TC Rol 3611

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000133 1

Santiago, veintiséis de julio de dos mil diecisiete.

Proveyendo a fojas 52, téngase presente.

A fojas 53, a lo principal, quinto y sexto otrosíes,
téngase presente; al primer otrosí, téngase por evacuado
el traslado, al segundo otrosí, estése a lo que se
resolverá, y al tercer y cuarto otrosíes, ténganse por
acompañados los documentos.

A fojas 132, agréguese a los autos el oficio

remitido.
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, por resolución de 10 de julio de 2017, esta
Sala admitió a tramitación el requerimiento de
inaplicabilidad por ¡inconstitucionalidad deducido en
autos por Carolina Miranda Arrendamiento de Juegos
Electrónicios SpA respecto del artículo 58 del Decreto
supremo 2.385, de 1996, del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, que fija el Texto Refundido y
Sistematizado del Decreto Ley N” 3.063, de 1979, sobre
Rentas Municipales, para que surta efectos en la causa
infraccional de que conoce el Juzgado de Policía Local de

Ovalle bajo el Rol N”* N* 2204-2017;

2%. Que, en la misma resolución, para pronunciarse
sobre la admisibilidad del requerimiento, la Sala
confirió traslado por el plazo de diez días a las demás
partes en la gestión sublite, traslado que fue evacuado

en tiempo y forma por la 1. Municipalidad de Ovalle;

3. Que el artículo 84, N” 6, de la Ley No 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional -en
felación con el artículo 93, inciso undécimo, de la

Constitución Política- dispone que “procederá declarar la

MS

inadmisibilidad [del requerimiento] en los siguientes

casos: 6. Cuando carezca de fundamento plausible”;

4%. Que, en lo atingente a la causal de
inadmisibilidad del referido artículo 84, N”* 6, esta
Magistratura ha sostenido que la exigencia constitucional
y legal de fundamentar razonablemente un requerimiento de
inaplicabilidad, para los efectos de declarar su
admisibilidad, supone una "condición que implica -como
exigencia básica- la aptitud del o de los preceptos
legales objetados para contrariar, en su aplicación al
caso concreto, la Constitución, lo que debe ser expuesto
circunstanciadamente”, agregando que “la explicación de
la forma en que se produce la contradicción entre las
normas, sustentada adecuada y lógicamente, constituye la
base indispensable de la acción ejercitada.” (entre
otras, STC roles N”"s 482, 483, 484, 485, 490, 491, 492,
494, 1665, 1708, 1839, 1866, 1935, 1936, 1937, 1938,
2017, 2050, 2072, 2088, 2089, 2090, 2227, 2349, 2494,
2549, 2622, 2630 y 2807);

5”. Que esta Sala ha arribado a la conclusión de
que, en este caso concreto, concurre la causal de
inadmisibilidad del requerimiento prevista en el referido
numeral 6 del artículo 84, toda vez que la acción
deducida no da cumplimiento, en los términos expresados
en el considerando que precede, a la exigencia
constitucional y legal de encontrarse razonablemente

fundada;

6%. Que, en efecto, la requirente impugna el
artículo 58 de la Ley de Rentas Municipales, en su
aplicación a una causa sobre denuncia infraccional
interpuesta en su contra por la Municipalidad aludida, y
también en relación con el Decreto Alcaldicio que ordenó

la clausura de su establecimiento comercial, atendido que

000135, 3
di osita ql

la empresa requirente no contaba con patente para la

actividad comercial que estaba ejerciendo.

Precisamente, dentro de los antecedentes que obran
en autos aparece que, luego de la pertinente
fiscalización, el Municipio detectó que la actora operaba
máquinas de juegos tragamonedas, en circunstancias que su
patente contemplaba el giro de operación de salas de
billar y juegos electrónicos, y no los tragamonedas .

Luego, la requirente estima que la aplicación del
impugnado artículo 58 de la Ley de Rentas Municipales, en
cuanto faculta al Alcalde para clausurar los negocios que
operan sin patente (o con patente que no contemple el
giro que están emprendiendo), infringe sus derechos a la
igualdad ante la ley, a ejercer actividades económicas
lícitas y de propiedad. Postula que, por un acto
administrativo del Alcalde, y no por ley, se le estaría

impidiendo practicar su actividad económica;

7%. Que, sin embargo, la requirente no repara en que
el ejercicio de la actividad de operación de máquinas
tragamonedas no se encuentra regulado en la Ley de Rentas
Municipales, sino en la Ley N” 19.995, que Establece las
Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y
Fiscalización de Casinos de Juego, entre cuyas
disposiciones se establece que “es atribución exclusiva
de la instancia administrativa que esta ley señala, la de
autorizar O denegar en cada caso la explotación de
casinos de juego en el territorio nacional” (artículo 2”,
inciso segundo), y agrega que se entiende por Permiso de
Operación “la autorización que otorga el Estado, a través
de la Superintendencia [de Casinos de Juego], para
explotar un Casino de juego, incluidas en él las

licencias de juego y los servicios anexos”.

000136
Anta Írinta y 0óta

En consecuencia, las alegaciones de la requirente en
cuanto a la vulneración de sus derechos a no ser
discriminada, a ejercer actividades económicas lícitas,
en la forma que la ley regula, y de propiedad, no se ven
afectados por la aplicación del precepto que cuestiona,
pues se rYequieren autorizaciones legales previas -de
acuerdo a la Ley N” 19.995- para ejercer la actividad
pretendida por la requirente y no contemplada en su
respectiva patente comercial.

En las circunstancias anotadas, esta Sala concluye
que el requerimiento no cumple con la exigencia
constitucional y legal de encontrase fundado
razonablemente, pues no explica en forma tal como para
configurar un conflicto constitucional que deba resolver
este Tribunal Constitucional, cómo la norma del citado
artículo 58 infringiría en el caso concreto los derechos

constitucionales referidos.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93,
inciso primero, N0 60%, e inciso decimoprimero, de la
Constitución Política de la República y en el artículo
84, N* 6, y demás pertinentes de la Ley N* 17.997,

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

1) Que se declara inadmisible el requerimiento
deducido a fojas 1.

2) Que se deja sin efecto la suspensión del

procedimiento decretada a fojas 47. Ofíciese al efecto.

000137
Tiana Jruirta y ióe

Notifíquese, comuníquese y archívese.
Rol N* 3611-17-INA.

Sr, Hernández

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidenta, Ministra
señora Marisol Peña Torres, y por sus Ministros señores
Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán,
Nelson Pozo Silva y José Ignacio Vásquez Márquez.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional,
señor Rodrigo Pica Flores.

A —

000138
Oscar Fuehtes Salazar tado Pride y cola to
De: tribunalconstitucional.cl <seguimientoOtcchile.cl>
Enviado el: jueves, 27 de julio de 2017 14:38
Para: e.nunez.parraQgmail.com; sergiogalleguillosalvarezO yahoo.es
Asunto: Notificacion Rol 3611-17
Datos adjuntos: 2828_1.pdf

Señor Ernesto Núñez Parra, por la requirente y señor Sergio
Galleguillos ÁLvarez en rfepresentación de la 1. Municipalidad de
Ovalle:

Adjunto remito a ustedes la resolución dictada por la Primera Sala de
este Tribunal en el proceso Rol N? 3611-17, sobre requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Carolina
Miranda Arrendamiento de Juegos Electrónicios SpA, respecto del
artículo 58 del Decreto Supremo 2.385, de 1996, del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, que fija el Texto Refundido y
Sistematizado del Decreto Ley N* 3.063, de 1979, sobre Rentas
Municipales, en los autos infraccionales de que conoce el Juzgado de
Policía Local de Ovalle, bajo el Rol N* 2204-2017.

Atentamente,

Secretario Abogado

secretario(Oitechile.cl

Tribunal Constitucional
Huerfanos 1234, Santiago - Chile

000139

Santiago, 27 de julio de 2017.

OFICIO N* 1812-2017

Remite resolución.

SEÑORA JUEZA
JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE OVALLE:

Remito a US. copia de la resolución dictada por la Primera Sala
de esta Magistratura con fecha 26 de julio de 2017, en el proceso Rol N* 3.611-17-INA
sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Carolina
Miranda Arrendamiento de Juegos Electrónicios SpA respecto del artículo 58 del Decreto
Supremo 2.385, de 1996, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que fija el Texto
Refundido y Sistematizado del Decreto Ley N* 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales
en la causa infraccional de que conoce ese Juzgado de Policía Local” bajo el Rol N? 2024-

2017, a los efectos que indica.

RODRI A FLORES

G
>

<< Secretario

SEÑORA JUEZA

DOÑA MARÍA LORETO ASTORGA MORENO
JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE OVALLE
CALLE GABRIELA MISTRAL N* 50
OVALLE.-

Entregado a Correos Chile. Santiago, 28 de julio de 2017.