TC Rol 7104

Texto completo

O

Santiago, cinco de agosto de dos mil diecinueve.
VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO. Oue, a fojas 1, con fecha 25 de julio de 2019, Sergio Lautaro Cea
Cienfuegos deduce requerimiento de inconstitucionalidad respecto del “Auto
Acordado de la Excma. Corte Suprema, del 3 de octubre de 1991, publicado en el
D.O. del 5 de octubre de 1991”, en el marco del proceso penal sustanciado en su
contra por el Ministro de Fuero de la Excma. Corte Suprema, señor Lamberto
Cisternas Rocha, bajo el Rol N* 1-1993.

SEGUNDO. Que, el artículo 93, inciso primero, N* 29, de la Constitución
Política confiere a este Tribunal Constitucional la atribución de "resolver sobre las
cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte
Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones”. Por su
parte, la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
(LOCTO), regula las "cuestiones de constitucionalidad sobre autos acordados”, en sus
artículos 52 y siguientes, consignando —en armonía con el artículo 93, incisos tercero
y final de la Constitución Política- a las personas y órganos legitimados para
requerir, y un doble examen de admisión a trámite y admisibilidad, previo a la vista
de fondo del asunto.

En cuanto a la legitimación, el artículo 52 consigna que son órganos
legitimados para requerir la inconstitucionalidad de un auto acordado el Presidente
de la República, cualquiera de las Cámaras o diez de sus miembros en ejercicio; y
personas legitimadas, las que sean parte en una gestión o juicio pendiente ante un
tribunal ordinario o especial, o desde la primera actuación en un procedimiento
penal, y que sean afectadas en el ejercicio de sus derechos fundamentales por lo
dispuesto en un auto acordado.

En el caso del presente requerimiento, el actor se encuentra legitimado
como parte en un juicio penal, y manifiesta la afectación de sus derechos
fundamentales por la aplicación del auto acordado en dicho juicio, conforme se
analizará más adelante.

Luego, en cuanto a los requisitos de admisión a trámite, el mismo artículo
52, en relación al artículo 63 de la LOCTC, exige que el libelo contenga una
exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho, señale en forma precisa
la cuestión de constitucionalidad y, en su caso, el vicio oO vicios de
inconstitucionalidad que se aducen, con indicación de las normas que se estiman
transgredidas. Si lo interpone una persona legitimada, el artículo 52 agrega que,
además, se debe mencionar con precisión la manera en que lo dispuesto en el
auto acordado afecta el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Y, en cuanto a los requisitos de admisibilidad, el artículo 54 dispone cuatro
causales expresas de inadmisibilidad. En lo que interesa a efectos de la presente
resolución, su numeral 4? consigna que “precederá declarar la inadmisibilidad de la
cuestión de inconstitucionalidad: (...) 4. Cuando no se indique la manera en que el
auto acordado afecta el ejercicio de los derechos constitucionales del requirente,
en los casos en que sea promovida por una parte o persona constitucionalmente
legitimada”.

TERCERO. Que, al igual como ha venido operando esta Magistratura
Constitucional en sede de acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
atendido el mérito del requerimiento particular, la Sala respectiva puede
perfectamente determinar que un requerimiento de inconstitucionalidad de auto
acordado adolece de defectos tales que hagan imposible que pueda prosperar,
siendo así pertinente derechamente declarar su inadmisibilidad (entre otras,
resoluciones roles N%s 1924, 1890, 1878, 1860, 1789, 1834, 1828, 1788, 1771 y 1749).

CUARTO. Que del examen del requerimiento deducido a fojas 1, esta Sala
ha logrado formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional deducida
no puede prosperar, al concurrir la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral
4? del artículo 54 de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura, arriba
transcrito, y que a su vez también incide en la falta de requisitos para admisión a
trámite (artículo 52, inciso segundo, parte final, LOCTC), por lo que será declarado
derechamente inadmisible, conforme se pasa a explicar.

QUINTO. Que el actor impugna de inconstitucional el "Auto Acordado de la
Excma. Corte Suprema, del 3 de octubre de 1991, publicado en el D.O. del 5 de
octubre de 1991”. Este auto acorado es del siguiente tenor:

“En Santiago, a tres de octubre de mil novecientos noventa y uno,
se reunió el Tribunal Pleno, presidido por don Rafael Retamal López, en su
calidad de Presidente Subrogante, y con la asistencia de los Ministros, señores:
Ulloa, Aburto, Cereceda, Jordán, Zurita, Faúndez, Dávila, Beraud, Araya,
Perales, Valenzuela y Carrasco; y teniendo presente:

"Primero: Que la Ley No. 19.047, publicada en el Diario Oficial de 14 de
Febrero del año en curso sustituyó el No. 2 del artículo 52 del Código Orgánico
de Tribunales, que señala las causas de que debe conocer como tribunal
unipersonal en primera instancia un Ministro designado por la Corte Suprema,
por el siguiente: "de los delitos de jurisdicción de los Tribunales chilenos cuando
puedan afectar las resoluciones internacionales de la República con otro
Estado";

"Segundo: Que dicha reforma es simplemente una regla más de
competencia, no obstante lo cual el legislador no fijó el procedimiento ni el
tribunal que debe conocer de los recursos que se deduzcan en contra de las
resoluciones y sentencia definitiva, que en su caso, pueda expedir el Ministro
designado;

"Tercero: Que en cuanto al Tribunal competente para conocer de los |
recursos cabe aplicar lo previsto en el artículo 110 del Código Orgánico de
Tribunales que dispone "una vez fijada con arreglo a la ley la competencia de un
juez inferior para conocer en primera instancia de un determinado asunto
queda igualmente fijada la del tribunal superior que debe conocer del mismo en ¡
segunda instancia”.- Así resulta que es esta Corte Suprema el Tribunal de
segunda instancia que le corresponde conocer de la impugnación de las
decisiones de uno de sus jueces como tribunal unipersonal, a semejanza de lo
que ordena el Código Orgánico de Tribunales al entregar en su artículo 98 No.

52, a las Salas de la Corte Suprema el conocimiento de las apelaciones que se
deduzcan en algunos procesos de que conoce su Presidente como tribunal
unipersonal;

"Cuarto: Que en cuanto al procedimiento que debe observarse en la
tramitación y fallo de los recursos, ante el silencio del legislador y para precaver
posibles entorpecimientos en la substanciación de los procesos, debe
entenderse que siendo una de las bases de la jurisdicción en Chile la doble
instancia es necesario adoptar medidas para solucionar la materia a que se
refiere este acuerdo.

"De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 de la
Constitución Política de la República, 96 No. 7, 98 No. 8” y 110 del Código
Orgánico de Tribunales se dicta el siguiente Auto Acordado:

"Corresponde a esta Corte Suprema, por medio de una de sus
Salas, designada por el Presidente del Tribunal, en uso de las facultades
que le concede el artículo 105 No. 3" de dicho Código, el conocimiento de
los recursos que se interpongan contra las resoluciones que se dicten en los
procesos instruidos por un Ministro de la Corte Suprema, como tribunal
unipersonal conforme al citado artículo 52 No. 2” del aludido Código. Los
recursos de apelación gozarán de preferencia para su vista y se agregarán
a la tabla en forma extraordinaria.

"Se previene que los Ministros señores Jordán y Faúndez, fueron de
opinión de entregar el conocimiento de la segunda instancia en los procesos a
que alude este Auto Acordado al Tribunal Pleno, dada la importancia de la
materia que causa la designación de un Ministro de esta Corte de acuerdo a lo
previsto en el No. 2 del artículo 52 del Código Orgánico de Tribunales que la
condiciona a los delitos que puedan afectar las relaciones internacionales de la
República con otro Estado.

"Publíquese en el Diario Oficial, transcribiéndose.

SEXTO. Oue el requirente solicita (fojas 1 y 26) que se declare
inconstitucional y se prive de todo efecto jurídico al referido auto acordado,

explicando que es inconstitucional aplicarlo a la gestión judicial en que el actor es
parte, constituido por el proceso penal sustanciado en su contra por el Ministro de
Fuero de la Excma. Corte Suprema, señor Lamberto Cisternas Rocha, bajo el Rol N*
1-1993, y en el cual, conforme consta del certificado acompañado a fojas 28, con
fecha 13 de marzo de 2019 se dictó sentencia de primer grado, condenándose al
requirente como coautor del delito de falsificación de instrumento público, fallo que
se encuentra en proceso de notificación conforme a la misma certificación.

Expone el requirente, obrando como parte legitimada, y en lo concerniente
al requisito de mencionar con precisión la manera en que lo dispuesto en el auto
acordado afecta el ejercicio de sus derechos fundamentales, que "este Auto
Acordado de la Excma. Corte Suprema tiene por causa y fundamento el silencio de la
Ley Orgánica Constitucional del Poder Judicial y, por ello, asume que le correspondería
a dicho Tribunal la facultad de instalar -por medio de un Auto Acordado-, un tribunal
de segunda instancia, por una regla de grado, para conocer como superior jerárquico,
de los recursos que procedan respecto de la resolución de un ministro de la Corte
Suprema que actúa como tribunal unipersonal” (fojas 2) y que "la aplicación del
contenido dispositivo del Auto Acordado del 3 de octubre de 1991 resulta ser
inconstitucional en el presente caso, porque ha sido dictado por la Excma. Corte
Suprema fuera del ámbito de su competencia al legislar creando e instalando un
tribunal de segunda instancia, lo que es materia de ley y, además, infringe la garantía
constitucional que impone como una obligación al Estado de que nadie puede ser
condenado sin un proceso previo legalmente tramitado y que el imputado deber ser
juzgado por el juez competente que está establecido antes del hecho investigado.
Además, este A.A. afecta gravemente la regla de fijeza y de grado de la competencia
del tribunal llamado a conocer de los recursos de este juicio penal” (fojas 26).

SÉPTIMO. Que, a continuación, el requerimiento hace una conexión entre el
asunto expuesto en el considerando precedente -que hasta acá se aprecia como un
tema que puede decir relación con reglas de competencia, pero no con infracción de
derechos fundamentales-, con la afectación de sus derechos fundamentales, al
aplicar el auto acordado al juicio seguido en su contra. Así, afirma el requirente que
la sentencia definitiva de segunda instancia que aún no se ha dictado (no consta en
estos antecedentes constitucionales que se haya apelado la sentencia de primer
grado) será dictada por un tribuna! incompetente (fojas 4), alcanzando dicha
incompetencia tanto al tribunal de alzada como al de primer grado (que ya dictó
sentencia).

Luego viene la conexión, en el sentido de argumentar el actor que lo anterior
importa desconocer la vigencia de sus garantías fundamentales de la igual
protección de la ley en el ejercicio de los derechos y a la igualdad ante la ley, desde
que el asunto sea conocido en segunda instancia por una Sala de la Corte Suprema,
en la forma que dispone el auto acordado, "no constituye, ni podría constituir, el juez
natural y/o competente en este caso y que -en dicho juicio penal- se dé cabal
cumplimiento a una tramitación legal y de un procedimiento e investigación
racionales y justas, en que se respete el derecho a la defensa, la aplicación
efectiva del principio de legalidad y del principio de irretroactividad de la ley penal
a través de que, en definitiva, US. Excma. [en referencia a este Tribunal
Constitucional] declare que el tribunal de segunda instancia no podrá ampararse de
forma alguna -durante este juicio- en el Auto Acordado del 3 de octubre de 1991 para
erigirse en el tribunal competente y conocer los recursos a que den lugar la
dictación de la sentencia de primera instancia y, por ende, que está inhibido para
dictar sentencia de segunda instancia, porque la aplicación de ese Auto Acordado
causaría o produciría, necesariamente, el efecto inconstitucional descrito y que se
torna inadmisible e intolerable en un estado de democrático de derecho” (fojas 4 y 5).

Ahonda en argumentos el requirente, dando por vulnerados los incisos 5? y
6” del numeral 3? del artículo 19 constitucional, en cuanto a su derecho al juez
natural y su derecho a defensa, siempre conectando la infracción de derechos con la
(in)competencia de los tribunales.

OCTAVO. Que de lo expuesto en los dos motivos precedentes y del estudio
del libelo, la Sala aprecia que el asunto planteado, así como el contenido normativo
del auto acordado cuestionado —conforme se explicará- dice relación con reglas de
competencia.

Luego, no existe en el requerimiento una conexión lógico-jurídica entre un
asunto de competencia de los tribunales y la afectación del derecho al juez natural y
a la defensa. Un asunto es la determinación del tribunal que conoce, y otro
diferente es que aquél tribunal respete el derecho al debido proceso en la
sustanciación del procedimiento. Así, como un solo ejemplo, no se aprecia conexión
entre una hipotética incompetencia y la afectación del principio de irretroactividad
de la ley penal desfavorable que alega el requirente.

Sin embargo, para despejar el asunto, es menester hacer referencia y
precisar el contenido normativo del auto acordado reprochado.

NOVENO, Que, desde luego, el Auto Acordado de la Excma. Corte
Suprema, del 3 de octubre de 1991, publicado en el D.O. del 5 de octubre de 1991,
constituye una reglamentación general y abstracta, en este caso de contenido
orgánico, y manifestación de la competencia constitucional de la Corte Suprema
para dictar autos acordados, conforme al artículo 82 de la Constitución.

Como ha señalado este Tribunal Constitucional en su jurisprudencia “los
autos acordados bien pueden suplir ciertos defectos o vacios que presentan las
leyes en materia judicial, en este caso el Código Orgánico de Tribunales” (STC Rol
N? 3056 -16-CAA, C* 29).

Así, en concordancia con el artículo 96, N* 4? del Código Orgánico de
Tribunales (COT), la Corte Suprema dictó el auto acordado cuestionado.

Ahora bien, de los mismos fundamentos del auto acordado, transcritos en el
considerando quinto, se aprecia que éste se funda en el artículo 52, N* 2, del COT,
introducido por la Ley N* 19.047, del mismo año 1991, que dispone: "Un Ministro de
la Corte Suprema, designado por el Tribunal, conocerá en primera instancia: (...) 29) De
los delitos de jurisdicción de los tribunales chilenos, cuando puedan afectar las
relaciones internacionales de la República con otro Estado”, agregando que “dicha
reforma es simplemente una regla más de competencia, no obstante lo cual el
legislador no fijó el procedimiento ni el tribunal que debe conocer de los recursos que
se deduzcan en contra de las resoluciones y sentencia definitiva, que en su caso, pueda
expedir el Ministro designado (fundamento segundo del auto acordado), y que "en
cuanto al Tribunal competente para conocer de los recursos cabe aplicar lo
previsto en el artículo 110 del Código Orgánico de Tribunales que dispone 'una vez
fijada con arreglo a la ley la competencia de un juez inferior para conocer en primera
instancia de un determinado asunto queda igualmente fijada la del tribunal superior
que debe conocer del mismo en segunda instancia”. Así resulta que es esta Corte
Suprema el Tribunal de segunda instancia que le corresponde conocer de la
impugnación de las decisiones de uno de sus jueces como tribunal unipersonal, a
semejanza de lo que ordena el Código Orgánico de Tribunales al entregar en su
artículo 98 No. 5", a las Salas de la Corte Suprema el conocimiento de las apelaciones
que se deduzcan en algunos procesos de que conoce su Presidente como tribunal
unipersonal” (fundamento tercero del auto acordado).

Así, el auto acordado concluye disponiendo:

"De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 de la
Constitución Política de la República, 96 No. 7, 98 No. 8” y 110 del
Código Orgánico de Tribunales se dicta el siguiente Auto Acordado:

"Corresponde a esta Corte Suprema, por medio de una de sus
Salas, designada por el Presidente del Tribunal, en uso de las
facultades que le concede el artículo 105 No. 3? de dicho Código, el
conocimiento de los recursos que se interpongan contra las
resoluciones que se dicten en los procesos instruidos por un Ministro
de la Corte Suprema, como tribunal unipersonal conforme al citado
artículo 52 No. 2” del aludido Código. Los recursos de apelación
gozarán de preferencia para su vista y se agregarán a la tabla en
forma extraordinaria.

DÉCIMO. Que como se aprecia, al texto del auto acordado fija competencia
de tribunales, aplicando claramente la normativa legal -sobre competencia y
radicación- dispuesta en el Código Orgánico de Tribunales.

Esta fijación del tribunal competente mediante auto acordado, no importa la
afectación de derechos fundamentales, y el requirente no cumple en este sentido
en su requerimiento con explicar cómo, conforme exige el artículo 54 N* 4 LOCTC el
Luce rele

auto acordado afecta el ejercicio de sus derechos constitucionales, al promover
la cuestión de constitucionalidad como parte legitimada.

No esta demás señalar que el mismo requirente impugna en parte de su
libelo junto al auto acordado, el mismo artículo 52 N* 2 del COT que fija la
competencia del juez de primer grado, para pretender una nulidad hacia atrás de lo
obrado por el juez de primera instancia, lo cual es del todo improcedente en el
marco de acciones de inconstitucionalidad de auto acordado, con efectos erga
omnes.

En definitiva, la discusión sobre las competencias de los tribunales, puede
dar lugar a una cuestión de constitucionalidad de un auto acordado, pero en dicho
caso esta Magistratura Constitucional debe obrar a instancia de órgano
constitucional legitimado (Presidente de la República, cualquiera de las Cámaras o
diez de sus miembros en ejercicio) pues se trata del estatuto orgánico
constitucional, y no de la afectación de derechos fundamentales de una parte en
juicio.

En la especie, y como se explicó, la parte requirente no logra argumentar
fundadamente cómo la aplicación del auto acordado afecta los derechos
constitucionales que invoca (artículo 19, N* 3, incisos 5 y 6%), lo que determina
necesariamente la inadmisibilidad del presente requerimiento.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N*
2”, e incisos tercero y final, de la Constitución Política de la República y en el artículo
54 de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

QUE SE DECLARA INADMISIBLE EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A LO
PRINCIPAL DE FOJAS 1. A los otrosíes, a sus antecedentes.

Notifíquese, comuniquese, regístrese y archivese.
Rol No7104-19-CAA.

ATóstica
Presidente

Y
Sr. Yásquez Al >
A 2 a St, < ]
Sra. Silva /

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional,
integrada por su Presidente, Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, y por sus
Ministros señores Juan José Romero Guzmán, José Ignacio Vásquez Márquez y

señora María Pía Silva Gallinath
RE Mrxibo

Constitucional, señora María Angélica

Barriga Meza.
Notificaciones TC (NCC)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimientoOtcchile.cl> ue Ae $
Enviado el: martes, 6 de agosto de 2019 16:40 o

Para: jmonteromujicaQgmail.com

Asunto: Notificacion Rol 7104-19

Datos adjuntos: 13884_1.paf

Señor Jorge Montero Mujica, por el requirente:

Adjunto remito a usted resolución dictada por este Tribunal en el
proceso Rol N* 7104-19, sobre requerimiento de inconstitucionalidad
presentado por Sergio Lautaro Cea Cienfuegos respecto del "Auto
Acordado de la Excma. Corte Suprema, del 3 de octubre de 1991,
publicado en el D.O. del 5 de octubre de 1991", en el proceso penal
sustanciado por el Ministro de Fuero, señor Lamberto Cisternas Rocha,
bajo el Rol N* 1-1993, por el homicidio calificado de Carmelo Soria
Espinoza.

Atentamente,

Secretaria Abogada
secretaria(techile.cl

Tribunal Constitucional
Huerfanos 1234. Santiago - Chile