TC Rol 4696

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001132

ami Lúmto tumba y das

Santiago, dieciocho de junio de dos mil dieciocho.

A fojas 1124, 1125, 1126, 1127, 1128 y 1129, a todo,
téngase presente.

VISTOS
Y CONSIDERANDO:

1%. Que, con fecha 7 de mayo de 2018, Marcelo
sSchilling Rodríguez, Leonardo Soto Ferrada, Osvaldo
Andrade Lara y Daniel Melo Contreras, han deducido un
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto de las expresiones “Para estos efectos, la
aceptación de los hechos a que se refiere el inciso
segundo del artículo 406 podrá ser considerada por el
fiscal como suficiente para estimar que concurre la
circunstancia atenuante del artículo 11, N* 9, del Código
Penal, sin perjuicio de las demás reglas que fueren
aplicables para la determinación de la pena”, contenida
en el artículo 407, inciso tercero, segunda parte, del
Código Procesal Penal y, la expresión “sólo”, así como la
frase “cuando en “su acusación particular hubiere
efectuado una calificación jurídica de los hechos,
atribuido una forma de participación o señalado
circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal
diferentes de las consignadas por el fiscal en su
acusación y, como consecuencia de ello, la pena
solicitada excediere el límite señalado en el artículo
406”, sin alcanzar el signo de puntuación, contenidas en
el artículo 408 del recién anotado cuerpo legal;

2". Que, el señor Presidente del Tribunal
Constitucional ordenó que se diera cuenta del
requerimiento de autos ante la Segunda Sala de esta
Magistratura, el que fue acogido a trámite con fecha 17
de mayo de 2018, a fojas 754, disponiéndose la suspensión
del procedimiento en la resolución que llamó a alegar a
las partes en sede de admisibilidad del libelo, a fojas
1068;

3. Que, del examen del requerimiento interpuesto,
esta Sala ha logrado formarse convicción en cuanto a que
la acción constitucional deducida no puede prosperar, por
lo que ella será declarada inadmisible, al concurrir en
la especie, copulativamente, las causales de
inadmisibilidad previstas en los numerales 5” y 6” del
artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, esto es, que los preceptos legales
impugnados no tendrán aplicación “o no resultarán
decisivos en la resolución del asunto y adolecer de falta
de fundamento plausible, conforme se expondrá latamente a
continuación.

I. EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO

4. Que, según se lee del libelo de inaplicabilidad
deducido en autos, se solicita la declaración de
inaplicabilidad de diversos preceptos contenidos en los
artículos 407 y 408, del Código Procesal Penal, para que
ello «surta efectos en una gestión pendiente que
actualmente se sustancia ante el Octavo Juzgado de
Garantía de Santiago. Conforme señalan en la presentación
deducida a lo principal de fojas 1, “los citados
preceptos legales establecen una fuerte limitación del
actuar del querellante para fundar su oposición (art.
408) lo que guarda estricta relación con la decisión que
debe tomar el juez de garantía” (fojas 2 y 3). Por ello,
comentan a fojas 3, se produciría en la especie, de ser
aplicada la preceptiva impugnada, vulneración a “los
derechos y garantías establecidas en el art. 19 N%3
inciso sexto (sic) de la Constitución Política y lo
dispuesto en el art. 76 inciso primero y 83 inciso
segundo (sic)”;

5%. Que, conformen exponen a fojas 5, se encontraba
agendada para el pasado 13 de junio de 2018, audiencia de
reformalización y procedimiento abreviado respecto de
diversos imputados en la anotada gestión pendiente, en
que los requirentes de autos son querellantes (así, fojas
911). Hacen presente que en dicha audiencia, en tanto
sostenedores de una acción penal particular, el primer
precepto impugnado (artículo 407 del Código Procesal
Penal) “considera “suficientemente acreditada” la
circunstancia modificativa de colaboración sustancial,
por el sólo hecho de someterse a esta Clase de

procedimientos, impidiendo la discusión sobre su
procedencia, afectando las normas constitucionales
citadas (sic) estableciendo una ventaja entre los

intervinientes, en el contexto de un sistema adversarial,
lo que atenta contra la igualdad de las partes en el
proceso” (fojas 9). Por ello denuncian vulneración a la
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“regla de jurisdicción contenciosa del art. 73%, inc.
primero” (fojas 14), junto al “derecho al debido proceso
en su proyección de “igualdad de los intervinientes”
(fojas 14) y, finalmente desde el artículo 83, inciso
segundo de la Constitución, estiman “que el precepto
legal impugnado atenta gravemente contra el derecho que
tienen tanto el ofendido por el delito como las demás
personas que determine la ley para ejercer la acción
penal” (fojas 16);

6%. Que, conforme se tiene del expediente
constitucional, se hacen parte en la causa
constitucional, a fojas 833, el Ministerio Público; a
fojas 843, el Servicio de Impuestos Internos; a fojas
846, los “imputados Manuel Tocornal Blackburn, Oscar
Buzeta Undurraga, Marco Comparini Fontecilla, Jorge
Molina Ossa, Arturo Miquel Armas, Hernán Concha Vial,
Héctor Concha Marambio, Francisco Astorga Silva, Samuel
Irarrázaval Larraín y Carlos Bombal Otaegui; a fojas 881,
los imputados Carlos Lavín García-Huidobro y Carlos
Délano Abbott; a fojas 1007, el imputado Laurence
Golborne Riveros; a fojas 1024, la imputada María
Carolina de la Cerda Íñiguez; a fojas 1032, el imputado
Pablo Wagner San Martín; y, a fojas 1126, las imputadas
María de la Luz Chadwick Hurtado y Verónica Méndez Ureta.
Todas las partes recién indicadas de la gestión penal,
instaron a esta Sala por la declaración de
inadmisibilidad del libelo de autos, estimando la
concurrencia de las causales que prevé el legislador
orgánico constitucional en el artículo 84, numerales 5% y
6% de la Ley N” 17.997?.

En términos “generales argumentaron que no se
transgrede la facultad jurisdiccional de estimar
eventualmente concurrente la atenuante que prevé el
artículo 11, numeral 9%, del Código Penal, dada la
aceptación de un procedimiento abreviado y que el
requerimiento contiene importantes deficiencias para
argumentar un conflicto constitucional en los términos
que exige esta Magistratura y, desde allí, sortear con
éxito el requisito de fundamento plausible;

1 Referencia entendida por esta Sala, a lo dispuesto en el artículo
76 de la Constitución.

2 A fojas 1024 y 1032, también, la parte de la imputada María
Carolina de la Cerda Íñiguez y del imputado Pablo Wagner San Martín,
argumentaron en torno a la concurrencia de la causal prevista en el
numeral 3” del anotado artículo 84, pero ello excedió el marco
fijado por la resolución de fojas 1068, de esta Sala, que llamó a
alegar a las partes en sede de admisibilidad y centró el debate sólo
en lo concerniente a los numerales 5” y 6”.

7%. Que, conforme se tiene de la resolución rolante
a fojas 1068, dictada por esta Sala, la audiencia de
procedimiento abreviado originalmente agendada por el
tribunal de la gestión pendiente, no se llevó a efecto,
dada la suspensión decretada.

II. EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD Y LA FASE DE
ADMISIBILIDAD. CARÁCTER DECISIVO DE LA IMPUGNACIÓN Y
FUNDAMENTO PLAUSIBLE

8”. Que, la naturaleza concreta y no abstracta de la
acción contemplada en el artículo 93, numeral 6” de la
Constitución Política ha sido materia de una extensa
jurisprudencia de esta Magistratura desde que fuera
radicada en el Tribunal Constitucional la acción de
inaplicabilidad luego de 2005. Así, se ha estimado que
ésta es una acción que franquea el ordenamiento supremo
para evitar que la aplicación de uno o más preceptos
legales, invocados en una gestión pendiente, produzca
efectos, formal o substantivamente, contrarios a la Carta
Fundamental, por lo que se trata inequívocamente de un
control concreto de constitucionalidad de la ley, que se
centra en las características del caso sub lite y cuya
resolución "se limita a que disposiciones legales
determinadas, en sí mismas, resulten, en su sentido y
alcance intrínseco, inconciliables con el espíritu y
sentido de la Carta Fundamental (así, STC Rol N” 1390, c.
10);

9%. Que, por lo expresado, esta Magistratura no
puede realizar en sede de la acción en comento, un juicio
en abstracto de constitucionalidad del precepto legal
comparándolo con la Constitución, sino que debe, para
fallar en derecho, analizar la aplicación del mismo en el
contexto de la causa Judicial que se encontrare pendiente
al momento de ser deducida la acción (STC Rol N”? 479, c.
3%). . Así, lo que es declarado en definitiva como
inconstitucional en una sentencia estimativa, es el
efecto generado por la aplicación de un precepto
impugnado, a un caso concreto (STC Rol N* 821, c. 3%),
por lo que la declaración de inaplicabilidad de un
precepto legal en la gestión judicial pendiente no
significa que en otros casos su aplicación resultará
contraria a la Constitución, ni que exista una
contradicción universal de la norma frente a la Carta
Fundamental (STC Rol N* 473, c. 9%), lo que impide
extraer conclusiones, reglas y principios generales a
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cmd cine batmte ) Lote

partir de una sentencia de inaplicabilidad (STC Rol N?
1065, c. 18);

10”. Que, para estar en presencia de un
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
que pueda sortear con éxito los requisitos negativos de
admisibilidad previstos en el artículo 84 de la Ley N”

17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,
inequívoco es que se debe estar en presencia de un
conflicto constitucional, esto es, frente a una

contradicción directa, clara y precisa del precepto legal
eventualmente aplicable a un caso concreto, con la
Constitución, lo que desvirtúa la alegación de mera
legalidad o, la posibilidad de que las problemáticas que
presente la parte requirente, sean corregidas por las
vías recursivas ordinarias, puesto que el parámetro de
contraste es la Constitución y no la ley, dado que el
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
busca, precisamente, garantizar la supremacía

constitucional.

En sede de admisibilidad, el requerimiento debe
ostentar fundamento razonable, es decir, contener una
línea argumental con suficiente y meridiana motivación,
así como fundamentos suficientemente sólidos, de tal como
que, articulados, hagan inteligible para el tribunal la
pretensión que se hace valer y la competencia específica
que se requiere, siendo sinónimo de la exigencia de
fundamento plausible que ha previsto el Constituyente en
el artículo 93, inciso decimoprimero;

11%. Que, la exigencia de fundamentación razonable
tiene un doble fin en derecho: por una parte, evitar que
esta Magistratura se avoque a resolver cuestiones que en
su presentación inicial no satisfacen un mínimo estándar
de plausibilidad y, por otra, que no se traben procesos
en sede de inaplicabilidad cuyo objeto resulte tan difuso
o confuso que el tribunal no pueda determinar su propia
competencia específica o la contraparte comprender lo
accionado, así como sus fundamentos. Así, en un criterio
que debe ser reafirmado, se ha establecido que en ambos
casos se trata de objetivos prácticos que no consisten en
la medición de la excelencia de la argumentación, lo que
es propio del quehacer académico, sino que, más bien, de
superar un estándar procesal que permita dar inicio a un
contradictorio constitucional (así, STC Rol N” 1182, c.
8);

12%. Que, unido a lo anterior, es necesario examinar
si la gestión en que incide el requerimiento se encuentra
pendiente de modo que una eventual sentencia que declare
la inaplicabilidad pueda surtir efecto en dicha gestión,
en el contexto de los antecedentes procesales de ésta que
se encuentran acompañados al expediente constitucional y
luego, de encontrarse ésta pendiente, debe analizarse la
viabilidad de que la preceptiva reprochada pueda resultar
derecho aplicable, en forma decisiva, en la resolución
del asunto;

13. Que este Tribunal Constitucional ha señalado en
su jurisprudencia que la expresión “gestión pendiente”
supone, en su sentido natural y obvio, que la gestión
judicial no ha concluido, siendo la acción de
inaplicabilidad un medio de evitar la aplicación de
normas legales determinadas en ésta, cuestión que, en la
especie se cumple dada la presentación de la impugnación
precedentemente enunciada. Pero, ello debe vincularse con
otro inestimable requisito, esto es, que la preceptiva
reprochada pueda ser derecho aplicable en el caso sub
lite (STC Rol N” 981, c. 4%). Esta exigencia es del todo
clara en razón de que responde a la naturaleza del
control concreto de la acción, lo que permite dimensionar
los reales efectos que la aplicación del precepto pueda
producir (STC Rol N* 981, c. 7%);

14. Que, así, se ha señalado, sin más, que de no
ser derecho aplicable en la gestión pendiente lo
impugnado, el requerimiento debe ser desestimado (STC Rol
N* 827, c. 6%) o, para que éste prospere, deben ser
objetadas todas las normas que tengan una aplicación
decisiva en el asunto y no sólo algunas de ellas (STC Rol
N* 1312, cc. 5 a 7). Así, se exigen dos cosas analizando
lo expuesto: aplicación de la norma invocada y, que ésta
sea decisiva, esto es, que eventualmente será la
preceptiva con que, de no mediar la declaración de
inaplicabilidad, el juez de la instancia fallará el

asunto.

III. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LAS FACULTADES DEL
QUERELLANTE FRENTE AL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO. RAZONES DE LA INADMISIBILIDAD DEL LIBELO

15%. Que, las alegaciones de la parte requirente se
sitúan procesalmente en una gestión pendiente en que se
ha solicitado audiencia para, eventualmente, continuar la
tramitación de la causa conforme las normas del
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procedimiento abreviado (fojas 24), respecto de algunos
imputados;

16%. Que, conforme se tiene de la regulación que
establecen los artículos 406 y siguientes del Código
Procesal Penal, en términos generales, se trata de un
procedimiento especial para “conocer y fallar los hechos
respecto de los cuales el fiscal requiriere la imposición
de una pena privativa de libertad no superior a cinco
años de presidio o reclusión menores en su grado máximo”,
siendo necesario para que la misma proceda, que “el
imputado, en conocimiento de los hechos materia de la
acusación y de los antecedentes de la investigación que
la fundaren, los acepte expresamente y manifieste su
conformidad con la aplicación de este procedimiento”;

17%. Que, dicho procedimiento debe ser accionado en
los márgenes procesales que prevé el artículo 406 del
Código Procesal Penal y, por su aceptación, se entrega al
Juez de Garantía la posibilidad de que tenga por
configurada la atenuante prevista en el artículo 11 N” 9
del Código Penal. A su turno, el artículo 408, impugnado
en estos autos, entrega la posibilidad de que el
querellante presente oposición a la mutación
procedimental acordada entre el Ministerio Público y la
defensa, en diversas hipótesis que contempla el precepto:
diversa calificación jurídica o, atribuir formas de
participación o circunstancias modificatorias de
responsabilidad penal diferentes a las que señalare el
persecutor penal público en su acusación y que ello
significare exceder el ámbito punitivo que contempla el
procedimiento abreviado en sí (cinco años);

18. Que, ello permite a esta Sala desestimar la
línea argumental que ha presentado el requerimiento de
fojas 1 en torno a una eventual restricción de las
facultades del interviniente querellante en la gestión
pendiente que, conforme se tiene del expediente, puede
eventualmente devenir en procedimiento abreviado. Las
alegaciones de los actores no permiten comprender, en
derecho, que sean mermadas las posibilidades de que éstos
deduzcan fundada oposición al eventual acuerdo al que
arribare el Ministerio Público con la defensa de algunos

imputados, siendo resorte, en definitiva, del
sentenciador penal de la instancia, el acoger las mismas
o desestimarlas, concurriendo siempre el régimen

recursivo ordinario contra dicha resolución (artículo 414
del Código Procesal Penal);

19. Que, para lo anterior se constata un problema
argumentativo insalvable que presenta el requerimiento en
la forma en que ha sido incoado, esto es, la falta de una
argumentación que entregue los elementos mínimos para
comprender ¡una eventual vulneración al derecho del
querellante en el seno del procedimiento abreviado, de
cara al derecho que éste ostenta desde la norma contenida
en el artículo 83, inciso segundo, de la Constitución
Política. De la lectura del libelo, a fojas 16 y 17, se
tiene sólo una reproducción de jurisprudencia de este
Tribunal, sin entregar elementos argumentativos
adicionales que permitan, desde la vulneración alegada,
reseñar que existe fundamento razonable a dicho respecto;

20”. Que, la primera impugnación está dirigida al
artículo 407, inciso tercero, del Código Procesal Penal.
La argumentación de los requirentes refiere que se
imposibilita la discusión de la procedencia de la
atenuante que contempla el artículo 11 N” 9 del Código
Penal (fojas 9), argumento «que debe ser del todo
desvirtuado en derecho. Siguiendo la jurisprudencia de
esta Magistratura, inequívoco es que el juez tiene un
papel decisivo en la sustanciación del procedimiento
abreviado, velando por el cumplimiento de los requisitos
legales de procedencia y, en lo que concierne al acápite
denunciado, sigue siendo resorte decisional del
sentenciador el acoger O, incluso, desestimar la
concurrencia de la minorante de responsabilidad penal en
comento, la que se encuentra supeditada a dos elementos:
que el fiscal la reconozca y, luego, que el juez la
estime concurrente en su sentencia (STC Rol N”* 2162, c.
12%);

21%. Que, por lo anterior, no puede vislumbrarse el
carácter decisivo de la impugnación dirigida en sede de
inaplicabilidad al artículo 407, inciso tercero, del
Código Procesal Penal. No fue reprochada directamente la
norma que prevé la atenuante ya anotada, subsistiendo de
esa forma en el ordenamiento jurídico aplicable a la
gestión pendiente, incluso en el evento de acogerse la
acción de autos, por lo que seguirá siendo derecho
aplicable por el juez penal;

22. Que, unido a lo expuesto, con la impugnación de
los requirentes no es alterado en absoluto el régimen
global que prevé el cuerpo procesal penal en torno a las
facultades de los querellantes. De la lectura íntegra del
libelo de inaplicabilidad no se aprecia la forma clara y
específica, en atención a la especial naturaleza concreta
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de la acción de autos, de la forma en que se contraría la
Carta Fundamental por la aplicación de diversos preceptos
contenidos en los artículos 407 y 408 del Código Procesal
Penal. Por el contrario, se tiene que la facultad
jurisdiccional de verificar y decidir, luego de un
contradictorio, la viabilidad de que el procedimiento
ordinario mute a abreviado, se mantiene incólume,
contemplando la oposición de eventuales intervinientes
querellantes, realizando las alegaciones en derecho
respectivas;

23. Que, así, la acción de autos no supera un
estándar esencial para sortear en derecho los requisitos
negativos contemplados en el artículo 84, numerales 5” y
6” de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura. La argumentación del libelo es deficitaria
para entregar argumentos razonables que permitan a esta
Sala comprender las restricciones alegadas y, desde dicha
proyección, estar en presencia de un conflicto
constitucional en que los preceptos reprochados sean, en
definitiva, decisivos para la resolución del asunto. El
Tríbunal Constitucional no tiene potestades para
sustituir una proposición administrativa de un
determinado juicio abreviado, el que le compete ser
resuelto en plenitud al juez de garantía. Tampoco tiene
potestades para cuestionar actos administrativos propios
de la esfera del Ministerio Público los que, a su vez, sí
son objeto de control jurisdiccional. Y tampoco se ven
alterados los derechos legales de oposición 3d“de los

o. querellantes, los que pueden ser ejercidos plenamente,

e y inclugo habiéndose declarado ¡inadmisible el presente
requeri ento;
. ., 24%. Que, por lo expuesto, al no desarrollar

argumentaciones en derecho claras, específicas Y
delimitadas "para comprender la contradicción
constitucional que se reseña a fojas 1 y en su petitoria,
que posibilitan argumentar, también, el carácter decisivo
de la preceptiva reprochada, la acción deducida no supera
el estándar que el legislador orgánico ha establecido en
el artículo 84, numerales 5% y 6” de la Ley N” 17.997,
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, por lo que
no puede prosperar y así será declarado.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos
6%, 7% y 93, inciso primero, N” 6”, e inciso undécimo, de
la Constitución Política y en los artículos 84, N” 6 y
demás pertinentes de la Ley N” 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,

SE DECLARA:

1%. Inadmisible el requerimiento deducido a lo
principal, de fojas 1.

2”. Álcese la suspensión del procedimiento decretada
en autos. Ofíciese.

Notifíquese al requirente. Comuníquese. Archívese.

Rol N” 4696-18-INA.

Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrado por su Presidente, Ministro
señor Gonzalo García Pino y los Ministros señor Juan José
Romero Guzmán, señora Maria Luisa Brahm Barril y señor
Nelson Pozo Silva.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional,
señor Rodrigo Pica Flores.