INA-Inadmisibilidad

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IS

Santiago, diez de julio de dos mil diecinueve.

VISTO Y CONSIDERANDO:

1%. Que, con fecha 11 de junio de 2019, Gonzalo Díaz González, Juez
Destinado del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, ha presentado un
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1%,
inciso tercero, en relación con el artículo 7%, del Código del Trabajo, en los autos RIT
O-390-2019, RUC 19-4-0172244-3, caratulados “Ananías con Servicio de
Capacitación y Empleo”, sobre reconocimiento de relación laboral, despido
injustificado, y cobro de prestaciones laborales, seguidos ante el Juzgado de Letras
del Trabajo de Concepción;

2”. Que, el señor Presidente del Tribunal Constitucional ordenó que se diera
cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de esta Magistratura;

3”. Oue esta Magistratura Constitucional, en oportunidades anteriores y
atendido el mérito de cada caso particular, ha determinado que un requerimiento
de inaplicabilidad puede adolecer de vicios o defectos tales que hagan imposible
que pueda prosperar, siendo, así, impertinente que la Sala efectúe un examen
previo de admisión a trámite y procediendo que la misma declare derechamente la
inadmisibilidad de la acción deducida (entre otras, sentencias roles N*%s 1924, 1890,
1878, 1860, 1789, 1834, 1828, 1788, 1771 y 1749).

4”. Que, del examen del requerimiento deducido, esta Sala ha logrado
formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede
prosperar, al concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 6? del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura.
Conforme se tiene del expediente constitucional, no se cumple con un esencial
requisito en sede de admisibilidad, en torno a presentar y argumentar un conflicto
constitucional;

5”. Que, conforme al requerimiento, en la gestión pendiente, el Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo fue demandado, aduciendo la actora una
relación laboral basada en contratos de prestación de servicios a honorarios;

6”, Que, así, la discusión central en la gestión pendiente guarda relación con
la eventualidad de que un convenio de prestación de servicios a honorarios pase a
generar, conforme alega la demandante laboral, una relación laboral regida por la
preceptiva del Código del Trabajo;

77. Que, la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional a través de sus dos
Salas (así, resoluciones de inadmisibilidad recaídas en causas Roles N%s 3719; 3748; y
3840) ha desestimado en sede de admisibilidad requerimientos de inaplicabilidad
análogos al de estos autos. Se ha estimado que “la acción deducida (...) se sustenta
en que a quienes prestan servicios a honorarios a la Municipalidad de acuerdo al
artículo 4" y 11 de la Ley N * 18.883, sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios
Municipales, les serían aplicables las normas de dicho Estatuto, y no las disposiciones
del Código del Trabajo. Sin embargo, conforme al mismo artículo 4% anotado, la
contratación por parte de la Municipalidad de servicios sobre la base de honorarios, en
los supuestos en que ello se autoriza, se rige "por las reglas que establezca el respectivo
contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto" (artículo 4*, inciso
finab. En consecuencia no puede asimilarse a quienes prestan servicios a honorarios a
la Municipalidad con los funcionarios de la misma” (resolución de inadmisibilidad en
causa Rol N* 3840, c. 59);

8”. Que, dicha línea jurisprudencial será asentada una vez más por esta Sala,
La discusión en torno a un eventual régimen laboral que pudiera haber unido a las
partes es una cuestión determinada ya por la Ley N* 18.834 (Estatuto
Administrativo, artículo 11), o por la Ley N* 18.883 (Estatuto Administrativo Para
Funcionarios Municipales, artículo 4%). La situación jurídica del actor laboral en
relación al requirente de autos se rige por las normas que sean previstas en el propio
convenio firmado, no siendo aplicables, a su respecto, el articulado de la anotada
ley.

Asi, de la normativa cuestionada y de cara a su contraste constitucional en el
contexto de la gestión pendiente, no se presenta un conflicto de constitucionalidad
que posibilite la declaración de admisibilidad. La legislación aludida imposibilita que
las personas que presten o hayan prestado servicios a honorarios mantengan un
estatuto jurídico asimilable a los funcionarios públicos. Por ello, la norma que
establece un régimen de supletoriedad del Código del Trabajo, no puede aplicarse,
en derecho, en la ya anotada gestión pendiente.

9”. Que, por lo expuesto se declarará la inadmisibilidad del requerimiento.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6%, 7% y 93, inciso
primero, N? 6%, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los artículos 84,
N? 6 y demás pertinentes de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura,

SE DECLARA:

Derechamente inadmisible el requerimiento deducido a lo principal de fojas
1; a los otrosíes, estese a lo resuelto.

Acordada la inadmisibilidad con el voto en contra de los Ministros
señores Iván Aróstica Maldonado (Presidente) y José Ignacio Vásquez Márquez,
quienes estuvieron por declarar la admisibilidad de la acción deducida a fojas 1,
por las siguientes consideraciones.
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1.- Que el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
siguiendo las palabras del profesor y ex Ministro de esta Magistratura, señor Juan
Colombo Campbell “es la facultad que la Constitución otorga al Tribunal
Constitucional para declarar que un precepto legal invocado como norma de aplicación
decisiva en un caso concreto en litis, es o no contrario a la Constitución y que, en
consecuencia, no puede ser aplicado por el juez que conoce del asunto cuando el
requerimiento sea acogido” (Cita extraida de la obra de Rodrigo Pica Flores, “Control
Jurisdiccional de Constitucionalidad de la Ley en Chile: Los procesos de
inconstitucionalidad y de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de competencia
del Tribunal Constitucional”. Ediciones Jurídicas de Santiago. Segunda Edición, Año
2012. Pp. 33).

2.- Que de la definición antes reseñada podemos advertir claramente que el
elemento central del ejercicio de esta facultad contenida en el artículo g3 numeral 6
de la Carta Fundamental, es precisamente el carácter de control concreto de
constitucionalidad que lo caracteriza. De este modo, el fundamento de toda
decisión que este Tribunal Constitucional adopte en este tipo de presentaciones,
debe estar fundado precisamente en las particularidades del caso, a fin de
determinar si en la aplicación de la norma impugnada al mismo, se produce una
infracción a la Constitución, la cual pueda ser enmendada mediante la declaración
de inaplicabilidad del precepto legal.

3.- Que el contexto antes descrito resulta de particular interés para estos
Ministros disidentes a propósito de la presente declaración de inadmisibilidad. Ello,
por cuanto en el presente caso se han sometido a conocimiento de esta
Magistratura normas del Código del Trabajo en su aplicación a conflictos que
involucran a organismos públicos, siendo la regla general ante presentaciones de
este tipo, que estos Ministros aboguen por la admisibilidad de estas presentaciones,
a fin de que sea el Pleno de esta Magistratura el que se pronuncie al respecto, tal
como lo ha hecho en numerosas ocasiones.

4." Oue las precisiones indicadas son de importancia para estos disidentes,
toda vez que los conflictos que involucran a servidores vinculados a organismos de
la administración pública, y que son sometidos a las normas del Código del Trabajo -
cuerpo legal de naturaleza privada-, resultan de la mayor preocupación para esta
Magistratura Constitucional, siendo un imperativo para estos jueces pronunciarse al
respecto, a fin de asegurar que en la resolución de esta clase de controversias,
exista una plena observancia y respeto del orden constitucional.

5.- Que el mencionado criterio se mantiene inalterable en estos Ministros,
estimando pertinente señalarlo de manera expresa, de modo tal que quede
establecido que el fundamento de la decisión mayoritaria de pronunciarse en favor
de la inadmisibilidad en el presente caso, tiene su fundamento en el carácter de
contratado en base a honorarios que presentaría la demandante en la gestión
judicial pendiente de que se trata, cuestión que en nuestro concepto no resulta
argumentación suficiente para descartar a priori un pronunciamiento de fondo por
parte del Pleno de esta Magistratura.

6.- Que estimamos que lo anterior es así, por cuanto si bien la determinación
de la naturaleza del vínculo que pudiese unir a la parte requirente con el organismo
público de que se trata es una cuestión de hecho, cuya determinación compete a la
instancia judicial respectiva, ello no obsta a que esta Magistratura pueda
pronunciarse desde el punto de vista constitucional acerca de la procedencia de que
en dicha problemática y al margen de la naturaleza que efectivamente pudiera
tener la mencionada vinculación, se apliquen normas de un estatuto laboral ideado
y concebido para regular las relaciones jurídicas de naturaleza laboral que se
presenten entre particulares.

7.- Que siendo de este modo, el hecho de que pudiera existir una
contratación en calidad de honorarios, no impide que se conceda la posibilidad de
discutir en sede constitucional la procedencia de aplicar las normas del Código del
Trabajo al conflicto especifico, porque al margen de la naturaleza jurídica efectiva
de ese vínculo, no se puede desconocer que el elemento central que subyace en la
especie, es que dicha vinculación se produce entre una persona que desempeña
funciones en una entidad pública y un organismo que integra dicha administración
pública. En tal sentido, incluso si la contratación efectivamente fuese en calidad de
honorarios, no se puede desconocer que tal convención es posible en la medida que
cuerpos estatuarios de derecho público, así lo permiten. En efecto, si el Estatuto
Administrativo (artículo 11) o el Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales (artículo 4%), no contemplaran esta posibilidad, los órganos de la
administración del Estado no podrían utilizarla.

8.- Que, por tanto, al margen del vínculo laboral que pudiera unir a la parte
demandante en la gestión judicial pendiente de que se trata con el organismo
público en cuestión, correspondía que esta Magistratura analizara el fondo del
asunto y se pronunciara respecto de la constitucionalidad de hacer aplicación de las
disposiciones impugnadas del Código del Trabajo, respecto de una vinculación que
tal como hemos indicado tiene un sustento jurídico de derecho público, por lo que
en opinión de estos disidentes, correspondía declarar la admisibilidad del presente
requerimiento de inaplicabilidad.
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Invilo y nl

Notifíquese, comuniquese y archívese.

Rol N* 6780-19-INA.

SR. HERNÁNDEZ

SR. ROMERO | Y
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SRA. SILVA '

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional,
integrada por su Presidente, Ministro señor iván Aróstica Maldonado, los Ministros
señores Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán y José Ignacio
Vásquez Márquez, y la inistra ge ra María Pía Silva Gallinato.

Autoriza <a Ta Secreta $ del Tb Constitucional, señora María Angélica

Barriga Meza. SN OS

notificaciones (MOO)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimientoOtcchile.cl>
Enviado el: viernes, 12 de julio de 2019 19:45

Para: jlabconcepcionO pjud.cl

Asunto: Notificacion Rol 6780-19

Datos adjuntos: 13258_1.pdf

Sr. Gonzalo Díaz González, Juez del Juzgado de Letras del Trabajo
de Concepción.

Adjunto remito a usted resolución dictada por este Tribunal en el
proceso Rol N* 6780-19-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad presentado por Gonzalo Díaz González, Juez
Destinado del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción respecto
del artículo 1%, inciso tercero, en relación con el artículo 7”, del Código
del Trabajo, en los autos RIT O-390-2019, RUC 19-4-0172244-3,
caratulados "Ananias con Servicio de Capacitación y Empleo", sobre
reconocimiento de relación laboral, despido injustificado, y cobro de
prestaciones laborales, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo
de Concepción.

Atentamente,

Secretaria Abogada
secretaria(techile.cl

Tribunal Constitucional
Huerfanos 1234. Santiago - Chile