TC Rol 6630

Texto completo

000052 :

Santiago, treinta de mayo de dos mil diecinueve.
A fojas 29, a sus antecedentes.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%, Que, con fecha 17 de mayo de 2019, Eduardo Montalva Pérez deduce
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las frases “El
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”, “determinará”, “causales de
caducidad y procedimientos para su asignación y cancelación”, contenidas en el
artículo 4?, inciso primero, de la Ley N* 18.696, para que surta efectos en la causa
caratulada “Ocayo con Secretaría Regional Ministerial de Transportes y
Telecomunicaciones de la Región de Atacama”, de que conoce la Corte de
Apelaciones de Copiapó, por recurso de protección, bajo el Rol N% 100-2019
(Protección).

2”. Que el señor Presidente del Tribunal Constitucional ordenó que se diera
cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de esta Magistratura.

3”. Que esta Magistratura Constitucional, en oportunidades anteriores y
atendido el mérito de cada caso particular, ha determinado que un requerimiento
de inaplicabilidad puede adolecer de vicios o defectos tales que hagan imposible
que pueda prosperar, siendo, así, impertinente que la Sala efectúe un examen
previo de admisión a trámite y procediendo que la misma declare derechamente la
inadmisibilidad de la acción deducida (entre otras, sentencias roles N% 1924, 1890,
1878, 1860, 1789, 1834, 1828, 1788, 1771 y 1749).

47. Que el artículo 84, N* 6, de la Ley NO 17.997, Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional -en relación con el artículo 93, inciso undécimo, de la
Constitución Política- dispone que “procederá declarar la inadmisibilidad [del
requerimiento] en los siguientes casos: 6%. Cuando carezca de fundamento plausible”.

5”. Que, en lo atingente a la causal de inadmisibilidad del referido artículo
84, N* 6, esta Magistratura ha sostenido que la exigencia constitucional y legal de
fundamentar razonablemente un requerimiento de inaplicabilidad, para los efectos
de declarar su admisibilidad, supone una "condición que implica -como exigencia
básica- la aptitud del o de los preceptos legales objetados para contrariar, en su
aplicación al caso concreto, la Constitución, lo que debe ser expuesto
circunstanciadamente”, agregando que "la explicación de la forma en que se produce
la contradicción entre las normas, sustentada adecuada y lógicamente, constituye la
base indispensable de la acción ejercitada.” (entre otras, STC roles N%s 482, 483, 484,
485, 490, 491, 492, 494, 1665, 1708, 1839, 1866, 1935, 1936, 1937, 1938, 2017, 2050,
2072, 2088, 2089, 2090, 2227, 2349, 2494, 2549, 2622, 2630 y 2807).

Además, ha declarado que: "en sede de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional sólo ha sido autorizado por la Carta
Fundamental para efectuar el control de constitucionalidad concreto de los preceptos
legales objetados y, por consiguiente, no ha sido llamado a resolver sobre la aplicación
e interpretación de normas legales, cuestión que, de conformidad a la amplia
Jurisprudencia recaída en requerimientos de inaplicabilidad, es de competencia de los
jueces del fondo” (entre otras, STC Rol N* 2775).

67, Que esta Sala ha arribado a la conclusión de que, en la especie, concurre
la causal de inadmisibilidad del requerimiento prevista en el referido numeral 6? del
artículo 84, ya que la acción deducida no da cumplimiento, en los términos
expresados en el considerando que precede, a la exigencia constitucional y legal de
encontrarse razonablemente fundada.

Lo anterior atendido que la requirente impugna ciertas frases del artículo 42,
inciso primero, de la Ley N* 18.696, que “Modifica artículo 6? de la Ley N* 18.502,
autoriza importación de vehículos que señala y establece normas sobre transporte
de pasajeros”, para que sean inaplicables a una causa sobre recurso de protección
deducido por el mismo requirente contra la Resolución Exenta N* 120, de 6 de mayo
de 2019, de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones
de la Región de Atacama, que ordenó el cierre definitivo de una planta de revisión
técnica, recurso de protección que se encuentra actualmente pendiente de resolver
por la Corte de Apelaciones de Copiapó.

Afirma el requirente de inaplicabilidad que este precepto ha "habilitando a la
autoridad para ejercer la potestad de manera irracional, desproporcionada y
caprichosa, permitiéndole disponer y ordenar el cierre de las plantas a su antojo, y
en cualquier plazo, aun cuando no exista una nueva adjudicación en el tiempo
intermedio” (fojas 6) y estima que la aplicación del precepto en la parte impugnada
infringiría la protección constitucional de los trabajadores, la igualdad ante la ley, la
proporcionalidad de la sanción, el derecho de propiedad, los derechos en su
esencia, y el principio de servicialidad del Estado (artículos 1 y 19, N% 2, 16, 24 y 26,
de la Constitución).

7”. Que, sin embargo, el requirente pretende una declaración de
inaplicabilidad en términos tales de derechamente eliminar una potestad legal de la
autoridad de transportes para determinar las causales de caducidad de la concesión
y su cancelación.

Así, el precepto legal impugnado dispone actualmente: “El Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones podrá fijar por regiones, provincias o comunas del
país establecimientos que practiquen revisiones técnicas a los vehículos que se señale
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genéricamente y determinará la forma, requisitos, plazo de concesión, causales de
caducidad y procedimientos para su asignación y cancelación. Las concesiones
respectivas deberán otorgarse mediante licitación pública, al oferente que ofrezca el
menor precio por los servicios para la tecnología y calidad técnica especificada en las
bases de licitación” (el destacado en negrita corresponde a la parte impugnada de
inaplicabilidad).

Luego, si hipotéticamente se acogiera el requerimiento, la disposición legal
quedaría con el siguiente tenor: “podrá fijar por regiones, provincias o comunas del
país establecimientos que practiquen revisiones técnicas a los vehículos que se señale
genéricamente y la forma, requisitos, plazo de concesión. Las concesiones respectivas
deberán otorgarse mediante licitación pública, al oferente que ofrezca el menor precio
por los servicios para la tecnología y calidad técnica especificada en las bases de
licitación”. Evidentemente, dejar el precepto en esos términos, importa dejar el
precepto carente de contenido y eliminar las potestades Ministeriales.

8”. Que, el recurso de protección, precisamente, tiene por objeto amparar a
las personas frente a actos ilegales o arbitrarios de la autoridad, debiendo discutirse
en dicha instancia y antes los jueces del fondo si el obrar de la Secretaría Regional
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Atacama se ajusta
a derecho.

Pero, no es procedente, que vía acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad el actor pretenda derechamente eliminar potestades de
autoridad, siendo que, además, sus alegaciones de inconstitucionalidad expresadas
en el requerimiento no se enfocan en ello, sino en un actuar caprichoso y
desproporcionado de la autoridad al decretar el cierre de la planta de revisión
técnica, y en la afectación de los derechos de los trabajadores.

Por tanto, la Sala concluye que el requerimiento en realidad no plantea un
conflicto constitucional por la aplicación de un precepto legal en un caso concreto,
sino que ataca derechamente la potestad de la autoridad y lo resuelto por ella,
asunto que debe resolver el juez de fondo, y que no envuelve un problema de
constitucionalidad sobre el cual este Tribunal deba pronunciarse en el fondo.

Conforme a lo expuesto, la acción constitucional deducida no puede
prosperar, por lo que será declarada derechamente inadmisible.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, No
60, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política de la República y en el
artículo 84, N? 6, y demás pertinentes de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,
notificaciones (MOO)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimientoGtcchile.cl>

Enviado el: lunes, 3 de junio de 2019 08:39

Para: abogadomontalvaQ'gmail.com; ABOGADOMONTALVAOGMAILCOM
Asunto: Notificacion Rol 6630-19

Datos adjuntos: 12317_1.pdf

Eduardo Montalva Pérez, por el requirente;

Adjunto remito a usted resolución dictada por este Tribunal en el
proceso Rol N” 6630-19-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad presentado por Eduardo Montalva Pérez
respecto de las frases "El Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones”, "determinará", "causales de caducidad y
procedimientos para su asignación y cancelación", contenidas en el
artículo 4”, inciso primero, de la Ley N* 18.696, en los autos
caratulados "Ocayo con Secretaría Regional Ministerial de Transportes
y Telecomunicaciones de la Región de Atacama", de que conoce la
Corte de Apelaciones de Copiapó, por recurso de protección, bajo el
Rol N* 100-2019 (Protección).

Atentamente,

Secretaria Abogada (S)

secretaria(Mitcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huerfanos 1234. Santiago - Chile