TC Rol 6947

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CUENTE AUCIE NS) BY
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Santiago, dieciocho de julio de dos mil diecinueve.

A fojas 83, a lo principal: estese a lo que se resolverá; al otrosí: ténganse por
acompañados.

A fojas 148, a lo principal: téngase presente; al otrosí: téngase por
acompañado.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%.Que,se ha requerido la inconstitucionalidad de los artículos 4%, 8%, 10,
11,12, 13, 18, 19, 20, 21 y 22 del Auto Acordado sobre Procedimiento para Investigar la
Responsabilidad Disciplinaria de los Integrantes del Poder Judicial, contenido en el
Acta N* 15-2018 dictada por la Excelentísima Corte Suprema el 26 de enero de 2018,
porque, a juicio del requirente, “(...) el procedimiento establecido en el Acta es
arbitrario toda vez que no ha sido dictado por el órgano competente, ni garantiza a sus
intervinientes el debido proceso careciendo incluso de un efecto fundamental, en todo
juicio legalmente tramitado, cual es, el recurso de apelación (...)" (fs. 6 de estos autos
constitucionales);

2%, Que, atendida la especial trascendencia del control de constitucionalidad
sobre autos acordados, por su efecto derogatorio, se ha contemplado un exigente
estatuto para que la acción intentada sea admitida a tramitación, como dispone el
artículo 53 de nuestra Ley Orgánica Constitucional, en relación con sus artículos 52 y
63, de tal manera que, para que se concrete dicha admisión, es menester: Primero,
que haya sido deducido por un órgano o persona legitimada; segundo, que esta
persona sea parte en una gestión o juicio pendiente ante un tribunal ordinario o
especial o desde la primera actuación en un procedimiento penal; tercero, que ella
sea afectada en el ejercicio de sus derechos fundamentales por lo dispuesto en el
auto acordado; cuarto, que contenga una exposición clara de los hechos y
fundamentos de derecho que le sirven de apoyo; quinto, que señale, en forma
precisa, la cuestión de constitucionalidad y, en su caso, el vicio o vicios que se
aducen, con indicación de las normas que se estiman transgredidas; y sexto, que se
acompañe el respectivo auto acordado, con indicación concreta de la parte
impugnada y de la impugnación;

3?. Que, el requerimiento de autos cumple con los tres primeros requisitos, en
cuanto ha sido deducido por una persona legitimada que es parte en una gestión o
juicio pendiente ante un tribunal ordinario e invocando la afectación en el ejercicio de
sus derechos fundamentales por lo dispuesto en el auto acordado y, parcialmente,
con el último de ellos, desde que ha acompañado el respectivo auto acordado;

4?. Que, sin embargo, no se verifica que el requerimiento contenga una
exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho que le sirven de apoyo ni
que haya señalado, en forma precisa, la cuestión de constitucionalidad y, en su caso,

el vicio o vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación de las normas
que se estiman transgredidas ni, en fin, tampoco ha indicado concretamente la parte
impugnada del Auto Acordado;

A) Falta de Exposición Clara. Contradicción

5. Que, en primer lugar, el requerimiento no contiene una exposición clara
de los hechos y fundamentos de derecho que le sirven de apoyo porque, si bien, lista
once disposiciones impugnadas, practicamente toda su argumentación se
desenvuelve en torno de la invasión en que ese estatuto normativo completo
incurriría de una materia reservada exclusivamente al legislador, porque la
Excelentisima Corte Suprema carecería de competencia para dictarlo, para sostener -
acto seguido- que la investigación seguida en su contra habría vulnerado lo
preceptuado en el artículo 18 del Auto Acordado, no obstante que es uno de los
preceptos objetados, al habérsele formulado cargos de manera extemporánea según
los plazos contemplados en tal disposición;

6% Que, en este sentido, carece de claridad el requerimiento, pues no es
posible determinar si, realmente, se cbieta el Auto Acordado en su totalidad, sus
once disposiciones o si, por otra parte, se está reprochando la investigación,
precisamente, por no haberse sujetado a esa normativa emanada de la Excelentísima
Corte Suprema, sin respetar sus reglas sobre duración de la investigación y
suspensión;

77. Que la falta de claridad igualmente se manifiesta en cuanto el requirente
invoca conjuntamente en un solo requerimiento acciones distintas, sujetas a diversos
procedimientos, con diversos requisitos de procedencia y efectos. En efecto, según
consta a fojas 1 y 30, se invoca el artículo 93 N? 2, 6 y y de la Carta Fundamental,
referidos, respectivamente a las atribuciones de esta Magistratura para: “resolver
sobre las cuestiones de constitucionalidad de autos acordados dictados por la Corte
Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones”; resolver,
por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya
aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte
contraria a la Constitución”; y “resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus
integrantes en ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado
inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior”;

8”. Que, asimismo, el requirente igualmente invoca en su presentación los
artículos 31 N* 2, N? 6, 33 y 34 de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, referidos a atribuciones de Pleno del Tribunal Constitucional para
resolver cuestiones sobre constitucionalidad de autos acordados dictados por la
Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y Tribunal Calificador de Elecciones, y para
resolver la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en una gestión
seguida ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución;
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9”. Que, de lo anterior se deduce que en autos se ejercen en forma conjunta
tres acciones distintas, con distintos requisitos de procesabilidad, tramitación y fallo,
formulándose una cuestión de constitucionalidad de un auto acordado, una acción
de inaplicabilidad y una acción de inconstitucionalidad, existiendo pronunciamientos
de esta Magistratura, en sede de admisión a trámite, para casos en los cuales se
mezcla y confunden tales atribuciones. Así, se ha resuelto que “examinados los
antecedentes que obran en autos, esta Sala ha verificado que el requerimiento no
cumple con las exigencias de contener una exposición clara de los fundamentos de
derecho que le sirven de apoyo y de señalar en forma precisa la cuestión de
constitucionalidad y, en su caso, el vicio o vicios de inconstitucionalidad que se aducen,
con indicación de las normas que se estimen transgredidas y, por consiguiente, no podrá
ser admitido a tramitación, conforme lo dispuesto en las normas legales transcritas.
Que, en efecto, no se satisfacen las aludidas exigencias legales en tanto el
requerimiento resulta impertinente, por una parte, porque en él se invocan dos
atribuciones diversas de esta Magistratura -las previstas en los numerales 2* y 6* del
inciso primero del artículo 93 de la Carta Fundamental- y, al mismo tiempo, se expresa
que lo que se persigue es que, en ejercicio de tales atribuciones, este Tribunal declare
inaplicable en un recurso de protección que se encontraría pendiente por interposición
de un recurso de queja, por causa de inconstitucionalidad, una disposición determinada
del Auto Acordado de la Corte Suprema que se individvaliza en el libelo, en
circunstancias de que el proceso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, conforme a
lo dispuesto en el referido numeral 6%, se halla reservado al examen de preceptos
legales, esto es, de disposiciones de naturaleza diversa a las que se mencionan en la
presentación de autos” (Resolución causa Rol N* 1831-10, cc. 5? y 69);

B) Falta de Precisión

10%, Que, en efecto, el requirente plantea la inconstitucionalidad de once
disposiciones del Auto Acordado, en relación con el Sumario Administrativo Rol
Antecedentes de Pleno N* AD 1.942-2018 de la Excelentísima Corte Suprema, no
obstante que la primera impugnación que formula dice relación con el Auto
Acordado en su totalidad, pues la hace consistir en que dicha Corte carecería de
competencia para dictarlo, desde que trata una materia que, conforme a lo dispuesto
en los artículos 6%, 7?, 19 N* 3* y 63, se encuentra reservada al legislador, por lo que,
en esta parte, el requerimiento carece de la claridad, precisión y concreción que
exigen los articulos 52, 53 y 63 de la Ley Orgánica Constitucional de esta

Magistratura;

11%. Que, como ha señalado esta Magistratura, “(...) pese a que su atribución
se encuentra redactada en términos genéricos o abarcadores, se trata de invalidar tan
sólo los determinados preceptos de un auto acordado que efectivamente adolezcan de
vicios de inconstitucionalidad, sin que ello afecte la validez de las restantes normas
contenidas en ese mismo cuerpo normativo, a menos que la inseparable ligazón entre
las que adolecen de inconstitucionalidad y el resto sea tal que ninguna de las restantes

pueda subsistir sin aquéllas. En este mistro sentido, este Tribunal ha argumentado que
"así como es un deber de esta Magistratura, en el ámbito de su competencia y en la
forma prescrita por la Constitución, inapiicar e dejar sin efecto las normas contrarias a
la Carta Fundamental, es también su deber no hacerlo ni impedir que nazcan a la vida

considerandos 4? y 59)” (c. 39, Rol N*

12%. Que, en el caso de autos, si revisar las disposiciones impugnadas en el
requerimiento se advierte que ellas dicen relación con las resoluciones que no son
impugnables por vía disciplinaria (artículo 49), el órgano competente para imponer
sanciones por infracción a la Ley de Probidad en la función pública (artículo 89), las
etapas del procedimiento general para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria

(artículo 10), la norma que regula el inicio de! proceso disciplinario (artículo 13), la que
refiere a la designación del instructor (artículo 12), la que establece la suspensión de
funciones y destinación transitoria del investigado (artículo 13), la que contempla el
plazo y cierre de la investigación (artículo 18), la que regula la formulación de cargos
(artículo 19), la que se refiere a la notificación y derechos de defensa del investigado
en sus descargos, incluyendo la prueba que puede ofrecer (artículo 20), el plazo y
contenido del Informe Final que debe emitir el instructor (artículo 23) y la obligación
que se respete el principio de congruencia en dicho informe, en cuanto “fnJo podrá el
instructor en su informe final extenderse a hechos no contenidos en la formulación de
cargos, ni sugerir que tienen una gravedad mayor que la propuesta en dicha resolución.
Ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no hayan sido materia de los

cargos formulados por el investigados” (artículo 22);

13”. Que, entonces, se verifica cómo en el requerimiento de autos se
mencionan múltiples disposiciones del Auto Acordado como impugnadas, algunas
de las cuales refieren a disposiciones generales del procedimiento disciplinario y
otras a la etapa de instrucción, unas a la investigación, otras a la formulación de
cargos y también a los descargos, algunas de ellas dicen relación con la competencia
de los Tribunales Superiores o del instructor, y también con derechos de la defensa
del investigado, sin que se haya planteado, en forma precisa, la cuestión de
constitucionalidad ni se ha indicado concretamente la parte impugnada del Auto
Acordado, sin que tampoco pueda establecerse una inseparable ligazón entre unas y
otras, salvo en cuanto todas se encuentran contenidas en la normativa que se objeta
por haber sido dictada por quien carecería de competencia para ello y, aun en este
caso, sin que se exponga, con la misma claridad, precisión y concreción, la forma
cómo aquel vicio de incompetencia afecta los derechos fundamentales del
requirente, salvo en relación con la falta de recurso de apelación;

147. Que, sin perjuicio que lo expresado es suficiente para desechar la primera
objeción planteada por el requirente, cabe consignar que tampoco es procedente,
desde el punto de vista sustantivo, pues no resulta consistente con lo preceptuado en
los artículos 8? inciso primero y 80 inciso tercero de la Constitución que contemplan,
como Base de la Institucionalidad, que "/ejl ejercicio de las funciones públicas obliga a
sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus
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AENA dra Y
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actuaciones” y autoriza a la Excelentísima Corte Suprema, “[eln todo caso, (...) por
requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio,
podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del
inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por
la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente
de la República para su cumplimiento”;

15%. Que, en relación con el primero de esos preceptos constitucionales, no
cabe duda alguna que la obligación allí impuesta alcanza a los integrantes de todos
los órganos públicos, incluyendo, por cierto, a los Ministros de las Cortes de
Apelaciones y que tal deber exige dar "estricto cumplimiento” al principio de

probidad, es decir, “(...) ajustado enteramente; y no deja espacios francos o libres, pues
habla de que en "todas sus actuaciones” debe regir este principio. Incluso, se establece
en la propia norma constitucional que el conflicto de interés en el ejercicio de la función
pública puede justificar intervenciones sobre el patrimonio de los funcionarios (artículo
89, inciso cuarto)” (c. 14?, Rol N* 1.413);

16%. Que, a su turno, en relación con el artículo 80 inciso tercero de la Carta
Fundamental, esta Magistratura ha tenido oportunidad de indicar que “(...Jlos
tribunales, además de ejercer la jurisdicción, que es su función propia, tienen otras
facultades derivadas, entre ellas las disciplinarias (...)” (c. g”, Rol N* 504) respecto de
las cuales “(...) la Constitución valora y procura garantizar la independencia de quienes
permanente u ocasionalmente -como ocurre con los Secretarios de Tribunales de Letras-
ejercen la jurisdicción. A ellos, la Carta Fundamental les asegura inamovilidad mientras
dure su buen comportamiento; dispone que nadie puede avocarse al conocimiento de las
materias que les competen y, de diversos otros modos, procura asegurar su actuar
independiente. Ese bien de la independencia judicial, que la Carta Fundamental valora,
no podría realizarse si los que ejercen jurisdicción pudieran ser sancionados por
conductas que no fueran susceptibles de ser reconocidas de antemano como
reprochables. No podría gozar de estabilidad ni de independencia un funcionario judicial
sí sus superiores pudieran configurar ex post facto y con entera discrecionalidad
aquellos deberes o prohibiciones que resultaran susceptibles de serle reprochados
disciplinariamente. De igual modo, no podría ser ni racional ni justo un proceso que se
siguiera en contra de un funcionario si en él se permitiera reprocharle conductas que, por
no consistir en el incumplimiento de deberes del cargo, éste no pudiera razonablemente

prever como obligatorias” (c. 27%, Rol N* 747);

17%. Oue, en consecuencia, la competencia de la Excelentísima Corte
Suprema para declarar, en todo caso -y, desde luego, por vulneración al principio de
probidad- que los jueces no han tenido buen comportamiento y acordar su remoción
tiene su base directamente en la Constitución y que su procedimiento se encuentra
contenido, entre otros, en los artículos 338 y 339 del Código Orgánico de Tribunales,
al tenor del primero de los cuales */lJos Tribunales Superiores instruirán el respectivo
proceso de amovilidad, procediendo de oficio o a requisición del fiscal judicial del mismo
tribunal.

La parte agraviada podrá requerir el tribunal o al fiscal judicial para que instaure

el juicio e instaurado, podrá suminis:c- elementos de prueba al referido fiscal judicial”.

Por su parte, el artículo 230 '=2.50 primero dispone que “flJos tribunales
oyendo al juez imputado y al fiscal judicial;

las fallarán apreciando la prueba con ceros pero sin contradecir los principios de la

procederán en estas causas sumariare

lógica, las máximas de la experiencia y los zenocimientos científicamente afianzados, y
se harán cargo en la fundamentación de iz sentencia de toda la prueba rendida (...)”.

18*, Que, en relación con esas espe -siciones, el artículo 96 del mismo Código,
en su numeral 4? establece que onde a la Corte Suprema “[eljercer las
facultades administrativas, disciplinarias y y económicas que las leyes le asignan, sin

perjuicio de las que les correspondes a los salas en los asuntos de que estén conociendo,

ve

en conformidad a los artículos 542 y 543 1...)

19%. Que, en definitiva, el Aute Acordado sobre Procedimiento para
Investigar la Responsabilidad Disciplinaria da tos integrantes del Poder Judicial viene
a regular, para la mejor garantía de: procedimiento racional y justo, lo dispuesto en
los artículos 8% inciso primero y 80 inciso tercero de la Constitución, en relación con
las disposiciones transcritas del Código Orgánico de Tribunales, sin que pueda

objetarse la competencia de la Excelentisima Corte Suprema para su dictación;

C) No se vulnera el Derecho al Recurso

20”. Que, finalmente, la segunda objeción planteada en el requerimiento se
vincula con que se lesiona el debido proceso, a raíz que el artículo 25 del Auto
Acordado sobre Procedimiento para Investigar la Responsabilidad Disciplinaria de los
Integrantes del Poder Judicial establece que, si la resolución del procedimiento
disciplinario es adoptada por la Corte Suprema, es impugnable sólo a través del
recurso de reposición;

212. Que, basta para desechar esta objeción con dar lectura al requerimiento
de fs. 1 donde no se ha impugnado ei articulo 25 y, al contrario, sí se pide la
inconstitucionalidad de disposiciones que confieren derechos al mismo requirente,
como la que regula la formulación de cargos ¿artículo 19), la que se refiere a la
notificación y al ejercicio de su derecho a defensa, permitiéndole rendir prueba
(artículo 20)y la obligación de respetar el principio de congruencia;

22%, Que, en cualquier caso, ampliando el procedimiento previsto en el
artículo 80 inciso tercero, en relación con los artículos 338 y 339 del Código Orgánico
de Tribunales, el Auto Acordado ha concedido y regulado un recurso de reposición,
en caso que la resolución del procedimiento disciplinario sea adoptada por la Corte
Suprema, quedando así a salvo el derecho a un procedimiento racional y justo.
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EIEVÍO ojo lse dia Y
S:ióTe.-

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6%, 7% y 93, inciso
primero, N? 2%, de la Constitución Política y en los artículos 52, 53, 63 y demás
pertinentes de la Ley N9 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,

SE DECLARA:
No admitido a trámite el requerimiento deducido a lo principal, de fojas 1.

Téngase por no presentado para todos los efectos legales,

Notifíquese al requirente. Archívese.

Rol N* 6947-19-CAA.

SA Ni y
Sra. Brah TESIS S

Sr. Letelier

Fernández

Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional,
integrada por su Presidente, Ministro señor Gonzalo García Pino, la Ministra señora
María Luisa Brahm Barril y los Ministros señores Cristián Letelier Aguilar, Nelson
Pozo Silva y Miguel Ángel Fernández González.

Autoriza la E Constitucional, señora María Angélica

Barriga Meza.

De:

Enviado el:
Para:

Asunto:

Datos adjuntos:

notificaciones (MOO) 0 0 0 15 8

AZ PENE Cru ias CHE -

tribunalconstitucional.cl <seguimientoOtcchile.cl>
jueves, 18 de julio de 2019 16:39

emilioelguetatorresQ gmail.com; paulinaretamalesOcde.cl
Notificacion Rol 6947-19

13380_1.pdf

Sres. Emilio Elgueta Torres y Tabata Soledad Recabarren
Cárcamo, requirentes

Adjunto remito a usted resolución dictada por este Tribunal en el
proceso Rol N* 6947-19-INA, sobre Requerimiento de
inconstitucionalidad presentado por Emilio Iván Elgueta Torres,
Ministro de la Yltma. Corte de Apelaciones de Rancagua, respecto del
Acta N* 15-2018, de 26 de enero de 2018, de la Corte Suprema, sobre
procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los
integrantes del Poder Judicial, en especial, de sus artículos 4, 8, 10, 11,
12, 13, 18, 19, 20, 21, y 22, en el proceso sobre sumario administrativo
Rol Antecedentes de Pleno N* AD1942-2018, de la Excma. Corte
Suprema.

Atentamente,

Secretaria Abogada
secretaria(mtechile.cl

Tribunal Constitucional
Huerfanos 1234. Santiago - Chile

000159
notificaciones (MOO) ENIARAT AAA NA

De: notificaciones (MOO) <notificacionesOtcchile.cl>

Enviado el: jueves, 18 de julio de 2019 16:53

Para: 'notificacionestcWcde.cl”; "Paulina Retamales Soto"; 'Maria Eugenia Manaud Tapia";
'Rowena Ghislaine Palaneck Alvarado'

Cc: 'Mónica Sánchez (msanchezOtcchile.cl)'; 'mortuzarOtcchile.cl';
'notificaciones.tcOgmail.com'

Asunto: Remite resoluciones

Datos adjuntos: No admite a tramite..pdf

Señora

María Eugenia Manaud Tapia
Presidenta del Consejo de Defensa del Estado

Adjunto remito a usted resolución dictada por este Tribunal en el proceso Rol N* 6947-19-
INA, sobre Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por Emilio Iván Elgueta
Torres, Ministro de la lltma. Corte de Apelaciones de Rancagua, respecto del Acta N* 15-
2018, de 26 de enero de 2018, de la Corte Suprema, sobre procedimiento para investigar la
responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial, en especial, de sus
artículos 4, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, y 22, en el proceso sobre sumario
administrativo Rol Antecedentes de Pleno N* AD1942-2018, de la Excma. Corte Suprema.

Atentamente,

Marco Ortúzar Orellana
Oficial Segundo

Sa NS Tribunal Constitucional
Fono: (56-2) 272 19 222
Huérfanos 1234
Santiago — Chile

000160

notificaciones (MOO) EbAjO 5686/34. -

A A

De: notificaciones (MOO) <notificacionesOtcchile.cl>

Enviado el: jueves, 18 de julio de 2019 16:53

Para: 'saezOpjud.cl'; 'mdoeringO pjud.cl”; 'cs_tramitadoresO pjud.cl';
'csuprema_tribunalconstitucionalO pjud.cl'

cc: 'cs_digescritosO pjud.cl hinojosaf pjud.cl'; 'kcortesOpjud.cl' "cdrevecoUpjud.cl";
'aarriazaQ pjud.cl'; "Oscar Fuentes"; 'José Tomás Escandor Larenas"

Asunto: Comunica resolución

Datos adjuntos: No admite a tramite..pdf

Señor

Jorge Eduardo Saez Martin

Secretario

Excma. Corte Suprema

En el marco del Convenio de comunicación Corte Suprema -Tribunal Constitucional,
vengo comunicar y remitir adjunta resolución dictada, por la Segunda Sala de esta
Magistratura en el proceso Rol N” 6947-19 CAA, sobre requerimiento de
inconstitucionalidad presentado por Emilio Iván Elgueta Torres, Ministro de la Iltma. Corte
de Apelaciones de Rancagua, respecto del Acta N” 15-2018, de 26 de enero de 2018, de la
Corte Suprema, sobre procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los
integrantes del Poder Judicial, en especial, de sus artículos 4, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20
21, y 22, en el proceso sobre sumario administrativo Rol Antecedentes de Pleno N*
AD1942-2018, de esa Excma. Corte Suprema.

>

Por favor, acusar recibo de la presente comunicación.

Atentamente,

Marco Ortúzar Orellana
¿cEñrg, Oficial Segundo
y dd e Tribunal Constitucional
b 57) Fono: (56-2) 272 19 222
Huerianos 1234
Santiago — Chile