TC Rol 530

Texto completo

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Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiséis.


A fojas 618, ténganse por acompañadas las piezas remitidas.

A fojas 936, a lo principal, téngase por evacuado el traslado; al

primer y segundo otrosí, téngase presente.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 20 de marzo 2026, Alberto Felipe Aravena Soto
deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 19, inciso decimotercero, en la oración: “El interés
que se determine en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se
capitalizar mensualmente”, del D.L. N° 3.500, que establece nuevo sistema
de pensiones, para que ello incida en el proceso RIT P-2485-2020, RUC
20-3-0216065-2, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto
Montt, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, por
recurso de hecho, bajo el Rol N° 530-2025 (Laboral Cobranza);

2°. Que, la señora Presidenta (s) del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura, el cual fue acogido a trámite con fecha 24 de marzo
de 2026 a fojas 608. En dicha oportunidad, se confirió traslado a las
demás partes de la gestión invocada para su pronunciamiento en torno
al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad;

3°. Que, precluido lo anterior, y luego de examinar el libelo y sus
argumentaciones para fundar un conflicto concreto de
constitucionalidad de la ley en la gestión indicada, esta Sala ha logrado
formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional deducida
no puede prosperar, por lo que ella será declarada inadmisible, al
concurrir en la especie las causales de inadmisibilidad previstas en los
numerales 5° y 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de
esta Magistratura;

4°. Que, conforme los antecedentes allegados al expediente
constitucional (fojas 628 y ss), consta que la demanda ejecutiva es
presentada por el Instituto de Previsión Social en contra del requirente
por la suma nominal de $182.794, por concepto de cotizaciones
previsionales, más reajustes e intereses penales y la cantidad de 2,25 UF,
por concepto de multas, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto
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Montt, despachándose el correspondiente mandamiento de ejecución y
embargo.

En dicho contexto, el requirente solicitó que se reliquide la deuda
previsional en virtud de la Ley N° 21.735 de Reforma Previsional, cuyos
efectos han sido establecidos como aplicables a todas las deudas
previsionales existentes a la fecha de su entrada en vigencia -1° de
septiembre de 2025-, conforme a instrucciones de la Superintendencia
de Pensiones;

5° Que, sin embargo, según se lee a fojas 916 el tribunal no dio
lugar a la liquidación del crédito en los términos solicitados, atendido a
que conforme “la nueva metodología de aplicación de intereses introducida
por la Ley N°21.735, sólo es aplicable a las cotizaciones demandadas por las
Administradoras de Fondo de Pensiones, caso que no concurre en autos”.

En contra de dicha resolución interpuso recurso de reposición y
apelación en subsidio. La reposición fue rechazada y la apelación fue
declarada no ha lugar por improcedente, atendido lo dispuesto en el
artículo 8° de la Ley 17.322, con fecha 04 de diciembre de 2025.

Frente a dicha resolución interpone recurso de hecho ante la Corte
de Apelaciones de Puerto Montt, el que se encuentra en relación desde el
22 de diciembre del año 2025 según certificado de la gestión pendiente
agregado a fojas 4;

6°. Que, al fundar el conflicto constitucional, alega que la aplicación
del precepto impugnado transgrede el derecho de propiedad, el debido
proceso y el principio de proporcionalidad, pues “la capitalización
mensual constituye una “desmesura” que priva de racionalidad al proceso,
convirtiendo la deuda en impagable” (fojas 2).

Al mismo tiempo, considera que en el caso concreto se vulnera la
igualdad ante la ley, dado que existe “una discriminación arbitraria al
comparar este régimen con otras obligaciones de similar naturaleza, como
las deudas de alimentos, las cuales no admiten anatocismo. Imponer un
trato agravado al deudor previsional, permitiendo que su deuda crezca sin
límite técnico ni económico razonable, constituye una desigualdad de trato
que no resiste un test de proporcionalidad” (fojas 2);

7°. Que, esta Magistratura, al realizar el examen de admisibilidad de
un requerimiento de inaplicabilidad, debe analizar “si el precepto legal
impugnado resulta decisorio litis, al tenor de lo prescrito en la Constitución.
Aquel requisito se desprende, específicamente de la exigencia de procedencia
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de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se deriva del
artículo 93 inciso primero N°6 en la voz “cuya aplicación”. De modo tal, que
la densidad normativa del precepto constitucional exige que la norma
impugnada por el requirente sea decisiva para la resolución del asunto sobre
el que trata la gestión pendiente” (STC Rol N°14.717, c. 7°).

En concordancia con lo anterior, se ha señalado que “la acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad consagrada en el artículo 93, N°6 de
la Carta Fundamental requiere, para su declaración que el precepto legal
impugnado resulte decisivo en la resolución de un asunto judicial, y que su
aplicación tenga un efecto contrario a la Constitución” (STC Rol N°4.871, c.
3°);

8°. Que, de conformidad con el requerimiento esta Magistratura
declarará su inadmisibilidad dado que la preceptiva legal impugnada no
es decisiva en la resolución de la gestión judicial invocada.

En efecto, el requirente impugna el artículo 19, inciso
decimotercero, en la oración: “El interés que se determine en conformidad a
lo dispuesto en los incisos anteriores se capitalizar mensualmente”, del D.L.
N° 3.500, que establece nuevo sistema de pensiones, norma aplicable a
las Administradoras de Fondo de Pensiones, las que en virtud del
procedimiento establecido en la Ley 17.322, sobre cobranza judicial de
cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad, están
obligadas a seguir las acciones tendientes al cobro de las cotizaciones
adeudadas y sus reajustes e intereses;

9°. Que, en el caso sub lite, quien demanda ejecutivamente es el
Instituto de Previsión Social en virtud de la Ley N° 17.322, cuyo artículo
22 inciso sexto contempla el anatocismo, norma no impugnada en autos.
En consecuencia, el precepto legal impugnado no tendrá incidencia en la
resolución del asunto de que conoce el Juzgado de Letras del Trabajo de
Puerto Montt;

10°. Que, esta Sala declarará además la inadmisibilidad del libelo
por concurrir la causal prevista en el artículo 84 N° 6 de la Ley N° 17.997,
esto es, falta de fundamento plausible, atendido a que lo debatido ante
los jueces de fondo es la aplicación de la nueva Ley N° N°21.735 que crea
un nuevo sistema mixto de pensiones, concretamente si la metodología
de cálculo de intereses que establece dicha ley es aplicable al Instituto de
Previsión Social o únicamente a las Administradoras de Fondos de
Pensiones como lo determinó el tribunal de la instancia en la resolución
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de fecha 04 de diciembre de 2025. Es respecto de esa resolución que el
actor dedujo recurso de reposición y apelación subsidiaria y, luego
recurso de hecho, por lo que la norma sobre anatocismo impugnada en
autos no ha sido aún objeto de controversia en dicho proceso.

En consecuencia, el requerimiento carece de fundamento plausible,
dado que no se advierte un problema de constitucionalidad, sino que
más bien de aplicación de la ley en el tiempo, y particularmente si los
intereses aplicables a la deuda previsional corresponde ajustarlos a la
metodología de cálculo prevista en la nueva ley de pensiones, aunque la
demandante en el juicio base no sea una Administradora de Fondos de
Pensiones;

11°. Que, cabe hacer presente que en sede de admisibilidad, y
siguiendo lo razonado en resolución recaída en causa Rol N° 14.479-23,
la exigencia constitucional y legal de fundamento plausible o razonable
implica verificar por la Sala respectiva que se está en presencia de un
conflicto constitucional para iniciar un contradictorio en esta sede por la
vía de una acción de inaplicabilidad que debe vincularse con una gestión
pendiente en que la pérdida de vigencia concreta de una disposición
legal debe ser la única forma de hacer valer, en un especial y concreto
caso, la supremacía de la Carta Fundamental;

12. Que, de lo razonado, se concluye que respecto del artículo 19,
inciso decimotercero, del D.L. N° 3.500, concurre la causal de
inadmisibilidad contemplada en el artículo 84 N° 5 y 6, de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, ya que, de los
antecedentes de la gestión judicial pendiente, aparece que el
mencionado precepto no resultará decisivo en la resolución del asunto y,
por otro lado, no se advierte un problema de constitucionalidad en que
esta Magistratura pueda resultar competente para un pronunciamiento
de fondo. Por lo tanto, y conforme lo anotado, no puede tenerse por
cumplido el estándar de plausibilidad exigido por la Constitución y la Ley
Orgánica Constitucional que rige el actuar de este Tribunal.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso
primero, Nº 6º, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política de la
República y en el artículo 84, numerales 5 y 6, y demás pertinentes de la
Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:
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1° Que se declara inadmisible el requerimiento deducido a
fojas 1.

2° Álcese la suspensión decretada a fojas 608.



Notifíquese, comuníquese y archívese.
Rol Nº 17.450-26 INA.

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 22/04/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 23/04/2026 Fecha: 24/04/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 22/04/2026 Fecha: 22/04/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 24/04/2026




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