sentencia. Por otra parte, resulta razonable pensar que el funcionario que no ha estado en situación de desempeñar sus funciones por un lapso de casi dos años a causa de una enfermedad calificada como común y no producida a consecuencia del desempeño de sus funciones, carece de aptitud para desempeñarse en el cargo, lo que impide de igual manera calificar de arbitraria la Y SECREFARIA decisión de vacancia adoptada por el Jefe de Servicio. Los hechos expresados en los fundamentos que preceden no llevan sino a desestimar la acción deducida en 1lo- principal de la presentación, toda vez que no puede concluirse que la referida Resolución N”505 atente ilegítimamente y por un mero capricho irracional contra los derechos constitucionales invocados por el recurrente (Corte de Apelaciones Concepción, Rol 1731-2014, cc. 5*%, 6* y 8% de la sentencia). 2. “En cuanto a la decilaración de vacancia del cargo por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, el centro de la definición respecto de la legalidad de la decisión adoptada, estriba en la determinación por el órgano competente, del hecho si la enfermedad que padece el recurrente es de aquellas a las que se refiere la ley N* 16.744, o se trata de una enfermedad común lo que, a la luz de los múltiples informes emanados de la Asociación Chilena de Seguridad; 25 lo dictaminado por la Contraloría General de la República Y, en especial, lo informado por la Superintendencia de Seguridad Social a fojas 336 de estos autos, sólo permiten concluir que la enfermedad es de carácter común, y en consecuencia se cumplen los presupuestos exigidos por los artículos 150, letra a) y 151 del Estatuto administrativo y, por consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad ni arbitrariedad que violenten las garantías constitucionales invocadas (Corte de Apelaciones de Temuco, Rol 1752-2013c. 8%). 3. En síntesis se sentenció que, en el informe requerido a la Contraloría General de la República se asevera que tomó razón del decreto de vacancia en virtud de los documentos acompañados al trámite que daban cuenta que la interesada había hecho uso de licencia por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años y, en especial, al hecho de que en los vistos del decreto se hacía mención a los artículos 150 y 151 de la Ley N* 18.834, entendiendo que el cese de funciones se producía - por la causal de salud incompatible con el desempeño del empleo, concluye señalando que los alcances del órgano contralor provienen de la necesidad de dejar constancia de errores formales o del verdadero sentido cuando la redacción es ambigua o pueda dar lugar a varias y contradictorias interpretaciones y que la deficiencia observada en el aludido decreto de vacancia no decía relación con una infracción de ley que ameritara su objeción. Conforme a lo expresado en .los motivos anteriores es posible afirmar que los hechos contra los cuales se dirige el presente recurso no pueden ser calificados de ilegales, ni tampoco puede impugnarse por haber incurrido en arbitrariedad o que obedezca a una conducta caprichosa o no razonable. (Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 12339-2008, cc.5” y 6%); A — 26 XI.- EL CASO CONCRETO. TRIGESIMOTERCERO: Que, en la especie, con fecha 31 de agosto de 2015 se dictó la Resolución Exenta N* 223 suscrita por el Director General de la Policía de Investigaciones, señor Héctor Espinoza Valenzuela, documento en el cual se declara que el señor Marcos Andrés Cerda González presenta salud incompatible con el desempeño del cargo, al haber hecho uso de licencia médica por un lapso de 490 días (superior a seis meses). Posteriormente, con fecha 2 de diciembre de 2015, a través del Decreto N* 1571, el señór Ministro del Interior y Seguridad Pública (s), don Mahmud Aleuy Peña y Lillo, dispuso el retiro absoluto del actor, de la Policía de Investigaciones de Chile, a contar de su notificación, acto ocurrido con fecha 16 de marzo de 2016 (fojas 149 de estos autos). Que atendido el caso concreto se dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en base a los capítulos individualizados en el motivo