TC Rol 7602

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000020

La

Santiago, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve.

A fojas 14, téngase presente.

A fojas 18, a lo principal: téngase presente; al otrosí: téngase por
acompañado.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%, Que, con fecha 11 de octubre de 2019, Emilio Iván Elgueta Torres ha
requerido pronunciamiento por inconstitucionalidad respecto de “la tramitación del
proceso investigativo AD 1942-2018 y el procedimiento denominado Cuaderno de
Remoción, Antecedentes de Pleno N* AD 1200-2019, ambos de la Excelentísima Corte
Suprema” (foja 1).

2%, Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que se diera
cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala.

3%. Que, en autos el requirente solicita expresamente que: “el procedimiento
administrativo incoado en su contra sea declarado inconstitucional por infringir los
artículos 1%, inciso primero, 19 N* 2, 3, 24 y 26, 80, incisos primero y tercero, además de
diversos preceptos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”
(foja2).

4. Que, según señala, las irregularidades base del conflicto de
constitucionalidad planteado encuentran fundamento en la tramitación del
procedimiento seguido por la Corte Suprema en su contra para remoción como
Ministro Titular de la Corte de Apelaciones de Rancagua, el cual fue iniciado ante
denuncia por supuestos nombramientos irregulares en los tribunales de la
jurisdicción, tráfico de influencias y otras conductas reñidas con la probidad
administrativa. Todo ello con el objeto de determinar la responsabilidad funcionaria
de los Ministros Marcelo Vásquez Fernández, Emilio Elgueta Torres y Marcelo
Albornoz Troncoso.

5%, Que, seguidamente refiere que en el contexto del procedimiento
administrativo disciplinario, fueron formulados cargos en su contra por hechos que
precisa a fojas 3, señalando expresamente que "la constitucionalidad que se reclama
tiene su raíz en la misma Acta N* 215-2028 pues ha sido dictada por la Corte Suprema en
atención al uso de sus atribuciones conexas, especificamente en uso de la facultad
económica establecida en el artículo 3? del Código Orgánico de tribunales” (foja 3).

Las vulneraciones reclamadas consisten, en síntesis, en lo siguiente:

a) Vulneración a la igualdad ante la ley y la garantía fundamental de debido
proceso, en cuanto sostiene que ha sido discriminado al no ser juzgado por un
tribunal imparcial (fojas 4 y 5);
b) Vulneración a la presunción de inocencia y al derecho de propiedad, al
habérsele impuesto penas anticipadas y al haber sido juzgado por una comisión
especial en el marco de un procedimiento que no permite posibilidades de defensa
(fojas 6 y 7).

6”, Que, del examen de la solicitud de autos, esta Sala ha logrado formarse
convicción en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede ser acogida a
trámite, de conformidad a los artículos 52, 53, 63 y demás pertinentes de la Ley No
17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura.

7%. Que, en la especie no se verifica que el requerimiento contenga una
exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho que le sirven de apoyo ni
que haya señalado, en forma precisa, la cuestión de constitucionalidad y, en su caso,
el vicio o vicios de inconstitucionalidad que se aducen.

8%, Que la falta de claridad se manifiesta en cuanto el requirente invoca
conjuntamente en un solo requerimiento acciones distintas, sujetas a distintos
procedimientos, con diversos requisitos de procedencia y efectos. En efecto, según
consta a fojas 1 y 10, se invoca el artículo 93 N* 2, 6 y 7 de la Carta Fundamental,
referidos, respectivamente a las atribuciones de esta Magistratura para: “resolver
sobre las cuestiones de constitucionalidad de autos acordados dictados por la Corte
Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones”; resolver,
por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya
aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte
contraria a la Constitución”; y “resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus
integrantes en ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado
inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior”.

9”. Que, asimismo, el requirente igualmente invoca en su presentación, en
iguales fojas antes indicadas, los artículos 31 N* 2, N* 6, 33 y 34 de la Ley N* 17.997,
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, referidos a atribuciones de Pleno del
Tribunal Constitucional para resolver cuestiones sobre constitucionalidad de autos
acordados dictados por la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y Tribunal
Calificador de Elecciones, y sobre la inaplicabilidad de un precepto legal cuya
aplicación en una gestión seguida ante un tribunal ordinario o especial, resulte
contraria a la Constitución.

10. Que, de lo anterior se deduce que en autos se ejercen en forma conjunta
tres acciones distintas, con distintos requisitos de procesabilidad, tramitación y fallo,
formulándose una cuestión de constitucionalidad de un auto acordado, una acción
de inaplicabilidad y una acción de inconstitucionalidad, existiendo pronunciamientos
de esta Magistratura, en sede de admisión a trámite, para casos en los cuales se
mezcla y confunden tales atribuciones. Así, se ha resuelto que “examinados los
antecedentes que obran en autos, esta Sala ha verificado que el requerimiento no
cumple con las exigencias de contener una exposición clara de los fundamentos de
derecho que le sirven de apoyo y de señalar en forma precisa la cuestión de
constitucionalidad y, en su caso, el vicio o vicios de inconstitucionalidad que se aducen,
con indicación de las normas que se estimen transgredidas y, por consiguiente, no podrá
ser admitido a tramitación, conforme lo dispuesto en las normas legales transcritas.
Que, en efecto, no se satisfacen las aludidas exigencias legales en tanto el
requerimiento resulta impertinente, por una parte, porque en él se invocan dos
atribuciones diversas de esta Magistratura —las previstas en los numerales 2* y 6* del
inciso primero del artículo 93 de la Carta Fundamental- y, al mismo tiempo, se expresa
que lo que se persigue es que, en ejercicio de tales atribuciones, este Tribunal declare
inaplicable en un recurso de protección que se encontraría pendiente por interposición
de un recurso de queja, por causa de inconstitucionalidad, una disposición determinada
del Auto Acordado de la Corte Suprema que se individualiza en el libelo, en
circunstancias de que el proceso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, conforme a
lo dispuesto en el referido numeral 6%, se halla reservado al examen de preceptos
legales, esto es, de disposiciones de naturaleza diversa a las que se mencionan en la
presentación de autos” (Resolución causa Rol N* 1831-10, cc. 5? y 69).

11%. Que, sin perjuicio de lo anterior, se asumirá que el conflicto de
constitucionalidad denunciado reside en el cuestionamiento del Auto Acordado sobre
Procedimiento para Investigar la Responsabilidad Disciplinaria de los Integrantes del
Poder Judicial, contenido en el Acta N* 15-2018 dictada por la Excelentísima Corte
Suprema el 26 de enero de 2018, en cuanto el requirente ha referido expresamente
que “la constitucionalidad que se reclama tiene su raíz en la misma Acta N* 15-2018
pues ha sido dictada por la Corte Suprema en atención al uso de sus atribuciones
conexas, especificamente en uso de la facultad económica establecida en el artículo 3?
del Código Orgánico de tribunales” (foja 3).

Aún así, nuevamente el requerimiento carece una exposición clara de los
hechos y fundamentos de derecho que le sirven de apoyo, porque toda su
argumentación se desenvuelve en torno a la presunta vulneración de garantías
acaecida en el marco del procedimiento disciplinario, denunciadas de manera
genérica, sin precisar si realmente, se objeta el Auto Acordado en su totalidad, o si se
está reprochando la investigación, precisamente, por no haberse sujetado a esa
normativa emanada de la Excelentísima Corte Suprema.

12%. Que, cabe agregar al respecto, que similares alegaciones ya han sido
conocidas por esta Magistratura Constitucional ante solicitud del mismo requirente,
en causa Rol N* 6947-19 CAA. En efecto, en dicho requerimiento se requirió la
inconstitucionalidad de los artículos 4?, 8%, 10, 11,12, 13, 18, 19, 20, 21 y 22 del Auto
Acordado sobre Procedimiento para Investigar la Responsabilidad Disciplinaria de los
Integrantes del Poder Judicial, contenido en el Acta N* 15-2018 dictada por la
Excelentísima Corte Suprema el 26 de enero de 2018, pronunciándose esta Sala con
fecha 18 de julio de 2019, resolviendo no admitir a tramitación el mismo por
incumplimiento de los artículos 52, 53 y 63 dela Ley N* 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura.

13. Que, entendido el presente requerimiento como un nuevo
cuestionamiento respecto al mismo Auto Acordado sobre Procedimiento para

Investigar la Responsabilidad Disciplinaria de los Integrantes del Poder Judicial -
requerimiento respecto al cual se ha omitido toda referencia - no corresponde sino
considerar que homologas pretensiones ya han sido hechas valer previamente en
igual sede, consistiendo más bien, en el caso concreto, en una mera reiteración de
solicitudes frente a una cuestión predefinida. En tal sentido, ha de ser considerado
que la Ley N* 17.997, Orgánico Constitucional de esta Magistratura no contempla
mecanismos de impugnación frente a sus resoluciones, de conformidad al tenor
literal del artículo 84 inciso segundo de la referida ley, disposición cuya base
normativa reside en el artículo 94, inciso primero, de la Carta Fundamental, que
contempla la improcedencia de recursos en contra de las “resoluciones” de esta
Magistratura Constitucional, voz que, bajo su sentido natural y obvio, abarca los
pronunciamientos sobre admisibilidad. Pronunciamientos en tal sentido existen en
causas Roles N%s 6558-19, €. 13% 5645-18, C. 15% Y 5372-18, c. 17%.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6%, 7% y 93, inciso
primero, N* 2%, de la Constitución Política y en los artículos 52, 53, 63 y demás
pertinentes de la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,

SE DECLARA:
No admitido a trámite el requerimiento deducido a lo principal, de fojas 1.

Téngase por no presentado para todos los efectos legales.

Notifíquese al requirente. Archivese.

Rol N* 7602-19-CAA.

a bo

Sra. Brahm

Ci O PU
Sr. Letelier 7
Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional,
integrada por su Presidenta, Ministra señora María Luisa Brahm Barril y los Ministros
señores Gonzalo García Pino, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y Miguel
Ángel Fernández. González. =>... V a

Autoriza lá Secretacia del Tribunat. Constitucional, señora María Angélica
Barriga Meza. > Ss, os

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000022

Notificaciones TC (NCC)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimientoOtcchile.cl>
Enviado el: martes, 29 de octubre de 2019 12:32

Para: emilioelguetatorres4gmail.com

Asunto: Comunica resolución Rol 7602-19

Datos adjuntos: 17038_1.pdf

Señor Emilio Iván Elgueta Torres, requirente:

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en
el proceso Rol N* 7602-19, sobre requerimiento de inconstitucionalidad
presentado por Emilio Iván Elgueta Torres respecto de "la tramitación
del proceso investigativo AD1942-2018 y el procedimiento
denominado Cuaderno de Remoción, Antecedentes de Pleno N*
AD1200-2019, ambos de la Excelentísima Corte Suprema".
Atentamente,

Secretaria Abogada

secretaria(atcchile.cl

Tribunal Constitucional
Huerfanos 1234. Santiago - Chile