INA-Inadmisibilidad

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Santiago, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve.

A fojas go, a lo principal: estese a lo que se resolverá; al otrosi: téngase por
acompañado.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

17, Que, con fecha 7 de enero de 2019, Cristian Eduardo Tapia Gómez, ha
presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto
del artículo 195, inciso segundo, en la parte que dice “incumplimiento de la
obligación ...[de]... prestar la ayuda posible”, y del inciso tercero, en aquelia frase
que señala “o se produjese la muerte de alguna persona”, de la Ley N* 18.290, en el
proceso penal RUC N* 2700798107-4, RIT N* 517-2018, seguido ante el Tribunal de
Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso;

2”. Que, el señor Presidente del Tribunal Constitucional ordenó que se diera
cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala;

3”. Que, para resolver acerca del pronunciamiento, en esta fase procesal,
sobre esta acción, debe considerarse que, previamente, con fecha 8 de marzo de
2018, el requirente, en calidad de imputado, dedujo requerimiento ante esta
Magistratura en la misma gestión judicial que actualmente invoca, solicitando se
declarara la inaplicabilidad respecto del artículo 195, incisos segundo y tercero, y
artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley N* 18.290;

4". Que, el referido requerimiento se siguió bajo el Rol 4462-18, consistente
en proceso criminal seguido en su contra por un delito de manejo en estado de
ebriedad con resultado de muerte y el incumplimiento de la obligación de detención
de la marcha del vehículo, sin prestar ayuda, ni dar cuenta a la autoridad en
accidente con resultado de muerte, previstos y sancionados en los articulo 195
inciso tercero, y 196 inciso tercero de la Ley N* 18.290, acaecidos el 28 de agosto de
2017, que se sustanció originalmente en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, con
Ruc 1700798107-4;

5%. Que, el fundamento de tal acción de inaplicabilidad decía relación, en lo
nuclear, con infracciones a los artículos 19 N* 2 y 3 de la Constitución Política, según
expone a fojas 17 y siguientes;

6”, Que, la sentencia definitiva pronunciada en los autos ya referidos, de
fecha 7 de agosto de 2018, rechazó la impugnación en lo concerniente a la
impugnación de los artículos 195, incisos segundo y tercero, de la Ley N* 18.290;

77. Que, asimismo, el requirente de autos igualmente dedujo una segunda
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en la gestión judicial actualmente
invocada, impugnando el artículo 195, incisos segundo y tercero, de la Ley N?
18.290;

8, Que, el referido requerimiento se siguió bajo el Rol 5157-18, consistente
en proceso criminal seguido en su contra por un delito de manejo en estado de

ebriedad con resultado de muerte y el incumplimiento de la obligación de detención
de la marcha del vehículo, sin prestar ayuda, ni dar cuenta a la autoridad en
accidente con resultado de muerte, previstos y sancionados en los artículo 195
inciso tercero, y 196 inciso tercero de la Ley N* 18.290, acaecidos el 28 de agosto de
2017, que se sustanció originalmente en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, con
Ruc 1700798107-4;

9”. Que, el fundamento de tal acción de inaplicabilidad decía relación, en lo
nuclear, con infracciones a los artículos 19 N* 2 y de la Constitución Política, según
expone a fojas 16 y siguientes;

10%. Que, la presente acción de inaplicabilidad impugna del artículo 195,
inciso segundo, en la parte que dice "incumplimiento de la obligación ...[de]...
prestar la ayuda posible”, y del inciso tercero, en aquella frase que señala “o se
produjese la muerte de alguna persona”, de la Ley N* 18.290, en el proceso penal
RUC N?* 1700798107-4, RIT N* 517-2018, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo
Penal de Valparaíso;

11%. Que, el fundamento de la presente acción de inaplicabilidad dice
relación, en lo medular, con infracciones a los artículos 19 N? 2 y 3 de la Constitución
Política, según expone a fojas 11 y siguientes;

12%. Que, consecuencialmente, es posible verificar que el requirente ha
formulado tres solicitudes, en idéntica gestión judicial pendiente y con asimilables
fundamentos constitucionales, por lo que la acción constitucional deducida no
puede prosperar, debiendo ser ella declarada inadmisible al concurrir la causal de
inadmisibilidad prevista en el numeral 6% del artículo 84 de la Ley Orgánica
Constitucional de esta Magistratura;

13?. Que, la Carta Fundamental ha legitimado al juez y a las partes para
iniciar un procedimiento de control concreto de constitucionalidad para decisión
sobre la aplicación de la norma impugnada, pero exigiendo, como contrapartida,
ciertas cargas para los sujetos legitimados, tales como la determinación precisa de
las normas cuestionadas y el fundamento plausible de sus alegaciones;

14. Que, la exigencia constitucional y legal de fundamentar
razonablemente un requerimiento, supone una *condición que implica como
exigencia básica — la aptitud del o de los preceptos legales objetados para contrarias,
en su aplicación al caso concreto, la Constitución, lo que debe ser expuesto
circunstanciadamente”, agregando que, “la explicación de la forma en que se produce
la contradicción entre las normas, sustentada adecuada y lógicamente, constituye la
base indispensable de la acción ejercita” (entre otras, STC roles N%s 482, 483, 485,
490,491, 492, 494, 1665, 1708, 1839, 1866, 1935, 1936, 1937, 1938, 2017, 2050, 2072,
2088, 2090, 2227, 2349, 2494, 2549, 2622, 2630, 2807);

15%, Que, así, en sede de admisibilidad, la fundamentación plausible consiste
en otorgar un “fundamento razonable”, esto es, líneas argumentativas que hagan
inteligible para el Tribunal la pretensión que se hace valer y la competencia
específica que se requiere, siendo sinónimo de la exigencia de fundamento plausible

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que ha previsto el Constituyente en el artículo 93, inciso decimoprimero de la Carta
Fundamental;

16%. Que la exigencia de fundamentación razonable tiene un doble fin en
derecho: por una parte, evitar que esta Magistratura se avoque a resolver
cuestiones que en su presentación inicial no satisfacen un mínimo estándar de
plausibilidad y, por otra, que no se traben procesos en sede de inaplicabilidad cuyo
objeto resulte tan difuso o confuso que el tribunal no pueda determinar su propia
competencia específica o la contraparte comprender lo accionado, así como sus
fundamentos. Así, en un criterio que debe ser reafirmado, se ha establecido que en
ambos casos se trata de objetivos prácticos que no consisten en la medición de la
excelencia de la argumentación, lo que es propio del quehacer académico, sino que,
más bien, de superar un estándar procesal que permita dar inicio a un contradictorio
constitucional (STC Rol N* 1182, c. 8);

177. Que, el requerimiento de inaplicabilidad incoado ante esta Magistratura
difícilmente puede satisfacer el estándar mínimo de plausibilidad exigido por la ley
orgánica constitucional que la regula, si las mismas pretensiones ya han sido hechas
valer previamente en la tramitación de acciones de inaplicabilidad resueltas,
consistiendo más bien, en el caso concreto, en una mera reiteración de solicitudes
frente a una cuestión predefinida. En tal sentido, resulta evidente que el conflicto de
constitucionalidad que se plantea coincide con el que en su oportunidad ya se
resolvió, incurriendo en un vicio que le impide prosperar (Resolución de
inadmisiblidad Rol N* gzg, c. 5);

18”. Que, cabe agregar adicionalmente que la Ley N* 17.997, Orgánico
Constitucional de esta Magistratura, a su vez, no contempla mecanismos de
impugnación frente a la resolución que se pronuncie declarando la inadmisibilidad
de una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, o frente a sentencias
definitivas, de conformidad al tenor literal del artículo 84 inciso segundo de la
referida ley, cuestión que resulta del todo pertinente, en la medida que un tercer
pronunciamiento sobre un requerimiento ya deducido implicaría una revisión de lo
ya decidido;

19%. Que, por lo demás, la imposibilidad de recurrir en contra de lo resuelto
por esta Magistratura no sólo encuentra sustento en el plano orgánico
constitucional, según ya se ha expuesto precedentemente, sino que también a nivel
constitucional, según lo dispone el artículo 9% inciso primero de la Carta
Fundamental, en la medida que contempla la improcedencia de recursos en contra
de sus “resoluciones”, voz que, bajo su sentido natural y obvio, abarca los
pronunciamientos sobre admisibilidad. Así, manteniéndose el conflicto
constitucional planteado en ambos requerimientos correlacionados, no resulta
posible una revisión de lo ya decidido;

20%. Que, en consecuencia, debe concluirse que la acción constitucional
deducida no puede prosperar, por lo que ella será declarada inadmisible al concurrir
la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6* del artículo 84 de la Ley

Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto es, adolecer de falta de
fundamento plausible.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 69, 7” y 93, inciso
primero, N* 62, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los artículos 84,

N? 6 y demás pertinentes de la Ley N0 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura,

SE DECLARA:

1. Derechamente inadmisible el requerimiento deducido en lo
principal, de fojas 1.

Notifíquese al requirente. Archívese.

Rol N* 5919-18-INA.

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Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional,
integrada por su Presidente, Ministro señor Gonzalo Garcia Pino, la Ministra señora
María Luisa Brahm Barril y los Ministros señores Cristián Letelier Aguilar, Nelson
Pozo Silva y Miguel Ángel Fernández González.

Autoriza la Secretaria (s) del Tribunal Constitucional, señora Mónica Sánchez

Abarca. j : Z=A,
2

009115
Oscar Fuentes Salazar Price

De: tribunalconstitucional.cl <seguimientoOtcchile.cl>
Enviado el: lunes, 28 de enero de 2019 15:41

Para: jcmanriquezO mbcia.cl; acbrintrupOmbcia.cl
Asunto: Notificacion Ro! 5919-19

Datos adjuntos: 9977_1.paf

Señor Juan Carlos Manríquez Rosales y Señora Ana Carolina
Brintrup Bahamonde:

Adjunto remito a ustedes, resolución dictada por la Segunda Sala de
este Tribunal en el proceso Rol N? 5919-19, sobre requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Cristian
Eduardo Tapia Gómez respecto del artículo 195, inciso segundo, en la
parte que dice "incumplimiento de la obligación ...[de].. prestar la
ayuda posible", y del inciso tercero, en aquella frase que señala "o se
produjese la muerte de alguna persona", de la Ley N* 18.290, en el
proceso penal RUC N* 1700798107-4, RIT N* 517-2018, seguido ante
el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso.

Atentamente,

Secretaria Abogada (S)

secretaria(gtcchile.cl

Tribunal Constitucional
Huerfanos 1234, Santiago - Chile