INA-Inadmisibilidad

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Santiago, doce de septiembre de dos mil diecinueve

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a fojas, 1, con fecha 25 de julio de 2019, don Jaime Lepe
Orellana deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto
de los artículos 456 bis y 457 del Código de Procedimiento Penal; de las expresiones
“o de otro carácter” contenidas en el artículo 2” y el artículo 25, N2 2, de la
Convención Americana de Derechos Humanos; del artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados, en la parte que señala “para los efectos de
la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es
una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su
conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser
modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el
mismo carácter”; y del artículo 7” N%s 1 y 2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional; para que surta efectos en el proceso penal sustanciado por el Ministro
de Fuero de la Corte Suprema, señor Lamberto Cisternas Rocha, bajo el Rol N* 1-
1993.

SEGUNDO: Que, por resolución de 2 de agosto de 2019 (fojas 92), esta Sala
admitió a tramitación el requerimiento deducido y confirió traslado para la

admisibilidad a las demás partes. Se hicieron parte y evacuaron traslado a fojas 518,
522 y 504, en su calidad de querellantes, el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, doña Carmen Soria González-Vera y el Consejo de Defensa del Estado,
respectivamente, instando todos por la inadmisibilidad del requerimiento.

En sesión de 21 de agosto de 2019 se dio cuenta de los traslados evacuados,
decretando la Sala por resolución de 22 de agosto de 2019, que vinieran las partes a
alegar acerca de la admisibilidad del requerimiento. Al efecto, se verificó audiencia
el día 28 de agosto de 2019, donde fueron oídos los alegatos de los abogados
representantes de la parte requirente y de las tres partes querellantes (certificado a
fojas 596).

TERCERO: Que, conforme a los antecedentes que obran en el expediente,
puede consignarse que el requirente, don Jaime Lepe Orellana, ha sido condenado
en causa criminal Rol 1-1993, conocida por el Ministro de la Excma. Corte Suprema
don Lamberto Cisternas Rocha, como co-autor del delito de homicidio calificado en
la persona de don Carmelo Soria Espinosa, hecho ocurrido el 14 de julio de 1976, y
fallo del cual fue notificado con fecha 1? de agosto de 2019.
CUARTO: Que, del tenor del requerimiento se desprende que, en lo
sustancial, el actor solicita se declaren inaplicables por inconstitucionales en la
gestión judicial invocada, las disposiciones del Código de Procedimiento Penal y de
los tratados internacionales referidos, todas las cuáles identifica como preceptos de
rango legal y cuya aplicación estima como decisiva, tanto en la sentencia dictada por
el señor Ministro de Fuero, como en las demás instancias del juicio, mientras no
exista sentencia ejecutoriada.

Así, impugna por inconstitucionales en su aplicación al caso los artículos 456
bis y 457 Código de Procedimiento Penal, referidos a la convicción del juez sobre la
comisión del delito y la participación del condenado, y a los medios de prueba en el
juicio criminal, respectivamente, alegando que, en el marco del procedimiento
inquisitivo del antiguo Código Procesal Penal, dichos preceptos vulneran el artículo
19, N” 2, en cuanto al principio de igualdad ante la ley, y el artículo 19, N” 3, sobre el
debido proceso legal, en cuanto al derecho al juez natural, el derecho a defensa del
inculpado, y el principio de inocencia, agregando que los artículos del Código
Procesal Penal cuestionados disponen medios de convicción de culpabilidad, que no
responden a los estándares constitucionales de objetividad y razonabilidad.

Luego, el actor impugna el artículo 7” del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional que, en cuanto define los crímenes de lesa humanidad, igualmente
sería contrario al artículo 19, N” 3, que dispone los principios de legalidad, de
tipicidad, y de irretroactividad de la ley penal desfavorable; desde que el juez ha
aplicado de manera implícita dicho artículo 7 para legitimar el castigo de delitos
contra los derechos humanos, por hechos anteriores a la ratificación del Estatuto de
Roma. La misma alegación se plantea respecto de la impugnación de las expresiones
“o de otro carácter” contenidas en el artículo 2” de la Convención Americana de
Derechos Humanos, relativas al deber de los Estados partes de adoptar las medidas
para hacer efectivo el Tratado en el derecho interno, y del artículo 25 N” 2 de la
misma Convención Americana, relativo a los compromisos de los Estados partes
sobre protección judicial y el derecho al recurso judicial, que habrían permitido
reabrir el caso no obstante existir con anterioridad sobreseimiento definitivo;
concluyendo el requirente que el Juez ha tipificado en su sentencia el delito,
aplicando legislación internacional para configurarlo, inexistente al momento de la
comisión de los hechos.

E, igualmente, solicita la inaplicabilidad del artículo 53 de la Convención de
Viena sobre Derecho de los Tratados, en cuanto dispone que es nulo todo tratado
que esté en oposición con normas imperativas de derecho internacional general, o
“ius cogens”. La aplicación de este precepto, se indica, ha permitido al Juez
igualmente eludir la aplicación de los principios constitucionales de legalidad y de
irretroactividad de la ley penal, mediante el reenvío del Magistrado a normas de

derecho internacional para soslayar la aplicación de la ley penal vigente a la época
de los hechos.
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QUINTO: Que la Sala ha arribado a la conclusión de que concurren en el
presente caso las causales de inadmisibilidad establecidas por los numerales 5” y 6*
del artículo 84 de la Ley N2 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional que —en relación con el artículo 93, inciso undécimo, de la
Constitución Política- disponen que “procederá declarar la inadmisibilidad [del
requerimiento] en los siguientes casos: (...) 5. Cuando de los antecedentes de la
gestión pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el precepto legal
impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del
asunto, y 6”. Cuando carezca de fundamento plausible”;

SEXTO: Que, en primer lugar, se aprecia que los preceptos impugnados no
son de aplicación decisiva en la sentencia condenatoria del señor Ministro de Fuero,
ni fundan de modo directo la conclusión del fallo sobre la co-autoría del señor Lepe
Orellana en el homicidio calificado por el cual se le ha condenado.

No siendo mormas decisorio litis, además, se aprecia que el libelo no
fundamenta razonablemente cómo cada uno de los preceptos que se cuestionan de
inaplicabilidad generan en su aplicación al caso concreto un resultado
inconstitucional.

Desde luego, los artículos 456 bis y 457 Código de Procedimiento Penal,
como se indicó, aluden a la convicción del juez sobre la comisión del delito y la
participación del condenado, y a los medios de prueba en el juicio criminal,

respectivamente, de modo que no se aprecia del requerimiento cómo dicha
necesidad de convicción para condenar, o cómo la mera enunciación de los medios
de prueba, en sí, pueden generar un resultado inconstitucional en su aplicación. Al
contrario, son normas garantistas, que de declararse inaplicables, sí dejarían en
indefensión al requirente, al eliminarse los medios de prueba de los hechos en el
juicio criminal, y excluir para el caso concreto, la exigencia de convicción del juez, a
través de los medios de prueba legales, sobre la participación culpable del
condenado.

En efecto, en el considerando 26” de la sentencia del Ministro Cisternas, se
indican los elementos de convicción que obran en el proceso en contra del actor,
dados por una serie de declaraciones, consignando el Magistrado a continuación
que “tales elementos de juicio, recién enumerados, constituyen un conjunto de
presunciones judiciales que apreciadas de conformidad a la ley las dos primeras de
manera directa y las restantes de manera indirecta, aunque convincentes, pues
demuestra el interés de soslayar el testimonio desfavorable de Ríos San Martín-,
permiten a este tribunal tener por suficientemente comprobada la participación del
acusado antes nombrado como autor del delito de homicidio calificado en la
persona de Carmelo Soria Espinoza” (fojas 240 de estos autos constitucionales).

Desde el punto de vista constitucional, aparece nítido que eliminar el
precepto legal que exige la convicción del juez, dejaría en indefensión al actor, lo
que da cuenta de la falta de fundamento plausible del libelo en esta parte. No está
demás decir que, cuestión diferente sería, que el requerimiento impugnara
preceptiva del antiguo Código de Procedimiento Penal sobre la forma de apreciación
de ciertos medios de prueba, en relación con el derecho a un procedimiento racional
y justo, lo que no aconteció en la especie.

SÉPTIMO: Que, por otro lado, respecto de las disposiciones de los tratados
internacionales que se cuestionan estas, además de no ser normas decisorio litis
como se indicó, constituyen reglas generales y programáticas, e igualmente
garantistas, respecto de las cuales no se funda suficientemente el libelo como para
que este Tribunal estuviera en condiciones de entrar al fondo de un conflicto
constitucional, Desde luego, porque tampoco se trata de normas sobre producción o
valoración de prueba, ni preceptiva sobre la cual se haya fundado el delito por el
cual se condena al actor en la sentencia sub lite, por lo que del tenor del
requerimiento no se vislumbra cómo dicha preceptiva internacional infringiría en
este caso concreto el derecho a defensa, o los principios de legalidad e
irretroactividad de la ley penal desfavorable.

OCTAVO: Que, conforme a lo expuesto, la Sala concluye que nos
encontramos frente a preceptiva Litis cuya aplicación en el caso concreto no está
llamada a producir efectos decisivos en su resolución, y frente a un requerimiento
abstracto, que cuestiona el sistema procesal penal antiguo, sin explicar
fundadamente para el caso concreto una contradicción normativa entre preceptos
legales específicos y la Carta Fundamental, lo que determina la concurrencia de las
causales de inadmisibilidad del libelo dispuestas por los numerales 5” y 6” del
artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, y así se
declarará.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N2 62, e
inciso decimoprimero, de la Constitución Política de la República y en el artículo 84,
N's 5 y 6, y demás pertinentes de la Ley N” 17.997, Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

QUE SE DECLARA INADMISIBLE EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A FOJAS 1.
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Acordada con el voto en contra de los Ministros señores Iván Aróstica
Maldonado (Presidente) y José Ignacio Vásquez Márquez, quienes estuvieron por
declarar parcialmente admisible el requerimiento, respecto de la impugnación de
los artículos 456 bis y 457 del Código de Procedimiento Penal, este último sólo en
sus expresiones: “5” La confesión; y 6” Las presunciones o indicios”, toda vez que de
esta impugnación cumple todos los requisitos legales para declarar admisible el
libelo, siendo normas de posible aplicación decisiva al juicio sublite y respecto de las
cuáles se funda plausiblemente un conflicto constitucional.

Asimismo, estuvo por declarar admisible el requerimiento en cuanto a la
impugnación del artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, sólo en la frase “y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior
de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”, y del artículo 7? N*s
1 y 2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en cuanto el libelo
igualmente se encuentra razonablemente fundado a su respecto, son preceptiva de
posible aplicación decisiva en el juicio pendiente y constituyen preceptos legales
contra los cuales es procedente la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
de acuerdo a los siguientes argumentos:

12. Que en relación a lo anterior, este disidente funda su prevención en el hecho
que los tratados internacionales han sido considerados tanto por la doctrina como
por la jurisprudencia nacionales, como “preceptos legales” para los efectos de
examinar su constitucionalidad, desde la Constitución de 1925 hasta el actual texto
constitucional;

22, Que, en primer lugar, así lo reconocía Alejandro Silva Bascuñán, al afirmar
que en aquella Carta el referido concepto se contenía en las siguientes fuentes
normativas: en las leyes ordinarias o corrientes; los decretos con fuerza de ley; los
decretos leyes y, los tratados internacionales que tienen al ser ratificados y
promulgados, el valor o fuerza de ley” (Los preceptos legales en la Nueva
Constitución, Revista Chilena de Derecho, Volumen 9, año 1982, p. 111);

32, Que, en nuestra actual doctrina constitucional encontramos serias y
consistentes posiciones con respecto al sometimiento de los tratados
internacionales al control o examen de constitucionalidad. Así, el constitucionalista y
actual Canciller de Chile Teodoro Ribera afirma que “la preeminencia de la
Constitución frente a las normas de derecho internacional” y que en consecuencia,
ante una violación de un tratado internacional viola una norma constitucional “el
Tribunal Constitucional, en virtud del mandato constitucional, puede y debe conocer
aquel asunto, careciendo el legislador de atribuciones para limitar la competencia
del mencionado órgano jurisdiccional”. Agrega más adelante que cuando no sea
posible conciliar la interpretación de los tratados con la Constitución “el juez deberá
necesariamente velar por la supremacía constitucional, pues es la Ley Fundamental
la que le otorga validez interna al tratado” y luego concluye, “es forzoso concluir que

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el Tribunal Constitucional debe ejercer un control a posteriori de la
constitucionalidad de los tratados, sea mediante el recurso de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad o bien mediante la declaración de inconstitucionalidad”,
(Teodoro Ribera Neumann, “Los tratados internacionales y su control a posteriori
por el Tribunal Constitucional”, en revista Estudios Constitucionales, número 1,
2007, pp. 89-118);

42, Que, en la misma línea argumental y doctrinal anterior, cabe destacar lo
aseverado por el profesor Manuel Núñez, quien desvirtúa la crítica o negación a la
homologación de tratados internacionales con el concepto de precepto legal o la
eventual responsabilidad del Estado e, incluso, la invalidez de aquéllos, que una
eventual inaplicabilidad importaría, sosteniendo que “el sentido de la voz “preceptos
legales” a que se refiere el artículo 93.6 de la Constitución puede ser racionalmente
ampliado hasta comprender a los tratados internacionales. La necesidad
constitucional extraordinaria de manenter alguna forma de controlar judicialmente
la aplicación de los tratados es una buena razón para justificar esa ampliación (...) En
la medida que el instituto de la inaplicabilidad se centra en los efectos que siguen a
la aplicación de los preceptos legales (o sus equivalentes), es posible afirmar que el
juicio de inaplicabilidad en la gran mayoría de los casos no es un juicio de validez
sobre normas. No siendo un juicio de validez, él tampoco importa una forma de
derogación, suspensión o modificación de los tratados”, pues, estas acciones o
mecanismos de carácter general y no particular en una gestión judicial concreta,
sólo proceden en virtud de las propias normas de un tratado o por la normas
generales del derecho internacional, según el artícuo 54 N* 1 de la Constitución
(Manuel Núñez Poblete, “Sobre la declaración de inaplicabilidad de los tratados
internacionales: Un estudio en defensa de su fundamento y legitimidad”, en revista
Estudios Constitucionales, N? 2, 2010, pp. 431-464);

52, Que por lo demás, es preciso recordar la jurisprudencia de esta Magistratura
en relación a la jerarquía de los tratados internacionales, la cual en el Rol 346-02, a
propósito de un requerimiento formulado por diversos Diputados con el objeto de
que el Tribunal declarase la inconstitucionalidad del Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional, indicó que la reforma constitucional de 1989 al artículo 5* inciso
segundo de la Carta Fundamental, en caso alguno reconoció que los tratados
internacionales sobre derechos esenciales tuvieran una jerarquía igual o superior a
la Ley Fundamental (considerando 62);

62. Que en efecto, para corroborar lo anterior, el mencionado fallo de esta
Magistratura Constitucional se basa en la historia fidedigna de la norma en comento,
indicando en el considerando 63 lo siguiente: “En el Informe de la Comisión Conjunta
de la Junta de Gobierno, de 12 de junio de 1989, se dejó expresa constancia que: "En
virtud de este número se agrega una oración final al inciso segundo del artículo 52 de
la Constitución, que dice: "Es deber de los órganos del Estado respetar y promover
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tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Esta disposición
reafirma el concepto de que el Estado está al servicio de la persona humana y que,
por tanto, el ejercicio de la soberanía no puede vulnerar los derechos esenciales que
emanan de su naturaleza. A la autoridad le corresponde, también, la promoción de
los derechos humanos, los que, emanando de la naturaleza de la persona, no son
establecidos por la Constitución, sino que ésta se limita a reconocerlos y a
describirlos, pudiendo las leyes y los tratados desarrollarlos sin afectar su esencia. En
relación con los tratados a que se refiere esta norma, cabe señalar que su vigencia
no obsta a la procedencia del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
conforme a las reglas generales”;

72, Que a partir de ello, la indicada STC 346-02, se concluye -en reflexión a la
historia de la modificación al artículo 5” inciso segundo de la Constitución antes
reseñada- lo siguiente: “Lo anterior nos permite afirmar que no estuvo en la mente
del Constituyente que los tratados no quedaran sujetos a la supremacía de la
Constitución ni menos que su jerarquía permitiera enmendar normas de la Ley
Fundamental, ya que si así no fuere carece de toda explicación lógica y jurídica que
se hubiere afirmado que era procedente el recurso de inaplicabilidad de una norma
de un tratado por ser contraria a la Constitución, habida consideración que dicho

recurso reconoce como causa inmediata, precisamente, la prevalencia de la
Constitución sobre la ley o el tratado” (en Alejandro Silva Bascuñán, Tratado de
Derecho Constitucional, tomo IX, Editorial Jurídica de Chile, 2003, p. 103);

82, Que, cabe recordar que respecto a la actual Constitución, la propia
jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que si bien “el tratado internacional no
es propiamente una ley, pues no se somete al mismo procedimiento que ella” (...), sin
embargo, (...) “no obsta a que éste, una vez aprobado por el Congreso Nacional y
ratificado por el Presidente de la República, se integre a nuestro derecho interno
como un “precepto legal”, concepto que siempre se ha entendido por esta
Magistratura, como antiguamente por la Corte Suprema, cuando era ella quien
conocía del recurso de inaplicabilidad, en un sentido amplio” (STC 1288,
considerandos 52 y 53, referido al control preventivo de la Ley N2 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, Santiago, 25 de agosto de 2009).

92, Que por lo anteriormente expuesto, este Magistrado manifiesta que el
Tribunal Constitucional no puede abstenerse de ejercer su función constitucional
mediante el control por vía de inaplicabilidad de aquellos preceptos legales
incluyendo los tratados internacionales, cuya aplicación puedan generar un
resultado contrario a la Constitución, pues, su abstención, importaría abdicar de su
responsabilidad y función en defensa de la propia Constitución y de los derechos
fundamentales reconocidos a toda persona.
10%. Que por último, además de lo anteriormente expresado, este Ministro
previene haciendo presente, que en la labor de juzgamiento de causas de esta
naturaleza, no pueden haber ambigiedades que permitan cuestionar la
imparcialidad de quien desarrolla la labor de juzgar, pues tal como ha señalado la
doctrina internacional, “Ya imparcialidad del juzgador puede ser definida como la
ausencia de prejuicios o intereses de ése frente al caso que debe decidir, tanto en
relación a las partes como a la materia”, siendo esta “indispensable para que se
garantice la ajenidad del juez a los dos intereses contrapuestos...” (Ferrajoli, Luigi.
Derecho y razón. Editorial Trotta, Madrid, 1995). El cumplimiento de este deber de
imparcialidad obliga a los jueces a una rigurosidad y cuidado de las argumentaciones
y utilización de las debidas fuentes formales del derecho, que permitan sustentar
Una correcta y justa decisión del asunto controvertido.

Los Ministros señor Domingo Hernández Emparanza y señora María Pía
Silva Gallinato previenen que estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento
respecto de las disposiciones impugnadas de la Convención Americana de Derechos
Humanos; de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; y del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, desde que constituyen tratados
internacionales, celebrados entre Estados y regidos por el derecho internacional
general, que no pueden ser derogados, modificados o suspendidos sino en la forma
prevista en ellos mismos o de acuerdo a las normas generales de derecho
internacional, al tenor del artículo 54.1, inciso 5% de nuestra Carta Fundamental,
argumentos de contraste que no han sido invocados, situación que configura,
además, la causal de inaplicabilidad del artículo 84.6% de la Ley Orgánica de esta
Magistratura.

El Ministro señor Juan José Romero Guzmán previene que concurre a la
declaración de inadmisibilidad del requerimiento, únicamente conforme a la causal
del artículo 84 N? 5 de la Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal.
900661

O

Notifíquese, comuníquese y archívese.

Rol N2 7102-19-INA.

Sr. Aróstica

| Presidente

Sr. Hergá YA
| Ñ Sy Romero
| L

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Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional,
integrada por su Presidente, Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, y por sus
Ministros señores Domingo Hernández Emparanza, Juan José Romero Guzmán, José
Ignacio Vásquez Márquez y señora María Pía Silva Gallinato.

Se certifica que la Ministra señora María Pía Silva Gallinato concurrió al

Autoriza la
Barriga Meza.

Notificaciones TC (NCC)

090602

De:
Enviado el:
Para:

Asunto:
Datos adjuntos:

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institucionconstitucional.cl <seguimientotcchile.cl> Subciendos de

lunes, 23 de septiembre de 2019 11:17

jmonteromujicaQ0gmail.com; ROWENAPALANECKOCDE.CL; NOTIFICA.FJOGMAIL.COM;
fibustosOcaucoto.cl; fugasOuc.cl; ¡delgadoO minjusticia.cl

Notificacion Rol 7102-19

15034_1.pdf

Señor Jorge Montero Mujica, por el requirente; señores Mauricio
Torres Soto y Juan Pablo Delgado Díaz, por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública; y, señores Nelson Caucoto Pereira,
Francisco Ugás Tapia y Francisco Jara Bustos en representación de
doña Carmen Soria González Vera:

Adjunto remito a ustedes resolución dictada por este Tribunal en el
proceso Rol N* 7102-19, sobre requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad presentado por Jaime Enrique Lepe Orellana
respecto de los "artículos 456 bis y 457 del Código de Procedimiento
Penal; la expresión "o de otro carácter” que están contenidas en el
artículo 2? y el artículo 25 N* 2 de la Convención Americana de
Derechos Humanos; el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados, aprobado por D.S. N* 381 D.O. 22 de agosto
de 1981 en la parte que señala: "Para los efectos de la presente
Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es
una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de
Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario
y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho
internacional general que tenga el mismo carácter.”; el artículo 7? N? 1
y N? 2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
promulgado mediante D.S. (RR.EE.) N*104 del 6 de julio de 2009,
D.O. 1? de agosto de 2009"; en el proceso penal sustanciado por el
Ministro de Fuero, señior Lamberto Cisternas Rocha, bajo el Rol N? 1-
1993, por el homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza.
Atentamente,

Secretaria Abogada

secretaria(Micchile.cl

Tribunal Constitucional
Huerfanos 1234. Santiago - Chile
000603

Notificaciones TC (NCC) Suse nto hos
OOOO EUA A ADO A IA

De: Notificaciones TC (NCC) <notificacionesOtcchile.cl>

Enviado el: lunes, 23 de septiembre de 2019 11:15

Para: "notificacionestcO cde.cl”, 'Paulina Retamales Soto'; 'notificacionesftcchile.cl'

cc: "Maria Eugenia Manaud Tapia'; 'notificaciones.tcQ gmail.com'; 'msanchezOtcchile.cl'
Asunto: Comunica resolución,

Datos adjuntos: Inadmisible..paf

Señora

María Eugenia Manaud Tapia
Presidente del Consejo de Defensa del Estado

Señora

Ruth Israel López

Abogada Procuradora Fiscal de Santiago
Consejo de Defensa del Estado

Junto con saludarles, en el marco del Convenio de comunicación Consejo de Defensa del Estado — Tribunal
Constitucional, vengo comunicar y remitir adjunta resolución dictada por este Tribunal, el proceso Rol N* 7102-19, sobre
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Jaime Enrique Lepe Orellana respecto de los
"artículos 456 bis y 457 del Código de Procedimiento Penal; la expresión "o de otro carácter" que están contenidas en el
artículo 2* y el artículo 25 N2 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; el artículo 53 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobado por D.S. N” 381 D,O. 22 de agosto de 1981 en la parte que señala:
"Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma
aceptada y reconocida por ta comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en
contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo
carácter.”; el artículo 7? N” 1 y N” 2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional promulgado mediante D.S.
(RR.EE.) N*104 del 6 de julio de 2009, D,O. 1? de agosto de 2009"; en el proceso penal sustanciado por el Ministro de
Fuero, señor Lamberto Cisternas Rocha, bajo el Rol N” 1-1993, por el homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

EN Nolwia Cortés
Me Oficial Segundo

E Sa Tribuna! Constitucional

¿ FFono: (56-2) 272 19 221

Paseo Huérfanos N” 1234, Santiago Centro.
Santiago — Chile,

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N.C.C. % e Santiago, 23 de septiembre de 2019.
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Remite resolución.
SEÑOR MINISTRO DE FUERO

DON LAMBERTO CISTERNAS ROCHA:

Remito a V.S.L copia de la resolución dictada por esta Magistratura en el
proceso Rol N? 7102-19-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
presentado por Jaime Enrique Lepe Orellana respecto de los "artículos 456 bis y 457 del Código
de Procedimiento Penal; la expresión "o de otro carácter” que están contenidas en el artículo 22
y el artículo 25 N* 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; el artículo 53 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobado por el D.S. N* 381, D.O. del
22 de agosto de 1981 en la parte que señala: "Para los efectos de la presente Convención, una
norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la
comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en
contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional

general que tenga el mismo carácter.”; el artículo 7? N* 1 y N* 2 del Estatuto de Roma de la

Corte Penal Internacional promulgado mediante el D.S. (RR.EE.) N*104 del 6 de julio de 2009,

D.O. del 1? de agosto de 2009.

Dios guarde a V.S.L E xa

MARIA LUISA B: M BARRIL
Presidenta

MA.

Secretaria

SEÑOR MINISTRO DE FUERO

DON LAMBERTO CISTERNAS ROCHA
EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMPAÑIA N? 1140 - 2* PISO

PRESENTE

90060»

Custo, ADA io E

n.c.c.

Santiago, 23 de septiembre de 2019.

Señor

Jorge Balmaceda Morales

en representación de Pedro Octavio Espinoza Bravi
Raúl Eduardo turriaga Neumann

Leonardo Quilodrán Burgos

Doctor Sótero del Río N* 508, Oficina 418

Santiago

Remito a Ud., copia de la resolución dictada por esta Magistratura con
fecha 12 de septiembre del año en curso, Rel N* 7102-19, sobre requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Jaime Enrique Lepe Orellana respecto
de los "artículos 456 bis y 457 del Código de Procedimiento Penal; la expresión "o de otro
carácter” que están contenidas en el artículo 2” y el artículo 25 N* 2 de la Convención
Americana de Derechos Humanos; el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, aprobado por D.S. N* 381 D.O. 22 de agosto de 1981 en la parte que señala:
"Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional
general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su
conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y gue sólo puede ser modificada
por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.”; el
artículo 7% N* 1 y N? 2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional promulgado
mediante D.S, (RR.EE.) N*104 del 6 de julio de 2009, D.O. del 1? de agosto de 2009; en el
proceso penal sustanciado por el Ministro de Fuero, señor Lamberto Cisternas Rocha, bajo el
Rol N” 1-1993, por el homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza; para los fines

pertinentes.

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A retar
. Segretaria
A

Huérfanos N' 1234 o Santiago de Cinle o Telétonos (50-2) 27219200 - 21924 o secretoño(Wtcchile.cl o www inbunalconstitucional.l

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Carta entregada a Correos de Chile el día 24 de septiembre de 2019
11.C.C.

Santiago, 23 de septiembre de 2019.

Señor

Juan Francisco Dávila Campusano

en representación de Guillermo Humberto Salinas Torres
Fernán Ruy González Fernández

Sótero del Río N* 508, Oficina N* 909

Santiago

Remito a Ud., copia de la resolución dictada por esta Magistratura con
fecha 12 de septiembre del año en curso, Rol N% 7102-19, sobre requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Jaime Enrique Lepe Orellana respecto
de los "artículos 456 bis y 457 del Código de Procedimiento Penal; la expresión "o de otro
carácter" que están contenidas en el artículo 2” y el artículo 25 N* 2 de la Convención
Americana de Derechos Humanos; el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, aprobado por D.S. N* 381 D.O. 22 de agosto de 1981 en la parte que señala:
"Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional
general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su
conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada
por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.”; el
artículo 7? N* 1 y N* 2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional promulgado
mediante D.S. (RR.EE.) N*104 del 6 de julio de 2009, D.O. del 1? de agosto de 2009; en el
proceso penal sustanciado por el Ministro de Fuero, señor Lamberto Cisternas Rocha, bajo el
Rol N? 1-1993, por el homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza; para los fines

pertinentes.

Saluda atentamente a Ud.,

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Huérfanos N' 1234 a Santiago de Clule « Telófamos (56-2) 27219200 - 272192140 secrotano(Dtcchile.ol e www.tribunalconsatucional.cl

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Carta entregada a Correos de Chile el día 24 de septiembre de 2019
n.c.C.

Santiago, 23 de septiembre de 2019.

Señor

Gustavo Promis Baeza

en representación de René Patricio Quiltot Palma
Profesora Amanda Labarca N? 96, Oficina 65

Santiago

Remito a Ud., copia de la resolución dictada por esta Magistratura con
fecha 12 de septiembre del año en curso, Rol N* 7102-19, sobre requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Jaime Enrique Lepe Orellana respecto
de los “artículos 456 bis y 457 del Código de Procedimiento Penal; la expresión "o de otro
carácter” que están contenidas en el artículo 2? y el artículo 25 N* 2 de la Convención
Awmericana de Derechos Humanos; el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, aprobado por D.S, N* 381 D.O. 22 de agosto de 1981 en la parte que señala:
"Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional
general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su
conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada
por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.”; el
artículo 7? N” 1 y N* 2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional promulgado
mediante D.S. (RR.EE.) N*104 del 6 de julio de 2009, D.O. del 1? de agosto de 2009; en el
proceso penal sustanciado por el Ministro de Fuero, señor Lamberto Cisternas Rocha, bajo el
Rol N* 1-1993, por el homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza; para los fines

pertinentes.

Saluda atentamente
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Carta entregada a Correos de Chile el día 24 de septiem '
n.c.c.

Santiago, 23 de septiembre de 2019.

Señor

Maximiliano Murath Mansilla

en representación de Pablo Fernando Berlmar Labbé
Juan Hernán Morales Salgado

Ricardo Bartolomé Muñoz Cerda

Doctor Sótero del Río N? 508, Oficina 418

Santiago

Remito a Ud., copia de la resolución dictada por esta Magistratura con
fecha 12 de septiembre del año en curso, Rel N“ 7102-19, sobre requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Jaime Enrique Lepe Orellana respecto
de los "artículos 456 bis y 457 del Código de Procedimiento Penal; la expresión "o de otro
carácter" que están contenidas en el artículo 2” y el artículo 25 N* 2 de la Convención
Americana de Derechos Humanos; el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, aprobado por D.S. N? 381 D.O. 22 de agosto de 1981 en la parte que señala:
"Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional
general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su
conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada
por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.”; el
artículo 7% N* 1 y N* 2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional promulgado
mediante D,S. (RR.EE.) N*104 del 6 de julio de 2009, D.O. del 1? de agosto de 2009; en el
proceso penal sustanciado por el Ministro de Fuero, señor Lamberto Cisternas Rocha, bajo el
Rol N? 1-1993, por el homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza; para los fines

pertinentes.

Saluda atentamente a Ud.
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nérfanos N" 1234 0 Santiago de Chile o Teléfonos (50-2) 27219200 - 21210214 0 secretario ODtcchilo.cl e www tribunalconstitucional.c)

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24 de septiembre de 2019

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Carta entregada a Correos de Chile el día
000609

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n.c.c.

Santiago, 23 de septiembre de 2019.

Señor

Luis Hernán Núñez Muñoz

en representación de María Rosa Alejandra Damiani Serrano
Doctor Sótero del Río N? 508, Oficina 318

Santiago

Remito a Ud., copia de la resolución dictada por esta Magistratura con
fecha 12 de septiembre del año en curso, Rel N* 7102-19, sobre requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Jaime Enrique Lepe Orellana respecto
de los "artículos 456 bis y 457 del Código de Procedimiento Penal; la expresión "o de otro
carácter" que están contenidas en el artículo 2? y el artículo 25 N* 2 de la Convención
Americana de Derechos Humanos; el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, aprobado por D.S. N* 381 D.O. 22 de agosto de 1981 en la parte que señala:
"Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional
general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su
conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada
por una porma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.”; el
artículo 7? N* 1 y N* 2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional promulgado
mediante D.S, (RR.EE.) N%104 del 6 de julio de 2009, D.O. del 1? de agosto de 2009; en el
proceso penal sustanciado por el Ministro de Fuero, señor Lamberto Cisternas Rocha, bajo el
Rol N* 1-1993, por el homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza; para los fines

pertinentes.

Saluda atentamente a Udo,
TU AO

Mar Angélica Barfiz E p
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Huérfanos N" 1734 » Santiago de Chale o Telétonos (56-2) 27219200 - TODA e secretanoUtcchile.cl e www ¿nbunalconsitocional.cl

Carta entregada a Correos de Chile el día 24 de septiembre de 2019
D00610

Susnintos rr

áa.c.C.

Santiago, 23 de septiembre de 2019.

Señor

Fernando Dumay Burns

en representación de Carlos Alfonso Sáez Sanhueza
Agustinas N* 1442, Oficina N? 508

Santiago

Remito a Ud., copia de la resolución dictada por esta Magistratura con
fecha 12 de septiembre del año en curso, Rol N“ 7102-19, sobre requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Jaime Enrique Lepe Orellana respecto
de los "artículos 456 bis y 457 del Código de Procedimiento Penal; la expresión "o de otro
carácter” que están contenidas en el artículo 2? y el artículo 25 N* 2 de la Convención
Americana de Derechos Humanos; el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, aprobado por D.S. N* 381 D.O. 22 de agosto de 1981 en la parte que señala:
"Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional
general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su
conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada
por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.”; el
artículo 7% N* 1 y N? 2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional promulgado
mediante D.S. (RR.EE.) N*104 del 6 de julio de 2009, D.O. del 1” de agosto de 2009; en el
proceso penal sustanciado por el Ministro de Fuero, señor Lamberto Cisternas Rocha, bajo el
Rol N” 1-1993, por el homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza; para los fines

pertinentes.

Saluda atentamente a Ud, /

a OA
a Moria Angélica

e Secretaría

Huérlanos N* 1234 o Santiago de Chile o Telótonos (50-2) 27219200 - 21219214 e secretario (Dtcchale.cl e www.tribunalconstitucional.cl

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Carta entregada a Correos de Chile el día 24 de septiembre de 2019
1.c.C.

Sanilago, 23 de septiembre de 2019.

Señora

María Carolina Ahumada Quezada

en representación de Leonardo René García Pérez
Venus N? 1917, Las Condes

Santiago

Remito a Ud., copia de la resolución dictada por esta Magistratura con
fecha 12 de septiembre del año en curso, Rol N“ 7102-19, sobre requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Jaime Enrique Lepe Orellana respecto
de los "artículos 456 bis y 457 del Código de Procedimiento Penal; la expresión "o de otro
carácter" que están contenidas en el artículo 2” y el artículo 25 N* 2 de la Convención
Americana de Derechos Humanos; el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, aprobado por D.S. N* 381 D.O. 22 de agosto de 1981 en la parte que señala:
"Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional
general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su
conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada
por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.”; el
artículo 7% N* 1 y N* 2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional promulgado
mediante D.S. (RR.EE.) N*104 del 6 de julio de 2009, D.O. del 1? de agosto de 2009; en el
proceso penal sustanciado por el Ministro de Fuero, señor Lamberto Cisternas Rocha, bajo el
Rol N* 1-1993, por el homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza; para los fines

pertinentes.

Saluda atentamente a Ud”
EA

Carta entregada a Correos de Chile el día 24 de septiembre de 2019