TC Rol 4719

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Santiago, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS
Y CONSIDERANDO:

1%. Que, con fecha 10 de mayo de 2018, Manuel Eduardo
Abarca Aguirre, Juez del Primer Juzgado de Policía Local de
San Antonio, interpuso requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto de la frase del inciso tercero
del artículo 1” de la Ley N” 20.922, en los autos caratulados
“Abarca Aguirre Manuel con Ilustre Municipalidad de San
Antonio”, sobre juicio ordinario, seguido ante el Segundo

Juzgado Civil de San Antonio, bajo el Rol C-779-2018;

2%. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
93, inciso primero, N”* 6”, de la Constitución, es atribución
de este Tribunal “resolver, por la mayoría de sus miembros en
ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya
aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal
ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución.”

A su turno, el inciso decimoprimero del mismo precepto
de la Carta Fundamental señala: “En el caso del número 6”, la
cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o
por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera
de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la
admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la
existencia de una gestión pendiente ante el tribunal
ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal
impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un
asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se

cumplan los demás requisitos que establezca la ley. A esta

misma sala le Corresponderá resolver la suspensión del
procedimiento en que se ha originado la acción de

inaplicabilidad por inconstitucionalidad.”;

39. Que la normativa constitucional aludida
precedentemente se complementa con la que se contiene en la
Ley N” 17,997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional que, en su artículo 84, establece:

“Procederá declarar la inadmisibilidad en los
siguientes casos:

1. Cuando el requerimiento no es formulado por una
persona u órgano legitimado;

2. Cuando la cuestión se promueva respecto de un
precepto legal que haya sido declarado conforme a la
Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control
preventivo o conociendo de un requerimiento, y se
invoque el mismo vicio que fue materia de la sentencia
respectiva;

3. Cuando no exista gestión judicial pendiente en
tramitación, oO se haya puesto término a ella por
sentencia ejecutoriada;

4. Cuando se promueva respecto de un precepto que no
tenga rango legal;

SD. Cuando de los antecedentes de la gestión
pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que
el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o
ella no resultará decisiva en la resolución del asunto,
y

6. Cuando carezca de fundamento plausible.

Declarada la inadmisibilidad por resolución que
deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya

recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial
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pendiente y a las demás partes que intervengan en ella,
y el requerimiento se tendrá por no presentado, para
todos los efectos legales.

La resolución que declare la admisibilidad O
inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de

recurso alguno;

4%. Que, a fojas 22, el señor Presidente del Tribunal
Constitucional ordenó que se diera cuenta del requerimiento

de autos ante la Primera Sala de esta Magistratura;

5. Que, esta Magistratura Constitucional, en
oportunidades anteriores, ha resuelto, conforme al mérito de
cada caso particular, que si un requerimiento de
inaplicabilidad adolece de vicios o defectos tales que hacen
imposible que pueda prosperar, resulta inconducente que la
Sala respectiva efectúe un examen previo de admisión a
trámite, procediendo que la misma declare derechamente la
inadmisibilidad de la acción deducida (entre otras,
sentencias roles N”s 1890, 1878, 1860, 1789, 1834, 1828,
1788, 1771, 1749, 2811 y 2878);

6. Que, del examen del requerimiento interpuesto, esta
Sala ha logrado formarse convicción en cuanto a que la acción
constitucional deducida no puede prosperar, por lo que ella
será declarada derechamente inadmisible, al concurrir en la
especie la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 3
del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, esto es, cuando no exista gestión judicial
pendiente en tramitación, o se haya puesto término a ella por

sentencia ejecutoriada;

7%. Que, en este sentido, es necesario examinar,
precisamente, si la gestión en que incide el requerimiento se
encuentra pendiente de modo que una eventual sentencia que
declare la inaplicabilidad pueda surtir efecto en dicha
gestión, en el contexto de los antecedentes procesales que

constan en el expediente constitucional;

8%. Que, este Tribunal Constitucional ha señalado en su
jurisprudencia que la expresión “gestión pendiente” supone,
en su sentido natural y obvio, que la gestión judicial no ha
concluido, siendo la acción de inaplicabilidad un medio de
evitar la aplicación de normas legales determinadas en ésta,
ya que los preceptos reprochados pueden ser derecho aplicable
en el caso sub lite (SIC Rol N” 981, c. 4”). Esta exigencia
es del todo clara, en razón de que responde a la naturaleza
del control concreto de la acción, lo que permite dimensionar
los reales efectos que la aplicación del precepto pueda

producir (STC Rol N* 981, c. 7%);

9%. Que, asimismo, al entender esta Magistratura por
“gestión pendiente” que la gestión judicial no haya
concluido, requiere naturalmente que la misma se hubiere
iniciado, lo cual implica, que la relación procesal
efectivamente se haya constituido mediante la notificación

legal de la demanda;

10. Que, en la especie, el actor impugna la frase del
inciso tercero del artículo 1” de la Ley N” 20.922, en el
marco de una demanda presentada ante el Segundo Juzgado Civil
de San Antonio, exigiendo el pago de una asignación
profesional negada por la Ilustre Municipalidad de San

Antonio;
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11%. Que, conforme consta en la certificación acompañada
por el mismo requirente y que rola a fojas 17, el Segundo
Juzgado de Letras de San Antonio da cuenta que se tuvo por
deducida la demanda, encontrándose a la fecha pendiente su

notificación;

12%. Que, asimismo, esta Sala ordenó, con fecha 22 de
mayo Y, previo a proveer la admisión a trámite del
requerimiento, se certifique por el Secretario de este
Tribunal el estado actual de la gestión pendiente y, en

particular, el hecho de encontrarse notificada la demanda;

13%. Que, con fecha 23 de mayo, el Secretario de este
Tribunal certificó que, revisados los antecedentes del
proceso caratulado “Abarca Aguirre, Manuel con Ilustre
Municipalidad de San Antonio”, sobre juicio ordinario,
seguido ante el Segundo Juzgado de Letras de San Antonio,
bajo el Rol C-779-2018, consta que la demanda fue proveída y

que se encuentra pendiente su notificación;

14”. Que, de lo anterior, se colige que no se cumple con
el esencial requisito de existir una gestión pendiente en el
sentido de que ésta tenga la aptitud para que la eventual
declaración de i¡inaplicabilidad solicitada sea pertinente.
Así, la acción constitucional deducida no puede prosperar, en
virtud de que la tramitación ordinaria de la causa no se ha
iniciado, pues no se ha constituido la relación procesal, a
efecto de que pueda tener incidencia resolver el conflicto

constitucional que reclama la requirente.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6”, 7”
y 93, inciso primero, N* 6”, e inciso undécimo, de la
Constitución Política y en los artículos 84, N” 3 y demás
pertinentes de la Ley N”* 17.997, Orgánica Constitucional de

esta Magistratura,

SE RESUELVE:
Que se declara DERECHAMENTE INADMISIBLE el requerimiento

interpuesto en lo principal de fojas 1.

Notifíquese al requirente.

Archívese.

Rol N” 4.719-18-INA.

$R. HERNÁNDEZ

|
| A
ES VÁSQUEZ

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal

Constitucional, integrada por su Presidenta, Ministra señora
Marisol Peña Torres, y los Ministros señores Domingo
Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán, y José Ignacio
Vásquez Márquez.

Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional,

señor Rodrigo Pica Flores.