INA-Inadmisibilidad

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Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho.



VISTOS
Y CONSIDERANDO:

2°. Que, con fecha 11 de septiembre de 2018, Christofer Alejandro Cuyul
Cuyul, ha requerido la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, en el proceso penal
RUC N° 1700375345-K, RIT N° 2466-2017, seguido ante el Juzgado de Garantía de
Coyhaique;

2°. Que, el señor Presidente del Tribunal Constitucional ordenó que se
diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de esta
Magistratura;

3°. Que esta Magistratura Constitucional ha resuelto, conforme al mérito
de cada caso particular, que si un requerimiento de inaplicabilidad adolece de
vicios tales que hacen imposible que pueda prosperar, resulta inconducente que la
Sala respectiva efectúe un examen previo de admisión a trámite, procediendo que
la misma declare derechamente la inadmisibilidad de la acción deducida (roles
N°s 2811, 2878);

4° . Que, del examen del requerimiento interpuesto, esta Sala ha logrado
formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede
prosperar, por lo que ella será declarada inadmisible, al concurrir en la especie la
causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto es, adolecer de falta de
fundamento plausible;

5°. Que, como ha sido ya señalado en diversas oportunidades por este
Tribunal Constitucional, no resulta posible declarar admisible el requerimiento
deducido, toda vez que la presentación de fojas 1 contiene argumentaciones
insuficientes a efectos de explicitar las presuntas vulneraciones a la Constitución
Política que refiere, dada la aplicación de la norma reprochada en la gestión
pendiente que se sustancia ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique;

6°. Que, el actor impugna la preceptiva contenida en el artículo 1°, inciso
segundo, de la Ley N° 18.216, en razón de la prohibición que establece dicha
norma de otorgar eventuales penas sustitutivas a la pena privativa de libertad,
entre otros, a los autores del delito consumado de violación contenido en el
artículo 362 del Código Penal;

7°. Que, lo anterior es presentado en el contexto de una causa criminal en
que la parte requirente ha sido objeto de acusación por el delito de violación
impropia del artículo 362 del Código Penal;
8°. Que, desde que fuera ingresada la causa Rol N° 2959, en enero de
2016, esta Magistratura ha conocido en diversas oportunidades impugnaciones
vía inaplicabilidad por inconstitucionalidad a la norma previamente enunciada. En
todas las oportunidades en que los libelos han sido acogidos, por mayoría de
votos, se ha establecido que la improcedencia a todo evento de otorgar por el juez
de la instancia penal, penas sustitutivas a la privación efectiva de libertad, implica
contravención a lo dispuesto en el artículo 19, numerales 2° y 3°, inciso sexto. Se
ha tenido presente para ello, en más de un centenar de sentencias, que el
estándar de racionalidad y justicia garantizado en la preceptiva constitucional se
manifiesta en el principio de proporcionalidad de las penas, en virtud del cual la
severidad de éstas debe estar relacionada con la gravedad del delito y/o de la
conducta delictiva;

9°. Que, así, este Tribunal Constitucional ha establecido que "cualquiera
sea el medio que el legislador utilice para incrementar la punición de una conducta
delictiva, éste no puede prescindir de la gravedad del delito expresado a través del
quantum de la pena. En efecto, lo que determina la gravedad de un ilícito no es la
naturaleza del delito. Dicho parámetro es una medida sólo intuitiva para apreciar
qué tan grave es éste. El criterio más objetivo para identificar el nivel de gravedad
de un ilícito es el quantum de la pena" (STC Rol N° 2959), cuestión que, verificada
la sistemática global en que son penalizadas las conductas típicas que prevé la Ley
N° 17.798, de Control de Armas, se tiene que no se avienen —conforme la
penalización en concreto de las conductas incriminadas- la mayoría de los hechos
típicos que dicho cuerpo legal consagra con la punición asociada, lo que genera la
respectiva declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que ha
dispuesto esta Magistratura;

10°. Que, conforme se aprecia en las modificaciones introducidas a la Ley
N° 18.216, se constata que en el año 1999 se excepcionó del otorgamiento de
penas sustitutivas a los autores de los delitos previstos en los artículos 362 y 372
bis del Código Penal (en aquel entonces, violación de menor de doce años y
violación con homicidio), cuestión extendida en 2012, a través de la Ley N°
20.603, a los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero,
cuarto y quinto; 142, 361, 362, 372 bis, 39o, y 391, N° 1, del Código Penal;

11°. Que, el cuerpo de delitos introducidos por el legislador a través de la
anotada normativa tiene una característica basal: se trata de tipos penales que,
conforme lo dispone el artículo 3° del Código Penal, se consideran crímenes, en
que su rango punitivo, en todos los casos, comienza en los cinco años y un día de
presidio mayor en su grado mínimo de privación de libertad, llegando en ciertos
casos a la máxima sanción que prevé nuestro ordenamiento jurídico, esto es, el
presidio perpetuo calificado. La penalidad asociada a este grupo de delitos
descansa no sólo en consideraciones relativas al bien jurídico protegido (vida,
libertad ambulatoria, autonomía e indemnidad sexual), sino también a la especial
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lesividad de dichas conductas, cuestión que fue tenida en consideración por el
legislador para exceptuar así del eventual otorgamiento de penas sustitutivas;

12°. Que, como puede apreciarse, el caso presentado ante esta
Magistratura, basado en una imputación por delito de violación, se torna como
parte de un entramado ajeno a las impugnaciones verificadas en contexto de tipos
penales previstos en la Ley de Control de Armas, supuestos en que ha sido
acogida la acción de inaplicabilidad deducida, en los términos ya expuestos, con
un supuesto que no es atendible a crímenes que constan en el catálogo punitivo
en que se logra apreciar una vinculación entre la dañosidad del delito en sí con la
sanción que a su respecto ha previsto el legislador, entre lo que debe encontrarse
como parte integrante, su especial forma de cumplimiento;

13°. Que, por lo expuesto, el requerimiento de autos adolece del debido
fundamento plausible para sortear el requisito negativo previsto en el artículo 84,
numeral 6° de la Ley orgánica Constitucional de esta Magistratura. El actor no
entrega elementos nuevos y diversos para explicar la forma en que la gestión
pendiente permitiría acreditar la existencia de una contravención constitucional,
de ser aplicada la regla impugnada; por el contrario, su argumentación
desplegada en el libelo de fojas 1 no se aparta de los razonamientos vertidos en
casos presentados con infracciones a delitos de menor lesividad, en que esta
Magistratura ha optado, en muchos casos, por acoger las impugnaciones;

14°. Que, por ello, al no desarrollar argumentaciones en derecho claras,
específicas y delimitadas para comprender la contradicción constitucional que
reseña a fojas 1 y en su petitoria, la acción deducida no supera el estándar que el
legislador orgánico ha establecido en el artículo 84, numeral 6° de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, por lo que no puede
prosperar y así será declarado.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso
primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los artículos 84,
N° 6 y demás pertinentes de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura,



SE DECLARA:



Derechamente inadmisible el requerimiento deducido en lo principal, de
fojas 1.




Notifíquese al requirente. Comuníquese. Archívese.
Rol N° 5280-18-INA.




Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional,
integrada por su Presidente, Ministro señor Gonzalo García Pino, la Ministra
señora María Luisa Brahm Barril y los Ministros señores Nelson Pozo Silva y
Miguel Ángel Fernández González.
Autoriza la Secretaria (s) del Tribunal Constitucional, señora Mónica
Sánchez Abarca.
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Notificaciones Tribunal Constitucional

De: tribunalconstitucional.c1 <seguimiento@tcchile.cl >
Enviado el: miércoles, 26 de septiembre de 2018 14:49
Para: lorenzo.aviles.r@gmail.com
Asunto: Notificacion Rol 5280-18
Datos adjuntos: 7855_1.pdf



Sr. Lorenzo Aviles Rubilar por Christofer Cuyul Cuyul
Adjunto remito a usted resolución dictada por la Segunda Sala de este
Tribunal con fecha 24 de septiembre en curso, en el proceso Rol N°
5280-18-INA, sobre Requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad presentado por Christofer Alejandro Cuyul Cuyul
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, en el
proceso penal RUC N° 1700375345-K, RIT N° 2466-2017, seguido
ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique.


Atentamente,

Secretario Abogado

secretario@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huerfanos 1234, Santiago - Chile




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