INA-Inadmisibilidad

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Santiago, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho.


VISTOS
Y CONSIDERANDO:
1 ° . Que, con fecha 16 de mayo de 2018, Luis Jara
Jara, ha requerido la declaración de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del
artículo 1 ° de la Ley N° 18.216, en el proceso penal RUC
N ° 1600571487-0, RIT N ° 6322-2016, seguido ante el
Juzgado de Garantía de Temuco;
2° . Que, el señor Presidente del Tribunal
Constitucional ordenó que se diera cuenta del
requerimiento de autos ante la Segunda Sala de esta
Magistratura;
30 . Que esta Magistratura Constitucional ha
resuelto, conforme al mérito de cada caso particular,
que si un requerimiento de inaplicabilidad adolece de
vicios tales que hacen imposible que pueda prosperar,
resulta inconducente que la Sala respectiva efectúe un
examen previo de admisión a trámite, procediendo que la
misma declare derechamente la inadmisibilidad de la
acción deducida (roles N ° s 2811, 2878);
4 ° . Que, del examen del requerimiento interpuesto,
esta Sala ha logrado formarse convicción en cuanto a que
la acción constitucional deducida no puede prosperar,
por lo que ella será declarada inadmisible, al concurrir
en la especie la causal de inadmisibilidad prevista en
el numeral 6 ° del artículo 84 de la Ley Orgánica
Constitucional de esta Magistratura, esto es, adolecer
de falta de fundamento plausible;
5 ° . Que, como ha sido ya señalado en diversas
oportunidades por este Tribunal Constitucional, no
resulta posible declarar admisible el requerimiento
deducido, toda vez que la presentación de fojas 1
contiene argumentaciones insuficientes a efectos de
explicitar las presuntas vulneraciones a la Constitución
Política que refiere, dada la aplicación de la norma
reprochada en la gestión pendiente que se sustancia ante
el Juzgado de Garantía de Temuco, en sede de ejecución;
6 ° . Que, el actor impugna la preceptiva contenida
en el artículo 1 ° , inciso segundo, de la Ley N ° 18.216,
en razón de la prohibición que establece dicha norma de
otorgar eventuales penas sustitutivas a la pena
privativa de libertad, entre otros, a los autores del
delito consumado de violación contenido en el artículo
362 del Código Penal;
7 ° . Que, lo anterior es presentado en el contexto
de una causa criminal en que la parte requirente, fue
condenada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de
Temuco a la pena de cinco años y un día de presidio
mayor en su grado mínimo, accesorias legales y
especiales, oportunidad en que le fue denegada la
concesión de eventuales penas sustitutivas a la pena
privativa de libertad efectivamente impuesta por el
adjudicador penal (fojas 3);
8 ° . Que, desde que fuera ingresada la causa Rol N °
2959, en enero de 2016, esta Magistratura ha conocido en
diversas oportunidades impugnaciones vía inaplicabilidad
por inconstitucionalidad a la norma previamente
enunciada. En todas las oportunidades en que los libelos
han sido acogidos, por mayoría de votos, se ha
establecido que la improcedencia a todo evento de
otorgar por el juez de la instancia penal, penas
sustitutivas a la privación efectiva de libertad,
implica contravención a lo dispuesto en el artículo 19,
numerales 2 ° y 3 ° , inciso sexto. Se ha tenido presente
para ello, en más de un centenar de sentencias, que el
estándar de racionalidad y justicia garantizado en la
preceptiva constitucional se manifiesta en el principio
de proporcionalidad de las penas, en virtud del cual la
severidad de éstas debe estar relacionada con la
gravedad del delito y/o de la conducta delictiva;
9 ° . Que, así, este Tribunal Constitucional ha
establecido que "cualquiera sea el medio que el
legislador utilice para incrementar la punición de una
conducta delictiva, éste no puede prescindir de la
gravedad del delito expresado a través del quantum de la
pena. En efecto, lo que determina la gravedad de un
ilícito no es la naturaleza del delito. Dicho parámetro
es una medida sólo intuitiva para apreciar qué tan grave
es éste. El criterio más objetivo para identificar el
nivel de gravedad de un ilícito es el quantum de la
pena" (STC Rol N ° 2959), cuestión que, verificada la
sistemática global en que son penalizadas las conductas
típicas que prevé la Ley N ° 17.798, de Control de Armas,
se tiene que no se avienen -conforme la penalización en
concreto de las conductas incriminadas- la mayoría de
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los hechos típicos que dicho cuerpo legal consagra con
la punición asociada, lo que genera la respectiva
declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
que ha dispuesto esta Magistratura;
10 ° . Que, conforme se aprecia en las modificaciones
introducidas a la Ley N ° 18.216, se constata que en el
año 1999 se excepcionó del otorgamiento de penas
sustitutivas a los autores de los delitos previstos en
los artículos 362 y 372 bis del Código Penal (en aquel
entonces, violación de menor de doce años y violación
con homicidio), cuestión extendida en 2012, a través de
la Ley N ° 20.603, a los delitos consumados previstos en
los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto;
142, 361, 362, 372 bis, 390, y 391, N ° 1, del Código
Penal;
11 ° . Que, el cuerpo de delitos introducidos por el
legislador a través de la anotada normativa tiene una
característica basal: se trata de tipos penales que,
conforme lo dispone el artículo 3 ° del Código Penal, se
consideran crímenes, en que su rango punitivo, en todos
los casos, comienza en los cinco años y un día de
presidio mayor en su grado mínimo de privación de
libertad, llegando en ciertos casos a la máxima sanción
que prevé nuestro ordenamiento jurídico, esto es, el
presidio perpetuo calificado. La penalidad asociada a
este grupo de delitos descansa no sólo en
consideraciones relativas al bien jurídico protegido
(vida, libertad ambulatoria, autonomía e indemnidad
sexual), sino también a la especial lesividad de dichas
conductas, cuestión que fue tenida en consideración por
el legislador para exceptuar así del eventual
otorgamiento de penas sustitutivas;
12 ° . Que, como puede apreciarse, el caso presentado
ante esta Magistratura, basado únicamente en una
condenada ejecutoriada por delito de violación, se torna
como parte de un entramado ajeno a las impugnaciones
verificadas en contexto de tipos penales previstos en la
Ley de Control de Armas, supuestos en que ha sido
acogida la acción de inaplicabilidad deducida, en los
términos ya expuestos, con un supuesto que no es
atendible a crímenes que constan en el catálogo punitivo
en que se logra apreciar una vinculación entre la
dañosidad del delito en sí con la sanción que a su
respecto ha previsto el legislador, entre lo que debe
encontrarse como parte integrante, su especial forma de
cumplimiento;
13 ° . Que, por lo expuesto, el requerimiento de
autos adolece del debido fundamento plausible para
sortear el requisito negativo previsto en el artículo
84, numeral 6 ° de la Ley orgánica Constitucional de esta
Magistratura. El actor no entrega elementos nuevos y
diversos para explicar la forma en que la gestión
pendiente permitiría acreditar la existencia de una
contravención constitucional, de ser aplicada la regla
impugnada; por el contrario, su argumentación desplegada
en el libelo de fojas 1 no se aparta de los
razonamientos vertidos en casos presentados con
infracciones a delitos de menor lesividad, en que esta
Magistratura ha optado, en muchos casos, por acoger las
impugnaciones;
14 ° . Que, por ello, al no desarrollar
argumentaciones en derecho claras, específicas y
delimitadas para comprender la contradicción
constitucional que reseña a fojas 1 y en su petitoria,
la acción deducida no supera el estándar que el
legislador orgánico ha establecido en el artículo 84,
numeral 6 ° de la Ley N ° 17.997, Orgánica Constitucional
de esta Magistratura, por lo que no puede prosperar y
así será declarado.


Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos
6 ° , 7 ° y 93, inciso primero, N ° 6 ° , e inciso undécimo,
de la Constitución Política y en los artículos 84, N ° 6
y demás pertinentes de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,


SE DECLARA:


Derechamente inadmisible el requerimiento deducido
en lo principal, de fojas 1.




Notifíquese al requirente. Comuníquese. Archívese.
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Rol N ° 4750-18-INA.




SRA. BRAHM




SR. LETELIER




Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidente, Ministro
señor Iván Aróstica Maldonado, y los Ministros señor
Gonzalo García Pino, señora María Luisa Brahm Barril y
señores Cristián Letelier Aguilar y Nelson Pozo Silva.
Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional,
señor Rodrigo Pica Flores.
u006
Notificaciones Tribunal Constitucional ;* 1 4~
De: tribunalconstitucional.c1 <seguimiento@tcchile.cl >
Enviado el: lunes, 28 de mayo de 2018 12:14
Para: vale.basilio@gmail.com ; VALE.BASILLIO@GMAILCOM
Asunto: Notificacion Rol 4750-18
Datos adjuntos: 6097_1.pdf



Sra. Valeria Basilio Ridiger por la requirente;
Adjunto remito a usted resolución dictada por la Segunda Sala de este
Tribunal con fecha 24 de mayo en curso, en el proceso Rol N° 4750 -




18 INA, sobre Requerimiento de inaplicabilidad por
-




inconstitucionalidad presentatdo por Luis Ricardo Jara Jara respecto del
inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, en el proceso penal
RUC N° 1600571487-0, RIT N° 6322-2016, seguido ante el Juzgado de
Garantía de Temuco.


Atentamente,

Secretario Abogado

secretario@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huerfanos 1234, Santiago - Chile




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