TC Rol 6332

Texto completo

Santiago, veintiséis de abril de dos mil diecinueve.

A fojas 37, a lo principal: téngase como parte; al primer otrosí: estese al
mérito de lo resuelto; al segundo y tercer otrosies: téngase presente.

A fojas 42, téngase presente.

A fojas 51, ténganse por acompañadas las piezas remitidas. Custódiense por
Secretaría del Tribunal en cuaderno reservado llevado a tal efecto.

A fojas 52, a lo principal: téngase por evacuado traslado, al otrosí: téngase
por acompañado.

Afojas 64, téngase por evacuado traslado.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

17. Que, con fecha 26 de marzo de 2019, Juan Miguel Fuente-Alba Poblete
ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto de los artículos 205 y 352, del Código de Procedimiento Penal; 233 y 236,
del Código Penal, y 2” de la Ley N* 19.863, en la causa Rol N* 575-2014, de la
Primera Fiscalía Militar de Santiago (ex VI), instruida por la Ministra en Visita
Extraordinaria de la Corte Marcial, señorita Romy Rutherford Parenti;

2”. Que, el señor Presidente del Tribunal Constitucional ordenó que se diera
cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de esta Magistratura, el que
fue acogido a trámite con fecha 4 de abril de 2019, según consta a fojas 4.4;

3". Que, fueron evacuadas presentaciones en sede de admisibilidad, a fojas
52 y 64;

42. Que, según lo dispuesto en el artículo 84 N%s 5 y 6 de la Ley N* 17.997,
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, procede declarar inadmisible aquel
requerimiento de inaplicabilidad en el cual se impugnen preceptos que no resulten
decisivos en la resolución del conflicto involucrado en la gestión pendiente, o en el
cual alguna de sus impugnaciones carezca de fundamento plausible;

5%. Que, en lo que respecta a la impugnación de los articulos 233 y 236 del
Código Penal, y 2? de la Ley N* 19.863 el requerimiento de inaplicabilidad de fojas 1,
expone un conflicto de constitucionalidad basado en la infracción del principio de
legalidad, ocasionado con motivo de la aplicación de las normas cuestionadas, al no
precisar ellas la conducta punible descrita en los términos mandatados por la Carta
Fundamental (así, fojas 24 y siguientes);

6”. Que, en primer lugar, debe considerarse que la jurisprudencia de esta
Magistratura Constitucional ha resuelto que "[...] el carácter decisivo que debe tener
la norma impugnada supone que el juez de instancia la deba considerar para resolver
alguno de los asuntos o materias que le han sido sometidos a su conocimiento [...] el
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que la aplicación de un precepto legal haya de resultar decisiva en la resolución de un
asunto supone que el Tribunal Constitucional debe efectuar "un análisis para
determinar sí de los antecedentes allegados al requerimiento puede concluirse que el
juez necesariamente ha de tener en cuenta la norma legal que se impugna, para decidir
la gestión” (STC roles N* 668, 809, 1.225, 1.780 y 2.193) [...J”. Por lo anterior, el
precepto debe considerarse decisivo cuando puede concluirse que el juez
necesariamente ha de tener en cuenta la aplicación de la norma legal que se
impugna para resolver el asunto sometido a su conocimiento;

7”. Que, según consta en el certificado acompañado a fojas 34, el requirente
se encuentra sometido a proceso desde el 19 de febrero de 2019, por el delito
reiterado de malversación de caudales públicos, previsto y sancionado en el artículo
233 en relación con el artículo 238, ambos del Código Penal, vinculados, a su vez con
el artículo 2? de la Ley N* 19.863;

8”. Que, según lo anteriormente expuesto, es posible constatar que en el
proceso penal seguido contra el actor no se le ha imputado el delito de
administración pública diferente, sancionado en el artículo 236 del código punitivo,
que actualmente se impugna en autos;

9”. Que, si bien para satisfacción del requisito de admisibilidad referente al
carácter decisivo de las normas impugnadas basta la posibilidad de aplicación del
precepto cuestionado, ello exige un análisis del estado actual de la gestión judicial
pendiente que se invoca, verificando la plausibilidad de tal escenario y no de uno
hipotético (así, Resolución de admisibilidad Rol N* 3835-17, c. 6);

10%. Que, por lo expuesto, no siendo una conducta imputada aquella
contemplada en el artículo 236 del Código Penal, no resultará decisiva la misma, por
lo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 84 N*5 de la Ley
N?* 27.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura;

117. Que, en lo que respecta al artículo 233 del Código Penal, que contempla
el tipo penal de malversación de caudales públicos, y al artículo 2% de la Ley N*
19.863, que contempla la definición de gastos reservados, si bien es efectiva la
existencia de una imputación dirigida en contra del requirente, en cuanto ha sido
sometido a proceso por tal ilícito penal, las argumentaciones comprendidas en el
libelo de inaplicabilidad en torno a un pretendido conflicto de constitucionalidad de
las mismas como "leyes penales abiertas” (fojas 24 y siguientes) no satisface el
estándar de justificación plausible mínimamente razonable para ser declarado
admisible;

12%, Que, según se ha sostenido de manera reiterada, en sede de
admisibilidad el requerimiento debe satisfacer la necesidad de contar con
“fundamento razonable”, es decir, contener una línea argumental con suficiente y
meridiana motivación, así como fundamentos suficientemente sólidos, que,
articulados, hagan inteligible para el tribunal la pretensión que se hace valer y la
competencia específica que se requiere, con el objetivo de evitar que esta
Magistratura se dedique a resolver cuestiones que no satisfacen un mínimo
estándar de plausibilidad que permita dar inicio a un contradictorio constitucional
(STC Rol N? 1182, c. 8);

13”. Que, en la especie sobre la pretendida infracción constitucional, el
requirente se limita a aseverar genéricamente que las normas cuestionadas no
configuran un tipo penal completo, facultando al juez para determinar
discrecionalmente lo que estima como delito (foja 25), añadiendo que, los caudales
públicos a los que hace referencia el auto de procesamiento dictado en su contra
versan sobre dineros asignados por concepto de “gastos reservados”, resultando la
definición legal de los mismos, a su juicio, indeterminada y generadora de
incertidumbre jurídica;

14”. Que, a juicio de esta Sala, tales alegaciones no logran fundar de modo
razonado y completo la configuración de un conflicto de constitucionalidad
ocasionado con motivo de la aplicación de los preceptos impugnados, que superen
meras alegaciones sobre conflictos interpretativos en relación a elementos
normativos contemplados en los tipos penales empleados, por lo que concurre la
causal prevista en el artículo 84 N? 6 de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional de
esta Magistratura;

15". Que, por último, en lo que respecta a la impugnación respecto de los
artículos 205 y 352, ambos del Código de Procedimiento Penal, se ha dado
cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 93, inciso decimoprimero, de
la Constitución Política, en relación con lo previsto en el artículo 84 de la Ley
Orgánica Constitucional. En consecuencia, respecto de ellas, su impugnación será
resuelta por el Pleno del Tribunal Constitucional, como ha acaecido con casos
equivalentes en el pasado.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, No
69, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política y en los artículos 83, 84 y
demás disposiciones pertinentes de la Ley N' 17.997, Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

1%, Que se declara admisible el requerimiento de autos respecto de los
artículos 205 y 352, ambos del Código de Procedimiento Penal.

2%, Que se declara inadmisible el requerimiento deducido a fojas 1
respecto a todo lo demás.

39. Pasen los autos al señor Presidente del Tribunal para que les dé curso
progresivo.

Disidencia

Pronunciada con el voto en contra del Ministro señor Domingo Hernández
Emparanza y de la Ministra señora María Pía Silva Gallinato, quienes fueron de
opinión de declarar inadmisible el requerimiento de fojas 1, en su totalidad, en
razón de las consideraciones siguientes:

1%, Que, conforme consta en el expediente constitucional, la parte
requirente ha accionado de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los
artículos 205, y 352 del Código de Procedimiento Penal al señalar que la aplicación
de las normas cuestionadas generaría efectos contrarios a la Constitución Política
de la República, desde infracciones al derecho a defensa y la tutela judicial efectiva;

2”. Que, tal conflicto de constitucionalidad alegado por el requirente tiene
lugar en cuanto los preceptos cuestionados imposibilitarian a la defensa participar
en la declaración de testigos y en las diligencias de careos en etapa de sumario,
restringiendo indebidamente su derecho a defensa;

3”. Que, a juicio de estos Ministros disidentes, examinadas las piezas del
expediente constitucional, se constata la concurrencia de la causal de
inadmisibilidad prevista en el numeral 5% del artículo 84 de la Ley N* 17.997,
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, respecto de ambos preceptos
cuestionados, como así también la causal prevista en el numeral 6? del artículo 84,
del anotado cuerpo legal, respecto de la impugnación del artículo 205 del Código de
Procedimiento Penal;

4”. Que, según se ha resuelto por esta Magistratura Constitucional "[...] el
que la aplicación de un precepto legal haya de resultar decisiva en la resolución de un
asunto supone que el Tribunal Constitucional debe efectuar “un análisis para
determinar si de los antecedentes allegados al requerimiento puede concluirse que el
Juez necesariamente ha de tener en cuenta la norma legal que se impugna, para decidir
la gestión” (STC roles N* 668, 809, 1.225, 1.780 y 2.193) [...]”;

5”. Que, los artículos 68 a 73 del Código de Procedimiento Penal
reglamentan la posibilidad de incidentar la nulidad de diligencias investigativas en
caso de vulneración de garantías fundamentales. No obstante, no consta en autos
que hayan sido promovidas tales incidencias por infracciones al debido proceso, en
línea con las infracciones constitucionales que hoy se denuncian, por lo que el
presente requerimiento no resulta apto para salvaguardar eventuales conflictos de
constitucionalidad no alegados en la sustanciación ordinaria de la gestión sub lite;

6”. Que, cabe agregar, en lo que respecta a la impugnación del artículo 352
del Código de Procedimiento Penal, que tampoco resultará decisiva tal norma para
la resolución del conflicto planteado en la gestión judicial pendiente invocada, en
cuanto, según se deduce por lo señalado por el propio requirente a fojas 15, el
precepto cuestionado ya ha sido aplicado en la gestión judicial pendiente invocada,
en la medida que diligencias de careos que le involucraron ya han sido realizadas,
000078
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según añade a fojas 17, agotándose, en consecuencia, su ámbito de aplicación, y por
lo cual una eventual sentencia estimatoria no producirá efectos para evitar la
vulneración constitucional alegada. Por ello y conforme la jurisprudencia constante
de esta Magistratura, no se cumple con la exigencia de que el precepto que se
impugne resulte decisivo en la resolución del asunto a que accede el libelo de
inaplicabilidad (así, resolución de inadmisibilidad recaída en causa Rol N* 1789, cc.
8” y 9%, configurándose igualmente en la especie la causal de inadmisibilidad
prevista en el numeral 5? del artículo 84 del cuerpo legal orgánico constitucional por
tales motivos;

77. Que, adicionalmente, en lo que respecta a la impugnación del artículo
205 del Código de Procedimiento Penal concurre la causal de inadmisibilidad
prevista en el artículo 84 N*6 de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura;

8%, Que, en tal sentido, expone el requirente, a fojas 9, que “queda en
evidencia de la mencionada disposición, y de aplicación en autos, el juez que instruye la
causa cumple una multiplicidad de roles de modo permanente, tomando declaraciones
las veces que estime necesaria para la investigación de forma secreta, y excluyendo
completamente la defensa letrada por cuanto se verifica sin la presencia siquiera de
abogado del defensor, todo lo cual limita en este caso concreto, y de modo contrario a
la Constitución, el derecho de mi representado a la tutela judicial efectiva”;

9. Que, así estructurado el conflicto de constitucionalidad pretendido,
existe un déficit argumentativo para su debida comprensión que logre explicar los
motivos por los cuales la presencia del abogado defensor en cada declaración de
testigos resulta un elemento necesario para asegurar el resguardo del debido
proceso y el derecho a defensa de aquel sometido a proceso. Ello, especialmente si,
tal como consta a fojas 34 el requirente ha tenido acceso al conocimiento del
sumario.

Notifíquese.

Rol N* 6332-19-INA.

Sk. Hernández

A

“ Sra. Silva

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional,
integrada por su Presidente, Ministro señor iván Aróstica Maldonado, los Ministros
señores Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán y José Ignacio
Vásquez Márquez, y la Ministra señora María Pía Silva Gallinato.

Autoriza la Secretaria (s) del Tribunal Constitucional, señora Mónica Sánchez

Abarca. o