INA-STC

Considerando 1

Que, conforme enuncia la parte requirente en su presentación de fojas 1, solicita a esta Magistratura declarar la inaplicabilidad del artículo 1”, inciso segundo, de la Ley N* 18.216, por resultar contrario a la Constitución Política en la gestión pendiente señalada en la parte expositiva;

Considerando 2

, de la Ley N* 18.216, limita las facultades del juez de optar en fase forma ejecución, por la pena más idónea en consideración del caso concreto, de una no permitida por la Carta Fundamental. Por estas consideraciones, solicita sea acogida la acción deducida a fojas 1. Admisión a trámite, admisibilidad y observaciones de fondo al requerimiento El requerimiento se acogió a trámite por resolución de la Segunda Sala de este Tribunal Constitucional, oportunidad procesal en que fue decretada la suspensión parcial del procedimiento en la gestión pendiente en que incide. Posteriormente, fue declarado admisible por resolución de la misma Sala. Conferidos los traslados sobre el fondo a los órganos constitucionales interesados, así como a las partes de la gestión pendiente, no fueron evacuadas presentaciones. Vista de la causa y acuerdo Con fecha 6 de marzo de 2019 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos certificados por el relator, quedando adoptado el acuerdo con la misma fecha. Y CONSIDERANDO: PRIMER CAPÍTULO CONSIDERACIONES GENERALES

Considerando 3

Que esta Magistratura en oportunidades anteriores ha sostenido un criterio similar, puesto que no se ve afectado el efecto relativo de las sentencias 00042 — ¿ua 7 0 £ que el Tribunal Constitucional debe dictar con atención a las particularidades del caso concreto, cuando a raíz de la reiteración de requerimientos de inaplica bilidad semejantes y aún idénticos, en que el asunto controvertido, las pretensiones en conflicto y los fundamentos alegados son básicamente los mismos. En dicha circunstancia, como resulta obvio, las sentencias han de ser igualmen te análogas cumpliendo los parámetros esenciales del numeral 2% del artículo 19 de la Constitución. Conforme ya se sostuvo en causa Rol N? 1068, cuando son numerosos los casos similares que deben ser resueltos, motivos de racionalidad procesal Y oportunidad de decisión hacen aconsejable omitir la mera reiteración, en cada caso, de extensos y complejos razonamientos que no serán sustancialmente distintos a los anteriormente invocados, en circunstancias que, por la amplia publicid ad de las sentencias y la estabilidad de la jurisprudencia, es posible remitirse a ella sin que se justifique reiterar toda la argumentación vertida en derecho, siendo acon sejable, más bien, enunciar las argumentaciones generales que sostienen la línea Jurisprudencial ya desarrollada por esta Magistratura, tanto en sus voto s de mayoría como disidentes, conforme el caso de autos que debe ser resuelto en virt ud de sus atribuciones constitucionales. Es parte de la igual protección en el ejercici o de los derechos de todos los justiciables, reconocida en el inciso primero del numeral 3% del artículo 19 de la Constitución, esta estabilidad de la jurisprudencia previa;

Considerando 4

ADVERTENCIA INICIAL. Todos los Ministros que están por acoger el requerimiento en lo referido al artículo 1, inciso segundo, de la Ley Ne 18.216, lo hacen en virtud de las mismas infracciones constitucionales, pero entre ellos existen diferencias en cuanto a la orientación argumentativa utilizada. A continua ción, se expone de manera resumida uno de los dos tipos de razonamiento , para, luego, desarrollar en extenso la otra fundamentación;

Considerando 5

Que, una primera línea argumentativa, desarrollada, a vía ejemplar, en la STC Rol No 3062, plantea como elemento de juicio inicial, que el derecho a punir o /us puniendi, no constituye un derecho absoluto del Est ado sobre la persona del imputado. En tal sentido, y como consideración inici al, se sostiene que dicho derecho a punir corresponde no sólo al Estado, sino a la sociedad para la defensa de la propia existencia contra los hechos dañosos de los sujetos que cometen ¡lícitos. Se resalta que, a partir del valor fundamental de la dignidad humana, el cual tiene reconocimiento constitucional, se sus tentan múltiples principios limitadores del ¡us puniendi que pueden reconocer se en diversos preceptos de la Carta Fundamental, tales como los artículos 19, N9s 19, 20, 30 y 70 (letras g y h), entre otros. Se destaca que detrás del fenóme no de la constitucionalización del derecho penal se encuentra la idea de que las normas criterios sistemáticos y constitucionales deben interpretarse a partir de teleológicos, no exclusivamente literales o gramaticales; , entre

Considerando 6

Que, en consideración a diversos principios constitucionales humana, y ellos el principio general de humanidad basado en el valor de la dignidad ión de derechos al hecho de que la pena es, básicamente, privación o restricc tiva del personales o de bienes protegidos por la norma jurídica, la acción puni no deb e pro pen der a infli gir el mal por sí mis mo o el mer o suf rim ien to de Estado l mie mbr o de la soc ied ad que infr ingi ó la ley. Por cons igui ente , la opci ón de aque necesario y prívar de libertad al ser humano debe adoptarse sólo si es estrictamente ecto de las con duc tas deli ctiv as más grav es que afec ten bien es jurí dico s de la resp puede más alta importancia. Lo anterior permite entender por qué el legislador no d de prescindir, al establecer las reglas de punición de delitos, de la finalida ión soci al de los con den ado s, lo que impl ica el uso raci onal de la priv ació n reinserc de libertad y la mejor protección de las víctimas;

Considerando 7

Que, unido a lo anterior, la aplicación de las penas sustitutivas de en aquellas privativas de libertad no es sinónimo de impunidad. De hecho, éstas tien por el carácter de pena y operan con una intensidad importante, como ocurre, penas ejemplo, como la reclusión parcial o la libertad vigilada intensiva. Las alternativas tienen el carácter de penas en cuanto restringen, en mayor o menor medida, la libertad personal y tienen por objetivo el control de las personas condenadas, su reinserción social y no reincidencia. No se trata de un “beneficio” otorgado al condenado, sino de una sanción, que a su vez se impone en forma sustitutiva a la pena privativa de la libertad, pudiendo ser revocada en el evento de ser incumplida. La Ley N*20.603 reforzó el carácter punitivo de las medidas establecidas en la Ley N*%18.216, eliminando su denominación de alternativas para denominarlas “penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad”;

Considerando 8

Que, de acuerdo a lo expuesto, la disposición que restringe la aplicación de las penas sustitutivas de privación de libertad resulta desproporcionada e inequitativa respecto de personas condenadas e incluso por delitos de mayor gravedad; además es inidónea para cumplir los fines de reinserción social y protección de la víctima que tiene la pena. En efecto, se recuerda que históricamente los sistemas de prisión no han sido capaces de lograr la rehabilitación de las personas sujetas a régimen carcelario. Las penas sustitutivas en cambio, constituyen medidas de mayor equilibrio entre los derechos de los delincuentes, los derechos de las víctimas y el interés de la sociedad en la seguridad pública;

Considerando 9

Que, una segunda línea argumentativa sigue lo razonado por este Tribunal Constitucional en las STC Roles N“%s 2995, 3053, 3127, 3149,3172, 3173, 3174, 3177, 3185, 3187 y 3198, refiriendo que la exclusión total del delito de los beneficios de la Ley 18.216, vulnera el estándar de racionalidad y justicia garantizado en los artículos 19, N“s 3* (inciso sexto) y 29 de la Constitución; 00043 — Canieo 1767

Considerando 10

Que, una manifestación de dicho estándar es el principio de proporcionalidad de las penas, en virtud del cual la severidad de éstas debe estar relacionada con la gravedad del delito y/o de la conducta delictiva. En las sentencias ya enunciadas, esta Magistratura ha estimado que cualquiera sea el medio que el legislador utilice para incrementar la punición de una conducta delictiva, éste no puede prescindir de la gravedad del delito expresad o a través del quantum de la pena. En efecto, lo que determina la gravedad de un ilícito no es la naturaleza del delito. Dicho parámetro es una medida sólo intuitiva para apreciar qué tan grave es éste. El criterio más objetivo para identificar el nivel de gravedad de unilícito es el quantum de la pena;