INA-Inadmisibilidad

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000033

Santiago, veintinueve de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, con fecha 25 de enero de 2019, Santiago Ayala Ouintero deduce
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso
segundo del artículo 1% de la Ley N% 18.216, en el proceso penal RUC N*
1701066399-7, RIT N* 454-2018, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal
de Rancagua.

2. Que el señor Presidente del Tribunal Constitucional ordenó que se diera
cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de esta Magistratura.

3". Que esta Magistratura Constitucional, en oportunidades anteriores y
atendido el mérito de cada caso particular, ha determinado que un requerimiento
de inaplicabilidad puede adolecer de vicios o defectos tales que hagan imposible
que pueda prosperar, siendo, así, impertinente que la Sala efectúe un examen
previo de admisión a trámite y procediendo que la misma declare derechamente la
inadmisibilidad de la acción deducida (entre otras, sentencias roles N%s 1924, 1890,
1878, 1860, 1789, 1834, 1828, 1788, 1771, 1749, 2811 y 2878).

4”. Que, del examen del requerimiento interpuesto, esta Sala ha logrado
formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede
prosperar, por lo que ella será declarada derechamente inadmisible, al concurrir en
la especie la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6? del artículo 84 de la
Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto es, adolecer de falta de
fundamento plausible;

5”. Que, el actor impugna la preceptiva contenida en el artículo 1%, inciso
segundo, de la Ley N* 18.216, en razón de la prohibición que establece dicha norma
de otorgar eventuales penas sustitutivas a las penas privativas de libertad, entre
otros, a los autores del delito consumado de homicidio contenido en el artículo 391
del Código Penal.

En el caso concreto, precisamente, el requirente se encuentra acusado como
autor del delito de homicidio simple, ilícito dispuesto en dicho artículo 391, N* 2, y
además por el delito de lesiones menos graves, del artículo 399.

El actor sostiene que, eventualmente, en caso de ser condenado, podrían
serle reconocidas diversas atenuantes, lo que permitiría la procedencia a su
respecto de penas sustitutivas a las privativas de libertad, y, en ese caso, postula el
efecto inconstitucional de la aplicación del artículo 1%, inciso segundo, de la Ley N?
18.216, que impide al juez el otorgamiento de penas sustitutivas en delitos como el
de la especie.

6*. Que, desde que fuera ingresada la causa Rol N* 2959, en enero de 2016,
esta Magistratura ha conocido en diversas oportunidades impugnaciones vía
inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma de la Ley N% 18,216
previamente enunciada, en relación con delitos establecidos en la Ley N* 17.798, de
Control de Armas. En las oportunidades en que los libelos han sido acogidos, por
mayoría de votos, se ha establecido que la improcedencia a todo evento de otorgar
por el juez de la instancia penal, penas sustitutivas a la privación efectiva de
libertad, implica contravención a lo dispuesto en el artículo 19, numerales 2% y 3,
inciso sexto. Se ha tenido presente para ello, en más de un centenar de sentencias,
que el estándar de racionalidad y justicia garantizado en la preceptiva constitucional
se manifiesta en el principio de proporcionalidad de las penas, en virtud del cual la
severidad de éstas debe estar relacionada con la gravedad del delito y/o de la
conducta delictiva.

7”. Que, así, este Tribunal Constitucional ha establecido que "cualquiera sea
el medio que el legislador utilice para incrementar la punición de una conducta
delictiva, éste no puede prescindir de la gravedad del delito expresado a través del
quantum de la pena. En efecto, lo que determina la gravedad de un ilícito no es la
naturaleza del delito. Dicho parámetro es una medida sólo intuitiva para apreciar
qué tan grave es éste. El criterio más objetivo para identificar el nivel de gravedad
de un ilícito es el quantum de la pena” (STC Rol N? 2959), cuestión que, verificada la
sistemática global en que son penalizadas las conductas típicas que prevé la Ley N9
17.798, de Control de Armas, se tiene que no se avienen —conforme la penalización
en concreto de las conductas incriminadas- la mayoría de los hechos típicos que
dicho cuerpo legal consagra con la punición asociada, lo que genera la respectiva
declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que ha dispuesto esta
Magistratura.

8”. Que, del texto de la Ley N? 18.216, y las modificaciones legales que se le
han introducido, se constata que, en su artículo 1”, se excepcionó del otorgamiento
de penas sustitutivas, además de los casos que indica de ilícitos de la Ley de Control
de Armas, a los autores de los delitos consumados de homicidio previstos en el
artículo 391 del Código Penal, así como de otros delitos de alta gravedad, como los
de secuestro, sustracción de menores, violación y violación con homicidio.
9”. Que, el cuerpo de delitos introducidos por el legislador a través de la
anotada normativa tiene una característica basal: se trata de tipos penales que,
conforme lo dispone el artículo 3? del Código Penal, se consideran crimenes, en que
su rango punitivo, en todos los casos, comienza en los cinco años y un día de
presidio mayor en su grado mínimo de privación de libertad, llegando en ciertos
Casos a la máxima sanción que prevé nuestro ordenamiento jurídico, esto es, el
presidio perpetuo calificado. La penalidad asociada a este grupo de delitos
descansa no sólo en consideraciones relativas al bien jurídico protegido (vida,
libertad ambulatoria, autonomía e indemnidad sexual), sino también a la especial
lesividad de dichas conductas, cuestión que fue tenida en consideración por el
legislador para exceptuar así el eventual otorgamiento de penas sustitutivas.

10”. Que, como puede apreciarse, el caso presentado ante esta Magistratura
en estos autos, en que se discute la posible autoría del requirente en la comisión del
delito de homicidio, se torna como parte de un entramado ajeno a las
impugnaciones verificadas en contexto de tipos penales previstos en la Ley de
Control de Armas, eventos en que ha sido acogida la acción de inaplicabilidad
deducida, en los términos ya expuestos, con un supuesto que no es atendible a
crímenes que constan en el catálogo punitivo en que se logra apreciar una
vinculación entre la dañosidad del delito en sí con la sanción que a su respecto ha
previsto el legislador, entre lo que debe encontrarse como parte integrante, su
especial forma de cumplimiento.

119. Que, por lo expuesto, el requerimiento de autos adolece del debido
fundamento plausible para sortear el requisito negativo previsto en el artículo 84,
numeral 6% de la Ley orgánica Constitucional de esta Magistratura. El actor no
entrega elementos nuevos y diversos suficientes como para explicar la forma en que
la gestión pendiente permitiría acreditar la existencia de una contravención
constitucional, de ser aplicada la regla impugnada; por el contrario, su
argumentación desplegada en el libelo de fojas 1 no se aparta de los razonamientos
vertidos en casos presentados con infracciones a delitos de menor lesividad, en que
esta Magistratura ha optado, en muchos casos, por acoger las impugnaciones.

12%. Que, por ello, y al igual como se declaró en los precedentes de
inadmisibilidad recaídos en las causas roles N%s 4750 y 5198, entre otros, se aprecia
por esta Sala que la acción deducida no supera el estándar que el legislador
orgánico constitucional ha establecido en el artículo 84, numeral 6* de la Ley N2
17.997, por lo que no puede prosperar y así será declarado.
Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6%, 7? y 93, inciso
primero, N? 6%, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los artículos 84,
N* 6 y demás pertinentes de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura,

SE RESUELVE:
Que se declara inadmisible el requerimiento interpuesto en lo principal
de fojas 1. A los otrosíes, estése a lo resuelto.

Notifíquese y comuniquese.
Archivese.

Rol N* 6030-19-INA.

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Sra. Brahm
Presidenta subroganté

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Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional,
integrada por su Presidenta subrogante, Ministra señora Maria Luisa Brahm Barril y
por sus Ministros señores Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y Miguel Ángel
Fernández González.

Autoriza la Secretaria suplente del Tribunal Constitucional, señora Mónica

Sánchez Abarca. Ñ
ÓN

SN

Notificaciones Tribunal Constitucional (MOO)
AA DD A

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De:

Enviado el:
Para:

Asunto:

Datos adjuntos:

tribunalconstitucional.cl <seguimientoOtcchile.cl>
miércoles, 30 de enero de 2019 19:25
cfierroOdpp.cl; ucorteOdpp.cl

Notificacion Rol 6030-19

10077_1.paf

Sr. Claudio Fierrop Morales por el requirente

Adjunto remito a usted resolución dictada por este Tribunal en el
proceso Rol N* 6030-19-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad presentado por Santiago Ayala Quintero
respecto del inciso segundo del artículo 19 de la Ley N* 18.216, en el
proceso penal RUC N* 1701066399-7, RIT N* 454-2018, seguido ante
el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua.

Atentamente,

Secretaria Abogada (S)

secretaria(itechile.cl

Tribunal Constitucional
Huerfanos 1234, Santiago - Chile