TC Rol 3585

Texto completo

Santiago, treinta de junio de dos mil diecisiete.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, con fecha 17 de junio de 2017, Franco Díaz
Guerra, ha requerido ante esta Magistratura la
declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 127, inciso primero, del Código
Procesal Penal, para que surta efectos en los autos que
se sustancian ante el Juzgado de Garantía de Molina bajo

el RIT 138-2014;

2%. Que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 93, inciso primero, N”* 6”, de la Constitución,
es atribución de este Tribunal “resolver, por la mayoría
de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un
precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que
se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte
contraria a la Constitución.”

A su turno, el inciso decimoprimero del mismo
precepto de la Carta Fundamental señala: “En el caso del
número 6”, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera
de las partes o por el juez que conoce del asunto.
Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal
declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la
cuestión siempre que verifique la existencia de una
gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial,
que la aplicación del precepto legal impugnado pueda
resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la
impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los
demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala
le corresponderá resolver la suspensión del procedimiento
en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por

inconstitucionalidad.”;

000921

3. Que la normativa constitucional aludida
precedentemente se complementa con la que se contiene en
la Ley N”* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional que, en su artículo 84, establece:

“Procederá declarar la inadmisibilidad en los
siguientes casos:

1. Cuando el requerimiento no es formulado por
una persona u órgano legitimado;

2. Cuando la cuestión se promueva respecto de un
precepto legal que haya sido declarado conforme a la
Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el
control preventivo o conociendo de un requerimiento,
y se invoque el mismo vicio que fue materia de la
sentencia respectiva;

3. Cuando no exista gestión judicial pendiente
en tramitación, o se haya puesto término a ella por
sentencia ejecutoriada;

4. Cuando se promueva respecto de un precepto
que no tenga rango legal;

5. Cuando de los antecedentes de la gestión
pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca
que el precepto legal impugnado no ha de tener
aplicación o ella no resultará decisiva en la
resolución del asunto, y

6. Cuando carezca de fundamento plausible.

Declarada la inadmisibilidad por resolución que
deberá ser fundada, ésta será notificada a quien
haya recurrido, al juez que conozca de la gestión
judicial pendiente y a las demás partes que
intervengan en ella, y el requerimiento se tendrá
por no presentado, para todos los efectos legales.

La resolución que declare la admisibilidad o
inadmisibilidad del requerimiento no será

susceptible de recurso alguno;

000922

4%. Que, a fojas 17, la señora Presidenta (s) del
Tribunal Constitucional ordenó que se diera cuenta del
requerimiento de autos ante la Primera Sala de esta

Magistratura;

5”. Que esta Magistratura Constitucional, en
oportunidades anteriores, ha resuelto, conforme al mérito
de cada caso particular, que si un requerimiento de
inaplicabilidad adolece de vicios o defectos tales que
hacen imposible que pueda prosperar, resulta inconducente
que la Sala respectiva efectúe un examen previo de
admisión a trámite, procediendo que la misma declare
derechamente la inadmisibilidad de la acción deducida
(entre otras, sentencias roles N”s 1890, 1878, 1860,

1789, 1834, 1828, 1788, 1771, 1749, 2811 y 2878);

6”. Que, del examen del requerimiento interpuesto,
esta Sala ha logrado formarse convicción en cuanto a que
la acción constitucional deducida no puede prosperar, por
lo que ella será declarada derechamente inadmisible, al
concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad
prevista en el numeral 3 del artículo 84 de la Ley
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto es,
cuando no exista gestión judicial pendiente en
tramitación, o se haya puesto término a ella por

sentencia ejecutoriada;

7%. Que, en este sentido, es necesario examinar,
precisamente, si la gestión en que incide el
requerimiento en encuentra pendiente de modo que una
eventual sentencia que declare la inaplicabilidad pueda
surtir efecto en dicha gestión, en el contexto de los
antecedentes procesales de ésta, que se encuentran

acompañados al expediente constitucional;

00002

peicaliaz,

8%. Que este Tribunal Constitucional ha señalado en

Ss Qe

su jurisprudencia que la expresión “gestión pendiente”
supone, en su sentido natural y obvio, que la gestión
judicial no ha concluido, siendo la acción de
inaplicabilidad un medio de evitar la aplicación de
normas legales determinadas en ésta, ya que los preceptos
reprochados pueden ser derecho aplicable en el caso sub
lite (STC Rol N* 981, c. 4%). Esta exigencia es del todo
clara, en razón de que responde a la naturaleza del
control concreto de la acción, lo que permite dimensionar
los reales efectos que la aplicación del precepto pueda

producir (STC Rol N* 981, c. 7%);

9%. Que, en la especie, el actor impugna lo
dispuesto en el artículo 127, inciso primero, del Código
Procesal Penal, en el contexto de un proceso penal que se
sigue en su contra ante el Juzgado de Garantía de Molina,

dada la acusación presentada por el Ministerio Público;

10”. Que, conforme consta en la certificación
efectuada por el señor Secretario del Tribunal
Constitucional de fecha 28 de junio de 2017, que rola a
fojas 19, en la audiencia agendada para el día 8 de marzo
de 2017, de preparación de juicio oral, el Juzgado de
Garantía de Molina denegó la solicitud planteada por el
Ministerio Público en orden a despachar orden de
detención en contra del requirente, decisión frente a la
que el persecutor penal público se alzó, siendo revocada
por la Corte de Apelaciones de Talca, decretándose la

consecuente orden de aprehensión;

11%. Que, abunda la certificación en señalar que, a
esta fecha, la audiencia de preparación de juicio oral no
se ha verificado, encontrándose vigente la orden de
detención despachada contra el requirente y acusado en el

proceso penal ya enunciado precedentemente;

12%. Que, de lo anterior se colige que no se cumple
con el esencial requisito de existir una gestión
pendiente en el sentido de que ésta tenga la aptitud para
que la eventual declaración de inaplicabilidad solicitada
sea pertinente. Así, la acción constitucional deducida,
en que se impugna la norma que posibilita el despacho de
una orden de detención ante la no presentación del
imputado ante el Juez de Garantía, sin citación, dado que
de otra manera la comparecencia podría verse demorada o
dificultada, no puede prosperar, en virtud de que se
encuentra firme y vigente la ya decretada orden de

detención.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos
6%, 7% y 93, inciso primero, N” 6”, e inciso undécimo, de
la Constitución Política y en los artículos 84, N” 3 y
demás pertinentes de la Ley N? 17.997, Orgánica

Constitucional de esta Magistratura,

SE RESUELVE:
Que se declara DERECHAMENTE INADMISIBLE el

requerimiento interpuesto en lo principal de fojas 1.

Notifíquese al requirente.

Archívese.

Rol N” 3585-17-INA.

SR. HERNÁNDEZ

SR. ROMERO

000025

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidenta, Ministra
señora Marisol Peña Torres, y los Ministros señores
Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán,
Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional,

señor Rodrigo Pica A a

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s Salazar MRoZS

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lunes, 03 de julio de 2017 18:45

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Notificacion Rol 3585-17

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Señor Franco Rodrigo Guerra. Requirente:

Adjunto remito a usted la resolución dictada por la Primera Sala de este
Tribunal en el proceso Rol N* 3585-17, sobre requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Franco Rodrigo
Díaz Guerra respecto del artículo 127, inciso primero, del Código
Procesal Penal, en el proceso penal RUC 1201235740-9, RIT N* 138-
2014, sustanciado ante el Juzgado de Garantía de Molina.

Atentamente,

Secretario Abogado

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