INA-Inadmisibilidad

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E

Santiago, trece de agosto de dos mil diecinueve.
VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a fojas, 1, con fecha 26 de junio de 2019, Inmobiliaria
Placilla SpA deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto de las frases "y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a
su fiscalización”, contenida en el artículo 6%, inciso primero; y "Estos informes serán
obligatorios para los funcionarios correspondientes, en el caso o casos concretos a que
se refieran”, del artículo g*, inciso final, ambas, de la Ley N% 10.336, sobre
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República; y de la frase
"sobre todas las materias sujetas a su control”, comprendida en el artículo 52 de la
Ley N* 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, para que surta efectos
en la causa caratulada “Inmobiliaria Fortaleza Placilla SpA con Contraloría General
de la República”, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de
protección, bajo el Rol N* 88.101-2018 y acumulados;

SEGUNDO: Que, por resolución de 5 de julio de 2019 (fojas 379), esta Sala
admitió a tramitación el requerimiento deducido, ordenó la suspensión del
procedimiento en el recurso de protección pendiente y confirió traslado para la
admisibilidad a las demás partes en dicha gestión judicial.

En sesión de 30 de julio de 2019 se dio cuenta de los traslados evacuados y
de las demás presentaciones de las partes, decretando la Sala que vinieran las
partes a alegar acerca de la admisibilidad del requerimiento.

Al efecto, se verificó audiencia el día 7 de agosto de 2019, donde fueron
oídos los siguientes alegatos (certificado a fojas 1036):

1%) Por la admisibilidad del requerimiento alegó el abogado de la parte
requirente, Inmobiliaria Placilla SpA, y los abogados representantes de las
sociedades Inmobiliaria Placilla 2017 S.A., Inmobiliaria Fortaleza Placilla SpA,
Placilla Spa, Eurocorp Dos S.A. y Euro Constructora SpA, y de varias personas
naturales y la Asociación Nacional de Revisores Independientes A.G.

2%) Alegaron por la inadmisibilidad, los abogados representantes de varias
personas naturales, de la Agrupación de Defensa Barrios de Estación Central, y del
Comité de Defensa, Protección y Desarrollo de Estación Central, y el abogado del
Consejo de Defensa del Estado, que asumió en autos la defensa de la Contraloría
General de la República, recurrida de protección en la gestión sublite;

TERCERO: Que, del expediente y las alegaciones orales de la requirente, se
desprende que, en lo sustancial, se alega ante esta Magistratura Constitucional que
es contraria a la Constitución la aplicación de las partes reprochadas de los artículos
6? y g? de la Ley N* 10.336 y del artículo 52 de la Ley N* 18.695, para la resolución
del recurso de protección pendiente, en que Inmobiliaria Placilla Spa es parte como
tercero Interesado, y en que se solicita a la Corte de Apelaciones de Santiago dejar
sin efecto por ¡legal y arbitrario el Dictamen del Contralor General de la República
N* 27.918, de 12 de noviembre de 2018, en que, sustentado en la potestad
dictaminante que le confieren dichos preceptos, declaró contrarios a derecho una
serie de permisos de edificación otorgados por la Dirección de Obras Municipales de
Estación Central.

La requirente afirma que en la especie el ejercicio de dicha potestad
dictaminante no conversa con los artículos 6* y 7? de la Constitución, desde que el
Contralor General de la República distorsiona y excede sus competencias, al
remover con su dictamen irresistiblemente y retroactivamente todo el sustento
legal de un proyecto de construcción, amparado en actos administrativos regulares
y válidos, y ya en fase de desarrollo, despojando a la requirente titular de un
permiso de edificación otorgado en mayo de 2017 de todos sus derechos
adquiridos, atendido que la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de
Estación Central, fundada únicamente en el acatamiento del referido dictamen,
invalidó dicho permiso en febrero del año 2019.

Se señala por la actora que el Contralor suplanta en forma reñida con la
Constitución el criterio técnico y las potestades urbanísticas del Director de Obras
Municipales (DOM), menoscabando el principio de legalidad en la función pública,
perturbando la estabilidad debida de los actos administrativos firmes y que ya han
producido efectos, y afectando el definitiva la seguridad jurídica y el Estado de
Derecho.

Invoca la requirente, asimismo, como infringidos el artículo 38, en relación
con el artículo 19 N* 17 de la Constitución, en cuanto al ejercicio racional y legítimo
de la función pública, y los artículos 76 y 99 de la Carta Fundamental, porque los
preceptos impugnados distorsionan en su aplicación el ámbito constitucional de
ejercicio del control de la legalidad del Contralor más allá del ámbito presupuestario
y organizacional, y en los hechos sustituye atribuciones jurisdiccionales exclusivas
de los Tribunales de Justicia.

Por otro lado, la actora señala que se afectan sus derechos consagrados en el
artículo 19 Ns 2, 3, 21, 24 y 26 de la Constitución, al ejercerse atribuciones públicas
en infracción al principio de proscripción de la arbitrariedad de actos de autoridad;
al no existir debido proceso y constituirse el Contralor como comisión especia! a
través de su potestad dictaminante, sin procedimiento ni derecho a defensa del
afectado; y al impedirse el ejercicio de actividades económicas lícitas conforme a la
ley que la regula, y afectar en su esencia los derechos emanados de actos
administrativos válidos y en ejecución;

CUARTO: Que la Sala ha arribado a la conclusión de que se configura en el
presente expediente la causal de inadmisibilidad establecida por el numeral 6? del
artículo 84 de la Ley N9 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
que —en relación con el artículo 93, inciso undécimo, de la Constitución Política-
dispone que “procederá declarar la inadmisibilidad [del requerimiento] en los
siguientes casos: (...) 6%. Cuando carezca de fundamento plausible”;

QUINTO: Que, por de pronto, carece de fundamento plausible la
argumentación de que la Constitución Política de 1980 repudiaría la potestad
dictaminante de la Contraloría General de la República para interpretar las leyes y
reglamentos que rigen a la Administración. Los debates habidos al respecto en la
Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, aludidos por la requirente, si bien
reflejan ciertas aprensiones de algunos de sus miembros acerca de dicha potestad,
establecida en la Ley N* 10.336, cuyo texto refundido data de 1964, ellas no logran
desvirtuar el hecho de que la normativa constitucional aprobada, en definitiva, no
aparece restándole competencia alguna a las que esa Entidad fiscalizadora venía
ejerciendo con anterioridad.

Un estudio atento de las actas de la mencionada Comisión da cuenta de que
primó la necesidad de mantener radicada en la Contraloría General de la República
la competencia para informar -en forma exclusiva y obligatoria- acerca de la
extensa legislación administrativa vigente, a fin de evitar la dispersión de
interpretaciones y la incerteza que ello podría traer consigo,

Lo cual, además, se estimó como un medio relevante para asegurar la
“correcta aplicación” de esas leyes y reglamentos por las autoridades concernidas,
especialmente cuando a través de su ejercicio abusivo pudieran llegar a dictarse
actos administrativos lesivos para los funcionarios o los privados;

SEXTO: Que fue así que la Constitución, en su artículo 87 (actual 98), luego
de reconocerle el ejercicio del “control de la legalidad de los actos de la
Administración” y dejar subsistentes los otros cometidos que a la sazón estaba
cumpliendo la Contraloría General, añadió que “y desempeñará las demás
funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva”.

La referencia a dicha ley, conforme a la Disposición Cuarta Transitoria de la
misma Constitución, debe entenderse efectuada a la Ley N* 10.336, cuyos artículos
19, 5%, 6? y 19 le atribuyen expresamente la competencia para emitir dictámenes
vinculantes en la materia.

Las normas de tal ley, por mandato de la propia Disposición Cuarta
Transitoria, "seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución,
mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales”. Esto es, en tanto siga
en vigor la Ley N* 10.336, no cabe poner en duda la atribución del Sr. Contralor
General para dictaminar y velar porque los organismos de la Administración
apliquen correctamente las leyes que los rigen. Sin perjuicio, obviamente, de que
ella pueda ser objeto de una reforma sobre el particular, modificándola con la
intención de mejorarla;
SÉPTIMO: Que, otra cosa distinta, es el contenido de cada dictamen en
particular, obviamente cuestionable en sede judicial. Tales pronunciamientos, como
cualquier otro acto administrativo, deben sujetarse al principio de juridicidad que
les impide, amén de otros excesos, arrogarse prerrogativas radicadas en los demás
Poderes del Estado, acorde con lo prescrito en los artículo 6? y 7* de la Constitución
y en el artículo 2? de la Ley N? 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales
de la Administración del Estado.

Naturalmente, esto envuelve la prohibición de “ejercer funciones judiciales”,
que, con arreglo al artículo 76, inciso primero, de la Carta Fundamental incumbe en
exclusiva a los tribunales del Poder Judicial. Merced a la cual el propio artículo 6”,
inciso tercero, de la Ley N? 10.336 le veda a la Contraloria General de la República
dictaminar en "los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter
litigioso”.

Pues bien, a falta de una jurisprudencia administrativa uniforme que
connote esta cohibición, donde se despeje si ello acontece cuando existen derechos
fundamentales enfrentados entre distintos privados, como ocurriría en la especie,
su elucidación no puede sino corresponder a los tribunales del Poder Judicial;

OCTAVO: Que, en efecto, en este caso no se trata de un dictamen emitido a
solicitud de un particular interesado para que se revise la legalidad de un acto
administrativo desfavorable, que a él lo aqueja, sino del cuestionamiento a un
dictamen -expedido a petición de personas y agrupaciones refractarias a la obra
inmobiliaria de que se trata- que ordena invalidar actos administrativos favorables
a las respectivas empresas constructoras. Consistentes en aprobaciones de
anteproyectos y de permisos de edificación que habrían generado derechos
adquiridos de buena fe y cuyos efectos se encontrarían consumados, en la creencia
de haberse obrado conforme al ordenamiento jurídico vigente y al amparo del
artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Todo lo cual se discute en la gestión judicial pendiente, consistente en un
recurso de protección deducido por las constructoras permisionarias, de que conoce
actualmente la Corte de Apelaciones de Santiago.

Siendo ello relevante a los efectos de delimitar la injerencia que en estos
casos cabe al Tribunal Constitucional, para entrar a resolver un requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos legales impugnados.
Porque, atendida la naturaleza y alcance del recurso de protección, es en esta sede
donde la autoridad requerida puede ser objetada en su actuar, no solamente por ser
ilegal, sino también por ser arbitrario. Extremo este último que allí se estaría
ventilando.
Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N0
6%, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política de la República y en el
artículo 84, N* 6, y demás pertinentes de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

1) Que se declara inadmisible el requerimiento deducido a fojas 1.

2) Déjase sin efecto la suspensión del procedimiento decretada en autos.
Ofíciese al efecto.

Notifíquese, comuníquese y archívese.

Rol N* 6900-19-INA.

Y 77
NA
SST Aróstica
Ap Presidente

Sr. Delaveau

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional,
integrada por su Presidente, Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, por sus
Ministros señores Juan José Romero Guzmán, José Ignacio Vásquez Márquez y
señora María Pía Silva Gallinato, y por el suplente de Ministro señor Rodrigo
Delaveau Swett.

Se certifica que la Ministra señora María Pia Silva Gallinato concurrió al
acuerdo, pero no firma por encontrarsecon feriado legal.

Autoriza 13 RU señora María Angélica

Su

Barriga Meza.
notificaciones (MOO). dl

De:
Enviado el:
Para:

Asunto:
Datos adjuntos:

tribunalconstitucional.cl <seguimientoOtcchile.cl>

martes, 13 de agosto de 2019 12:16

afermandoisOfermandois.cl, dpobleteOfermandois.cl; jdiazdevaldesOfermandois.cl;
czepeda(Ofermandois.cl; AFERMANDOISO FERMANDOIS.CL;
RODRIGO.CARTESOMONTTGROUP.COM; cristobalGosva.cl; camiloGosva.cl;
leonardoGosva.cl; gabrielOosva.cl; mvinuelaQabcia.cl; ptejadaGabcia.cl;
jcorvalanOabcia.cl; paulinaretamalesOcde.cl; RGILLMOREGOMOMAG.CL;
TARRIAGADAOVFCABOGADOS.CL; dlagosOvicabogados.cl; kvillagranOvfcabogados.ct;
acontrerasOmcyc.cl; jecheverria O mcyc.cl,; pmezaQ mcyc.cl; MVINUELAGABCIA.CL;
JAALLENDEOABCIA.CL

Notificacion Rol 6900-19

14046_1.pdf

Sr. Arturo Fermandois Vóhringere, José Manuel Diaz de Valdes,
Domingo Poblete Ortúzar y Cristobal Zepeda Torey. por el
requirente;

Sr. Rodrigo Cartes Pino por Inmobiliaria Fortaleza Placilla SpA.
Sres. Cristóbal Osorio Vargas, Camilo Jara Villalobos, Marcela
Veliz Rivera y Alejandro Verdugo Reyes por la Agrupación de
Defensa Barrios de Estación Central y Comité de Defensa
Protección, Desarrollo de Estación Central. y Sr. Patricio Herman
Pacheco

Sr Mauricio Viñuela Hojas, por Pacilla Spa.

Sres. Jorge Echeverría Noton, Pablo Meza Alonso y Álvaro
Contreras Talavera por Inmobiliaria Placilla 2017 S.A.

Sr. Robert Gillmore Landon Inmobiliaria Nogales SpA. Y otras,
Marcela Hormazábal Mutis Alicia Briones Espinoza y otros.

Sra. Tatiana Arriagada Bustos por Eurocorp Dos S.A. y Euro
Constructora S.A.

Adjunto remito a usted resolución dictada por este Tribunal en el
proceso Rol N* 6900-19-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad presentado por Inmobiliaria Placilla SpA
respecto de las frases "y con el funcionamiento de los Servicios
Públicos sometidos a su fiscalización”, contenida en el artículo 6*,
inciso primero; y "Estos informes serán obligatorios para los
funcionarios correspondientes, en el caso o casos concretos a que se
refieran", del artículo 9%, inciso final, ambas, de la Ley N*10.336; y de
la frase "sobre todas las materias sujetas a su control”, comprendida en
el artículo 52 de la Ley N* 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, en los autos caratulados "Inmobiliaria Fortaleza

1
Placilla SpA con Contraloría General de la República", de que conoce

la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de protección, bajo el
Rol N* 88.101-2018 y acumulados.
Atentamente, 90704 7

. . - a, Li
Secretaria Abogada ES gos |

secretaria(tcechile.cl

Tribunal Constitucional
Huerfanos 1234. Santiago - Chile
notificaciones (MOO) pa? Cuonlo ole

De: notificaciones (MOO) <notificacionesOtcchile.cl>

Enviado el: martes, 13 de agosto de 2019 12:23

Para: 'notificacionestcO cde.cl'; 'Paulina Retamales Soto'; 'Maria Eugenia Manaud Tapia”;
'Rowena Ghislaine Palaneck Alvarado'

CC: 'Mónica Sánchez (msanchezOtcchile.cl)'; 'mortuzarOtcchile.cl";
'notificaciones.tcQgmail.com'

Asunto: Inadmisibilidad

Datos adjuntos: Inadmisibilidad.paf

Señora

María Eugenia Manaud Tapia
Presidenta del Consejo de Defensa del Estado

Junto con saludarla remito a usted resolución dictada por la Primera Sala de esta
Magistratura con fecha 13 de agosto en curso, en el proceso Rol N* 6900-19-INA, sobre
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Inmobiliaria
Placilla SpA respecto de las frases “y con el funcionamiento de los Servicios Públicos
sometidos a su fiscalización”, contenida en el artículo 6”, inciso primero; y “Estos informes
serán obligatorios para los funcionarios correspondientes, en el caso o casos concretos a
que se refieran”, del artículo 9”, inciso final, ambas, de la Ley N*10.336; y de la frase “sobre
todas las materias sujetas a su control”, comprendida en el artículo 52 de la Ley N* 18.695
Orgánica Constitucional de Municipalidades, en los autos caratulados “Inmobiliaria
Fortaleza Placilla SpA con Contraloría General de la República”, de que conoce la Corte de
Apelaciones de Santiago, por recurso de protección, bajo el Rol N” 88.101-2018 y
acumulados.

>

Atentamente,

Marco Ortúzar Orellana
ON Oficial Segundo
E Y E, Tribunal Constitucional
2) Fono: (56-2) 272 19 222
Eramos 1234
Santiago — Chile

aa
notificaciones (MOO)

A
De: notificaciones (MOO) <notificacionesOtcchile.cl>
Enviado el: martes, 13 de agosto de 2019 12:25
Para: "Secretaria Criminal!” 'cparedesO pjud.cl'; 'ca_santiagoO pjud.cl'; 'squilodranO pjud.cl";

fcornejol pjud.cl”, "pgomezgO pjud.cl'; 'ca_santiagoO pjud.cl'; 'mdonosoO pjud.cl';
'oialarconO pjud.cl'

CC: "Marco Ortúzar"

Asunto: Remite inadmisibilidad y alzamiento de la suspensión.
Datos adjuntos: Inadmisibilidad.pdf

Señora

Carolina Paredes

Secretaria

Secretaría Criminal
Corte de Apelaciones de Santiago

Junto con saludarla remito a usted resolución dictada por la Primera Sala de esta
Magistratura con fecha 13 de agosto en curso, en el proceso Rol N” 6900-19-INA, sobre
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Inmobiliaria
Placilla SpA respecto de las frases “y con el funcionamiento de los Servicios Públicos
sometidos a su fiscalización”, contenida en el artículo 6”, inciso primero; y “Estos informes
serán obligatorios para los funcionarios correspondientes, en el caso o casos concretos a
que se refieran”, del artículo 9”, inciso final, ambas, de la Ley N*10.336; y de la frase “sobre
todas las materias sujetas a su control”, comprendida en el artículo 52 de la Ley N*” 18.695
Orgánica Constitucional de Municipalidades, en los autos caratulados “Inmobiliaria
Fortaleza Placilla SpA con Contraloría General de la República”, de que conoce la Corte de
Apelaciones de Santiago, por recurso de protección, bajo el Rol N” 88.101-2018 y
acumulados.

>

Ruego acusar recibo.
Atentamente,

Marco Ortúzar Orellana
um. Oficial Segundo
ON . . >
5 Tribunal Constitucional
A Fono: (56-2) 272 19 222
” Huérfanos 1234

Santiago — Chile

Santiago, 13 de ágosto de 2019

m.0.0.

Señor Alcalde

Rodrigo Delgado Mocarquer

Señores Abogados

Mauricio Cisterna Morales y Lily Duque Villalobos

I. Municipalidad de Estación Central

Avda. Libertador Bernardo O "Higgins N* 3920, Estación Central
Santiago.

Remito a usted la resolución dictada por la Primera Sala de esta
Magistratura con fecha 13 de agosto en curso, en el proceso Rol N* 6900-19-INA, sobre
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Inmobiliaria
Placilla SpA respecto de las frases “y con el funcionamiento de los Servicios Públicos
sometidos a su fiscalización”, contenida en el artículo 6%, inciso primero; y “Estos informes
serán obligatorios para los funcionarios correspondientes, en el caso o casos concretos a que
se refieran”, del artículo 99, inciso final, ambas, de la Ley N*10.336; y de la frase “sobre
todas las materias sujetas a su control”, comprendida en el artículo 52 de la Ley N? 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, en los autos caratulados “Inmobiliaria
Fortaleza Placilla SpA con Contraloría General de la República”, de que conoce la Corte de
Apelaciones de Santiago, por recurso de protección, bajo el Rol N* 88.101-2018 y
acumulados.

Saluda atentamente a Ud.

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[Tuérfanos N" 12340 Santiago de Clule > Telótanos [56-2) 27219200 - 27219214 0 secretmo(Mteale.cl e oro y Anbunalconctitocional,cl

Entregado a Correos de Chile 13 de agosto de 2019

Santiago, 13 de agosto de 2019

Señores

Alonso Varas Rogazi

Cenit Placilla Ltda.

Doctor Manuel Barros Borgoño N? 386, Providencia
Santiago.

Remito a usted la resolución dictada por la Primera Sala de esta
Magistratura con fecha 13 de agosto en curso, en el proceso Rol N* 6900-19-INA, sobre
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Inmobiliaria
Placilla SpA respecto de las frases “y con el funcionamiento de los Servicios Públicos
sometidos a su fiscalización”, contenida en el artículo 6%, inciso primero; y “Estos informes
serán obligatorios para los funcionarios correspondientes, en el caso o casos concretos a que
se refieran”, del artículo 9%, inciso final, ambas, de la Ley N*10.336; y de la frase “sobre
todas las materias sujetas a su control”, comprendida en el artículo 52 de la Ley N* 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, en los autos caratulados “Inmobiliaria
Fortaleza Placilla SpA con Contraloría General de la República”, de que conoce la Corte de
Apelaciones de Santiago, por recurso de protección, bajo el Roi N” 88.101-2018 y

acumulados.

Saluda atentamente a Ud.

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"Muérfanos N" 1234 + Santiago de Clule o Telótonos 156-2) 27219200 - 27219214» secretario (Dtech

hile.cl o www.trbunalconstitucronal.cl

Entregado a Correos de Chile 13 de agosto de 2019

Santiago, 13 de agosto de 2019

Señores

Patricio Donoso Tagle

Rene Lardinois Medina

Cámara Chilena de la Construcción. A.G.

Avda. Apoquindo 6750, Oficina 402, Las Condes
Santiago.

Remito a usted la resolución dictada por la Primera Sala de esta
Magistratura con fecha 13 de agosto en curso, en el proceso Rol N* 6900-19-INA, sobre
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Inmobiliaria
Placilla SpA respecto de las frases “y con el funcionamiento de los Servicios Públicos
sometidos a su fiscalización”, contenida en el artículo 6%, inciso primero; y “Estos informes
serán obligatorios para los funcionarios correspondientes, en el caso o casos concretos a que
se refieran”, del artículo 9%, inciso final, ambas, de la Ley N"10.336; y de la frase “sobre
todas las materias sujetas a su control”, comprendida en el articulo 52 de la Ley N* 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, en los autos caratulados “Inmobiliaria
Fortaleza Placilla SpA con Contraloría General de la República”, de que conoce la Corte de
Apelaciones de Santiago, por recurso de protección, bajo el Rol N* 88,101-2018 y

acumulados.

Saluda atentamente a Ud.

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Huérfanos N" 1234 0 Santiago de Chile o Telótonos (562) 27219200 - 27219214» secretanoDtcchile.c]

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Entregado a Correos de Chile 13 de agosto de 2019

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