TC Rol 5871

Texto completo

Santiago, uno de marzo de dos mil diecinueve.

A fojas 54, a lo principal: téngase presente; al primer y segundo otrosíes:
téngase presente.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, con fecha 27 de diciembre de 2018, Sociedad Acudax SpA. ha
presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto
del inciso segundo del artículo 8% del Decreto Ley N* 3.607, en los autos sobre
procedimiento infraccional, seguido ante el Primer Juzgado de Policía Local de
Puente Alto, bajo el Rol N* C-572.535-2018, en actual conocimiento de la Corte de
Apelaciones de San Miguel, por recurso de apelación, bajo el Rol N* 420-2018
Policía Local;

2%, Que, el señor Presidente del Tribunal Constitucional ordenó que se diera
cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de esta Magistratura,
siendo admitido a trámite con fecha 2 de enero de dos mil diecinueve, según consta
a fojas 36, confiriendo traslado a las demás partes de la gestión pendiente;

3”. Que, el Consejo de Defensa del Estado evacuó traslado en sede de
admisibilidad, con fecha 16 de enero de 2019, según consta a fojas 47;

47. Que, esta Sala ha logrado formarse convicción en cuanto a que la acción
constitucional deducida no puede prosperar, por lo que ella será declarada
inadmisible al concurrir la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6* del
artículo 84 de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto
es, adolecer de falta de fundamento plausible;

1. Del requerimiento presentado

5%. Que, conforme consta en el expediente constitucional, la parte
requirente ha accionado de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del
artículo 8*, inciso segundo, del Decreto de Ley N? 3.607, en cuanto señala que dicha
norma habría sido empleada para sancionarle con motivo de que dos de sus
empleados, vigilantes privados no habilitados para el porte de armas, no portaran
sus credenciales respectivas exigidas por tal normativa;

6”. Que, en cuanto al conflicto de constitucionalidad alegado por el
requirente, expone que la norma cuestionada, de ser aplicada en la gestión
pendiente, producirá resultados contrarios a la Carta Fundamental desde sus
artículos 5% inciso final, sexto, séptimo,19 N%s 2, 3 y 26, ante la existencia de
vulneraciones a la garantía fundamental del debido proceso. Enuncia que al permitir
la norma impugnada la imposición de una sanción de veinticinco ingresos mínimos
mensuales, se ha impuesto una sanción desproporcionada en atención a la
naturaleza de la infracción, comparativamente más intensa que otras contempladas
en la sistemática del Decreto de Ley N? 3.607, careciendo, por lo demás, el precepto
de criterios objetivos y razonables para la determinación de la sanción;

ll. Los pronunciamientos en sede de admisibilidad previos en
conflictos constitucionales similares no resultan necesariamente
vinculantes

7”. Que, previo a la revisión de los fundamentos por los cuales se declarará la
inadmisibilidad de la acción incoada, resulta necesario determinar si este Tribunal
está condicionado por los pronunciamientos de admisibilidad en requerimientos
con temáticas parecidas, o si por el contrario, éste tiene la legítima posibilidad de
revisión del estándar para superar dicha etapa procedimental. Ello particularmente
en relación al requerimiento seguido bajo Rol N* 4422-18 citada por el requirente en
sus alegatos de admisibilidad;

8”. Que, frente al dilema antes expuesto, es del caso tener en consideración
que la Carta Fundamental ha legitimado al juez y a las partes para iniciar un
procedimiento de control concreto de constitucionalidad para decisión sobre la
aplicación de la norma impugnada, por lo que la evaluación del mérito de cada
acción de inaplicabilidad está supeditada a las características particulares del caso y
al conflicto constitucional involucrado, no resultando posible extraer principios o
reglas desde una evaluación concreta de admisibilidad;

9”. Que, particularmente, la exigencia de fundamentación plausible, prevista
en el numeral 6? del artículo 84 de la Ley N* 27.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, relativa al estándar procesal que posibilita el inicio de un
contradictorio constitucional representa un baremo que en caso alguno puede
estimarse como estático o inmutable. El mismo está sujeto no sólo a posibles
consideraciones legítimamente diferentes por las distintas Salas de este Tribunal,
sino también a la evolución de los raciocinios de cada Ministro en particular. En este
sentido, la variación de estándares en la medición de plausibilidad argumentativa
resulta virtuosa y deseable, permitiendo asegurar mejores mecanismos de control y
rigor lógico en la labor de control constitucional concreto encomendada a esta
Magistratura;

10”. En línea con lo expuesto, resulta insuficiente la referencia a la causa Rol
N* 4422-18, ya referida, pues los pronunciamientos en torno a admisibilidad en
cada Sala de esta Magistratura no generan derecho alguno a las partes, resultando
ello, por lo demás, coherente con la arquitectura jurídica del derecho nacional,
enmarcado en el sistema continental de Derecho, no basado en precedentes;

11”. Que, en consecuencia, cualquier pretensión encaminada a obtener
pronunciamientos favorables en sede de admisibilidad debe estar supeditada a las
particularidades de cada caso concreto y la fundamentación lógica de conflicto
constitucional planteado;

III. De la inadmisibilidad de la impugnación

12%, Que, la Carta Fundamental ha legitimado al juez y a las partes para
iniciar un procedimiento de control concreto de constitucionalidad para decisión
sobre la aplicación de la norma impugnada, pero exigiendo, como contrapartida,
ciertas cargas para los sujetos legitimados, tales como la determinación precisa de
las normas cuestionadas y fundamentar plausiblemente sus alegaciones;

13". Que, al respecto, la exigencia constitucional y legal de fundamentar
razonablemente un requerimiento, supone una “condición que implica como
exigencia básica — la aptitud del o de los preceptos legales objetados para contrarias,
en su aplicación al caso concreto, la Constitución, lo que debe ser expuesto
circunstanciadamente”, agregando que, “la explicación de la forma en que se produce
la contradicción entre las normas, sustentada adecuada y lógicamente, constituye la
base indispensable de la acción ejercita” (entre otras, STC roles N%s 482, 483, 485,
490,491, 492, 494, 1665, 1708, 1839, 1866, 1935, 1936, 1937, 1938, 2017, 2050, 2072,
2088, 2090, 2227, 2349, 2494, 2549, 2622, 2630, 2807);

14”. Que, así, en sede de admisibilidad, la fundamentación plausible consiste
en otorgar un “fundamento razonable”, esto es, líneas argumentativas que hagan
inteligible para el Tribunal la pretensión que se hace valer y la competencia
específica que se requiere, siendo sinónimo de la exigencia de fundamento plausible
que ha previsto el Constituyente en el artículo 93, inciso decimoprimero de la Carta
Fundamental;

15%. Que la exigencia de fundamentación razonable tiene un doble fin en
derecho: por una parte, evitar que esta Magistratura se aboque a resolver
cuestiones que en su presentación inicial no satisfacen un minimo estándar de
plausibilidad y, por otra, que no se traben procesos en sede de inaplicabilidad cuyo
objeto resulte tan difuso o confuso que el tribunal no pueda determinar su propia
competencia específica o la contraparte comprender lo accionado, así como sus
fundamentos. Así, en un criterio que debe ser reafirmado, se ha establecido que en
ambos casos se trata de objetivos prácticos que no consisten en la medición de la
excelencia de la argumentación, lo que es propio del quehacer académico, sino que,
más bien, de superar un estándar procesal que permita dar inicio a un contradictorio
constitucional (STC Rol N* 1182, c. 8);

167, Que, analizado concretamente el libelo de inaplicabilidad de fojas 1, se
constata que la norma contenida en el precepto impugnado regula cuestiones
relacionadas con infracciones de orden administrativo y su respectiva sanción,
consistiendo el conflicto constitucional planteado por el requirente en una
contravención a la garantía fundamental del debido proceso, ante desproporción de
la sanción impuesta y la falta de parámetros objetivos que limiten la cuantía de la
misma;
17. Que, el requerimiento de inaplicabilidad de fojas 1 difícilmente puede

satisfacer el

estándar mínimo de plausibilidad exigido por la ley orgánica

constitucional que la regula, si se considera lo siguiente:

a)

b)

c)

d)

En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que el Decreto Ley N* 3.607
no contempla otros preceptos, distintos al actualmente impugnado,
que posibiliten la imposición de sanciones al juez sustanciador en la
gestión judicial invocada. Así, pese a no estar explicitada, la
pretensión de la requirente está orientada a imposibilitar, ante todo
supuesto, una sanción ante lo acaecido, incluso para aquel supuesto
en que los tribunales ordinarios consideren acreditada una infracción.
Lo anterior resulta determinante, pues malamente a través de una
pretensión como la referida puede sustentarse una fundamentación
plausible. Ello, especialmente a través de alegadas vulneraciones de
debido proceso, pues su sentido y objeto es la resolución de
conflictos con relevancia jurídica, y no la imposibilidad de actuación
de la judicatura;

En segundo lugar, el estándar de comparación utilizado en las
argumentaciones del requirente yerra, en cuanto pretende establecer
similitudes entre cuestiones no equiparables. Así, el test de
proporcionalidad que pretende efectuar el actor resulta del todo
inadecuado pues parte desde una comparación entre penas y
sanciones administrativas (ver foja 20), identificando como
aplicables, sin matiz alguno, las limitaciones propias del poder
punitivo con aquellas potestades sancionadoras propias del Derecho
Administrativo;

En tercer lugar, según expone el requirente a fojas 3, la sanción
impuesta corresponde a veinticinco ingresos mínimos mensuales.
Por ello, no obstante haber estado facultado el Primer Juzgado de
Policía Local para la imposición de hasta 125 ingresos mínimos
mensuales, la sanción impuesta corresponde a la menor posible
dentro del rango legal, no otorgando el requirente en el libelo, ni en
sus alegatos de admisibilidad, argumentaciones específicas que
permitan desde tal supuesto conocer razones que funden la
desproporción alegada;

Por último, la existencia o no de parámetros objetivos en el precepto
cuestionado que orienten la imposición de sanciones, corresponde
exclusivamente a un asunto que compete los jueces de fondo, siendo
los Tribunales Superiores de Justicia órgamos legitimados para
conocer ante impugnaciones fundadas en una errónea aplicación de
normas. A la Magistratura Constitucional no le compete convertirse
en órgano revisor de la interpretación de normas legales que puedan
efectuar los tribunales de la justicia ordinaria;

18. Que, por lo expuesto, se configura en la especie la causal de
inadmisibilidad prevista en el numeral 6? del artículo 84 del cuerpo legal orgánico
constitucional que rige el actuar de esta Magistratura y así será declarado.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6%, 7% y 93, inciso
primero, N* 6%, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los artículos 84,

N? 5 y demás pertinentes de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura,

Se declara inadmisible el requerimiento deducido a lo principal, de fojas 1.

Álcese la suspensión decretada en autos.

Notifíquese al requirente. Archivese.

Rol N* 5871-18-INA.

Sra. Brahrn

Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional,
integrada por su Presidente, Ministro señor Gonzalo García Pino, la Ministra señora
María Luisa Brahm Barril y los Ministros señores Cristián Letelier Aguilar, Nelson
Pozo Silva y Miguel Ángel Fernández González.

Autoriza la Secretaria (s) del Tribunal Constitucional, señora Mónica Sánchez
Abarca.

000067

notificaciones (MOO) Arch. Cute

E0 E A AAA
De: tribunalconstitucional.cl <seguimientoGtcchile.cl>
Enviado el: lunes, 4 de marzo de 2019 14:09
Para: slouridoOlouridoycia.cl; ROWENAPALANECKOCDE.CL
Asunto: Notificacion Rol 5871-18
Datos adjuntos: 10483_1.paf

Sr. Sebastian Lourido Aravena, por la requirente;

Adjunto remito a usted resolución dictada por este Tribunal en el
proceso Rol N? 5871-18-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad presentado por Sociedad Acudax SpA
respecto del inciso segundo del artículo 8 del Decreto de Ley N' 3.607,
en los autos sobre procedimiento infraccional, seguido ante el Primer
Juzgado de Policía Local de Puente Alto, bajo el Rol N* C-572.535-2018,
en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por
recurso de apelación, bajo el Rol N” 420-2018 Policía Local.
Atentamente,

Secretaria Abogada (S)

secretaria(Wtcchile.cl

Tribunal Constitucional
Huerfanos 1234, Santiago - Chile
PUNA
JUJIOZL

mortuzarOtcchile.cl An ¿ An

E A O

De: mortuzarOtcchile.cl

Enviado el: lunes, 4 de marzo de 2019 14:28

Para: "Notificaciones Tribunal Constitucional; 'notificacionestcOcde.cl'; Paulina Retamales
Soto'

CC: “Maria Eugenia Manaud Tapia”; 'Rowena Ghislaine Palaneck Alvarado"; 'Oscar Fuentes;

"notificaciones.tcQgmail.com'; 'msanchezOtcchile.cl'; 'ncortesOtcchile.cl';
'misanmartinO tcchile.cl'

Asunto: Remite inadmisibilidad.
Datos adjuntos: Inadmisibilidad.pef
Señoras

María Eugenia Manaud Tapia
Carolina Vásquez Rojas
Consejo de Defensa del Estado

Junto con saludarlas, vengo en comunicar y adjuntar resolución dictada por esta
Magistratura, en el proceso Rol N* 5871-18-INA, Requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad presentado por Sociedad Acudax SpA respecto del inciso segundo del
artículo 8 del Decreto de Ley N” 3.607, en los autos sobre procedimiento infraccional,
seguido ante el Primer Juzgado de Policía Local de Puente Alto, bajo el Rol N* C-572.535-
2018, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por recurso de
apelación, bajo el Rol N” 420-2018 Policía Local. Para los fines que indica.

Atentamente,

a Marco Ortúzar Orellana
¿Ge A Oficial Segundo
E » Tribunal Constitucional
A Fono: (56-2) 272 19 222
Huérfanos 1234
Santiago — Chile

e
000063

3
notificaciones (MOO) _. qee o 2 4 (an

De: mortuzarOtcchile.cl

Enviado el: lunes, 4 de marzo de 2019 14:18

Para: "Notificaciones Tribunal Constitucional'; 'ca_sanmiguel'

CC: msanchezOtcchile.cl; ofuentesEtcchile.cl; ncortesOtcchile.cl; ncortesOtcchile.cl
Asunto: Comunica Inadmisibilidad deja sin efecto la suspensión del procedimiento.
Datos adjuntos: Inadmisibilidad.pdf

Señora

Mónica Balboa Carrera

Secretaria

Corte de Apelaciones de San Miguel

Junto con saludarle, en el marco del convenio de cooperación entre el Tribunal
Constitucional y la Corte de Apelaciones de San Miguel, remito adjunta Resolución
dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N” 5871-18, sobre requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Sociedad Acudax SpA respecto del
inciso segundo del artículo 8 del Decreto de Ley N” 3.607, sobre procedimiento infraccional

* guido ante el Primer Juzgado de Policía Local de Puente Alto, bajo el Rol N* C-572.535-
“2018, -en actual conocimiento de esa Corte de Apelaciones de San Miguel, por
recurso de apelación, bajo el Rol N” 420-2018 Policía Local.

>

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Se ruega acusar recibo

Atentamente,

Marco Ortúzar Orellana
“e Oficial Segundo
e Tribunal Constitucional
.) Fono: (56-2) 272 19 222
Huérfanos 1234
Santiago — Chile

Santiago, 4 de marzo de 2019.

OFICIO N” 639-2018

Remite sentencia.

SEÑOR JUEZ
PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PUENTE ALTO:

Remito a US. copia de la resolución dictada por la Segunda Sala de
esta Magistratura con fecha 1 de marzo en curso, en el proceso Rol N* 5871-18-INA, sobre
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Sociedad Acudax
SpA respecto del inciso segundo del artículo 8 del Decreto de Ley N* 3.607, en los autos
sobre procedimiento infraccional, seguido ante el Primer Juzgado de Policía Local de
Puente Alto, bajo el Rol N* C-572.535-2018, en actual conocimiento de la Corte de
Apelaciones de San Miguel, por recurso de apelación, bajo el Rol N* 420-2018 Policía

Local.

Dios guarde a US.

¿ A 2 > :
EA CARAC

IVAN AROSTICA MALDONADO N,

pu - A

a,

Presidente Y

MONICA SANCHEZABARCA —

Secretaria (S)

SEÑOR JUEZ

JOSE MIGUEL NALDA MUJICA

PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PUENTE ALTO
AVDA CONCHA Y TORO N? 1820

PUENTE ALTO

Entregado a Correos de Chile 3 de marzo de 2019
6ULOG5

notificaciones (MOO) Juioido ¡42

De: notificaciones (MOO) <notificacionesOtcchile.cl>
Enviado el: lunes, 4 de marzo de 2019 20:24

Para: 'Primer Juzgado Policía Local'

CC: "mortuzarOtcchile.cl'; 'notificaciones.tcQOgmail.com'
Asunto: remite Inadmisibilidad

Datos adjuntos: Inadmisibilidad.pdf

Señora Secretaria
Ximena Hormazábal González
Primer Juzgado de Policial local de Puente Alto

; Junto con saludarla, vengo en comunicar y remitir adjunta resolución dictada por la
Primera Sala de esta Magistratura, en el proceso, Rol N* 5.871-18-INA, sobre requerimiento
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Sociedad Acudax SpA respecto
del inciso segundo, del artículo 8 del Decreto Ley N” 3.607, procedimiento infraccional,
¡ seguido ante el Primer Juzgado de Policia Local de Puente Alto, bajo el Rol N* C-572,535-

2018, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por recurso de

apelación, bajo el Rol N* 420-2018 Policía Local, a los efectos que indica.

Atentamente,

Marco Ortúzar Orellana

ON Oficial Segundo

4 A Tribunal Constitucional
'/ Fono: (56-2) 272 19 222

Huérfanos 1234

Santiago — Chile