INA-Inadmisibilidad

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000097 .

Santiago, cinco de diciembre de dos mil diecisiete.

A fojas 90, a lo principal, téngase como parte; al
primer otrosí, téngase por evacuado el traslado
conferido; al segundo y tercer otrosíes, téngase
presente.

A fojas 24, ténganse por acompañadas las piezas
remitidas por el Juzgado de Garantía de Melipilla.

VISTOS
Y CONSIDERANDO:

1%. Que, con fecha 24 de octubre de 2017, César
Romero Sanhueza, ha requerido la declaración de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del
artículo 358, inciso segundo, del Código Procesal Penal,
para que surta efectos en el proceso penal causa RUC
1400837418-0, RIT 148-2016, del Tribunal de Juicio Oral
en lo Penal de Melipilla, en actual conocimiento de la
Corte de Apelaciones de San Miguel bajo el Rol N* 2304-
2017 RPP;

2. Que, el señor Presidente del Tribunal
Constitucional ordenó que se diera cuenta del
requerimiento de autos ante la Primera Sala de esta
Magistratura, el que fue acogido a trámite con fecha 3 de
noviembre de 2017, según consta a fojas 19;

3%. Que el artículo 93, inciso primero, NO 6%, y el
inciso decimoprimero del mismo, de la Constitución
Política, se complementa con la preceptiva que se
contiene en la Ley NO 17.997, Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional, cuyo artículo 84 establece en su
inciso primero, numeral tercero, que un requerimiento
deberá ser declarado inadmisible, cuando no exista
gestión Judicial pendiente en tramitación, o se haya
puesto término a ella por sentencia ejecutoriada;

4%”. Que, del examen del requerimiento interpuesto,
esta Sala ha logrado formarse convicción en cuanto a que
la acción constitucional deducida no puede prosperar, por
lo que ella será declarada inadmisible, al concurrir en
la especie la causal de inadmisibilidad prevista en el
recién reseñado numeral 3” del artículo 84 de la Ley
Orgánica Constitucional de esta Magistratura;
5%. Que, en este sentido, es necesario examinar,
precisamente, si la gestión en que incide el
requerimiento en encuentra pendiente de modo que una
eventual sentencia que declare la inaplicabilidad pueda
surtir efecto en dicha gestión;

6”. Que este Tribunal Constitucional ha señalado en
su Jurisprudencia que la expresión “gestión pendiente”
súpone, en su sentido natural y obvio, que la gestión
judicial no ha concluido, siendo la acción de
inaplicabilidad un medio de evitar la aplicación de
normas legales determinadas en ésta, ya que los preceptos
reprochados pueden ser derecho aplicable en el caso sub
lite (STC Rol N* 981, c. 4%). Esta exigencia es del todo
clara, en razón de que responde a la naturaleza del
control concreto de la acción, lo que permite dimensionar
los reales efectos que la aplicación del precepto pueda
producir (STC Rol N* 981, c. 7%);

77. Que la exigencia de encontrarse una gestión
judicial “pendiente” debe examinarse en un sentido
finalista y compatible con la naturaleza de la acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Y es que la
exigencia del juzgamiento dentro de un plazo razonable,
como parte de un procedimiento que aspire a ser racional
y Justo (artículo 19 N”" 3%, inciso sexto, de la
Constitución), lleva a evitar que las gestiones
Judiciales se mantengan artificialmente pendientes con el
solo objeto de cumplir el requisito aludido en el numeral
3” del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de
esta Magistratura, favoreciendo la admisibilidad de las
acciones de inaplicabilidad, a pesar de que el o los
preceptos impugnados ya no vayan a surtir ningún efecto
en las aludidas gestiones. Con mayor razón, cuando este
Tribunal está autorizado para decretar la suspensión de
las mismas mientras no se falle el fondo de la
inaplicabilidad deducida;

8%. Que, en la especie, y conforme consta en la
certificación expedida con fecha 15 de octubre de 2017,
por Jefe de Unidad Administración de Causas y Sala del
Juzgado de Garantía de Melipilla, a fojas 52, la
sentencia de fecha 15 de septiembre del año en curso,
dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de
Melipilla en contra del requirente de estos autos
constitucionales, se encuentra ejecutoriada, habiéndose
derivado los antecedentes a efectos de llevar a cabo lo
que prescribe el artículo 468 del Código Procesal Penal;
009098
y ro

9. Que, de lo anterior se colige que, en tanto la
Corte de Apelaciones de San Miguel declaró el abandono
del recurso de nulidad interpuesto por el actor, en
contra de la sentencia condenatoria dictada por el
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla, ésta ya
se encuentra firme, por lo que no se cumple con el
esencial requisito de existir una gestión pendiente;

10%. Que, como ha razonado en fallos anteriores este
Tribunal Constitucional, en dicho estado procesal la
acción constitucional deducida no puede prosperar, en
virtud de que la gestión pendiente ha concluido su
tramitación ordinaria, no existiendo una gestión judicial
en que pueda hacerse efectiva la eventual declaración de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad solicitada por
la actora (STC roles Ns 500, C. 4; y, 1276, c. 47).

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos
6%, 7% y 93, inciso primero, N* 6”, e inciso undécimo, de
la Constitución Política y en los artículos 84, N” 3 y
demás pertinentes de la Ley NO 17.997, Orgánica

Constitucional de esta Magistratura,

SE RESUELVE:

Que se declara INADMISIBLE el requerimiento
interpuesto en lo principal de fojas 1.

Se previene que el Ministro señor Nelson Pozo Silva
concurre a la presente decisión, pero estima que también
confluye la causal de inadmisibilidad prevista en el
artículo 84, numeral 6” de la Ley Orgánica Constitucional
N* 17.997, de esta Magistratura, por las siguientes
razones:

1%. Que, concurriendo a la sentencia de esta Primera
Sala que estuvo por declarar inadmisible el requerimiento
de autos, en tanto la sentencia dictada por el Tribunal
de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla, ya se encuentra
firme y ejecutoriada, este previniente estima que el
requerimiento, junto a ello, adolece de falta de
fundamento plausible, por lo que emerge la causal de
inadmisibilidad prevista en el artículo 84, numeral 6”
del cuerpo orgánico constitucional de este Tribunal;

2%. Que, en dicho sentido, el requirente, a través
de la presentación de estos autos constitucionales,
impugna la resolución dictada por la Corte de Apelaciones
de San Miguel de fecha 12 de octubre de 2017, que declaró
el abandono del recurso de nulidad previamente
interpuesto por éste, respecto de la sentencia
condenatoria dictada en su contra, a la que arribaron los
jueces orales del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de
Melipilla;

3%. Que, conforme lo establece el artículo 358,
inciso segundo, del Código Procesal Penal, norma
impugnada por el requirente, “[lJa falta de comparecencia
de uno o más recurrentes a la audiencia dará lugar a que
se declare el abandono del recurso respecto de los
ausentes. La incomparecencia de uno o más de los
recurridos permitirá proceder en su ausencia.”;

4%. Que, la Corte de Apelaciones de San Miguel, al
dictar dicha resolución, previa certificación de que la
defensa del imputado no se presentó a la audiencia
celebrada, declaró el abandono del recurso, dando
aplicación a la norma recién reseñada, habiéndose
acreditado, en los hechos, el presupuesto fáctico que
ésta prevé;

5%. Que, de esta forma, resulta obvio que la acción
de estos autos constitucionales está dirigida a atacar
una resolución judicial, cuestión que escapa a la esfera
de actuación de esta Magistratura Constitucional, la que,
conforme lo ha sostenido en diversas oportunidades, ha
delimitado su competencia sólo para declarar inaplicable
un precepto legal cuando su aplicación en la gestión
judicial pendiente resulte contraria a la Constitución
Política, siendo, a su turno, resorte de los jueces del
fondo, remediar los errores que pudieran generarse en la
aplicación de la ley vigente al caso concreto (en este
sentido, STC Rol N* 2979, c. 8%);

6”. Que, de esta forma, se está en presencia de un
problema de interpretación legal, esto es, la aplicación
que los jueces de la Corte de Apelaciones de San Miguel,
el día 12 de octubre de 2015, dieron al artículo 358 del
Código Procesal Penal, al declarar el referido abandono
del recurso de nulidad, cuestión que implica, a juicio de
este previniente, que la acción de autos carece del
debido fundamento plausible para que ésta pueda ser
declarada admisible, en tanto se está en presencia, a
dicho respecto, de una cuestión de mera legalidad.
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gore

Acordada con el voto en contra del Ministro señor
Juan José Romero Guzmán, quien estuvo por declarar
admisible el requerimiento de fojas 1, en razón de las
siguientes consideraciones:

1”. Que la presente acción de inaplicabilidad objeta
el artículo 358, inciso segundo, del Código Procesal
Penal (CPP), el cual dispone que:

“la falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la
audiencia dará lugar a que se declare el abandono del
recurso respecto de los ausentes. La incomparecencia de
uno o más de los recurridos permitirá proceder en su
ausencia”.

Ello, en el marco de un recurso de nulidad
interpuesto por la defensa ante una sentencia
condenatoria de su defendido. Dicho recurso, cuya
argumentación “se encuentra contenida en el escrito
respectivo, fue declarado admisible, procediéndose con
posterioridad a decretarse la vista de la causa ante la
Corte de Apelaciones de San Miguel. No obstante, el
letrado no se presentó a dicha vista, por lo que la Corte
de Apelaciones, por aplicación del artículo 358 del
Código Procesal Penal, declaró abandonado el recurso de
nulidad interpuesto. Ante la resolución judicial previa,
se dedujo un recurso de reposición, el que se encontraría
pendiente de resolución a la fecha de certificarse lo
pertinente por la Secretaría del anotado Tribunal.

2%. Que es ¿importante tener presente que para
argumentar por qué el caso planteado reviste un conflicto
de constitucionalidad que satisface las exigencias que
prevé en sentido negativo el artículo 84 de la Ley N”
17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal, no
resulta relevante centrarse en ciertos aspectos ajenos a
una discusión que se sitúe entre el precepto reprochado y
su eventual contrariedad con la Constitución.

Así, el problema de constitucionalidad no dice
relación con si hubo o no falta de atención o cuidado del
abogado encargado de la defensa, puesto que el carácter
reprobable de la conducta de éste constituye un hecho no
controvertido. Luego, no se está en presencia de un
problema relacionado con el derecho a defensa. El
problema constitucional dice relación con el efecto de la
regla.

3%. Que, conforme fuera sostenido en el voto
disidente de la STC Rol N* 3171-16, es importante tener

presente que éste no es el típico problema de derecho al
recurso en el que se reclama su inexistencia, sino de uno
que dice relación con el respeto a un racional y justo
procedimiento en la etapa recursiva. Si se plantea como
un tema de derecho al recurso, en este caso lo que
estaría en juego sería la de un derecho al recurso útil.
Recordemos que la posibilidad de revisar una sentencia
penal es un requisito central del debido proceso que no
debiera ser discutido.

4%. Que, a través de la norma impugnada, se deja
sin efecto el recurso entablado en una materia penal en
que el recurrente está condenado a una severa pena
privativa de libertad.

No es casualidad que la posibilidad de revisar una
sentencia penal condenatoria sea ampliamente reconocida
como un requisito central del debido proceso o, dicho de
otra manera, de un procedimiento que sea racional y
justo. Es precisamente en este ámbito en donde dicha
garantía constitucional cobra su mayor significación, más
todavía si se considera la parquedad del Código Procesal
Penal sobre la materia.

5%. Que, por lo mismo, es pertinente exigir una
justificación poderosa para la existencia de una norma
que, al regular la sustanciación de la vista de la causa,
lleve aparejado un efecto tan adverso en caso de no ser
observada. En materia penal, un error judicial tiene
repercusiones altamente perjudiciales. Al entenderse
abandonado el recurso, la probabilidad de enmendar un
eventual error se torna ilusoria. Por lo expuesto, este
disidente estima que el asunto constitucional planteado
por el requirente satisface sobradamente los requisitos
de admisibilidad previstos por la ley orgánica
constitucional de esta Magistratura.

Notifíquese, comuníquese y archívese.

Rol N” 3999-17-INA.

SR. HERNÁNDEZ

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Lima

PO x=

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidente (s), Ministro
señor Domingo Hernández Emparanza y los Ministros señores
Juan José Romero Guzmán, Nelson Pozo Silva y José Ignacio
Vásquez Márquez.

Autoriza el señor Secretario del Tribunal
Constitucional, Rodrigo Pica Flores,

Se certifica que el Ministro señor Domingo Hernández
Emparanza concurre al acuerdo y fallo, pero no firma por
encontrarse haciendo uso de su feriado legal.

Oscar Fuentes Salazar

000101

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De: tribunalconstitucional.cl <seguimientoO tcchile.cl>
Enviado el: miércoles, 06 de diciembre de 2017 13:51

Para: manuel98000 gmail.com; HFERRERAOMINPUBLICO.CL
Asunto: Notificacion Rol 3999-17

Datos adjuntos: 4160_1.pdf

Señor Manuel Fernando Fouere Zenteno, por el requirente don
César Ignacio Romero Sanhueza:

Adjunto remito a usted, resolución dictada por la Primera Sala de este
Tribunal en el proceso Rol N* 3999-17, sobre requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por César Ignacio
Romero Sanhueza respecto del artículo 358, inciso segundo del Código
Procesal Penal, en el proceso penal RUC N* 1400837418-0, RIT N* O-
148-2016, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de
Melipilla, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de San
Miguel, por recurso de nulidad, bajo el Rol N* 2304-2017 Reforma
Procesal Penal.

Atentamente,

Secretario Abogado

secretario(aitcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huerfanos 1234, Santiago - Chile