INA-STC

Texto completo

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CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS




2020

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE CHILE
____________
Sentencia

Rol 8116-20-INA
[18 de junio de 2020]
____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD RESPECTO DE LOS
ARTÍCULOS 345, INCISO SEGUNDO, E INCISO CUARTO, FRASE
INICIAL; Y 403, LETRA D), PRIMER PÁRRAFO, AMBOS, DEL
CÓDIGO DEL TRABAJO

CLÍNICA DÁVILA Y SERVICIOS MÉDICOS S.A.

EN LA CAUSA CARATULADA “DIRECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO CON
CLÍNICA DÁVILA Y SERVICIOS MÉDICOS S.A.”, ACTUALMENTE PENDIENTE
EN RECURSO DE NULIDAD ANTE LE CORTE DE APELACIONES DE
SANTIAGO (ROL N° 3271-2019)




VISTOS:


Introducción

A fojas 1, con fecha 3 de enero de 2020, Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. deduce
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos
345, inciso segundo, e inciso cuarto, frase inicial; y 403, letra d), primer párrafo, del
Código del Trabajo, para que surta efectos en la causa caratulada “Dirección Comunal
del Trabajo con Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.”, actualmente pendiente en
recurso de nulidad ante le Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N° 3271-2019).



Preceptos legales cuya aplicación se impugna

Los preceptos legales cuestionados disponen que:

Art. 345.- Derecho a huelga. La huelga es un derecho que debe ser ejercido
colectivamente por los trabajadores.
Se prohíbe el reemplazo de los trabajadores en huelga.




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La huelga no afectará la libertad de trabajo de los trabajadores no involucrados en ella,
ni la ejecución de las funciones convenidas en sus contratos de trabajo.
La infracción de la prohibición señalada en el inciso segundo constituye una
práctica desleal grave, la que habilitará a la Inspección del Trabajo para requerir el retiro
inmediato de los trabajadores reemplazantes.
En el caso de negativa del empleador para retirar a los reemplazantes, la Inspección del
Trabajo deberá denunciar al empleador al Juzgado de Letras del Trabajo conforme a las normas
establecidas en los artículos 485 y siguientes, con excepción de lo dispuesto en el inciso sexto
del artículo 486. El sindicato podrá iniciar esta acción o hacerse parte de la denuncia presentada
por la Inspección del Trabajo. El Tribunal, revisados los antecedentes de la denuncia, ordenará
al empleador el retiro inmediato de los reemplazantes en la primera resolución, bajo el
apercibimiento señalado en el artículo 492.”.

Art. 403.- Prácticas desleales del empleador. Serán consideradas prácticas
desleales del empleador las acciones que entorpezcan la negociación colectiva y sus
procedimientos. Entre otras, se considerarán las siguientes:
(…) d) El reemplazo de los trabajadores que hubieren hecho efectiva la huelga
dentro del procedimiento de negociación colectica reglada del Título IV de este Libro.”


Antecedentes y síntesis de la gestión pendiente

Refiere la parte requirente, Clínica Dávila, que fue denunciada por la Dirección
Regional del Trabajo Metropolitana Poniente en agosto y septiembre de 2018, por
prácticas desleales en la negociación colectiva, en el contexto de una huelga del
Sindicato de Trabajadores Interempresa Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Las denuncias lo fueron por el reemplazo ilegal de trabajadores en huelga, y por la
realización de intervenciones no calificadas para los equipos de emergencia.

La causa fue conocida por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago que,
por sentencia de 7 de noviembre de 2019 (autos RIT S-71-2018 y RIT S-80-2018
(acumulados), y aplicando los preceptos legales cuestionados, acogió las denuncias
de prácticas antisindicales, declarando la Clínica incurrió en prácticas desleales en la
negociación colectiva, al reemplazar a los trabajadores en huelga y realizar tareas no
declaradas como servicios mínimos, y condenó a la Clínica al pago de dos multas, por
100 UTM y 200 UTM, respectivamente

Frente a ello, la Clínica dedujo el recurso de nulidad que pende ante la Corte de
Apelaciones de Santiago, invocando las causales de errónea calificación jurídica de
los hechos y de infracción de ley, por falta y errónea aplicación, unas en subsidio de
otras, recurso en cuya resolución, afirma la requirente, la aplicación de los preceptos
impugnados importaría vulnerar el artículo 19 de la Constitución Política, en sus
numerales 1°, 2°, 3°, 9°, 21° y 24°.



Conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

Expone la requirente que las decisiones adoptadas tenían por única finalidad cumplir
con su deber de restablecimiento de la salud y que, frente a ello, se aprecia en las
disposiciones impugnadas del Código del Trabajo una fórmula legislativa que se
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torna en inconstitucional, desde que opera en términos tales que no permite tomar en
consideración alguna posibles situaciones excepcionales que se presentan en las
empresas, máxime tratándose como la actora, de aquellas que prestan servicios
vinculados con la salud de las personas; considerando la ley prácticas desleales
acciones efectuadas para el cumplimiento de la obligación de la Cínica para con la
vida y la salud de sus pacientes, y sin permitir la ley distinción ni atención a otra
consideración alguna, lo que se aprecia desde ya como vulneratorio de los derechos
garantizados en el artículo 19 N°s 1° y 9° de la Constitución.

La actora, además, denuncia como infringidos sus derechos a la no discriminación
arbitraria y al debido proceso, del artículo 19 N°s 2 y 3 de la Carta, así como el
principio de proporcionalidad de las sanciones, en el marco de la potestad
sancionatoria del Estado, generándole igualmente un daño patrimonial en su
propiedad y afectándose su derecho a ejercer actividades económicas lícitas,
infringiéndose de este modo el artículo 19 N°s 21 y 24 de la Carta Fundamental.

Añade que la infracción del principio de proporcionalidad aparece nítida en la
especie, desde que la preceptiva legal impugnada importa que, necesariamente, la
conducta de la actora será calificada como infractora de la legislación laboral, sin
posibilidad de ponderación alguna de otras circunstancias por parte del juez de la
causa, como corresponde a las garantías propias de un debido proceso sancionatorio.



Admisión a trámite, admisibilidad y observaciones de fondo al requerimiento

La causa fue admitida a trámite y declarada admisible por la Segunda Sala de este
Tribunal Constitucional, y se ordenó la suspensión del procedimiento.

Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y a las
demás partes en la gestión sublite, fueron formuladas oportunamente observaciones
por la Dirección Nacional del Trabajo (fojas 238), así como por el Sindicato de
Trabajadores Interempresa Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. (fojas 254),
instando ambos por el rechazo del requerimiento en todas sus partes.



Observaciones de la Dirección del Trabajo

La Dirección del Trabajo solicita que el libelo sea desestimado, afirmando que la
requirente pretende a través de la presente acción de inaplicabilidad, la justificación
para conductas empresariales que, precisamente, la legislación laboral prohíbe.

Luego, rechaza la Dirección toda infracción en la especie a las disposiciones del
artículo 19 costitucional invocadas por la Clínica requirente.

Así, no se vulnera el derecho a la vida ni a la salud, del artículo 19 numerales 1° y 9°.
Frente a una prohibición legal absoluta de reemplazo de trabajadores en huelga,
basada igualmente en la garantía constitucional de la libertad de trabajo y su
protección, como en el derecho a huelga, a negociación colectiva y el derecho de
sindicación, estructurantes de la libertad sindical, todos asegurados por el artículo 19
N° 16 de la Constitución. Y, frente a esto, la misma ley resguarda el derecho a la vida
y salud de los pacientes que atiende la Clínica requirente, a través de la calificación
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de servicios mínimos y equipos de emergencia efectuada en su oportunidad por la
Dirección del Trabajo.

Tampoco se ve conculcado el derecho a la igualdad ante la ley, al debido proceso ni
la proporcionalidad de las sanciones, en relación con el artículo 19 numerales 2° y 3°,
desde que la conducta de la infractora sí fue ponderada a lo largo del proceso por el
juez laboral, ajustándose la sanción administrativa como su revisión jurisdiccional a
todas las garantías del debido proceso.

Y finalmente rechaza la Dirección del trabajo toda infracción al artículo 19 numerales
21° y 24°, desde que no puede estimarse afectada la libertad económica ni el derecho
de propiedad de la requirente, frente a una sanción que debe soportar, precisamente,
como consecuencia del actuar ilegal en que ha incurrido, sanción de multa cuya
ponderación y monto debe ser fijado por el juez del fondo.



Observaciones del Sindicato

Por su parte, el Sindicato Interempresa de Clínica Dávila, tercero coadyuvante en la
causa sublite, insta también por el rechazo del requerimiento de autos.

Manifiesta que la Clínica no puede pretender, vía acción de inaplicabilidad, dar una
justificación jurídica a su actuar ilegal y contrario a la libertad sindical, buscando
interpretar normas jurídicas prohibitivas que, están instauradas en protección de los
derechos fundamentales de los trabajadores y, precisamente, por ello es una
prohibición absoluta para el empleador, que éste no puede interpretar para justificar
su conducta infraccional. Además, da cuenta de que la preceptiva cuestionada se
ajusta a la Carta Fundamental y a los estándares dispuestos por los tratados
internacionales sobre protección de los derechos de los trabajadores.

Agrega que las hipótesis de justificación de la requirente debieron operar a través de
las vías legales, como lo es en su momento la calificación de servicios mínimos o de
emergencia, no pudiendo ahora, ser justificación para su actuar ilegal invocando la
protección de la salud de sus pacientes, para vulnerar la libertad sindical.

En la misma línea tampoco puede invocarse infracción al debido proceso ni a la
proporcionalidad, desde que tanto en las etapas administrativas, como ahora en la
judicial el juez es el llamado a ponderar los hechos infraccionales y fijar el monto de
la multa, sin que de ello devenga efecto inconstitucional alguno.



Vista de la causa y acuerdo

Traídos los autos en relación, en audiencia de Pleno del día 16 de abril de 2020, se
verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos certificados
por el Relator. Con la misma fecha se adoptó el acuerdo, quedando la causa en estado
de sentencia (certificado a fojas 460).
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Y CONSIDERANDO:



I.- Conflicto constitucional planteado.

PRIMERO.- El requirente, Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., ha
presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del
Código del Trabajo en su artículo 345, inciso segundo, y de la frase “[L]a infracción de
la prohibición señalada en el inciso segundo constituye una práctica desleal grave”, contenida
en el inciso cuarto del señalado precepto legal, así como de su artículo 403, letra d),
primer párrafo.

El objeto del mencionado requerimiento es que tenga el efecto de sustraerse de
su aplicación en el caso concreto seguido en el procedimiento de tutela laboral iniciado
por denuncia por prácticas desleales en la negociación colectiva, ante el 1º Juzgado de
Letras del Trabajo de Santiago (autos acumulados RIT S-71-2018 y RIT S-80-2018).

En relación a la actual gestión pendiente, la requirente dedujo recurso de
nulidad contra la sentencia definitiva dictada el 7 de noviembre de 2019, que conoce
la Corte de Apelaciones de Santiago (rol 3271-2019). Actualmente se encuentra
pendiente la vista del recurso.

SEGUNDO.- La Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente
denunció a la requirente por prácticas desleales en la negociación colectiva,
consistentes en el reemplazo ilegal de trabajadores afectos a negociación colectiva y
en la realización de intervenciones no calificadas como C1 y C2 (clasificaciones de
mayor gravedad para efectos de la clasificación que se emplea en las unidades de
urgencia) con trabajadores sindicalizados que conforman el equipo de emergencia, en
el contexto de la huelga del Sindicato de Trabajadores Interempresa Clínica Dávila y
Servicios Médicos S.A, que se extendió entre el 11 de julio y el 21 de agosto de 2019.

Con fecha 07.11.19, se dictó sentencia definitiva, acogiendo, con costas, la
denuncia por prácticas desleales en la negociación colectiva, condenando a la
requirente al pago de una multa de 100 UTM y otra de 200 UTM a beneficio del fondo
de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas y a efectuar una
declaración pública de reconocimiento de la libertad sindical.

El recurso de nulidad interpuesto por la requirente en contra de la sentencia
definitiva se funda en que la sentencia incurre en una errada calificación jurídica de
los hechos, atendido que los hechos probados se subsumen en las “adecuaciones
necesarias” que el legislador autoriza en caso de huelga; en subsidio, en que la
sentencia definitiva se dictó con infracción de ley, por falta de aplicación del artículo
707, inciso segundo, del Código Civil, al omitir toda referencia a la intencionalidad de
la conducta sancionada (reemplazo de trabajadores en huelga); y, en subsidio, por
haber sido dictada la sentencia definitiva con infracción de ley, por errónea aplicación
del artículo 493 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 485 del mismo
Código y el artículo 19 Nos. 1 y 9 de la Constitución, al no haber efectuado un juicio
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de proporcionalidad para resolver la colisión de derechos fundamentales, en el caso,
entre la libertad sindical y el derecho a la vida y a la protección de la salud.

TERCERO.- En cuanto al conflicto constitucionalmente denunciado, la
requirente explica que en las intervenciones practicadas no calificadas como C1 o C2
(clasificaciones de mayor gravedad para efectos de la clasificación que se emplea en
las unidades de urgencia), en el contexto de la huelga, participaron trabajadores
sindicalizados de los equipos de emergencia, quienes lo hicieron de manera voluntaria
y no forzada ni requerida por la requirente. Sostiene que los preceptos impugnados
no dejan espacio a estas consideraciones y obligan a sancionar, operando sobre la base
de que siempre se intenta perjudicar al sindicato y afectar indebidamente el proceso
de huelga.

En consecuencia, alega que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera
el artículo 19 Nos. 1 y 9, de la Constitución, ya que supone exigirle, para no ser
considerada responsable de prácticas desleales en la negociación colectiva, que
incumpla sus obligaciones para con la vida y la salud de sus pacientes.

Además, la aplicación de los preceptos reprochados vulnera el principio de
proporcionalidad de las sanciones (art. 19 Nos. 2 y 3 CPR), toda vez que se traduce en
la imposición de la sanción de manera automática, sin tomar en cuenta circunstancia
excepcional alguna, derivando en una sanción desproporcionada, que no guarda
relación con la conducta a partir de la cual se impone.

Por último, sostiene que la aplicación de las disposiciones impugnadas vulnera
su derecho de propiedad (art. 19 N° 24 CPR), en la medida que significa la imposición
de una sanción injusta.

CUARTO.- En cuanto a las expresiones precisas de las disposiciones
impugnadas, éstas son las siguientes según se identifican subrayadamente:

Artículo 345 del Código del Trabajo.- “Derecho a huelga. La huelga es un
derecho que debe ser ejercido colectivamente por los trabajadores.

Se prohíbe el reemplazo de los trabajadores en huelga.

La huelga no afectará la libertad de trabajo de los trabajadores no involucrados
en ella, ni la ejecución de las funciones convenidas en sus contratos de trabajo.

La infracción de la prohibición señalada en el inciso segundo constituye una
práctica desleal grave, la que habilitará a la Inspección del Trabajo para requerir el
retiro inmediato de los trabajadores reemplazantes.

En el caso de negativa del empleador para retirar a los reemplazantes, la
Inspección del Trabajo deberá denunciar al empleador al Juzgado de Letras del Trabajo
conforme a las normas establecidas en los artículos 485 y siguientes, con excepción de
lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 486. El sindicato podrá iniciar esta acción o
hacerse parte de la denuncia presentada por la Inspección del Trabajo. El Tribunal,
revisados los antecedentes de la denuncia, ordenará al empleador el retiro inmediato de
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los reemplazantes en la primera resolución, bajo el apercibimiento señalado en el
artículo 492.”.

Art. 403 del Código del Trabajo.- “Prácticas desleales del empleador. Serán
consideradas prácticas desleales del empleador las acciones que entorpezcan la
negociación colectiva y sus procedimientos. Entre otras, se considerarán las siguientes:

a) La ejecución durante el proceso de la negociación colectiva de acciones que
impliquen una vulneración al principio de buena fe que afecte el normal desarrollo de
la misma.

b) La negativa a recibir a la comisión negociadora de el o los sindicatos
negociantes o a negociar con ellos en los plazos y condiciones que establece este Libro.

c) El incumplimiento de la obligación de suministrar la información señalada
en los términos de los artículos 315 y siguientes, tanto en la oportunidad como en la
autenticidad de la información entregada.

d) El reemplazo de los trabajadores que hubieren hecho efectiva la huelga dentro
del procedimiento de negociación colectiva reglada del Título IV de este Libro.

El empleador, en el ejercicio de sus facultades legales, podrá modificar los
turnos u horarios de trabajo, y efectuar las adecuaciones necesarias con el objeto de
asegurar que los trabajadores no involucrados en la huelga puedan ejecutar las
funciones convenidas en sus contratos de trabajo, sin que constituya práctica desleal
ni importe una infracción a la prohibición de reemplazo.

e) El cambio de establecimiento en que deben prestar servicios los trabajadores
no involucrados en la huelga para reemplazar a los trabajadores que participan en ella.

f) Ofrecer, otorgar o convenir individualmente aumentos de remuneraciones o
beneficios a los trabajadores sindicalizados, durante el período en que se desarrolla la
negociación colectiva de su sindicato.

g) El ejercicio de fuerza física en las cosas, o física o moral en las personas,
durante la negociación colectiva.”.



II.- Criterios interpretativos.

QUINTO.- Los criterios que guiarán esta sentencia serán los siguientes.
Primero, analizaremos los criterios sustantivos que se orienta a especificar el
reconocimiento constitucional del derecho a huelga. Seguidamente, examinaremos la
huelga como medio al servicio de otros derechos. En tercer lugar, analizaremos las
consecuencias del reconocimiento constitucional del derecho a huelga. En cuarto
lugar, examinaremos el vínculo entre la declaración de servicios mínimos y el
reemplazo de trabajadores en huelga.
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a.- El derecho de huelga en la Constitución.

SEXTO.- Parece existir un entendimiento básico o general en nuestra
comunidad jurídica que en la actualidad se considera que el derecho a huelga es un
derecho fundamental o constitucional. Esta Magistratura ha tenido oportunidad de
referirse como tal a la huelga en diversas sentencias (Roles 3116 y 4136, entre otras) y
la justicia ordinaria también ha definido criterios sobre la misma (Sentencia de la Corte
de Apelaciones de Santiago, Rol 142-2014, de 11 de abril de 2014, entre otras). Del
mismo modo, hay un común entendimiento acerca de la huelga por parte de diversos
legisladores de distinta orientación ideológica que han cuestionado otras normativas
pero que suponen como punto de partida reconocer la condición de derecho
constitucional, respecto del derecho a huelga (STC 3116/3126). Y, adicionalmente,
buena parte de la doctrina laboralista mayoritaria (María Irene Rojas, José Luis Ugarte,
Eduardo Caamaño, Sergio Gamonal, entre otros) tiene una posición que califica como
derecho fundamental a la huelga. Sin embargo, un sector de la doctrina (Ruay Sáez)
ha desestimado esa condición y a la cual se adhiere la minoría en esta sentencia en
orden a desconocer la naturaleza de derecho constitucional o fundamental de la
huelga. Lo anterior, nos obliga a precisar conceptualmente el punto específico que
representa un argumento estructural de esta sentencia.

SÉPTIMO.- Los caminos para verificar el estatus de la huelga en nuestro
ordenamiento constitucional parten de una consideración bastante evidente. No se
trata de una de aquellas cuestiones que resulten meridianamente claras de la sola
lectura del inciso final del numeral 16 del artículo 19 de la Constitución. Por lo mismo,
detrás de esta ambigüedad y vaguedad propia de los textos constitucionales (Ferreres
Comella, Víctor (1997), Justicia constitucional y democracia, primera edición, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid) se describe el inicio de un problema
dogmático en una de las normas parámetro de control de esta inaplicabilidad.

Las críticas se sostienen en argumentos diferentes y no obedecen a un mismo
patrón conceptual. Iremos desarrollándola en función del grado de cuestionamiento
de lo que sostiene nuestra Constitución sobre la huelga desde el desconocimiento de
la misma hasta su reconocimiento pleno.



a.1.- La huelga como delito.

OCTAVO: Una etapa de la historia jurídica, incluso con anterioridad a la
existencia del Derecho del Trabajo, entendía que la huelga era un delito y su actividad
era perseguida bajo distintos figuras tipificadas como crimen.

Esto acontece en la generalidad de los países de nuestro derecho de naturaleza
continental. A efectos meramente ejemplares, tomaremos el caso de Italia. En su
Código Penal de 1930, conocido también como Código Rocco, contenía variadas
figuras delictivas que abarcaba no una sino que a lo menos seis hipótesis distintas de
huelgas [artículo 330: abandono colectivo de oficinas públicas, trabajos, obras o
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servicios; artículo 333: abandono individual de los mencionados trabajos; artículo 502:
bloqueo y huelga con fines contractuales; artículo 503: bloqueo y huelga con fines no
contractuales; artículo 504: coacción a la autoridad pública mediante bloqueo o
huelga; artículo 505: bloqueo o huelga con fines de solidaridad o de protesta].

Cabe detenerse en el artículo 502 del Código Penal italiano de 1930 que ordena
que “el empleador, quien, con el único propósito de imponer a sus empleados
modificaciones a los acuerdos establecidos, u oponerse a modificaciones a estos
acuerdos, u obtener o aplicar los acuerdos o usos existentes, suspende todo o parte del
trabajo con el objeto de impedir que se fabriquen diferentes fábricas, empresas u
oficinas, con una multa de (…). Los trabajadores empleados en fábricas, empresas u
oficinas, que abandonan tres o más colectivamente el trabajo, o lo prestan de una
manera que perturba su continuidad o regularidad, con el único propósito de imponer
pactos a los empleadores que no sean los establecidos, o para oponerse a los cambios
a estos pactos o, en cualquier caso, para obtener o prevenir una diferente aplicación
de los acuerdos o usos existentes, se castigan con una multa de (…)”.

Esta etapa concluyó con dos elementos jurídicos relevantes. Primero, con el
establecimiento de la Constitución de Italia de 1947 que en su artículo 40 ordenó que
“el derecho de huelga se ejercitará en el ámbito de las leyes que lo regulen”. Y, el
segundo elemento, fue la interpretación que la Corte Constitucional dio al indicado
precepto constitucional.

La Corte declara, con la Sentencia N° 29 de 1960, la ilegitimidad constitucional
del artículo 502 del Código Penal por contraste con el derecho de huelga. Además, la
despenalización de la huelga se logró mediante sentencias de la Corte Constitucional
que legitimaron sus fines haciendo frente a la presencia represiva del Código Rocco
[Casiello, Giorgia (2018), La titolaritá del diritto di sciopero, Tesi di ricerca, Universitá
Ca*Foscari, Venezia, pp. 34-37].

Esta conclusión nos trae a colación el criterio sostenido por el Tribunal
Constitucional de España en orden a entender que no es posible concebir, a la vez, que
los hechos probados en una relación laboral en conflicto devengan, por una parte, en
la ejecución de actos que son valorados como ejercicio de un derecho fundamental y,
los mismos hechos sean tenidos como conductas constitutivas de delito. (Sentencia del
Tribunal Constitucional español 29/09, de 26 de enero, fundamento jurídico tercero).
La exclusión dogmática de un derecho desestima completamente la existencia de un
delito.

NOVENO.- Esta interpretación nos recuerda que en nuestra legislación el
artículo 11 de la Ley N° 12.927 dispone que “toda interrupción o suspensión colectiva,
paro o huelga de los servicios públicos, o de utilidad pública, o en las actividades de
la producción, del transporte o del comercio producidos sin sujeción a las leyes y que
produzcan alteraciones del orden público o perturbaciones en los servicios de utilidad
pública o de funcionamiento legal obligatorio o daño a cualquiera de las industrias
vitales, constituye delito (…)”. Además el artículo 12 dispone que “los empresarios o
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patrones que declaren el lock-out o que estuvieren comprometidos en los delitos
contemplados en el artículo precedente (…)”.

Estas reglas no son parte de este requerimiento. No obstante, en los extremos
del razonamiento nos permiten sostener, al igual que la referencia hecha por la
Sentencia del Tribunal Constitucional español, que existe incompatibilidad manifiesta
en calificar a una misma actividad como delito y derecho a la vez. No sólo se trata de
reivindicar la naturaleza superior del ordenamiento constitucional sino que, aunque
tuvieran el mismo grado normativo, la incompatibilidad debe decantarse a favor del
ejercicio del derecho. Ahora bien, la pervivencia normativa de la totalidad o de
fragmentos del delito (si es que pudiera persistir de esa manera el mandato penal) es
un asunto ajeno a este caso.

Lo que es relevante en este caso y que nos sitúa frente a un punto de partida
penal es que éste es el máximo punto de desconocimiento del derecho de huelga y
hemos traído a colación la jurisprudencia constitucional extranjera que, frente a casos
similares, ha razonado excluyendo la tipificación penal.



a.2.- La huelga como hecho.

DÉCIMO.- Esta afirmación necesita alguna explicación puesto que los hechos
sólo pueden ser calificados como tales después de una valoración jurídica. De este
modo, la huelga reúne un conjunto de caracteres fácticos que dicen relación con la
existencia de una voluntad concertada de un conjunto más o menos relevante de
trabajadores que se ausentan deliberadamente de sus labores con el objeto de
configurar una presión sobre el empleador o grupo de empleadores. Los objetivos de
este movimiento pueden ser variados. El conflicto puede prolongarse generando la
interferencia de algún organismo estatal, sea para reprimirlo como para favorecer una
solución. Los términos del conflicto prolongado en el tiempo pueden devenir en la
determinación de una sucesión de conflictos individuales derivados en el reintegro de
los trabajadores a sus labores o su desvinculación. En este punto, la huelga deja de ser
un hecho y supone una determinación normativa que auxilie una solución sea dentro
del Derecho Civil, del Derecho Laboral o de la tutela judicial, en general, en el
entendido que está excluido el escenario penal [Hajna Rifo, Eduardo (1978),
“Consideraciones acerca de la huelga”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Año II, pp. 193-195].

DECIMOPRIMERO.- Por lo anterior, la explicación genérica de que la
Comisión Ortúzar trató a la huelga como un hecho debemos precisarla conforme lo
indica un laboralista. “La Constitución no garantiza el derecho de huelga sino que
alude a ella como un hecho de forma tangencial. En tal sentido no solo no la consagra
como derecho sino que se limita a enumerar aquellas situaciones en las que se prohíbe
el ejercicio de la huelga” (Walker, Francisco, “Análisis sucinto de las normas
constitucionales vigentes en materia de Derecho Laboral en Chile”, en
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http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/127095/Trabajoynormasconstitucio
nales_FWAlker.pdf?seque).

No obstante, la reiteración de una referencia de la huelga como hecho carece
de toda consecuencia normativa. Sabemos que sin una adecuada apreciación jurídica
no obtendremos una inferencia de ningún tipo. Esta explicación describe un conjunto
amplio de hipótesis a partir de las cuales ya la huelga deja de ser un hecho y debe,
necesariamente, ser valorada desde el punto de vista normativo. ¿Debemos tolerarla,
aceptarla, regularla o reprocharla? Según veremos, quizás el punto de partida que
existió en la Comisión Ortúzar tuvo un origen como tal pero estuvo lejos de no arribar
a consecuencias. Por lo mismo, es lógico no admitir quedarse en este estadio y avanzar
más allá hacia la evaluación constitucional de la huelga en Chile desde el solo
momento en que existe un inciso del numeral 16, del artículo 19 que realiza tres
referencias esenciales sobre la misma.



a.3.- La huelga como mera prohibición acotada.

DECIMOSEGUNDO.- Una de las fuentes que expresa una consideración
matizada de la huelga tiene que ver no sólo con la redacción de dicho precepto
constitucional sino que con la deliberación constitucional producida, especialmente,
al interior de la Comisión Ortúzar.

Cabe, desde ya, consignar que los materiales constitucionales para interpretar
las normas no son las mismas. La Comisión Ortúzar redactó un Anteproyecto de
Constitución en donde incluyó el artículo 20, numeral 15°, sobre la libertad de trabajo
con contenidos reconocibles pero no idénticos al actual artículo 19, numeral 16°, de la
Constitución.

Las diferencias son plausibles justamente en la relación existente entre el
derecho a la negociación colectiva, las materias de arbitraje y el modo en que está
reconocida la huelga. No es del caso examinar dichas diferencias sino que algunos
argumentos que vendrían a respaldar una tesis restrictiva de la huelga.

DECIMOTERCERO.- Esta materia fue deliberada en diversas sesiones pero,
particularmente, en las correspondientes a las reuniones números 373°, 374°, 382° y
407°, en momentos distintos desde mayo a agosto de 1978, ya casi en el cierre del
Anteproyecto de la propia Comisión.

El conjunto de ideas que podemos sintetizar es el siguiente:

Primero, que existía una evidente voluntad de la casi totalidad de los
Comisionados por no reconocer la huelga como derecho. Sin embargo, había dos
“obstáculos” que había que eludir. Uno de ellos sostenido a la Comisión por los
Ministros del Interior y de Trabajo de la época (Sergio Fernández y Vasco Costa) en
orden a mitigar los efectos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (PIDESC) sobre el derecho de huelga como tratado vigente y aplicable en
la fecha de ese debate. Por eso, discurren sobre la idea de una cierta imposibilidad de
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“denunciarlo” y con la búsqueda de una especie de “reserva” al tratado. Un segundo
impedimento era que en Chile todo el mundo sostenía que existía el derecho a huelga
que venía de su establecimiento en el artículo 10, numeral 14°, de la Constitución de
1925. Por eso, “produciría una mala imagen el prohibir constitucionalmente la huelga”
(Comisionado Carmona). Incluso en la presentación del Anteproyecto de Nueva
Constitución se sostuvo expresamente que debía hacer la mención de que la huelga
no era un derecho (Comisionado Guzmán). Sin embargo, se estimó finalmente
descartar tal párrafo (Comisionada Romo).

En segundo lugar, que la tesis de establecer la huelga como un hecho
(Comisionado Ortúzar) se topaba con el argumento de que la sola mención implicaría
que el legislador tendría la libertad para establecer la huelga como derecho. Entonces
se buscaba limitar la libertad del legislador imponiendo dos tipos de fórmulas. Por un
lado, indicando que el legislador definiría los “casos en que corresponda la huelga”
(Comisionado Lorca). Y, por otro lado, estableciendo un sistema previo que vinculaba
a la negociación colectiva y al arbitraje como modalidades que superaran la huelga.
Incluso, la huelga misma podría ser una fase dentro de la negociación colectiva
(Comisionado Guzmán).

Tercero, que conforme lo autorizaba el propio PIDESC, podía establecerse la
prohibición de la huelga a determinados funcionarios públicos, asunto que deriva en
la explicación abrogativa del derecho, según queda reflejado en el inciso final del
numeral 16°, del artículo 19 de la Constitución. En consecuencia, aquí la Comisión
actúa según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que autorizaba la
mencionada prohibición. Desde el establecimiento de esta prohibición que existe
claridad que podría entenderse que para los demás casos la huelga está reconocida
(Comisionado Ortúzar).

En cuarto lugar, se aboca a la redacción de una fórmula que permitiera superar
la huelga, mediante el establecimiento del arbitraje “obligatorio”. Dos tipos de
reflexiones surgieron de esta expresión normativa. Primero, que la suma de la
“prohibición” más un arbitraje de carácter “imperativo” devendría en el
reconocimiento del derecho a huelga (Comisionada Bulnes). Y que la única manera
real de aplacar la huelga era mediante una práctica que consolidara el prestigio del
arbitraje.

Este Anteproyecto sufrió modificaciones por parte del Consejo de Estado y la
Junta de Gobierno que no es del caso retratar con detalles salvo que devienen en el
texto frente al cual esta Magistratura debe interpretar, junto a las reformas que lo
complementan.

DECIMOCUARTO.- Como se sostiene con razón, “ninguna interpretación
jurídica puede prescindir del sentido de las palabras, los antecedentes de la norma, la
finalidad de la norma, el contexto de la norma y del sistema jurídico, y la realidad
social” [Arzoz, Xabier (2014), La concretización y actualización de los derechos
fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, p. 128].
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CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
13




En tal sentido, la tesis de establecer una mera prohibición a algunos supuestos
de huelga, si bien acentúa determinadas palabras de la disposición, lo cierto es que
delimita de un modo literalista el examen del inciso final, del numeral 16, del artículo
19 de la Constitución. En efecto, una interpretación reduccionista aparece
desconociendo el contexto de la norma (negociación colectiva y arbitraje obligatorio);
se inserta en un vacío histórico (la pretensión de modelar una fórmula alternativa a la
huelga); no apela al sistema jurídico (tanto de naturaleza laboral como tratarse de un
derecho constitucional de orden laboral que amplía la protección de los trabajadores).
Y, finalmente, porque la realidad social supera con largueza la mera prohibición
acotada incluso contra la tesis expresa que la propia Constitución dispone. Lo anterior,
nos debe llevar al estadio siguiente, la huelga como derecho implícito.



a.4.- La huelga como derecho implícito.

DECIMOQUINTO.- El desafío planteado es que el inciso final del numeral
16° del artículo 19 de la Constitución representaría una regla prohibitiva, indirecta y
de la cual no sería posible deducir un derecho constitucional.

En efecto, dicha norma constitucional dispone que “no podrán declararse en
huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las
personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o
función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la
salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley
establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores
estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso”.

De la lectura de esta norma así como del inciso que lo antecede podemos
constatar que la voluntad de la Comisión Ortúzar no se plasmó en plenitud. Por
ejemplo, la frase final no establece las empresas que pueden declarar la huelga sino
que deriva al legislador un procedimiento para acogerse a una prohibición. Más
adelante, veremos en qué consiste el modo en que se articula el arbitraje con la
prohibición de la huelga.

DECIMOSEXTO.- Los defectos de los razonamientos de nuestra Magistratura
en relación con esta regla constitucional, a juicio de Ruay, consistirían en cinco
objeciones: a) que es peligroso reconocer un “derecho implícito” al margen de la
Constitución y del proceso democrático; b) que no es posible sostener que la noción
privatista de que todo lo que no está prohibido estaría permitido, constituya una
afirmación válida para el ámbito del Derecho Público; c) que el derecho a la huelga
sería un derecho subjetivo de todos los trabajadores (conforme lo dispuso la mayoría
del Tribunal Constitucional en la STC 3016) y no sólo de los trabajadores
sindicalizados; d) que no queda claro el vínculo existente entre la negociación
colectiva y la huelga; y e) finalmente, que es reiterativo y no fundada la existencia de
una estrecha asociación con la libertad sindical en cuanto sus tres pilares sustantivos
serían el derecho a sindicalizarse, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a
0000475
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
14




huelga (Ruay Sáez, Francisco (2018), “La huelga en las razones del Tribunal
Constitucional. Consideraciones sobre el derecho a huelga contenidas en la Sentencia
Rol N° 3016 (3026)-16”, Revista Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Volumen 9, N° 17, pp. 181-198). Cabe indicar que el autor no nos desarrolla el
contenido normativo del mencionado inciso y sólo auspicia el deseo de que la doctrina
y la jurisprudencia “elaboren algún avance en materia de derecho a huelga,
entregados siempre a la eventualidad de que efectivamente aquello sea posible”.

DECIMOSÉPTIMO.- El objeto de esta sentencia no es responder una válida
crítica académica sino que plantear el contenido iusfundamental de la huelga, en la
medida que ha sido desconocida en el caso concreto.

Una primera cuestión a resolver es identificar los límites interpretativos de esta
Magistratura en el reconocimiento de contenidos constitucionalmente protegidos de
determinados derechos. El carácter determinadamente libre del uso de la expresión
de “derechos implícitos” como si fueran “derechos nuevos no constitucionalizados”
es un asunto de trascendental importancia, en la resolución hermenéutica de este
punto de partida.

Cuántos derechos reconoce la Constitución importa introducirnos en la
dimensión de una discusión clásica, y previsiblemente superada, acerca del carácter
del catálogo de derechos que define nuestra Constitución. Prima facie diremos que hay
que distinguir entre derechos que tendrían un carácter de “nuevos” y “derechos
implícitos”.

Otra discusión es si esos derechos pueden ser parámetro sustantivo de control
de constitucionalidad. Atendido el modo en que está redactado el artículo 5°, inciso
segundo, de la Constitución así como los antecedentes históricos de su establecimiento
y de la reforma de la Ley N° 18.825, podemos sostener que nuestra Constitución
contiene un catálogo abierto de derechos.

El alcance de esta “apertura” hacia nuevos derechos o nuevos ámbitos de
derechos constitucionalmente existentes es un asunto que puede dividir a esta
Magistratura. Sin embargo, resulta difícil desconocer la literalidad de la limitación de
los derechos a las decisiones soberanas, por cuanto “el ejercicio de la soberanía reconoce
como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es
deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta
Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes”. En consecuencia, sea que dimanen de la naturaleza humana o que
provengan del reconocimiento de los tratados internacionales, el marco de esta
apertura es variable.

Pero, ¿podemos decir que en este sentido la huelga es un derecho nuevo?
Creemos que no es necesario recurrir al artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución
para sostener que su reconocimiento surge desde su contenido sustantivo del artículo
19 del mismo cuerpo fundamental.
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CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
15




DECIMOCTAVO.- Los derechos, en general, son “implícitos” desde una
dimensión normativa que nos indica que el orden constitucional no es un programa
racional y abstracto que nace de una vez para siempre en un marco pre-ordenado
hacia el futuro. Las personas tienen nuevas necesidades que se van concretando en la
historia y cada ordenamiento pone en el centro a éstas como paradigma orientado a
su desarrollo y progreso de conformidad con la condición de sujeto de derechos. La
ciencia y la tecnología avanzan de un modo que es preciso actualizar los derechos
fundamentales. Así en un cierto sentido es un derecho implícito la libertad de
expresión “por cualquier medio” que reconoce un nuevo estatuto de amparo a
Internet que no existía en 1980. Es su necesaria actualización. Del mismo modo lo sería
el pagar al propietario una expropiación mediante una transferencia electrónica. Es la
lógica superación del pago en dinero efectivo al contado. En fin, suma y sigue de
ejemplos.

Los derechos fundamentales tienen fuerza expansiva y se desdoblan hacia
nuevos espacios y conflictos permitiendo que la Constitución actualice a tiempo
presente sus contenidos. Internamente podemos tener criterios distintos sobre el
principio de interpretación evolutiva de la Constitución, pero a lo menos todos hemos
reconocido en diversas sentencias que se admite un principio de concretización de los
contenidos subjetivos de la misma. Esto es, por lo demás, la esencia de nuestro trabajo
en cuanto las normas son el resultado de una interpretación, siguiendo la distinción
entre “disposiciones y normas” (Guastini, Riccardo (1999), Estudios sobre la
interpretación jurídica, Primera edición, Traducción Marina Gascón y Miguel
Carbonell, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de
México, México DF, p. 11).

Sin embargo, los derechos implícitos no son auténticamente nuevos derechos.
Son derechos de naturaleza instrumental o transversal que permite identificar
derechos constitucionales de un modo que permita no vaciarlos de contenido o como
reflejo de una garantía fundamental para el reconocimiento de otros derechos
(Corchete Martín, María José (2007), “Los nuevos derechos”, Teoría y Realidad
Constitucional, N° 20, 2007, UNED, España, pp. 544-545). Pero aún cabe hacer un
ejercicio analítico superior sobre el problema.

DECIMONOVENO.- Siguiendo nuevamente al jurista italiano, un derecho
subjetivo es el reflejo del contenido de una norma que confiere tal significado. Y “un
derecho implícito es, por tanto, el contenido de una norma implícita” (Guastini,
Riccardo, Derechos implícitas, en
https://www.uasb.edu.ec/UserFiles/372/File/pdfs/NOTICIASYSUCESOS/2009/Guasti
ni%20derechos%20implicitos.pdf).

Pero las normas implícitas son de muy distinto tipo, especialmente, las
provenientes de la Constitución atendidas dos cuestiones. Primero, del grado de
correlación que exista entre normas expresas e implícitas. Y, en segundo lugar,
dependiendo la naturaleza del derecho constitucional del cual provienen.
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CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE
16




En cuanto al grado de correlación, la norma implícita es la inferencia
lógicamente válida de una norma expresa. Sin embargo, a veces la norma viene de una
secuencia correlativa de a lo menos dos reglas implícitas. Aquí nos encontramos frente
a lo que se denomina “legislación intersticial”. Es esta acción, la de normas implícitas
de segundo grado, la que se confronta técnicamente con el legislador, puesto que
infiere normas de otras inferencias, tornando la argumentación en contenidos más
líquidos e innovadores.

A lo menos, en este primer aspecto técnico, no podemos atribuirle al Tribunal
Constitucional una doble intencionalidad implícita en su razonamiento,
especialmente en las sentencias roles N° 3016 y 4136, puesto que el examen de la
huelga se deriva de normas expresas.

Y, en segundo lugar, cabe examinar en qué sentido una norma es implícita en
el primer grado derivado de una norma expresa. Del derecho de “inviolabilidad (…)
de toda forma de comunicación privada” (artículo 19, numeral 5°, de la Constitución),
inferimos la norma por la cual podemos sostener que existe derecho a comunicarnos
libremente sin interferencias. Del mismo modo, de “libertad de conciencia y la
manifestación de todas las creencias” (artículo 19, numeral 6° de la Constitución), se
deduce la regla a partir de la cual somos libres de no profesar ninguna creencia. Y así
suma y sigue.

Y todo esto porque la construcción de normas implícitas es la exteriorización
de las reglas que presuponen el ejercicio de la norma anterior. Si debo profesar una
creencia, dejaría de existir la libertad para creer en una o cambiar de la misma. Esta
inferencia en nada altera la Constitución y menos se confronta con la Constitución.



a.5.- La huelga como derecho fundamental.

VIGÉSIMO.- Definidos los criterios dogmáticos del examen de los derechos
implícitos podemos dar cuenta de la presencia del derecho a huelga en nuestro
ordenamiento constitucional.

Partiremos con una premisa inicial fundante. Recordaremos que existe una
regla expresa desde la cual inferiremos la norma. Y que esa norma no se ha contrapone
con la tesis que ha tenido expresamente todo el arco ideológico representado en el
Congreso Nacional, según acreditan todos los antecedentes tenidos a la vista en las
audiencias públicas y en los informes en derechos que constan en nuestro Rol STC
3016, especialmente, en los requerimientos y en su cuaderno separado. En ellos queda
de manifiesto que el legislador democrático sostiene que el derecho a huelga es un
derecho propiamente tal. Si es directamente constitucional o de base constitucional
puede ser una discrepancia, pero en nada se opone a la consideración de esta
Magistratura, con lo que ya no teorizamos sino que manifestamos con certeza que esta
tesis no se opone a la consideración del Congreso Nacional sostenida el año 2016.
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CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
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VIGESIMOPRIMERO.- Si el dilema consiste en reivindicar la noción de la
huelga como derecho fundamental cabe estructuralmente examinar los contenidos
constitucionales de la huelga desde la teoría de los derechos fundamentales. Se trata
de un ámbito científico que analiza el conjunto de los derechos de cada ordenamiento
a partir de características señeras que los identifican como aquellos que pueden tener
un reconocimiento especial por su particular conexión esencial o fundamental con los
valores superiores de cada ordenamiento. Justamente, esta teoría de alcance
dogmático surge desde el ámbito jurisprudencial, particularmente, por el desarrollo
adquirido por el Tribunal Constitucional alemán y se proyecta con contenidos
objetivables, según lo va definiendo cada orden constitucional propio.

VIGESIMOSEGUNDO.- Un derecho fundamental, por regla general, tiene
una titularidad; un contenido constitucionalmente protegido; tiene una función; unas
garantías; un mandato al legislador; unos límites regulatorios; y un ámbito que cautela
que en nombre de los límites no se le cercene el derecho, sea protegiendo su contenido
esencial, sea imponiendo una restricción al legislador en nombre del principio de
proporcionalidad (Contreras, Pablo y Salgado, Constanza (editores) (2017), Manual de
derechos fundamentales, LOM ediciones, Santiago, primera edición y Aldunate,
Eduardo (2008), Derechos fundamentales, Legal Publishing, Santiago).

VIGESIMOTERCERO.- Titularidad. La huelga tiene por titulares a “todas las
personas” (epígrafe del artículo 19) y, particularmente, a los trabajadores que no sean
“funcionarios del Estado ni de las municipalidades” ni “los trabajadores (…)
sometidos a la prohibición que establece este inciso”. El sentido del epígrafe es atribuir
una titularidad para desplegar toda la agencia que ordene el ejercicio y goce del
derecho enunciado. En esto nada tiene que ver la distinción entre Derecho Público y
Derecho Privado, puesto que la propia Constitución le otorga una eficacia particular
y horizontal, en línea de principio, de sus mandatos al indicarnos que “los preceptos
de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como
a toda persona, institución o grupo”.

Este ejercicio de examen de la titularidad, no obstante, deja subsistente el
dilema de la modalidad de concurrencia de esa titularidad sea exclusivamente
organizado como sindicato o adicionalmente como grupo negociador (STC 3016).

VIGESIMOCUARTO.- Ámbito constitucionalmente protegido. La huelga
tiene por contenido expreso “la paralización de empresas, cualquiera sea su
naturaleza, finalidad o función, en ámbitos que no cause grave daño a la salud, la
economía del país, el abastecimiento de la población o la seguridad nacional, conforme
un procedimiento determinado por el legislador en las empresas de estas
características prohibidas expresamente” (parafraseando el artículo 362 del Código
del Trabajo).

Por ahora, no es posible describir los elementos del ámbito
constitucionalmente protegido de este derecho sin examinar las condicionantes de su
ejercicio. Por ahora baste decir que esta idea de huelga se corresponde con la acepción
0000479
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
18




general que nos indica el Diccionario de la Real Academia Española al definir por tal
la “interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el
fin de reivindicar ciertas condiciones o manifestar una protesta”.

VIGESIMOQUINTO.- Mandato al legislador. La huelga, en nuestra
Constitución, contiene un mandato directo al legislador para identificar un
procedimiento a las empresas que pueden sustraerse de la misma.

Lo anterior, tiene un mandato implícito en orden a regular o no regular la
huelga en sus contenidos legítimos. Lo anterior, dependerá de la función a que sirve
la huelga. Los laboralistas (Caamaño y Ugarte) sostienen que en Chile se privilegia un
sentido contractualista de la huelga, esto es, un tipo de paralización que sólo adquiere
sentido en el marco de una negociación del contrato colectivo de trabajo. Existen otras
funciones polivalentes o autónomas de la huelga, con propósitos originarios y
amplios, a veces, disociadas de la estructura de la relación laboral pre-establecida.

En tal sentido, podemos indicar que el modo en que se ha incardinado la
huelga en nuestro derecho es orientado a un propósito pre-ordenado por una
negociación colectiva previa. Por lo mismo, podemos decir que la huelga, en nuestra
Constitución, comparte las características finalistas de la negociación colectiva al ser
un procedimiento “para lograr en ella una solución justa y pacífica” (inciso 5° del
numeral 16° del artículo 19 de la Constitución).

Es tan clara la dimensión pacífica del objetivo de la huelga, que la Constitución
limita la actividad del legislador a una función puramente normativa, excluyendo y
sancionando comportamientos inconducentes con la misma. Por eso, es causal de
cesación en el cargo de parlamentario el actuar “en favor o representación del
empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales” (inciso 4° del
artículo 60 de la Constitución). Por lo demás, este artículo reconoce el vínculo existente
entre negociación y conflicto, siendo la huelga el más relevante de ellos.

VIGESIMOSEXTO.- La exigencia de un procedimiento legislativo importa un
contenido legítimo asociado a otros derechos fundamentales estableciendo algunas
condiciones para su ejercicio.

Su vínculo previo con la negociación se entiende como un mecanismo de ultima
ratio, que tienen los trabajadores que no han obtenido una negociación satisfactoria, a
presionar con la paralización de la empresa hacia un nuevo punto de equilibrio de las
pérdidas de las partes. Los trabajadores al no percibir sus ingresos y la empresa al
verse paralizada total o parcialmente en su producción o disposición de servicios.

Este derecho, incluso, le pertenece también implícitamente al empleador
quién, desde el poder de dirección de su actividad económica conforme lo reconoce el
artículo 19, numeral 21° de la Constitución, puede producir el lock out o cierre
empresarial temporal, parcial o total.

VIGESIMOSÉPTIMO.- Límites de la huelga. Cuando un contenido es
constitucionalmente protegido no quiere decir que sea absolutamente amparado,
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CUATROCIENTOS OCHENTA
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como es la determinación de la casi totalidad de los derechos fundamentales.
Justamente, la Constitución no sólo dispone áreas y empresas no susceptibles de
declarar la huelga, sino que orienta la misma en un sentido pacífico y justo
prefigurando límites a su contenido. Ya volveremos más adelante con el dilema de los
límites de la huelga.

VIGESIMOCTAVO.- Garantías. Y, finalmente, la huelga ha de estar dotada
de determinadas garantías. Nuestra Constitución no ha dotado a esta disposición de
un amparo por la vía del Recurso de Protección. Sin embargo, esa característica es
común a un conjunto importante de derechos a los cuales no le hemos desconocido su
carácter de tal. Lo relevante es que nuestro ordenamiento puede y debe articular más
garantías ya que dicho recurso se otorga, “sin perjuicio de los demás derechos que
pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes” (inciso primero
del artículo 20 de la Constitución).

Cabe recordar, a efectos de las garantías legales, que la existencia de reemplazo
de trabajadores en huelga era un mecanismo que existía con anterioridad a la Ley N°
20.940, con lo que las negociaciones colectivas imprimían a los trabajadores
organizados una fuente de minusvaloración de su presión.

VIGESIMONOVENO.- En consecuencia, perfectamente podemos decir que
pese a que la voluntad de la Comisión Ortúzar es que quiso reconocer más como un
hecho que como un derecho la huelga (Sesión 382°, de 7 de junio de 1978), lo cierto es
que sus reglas contienen todos los elementos que permiten, en un ejercicio de derecho
implícito de primer grado, conferirle el carácter interpretativo de derecho
fundamental asociado a otras libertades, según veremos. En el marco teórico, tiene las
características de un ámbito constitucionalmente protegido, con titularidades
expresas, límites reconocibles, mandatos al legislador, garantías implícitas y límites al
poder regulatorio respetando la esencia del derecho a huelga que es una paralización
pre-ordenada al marco de una negociación colectiva previa.

a.6.- La huelga como derecho fundamental con el auxilio del derecho
convencional.

TRIGÉSIMO.- Así como vimos que la Comisión Ortúzar tuvo claramente a la
vista el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),
apoyándose en él para articular los límites del derecho a huelga en determinados
ámbitos públicos, cabe preguntarse si la reforma de 1989 modificó el debate acerca del
inciso final del numeral 16°, del artículo 19 de la Constitución.

Lo cierto es que esta Magistratura ha estado dividida en torno a los alcances
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos relativos a los tratados de
derechos humanos que cumplen las características que el artículo 5° de la Constitución
exigen: ratificados y vigentes. Además, podríamos agregar garantizados de un modo
incondicional y no en el marco de una negociación propia de la regla general de
tratados del artículo 54, numeral 1°, de la Constitución.
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CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO
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TRIGESIMOPRIMERO.- En efecto, el artículo 8.1 literal d) del PIDESC
establece que “1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar.
(…) d) el derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país”.
Asimismo, sostiene en el numeral 2. Que “el presente artículo no impedirá someter a
restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas
armadas, de la policía o de la Administración del Estado”. Efectivamente se trata de
un Pacto aprobado el 16 de septiembre de 1969 y ratificado el 10 de febrero de 1972
por el Estado de Chile, siendo su promulgación mediante el Decreto Supremo N° 326,
el 28 de abril de 1989 y publicado en el Diario Oficial del 27 de mayo de 1989.

TRIGESIMOSEGUNDO.- Adicionalmente, el Estado de Chile ha suscrito y
ratificado diversos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo que ha
modulado la libertad sindical en especial los Convenios n° 87, sobre derecho de
sindicación (1948), y n° 98, sobre protección del derecho de sindicación y fomento de
la negociación colectiva (1949). Además ha suscrito otros tres importantes
instrumentos acerca de esta materia que son los Convenios n° 135 (1971), sobre los
representantes de los trabajadores, n° 151 (1978) sobre las relaciones de trabajo en la
administración pública, y n° 154 (1981) sobre el fomento de la negociación colectiva,
éste último pendiente de ratificación aunque impone el deber de abstenerse de buena
fe de actos contrarios a su incorporación al ordenamiento interno.

No se trata de Convenios que hayan introducido una regla específica sobre la
huelga, siendo esencial en la determinación de su alcance “la interpretación que han
efectuado de los mismos los órganos de control de la OIT, en especial de la libertad
sindical, tal cual son la Comisión de Expertos para la aplicación de Convenios y
Recomendaciones (en adelante CEACR) y el Comité de Libertad Sindical (en adelante
CLS)” [Rojas Miño, Irene (2017), “Los derechos de libertad sindical en la Constitución
chilena”, Revista de Derecho (Valdivia), Volumen 30, N° 1, en
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502017000100001).

Esa interpretación ha llevado a reconocer el derecho de huelga,
particularmente, a partir del examen del artículo 3° del Convenio N° 87 de la OIT en
cuanto permite que “las organizaciones de trabajadores, sin restricción, tienen el
derecho general de organizar su administración y sus actividades y de formular su
programa de acción”, desarrollando tanto el CEACR como el CLS amplia
jurisprudencia administrativa sobre la huelga como derecho” [Palavecino Cáceres,
Claudio (2012), “La prohibición constitucional de huelga de los funcionarios
públicos”, en Estudios de derecho del trabajo y la seguridad social, doctrina chilena y
extranjera, Volumen IV, Thomson Reuters, Santiago, p. 178].

Sin perjuicio de la existencia de estos Convenios, esta Magistratura ha tenido
posiciones encontrados acerca de cuán vinculante es la interpretación de estos órganos
administrativos (STC 3016/3026).
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CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
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TRIGESIMOTERCERO.- No obstante, para efectos de este caso basta la sola
referencia al artículo 8.1. literal d) del PIDESC para verificar que el artículo 5°, inciso
segundo de la Constitución nos delimita un derecho a huelga.

Para un sector de la doctrina, el alcance de este precepto constitucional permite
dar cuenta de las insuficiencias que tenía el precepto original y que ahora son
superadas por el alcance extensivo y coherente del artículo 5° inciso segundo en
relación con el inciso final, del numeral 16 del artículo 19 de la Constitución [Ver
Gamonal Contreras, Sergio (2013), “El derecho de huelga en la Constitución chilena”,
Revista de derecho (Coquimbo), Volumen 20, N° 1, citando en esta posición a
constitucionalistas como Alejandro Silva Bascuñán y Humberto Nogueira así como a
laboralistas como Pedro Irureta, en
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-97532013000100005).

En cualquier circunstancia, estimamos que aún sin el refuerzo convencional las
características de un estadio creciente de protección del derecho a la huelga puede
desprenderse del propio texto constitucional, según ya vimos.



b.- La huelga como medio.

TRIGESIMOCUARTO.- Una de las objeciones que puede existir a la
consideración de la huelga como derecho es entender que ésta no es más que un medio
o una dimensión instrumental, lo que derivaría en que su reconocimiento podría
existir pero, a lo menos, acotado a una dimensión funcional más que de despliegue de
condiciones de ejercicio de unas características fundamentales. La noción de
instrumento fue expresamente usada en los debates al interior de la Comisión Ortúzar
por parte del Comisionado Carmona (Sesión 407, del 9 de agosto de 1978).

TRIGESIMOQUINTO.- El entender que la huelga es un instrumento de
presión, junto con ser una expresión cierta, no desmerece su condición de derecho
fundamental. En efecto, la huelga deriva en un incremento del poder de quién lo ejerce
y su objetivo legítimo plausible es servir al objetivo de obtener una “solución justa y
pacífica” que pre-ordena el inciso quinto del numeral 16°, del artículo 19 de la
Constitución.

Recordemos que la Constitución ampara un conjunto amplísimo de
instrumentos a los que les da el carácter de libertades o de derechos. Por ejemplo, en
una de las cuestiones que distingue el ordenamiento constitucional respecto de la
Convención Americana de Derechos Humanos es que la Constitución no limita los
derechos a las personas naturales (Opinión Consultiva N° 22 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en relación al artículo 1.2 de la Convención
Americana de Derechos Humanos: “Para los efectos de esta Convención, persona es
todo ser humano”).

Justamente al abarcar a todas las personas jurídicas, reconoce nuestro
ordenamiento, a partir de la expresión del epígrafe del artículo 19, “la Constitución
0000483
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
22




asegura a todas las personas:”, que uno de los instrumentos esenciales que le permiten
el desarrollo colectivo de los intereses humanos es su proyección a través de las
personas jurídicas, sea asociaciones en general, sindicatos, partidos políticos,
empresas, gremios, etc. Ese es uno de los máximos instrumentos que son entendidos
como proyección de la voluntad de sus integrantes aunque puedan generar una
voluntad propia.

TRIGESIMOSEXTO.- Adicionalmente, y fuera del ámbito de la proyección de
las personas jurídicas, hay reconocimientos específicos a medios o instrumentos que
potencian el ejercicio de derechos fundamentales. Un ejemplo señero es el tránsito
entre el derecho a la opinión respecto del reconocimiento de la libertad de expresión.
Ese abarca explícitamente el proteger la opinión “en cualquier forma y por cualquier
medio”. En tal sentido, todo el estatuto de los medios de comunicación se ampara
como algo más que un mero ejercicio instrumental o funcional sino que es una de las
piedras angulares del proceso democrático (STC 567, c. 22°).

Adicionalmente, hay derechos expresivos de libertades que pueden estar al
servicio de múltiples finalidades. La reunión es un ejemplo que nos demuestra algo
más que la mera sociabilidad. Es un derecho expresivo en sí mismo sin perjuicio de su
transitoriedad.

En consecuencia, el instrumento de la huelga lo único que nos indica es que
debe existir una conexión con otros derechos fundamentales. Eso implica que no es
un fin en sí mismo. Pero nada de eso puede desmerecer la función que cumple en la
satisfacción de derechos fundamentales como la libertad sindical y la negociación
colectiva a las cuales sirve.



c.- Consecuencias o efectos del derecho a huelga.

TRIGESIMOSÉPTIMO.- De acuerdo a lo analizado el derecho a la huelga está
consagrado en la Constitución.

Ahora ratificando la doctrina y la jurisprudencia de los tribunales superiores
de justicia, el derecho a huelga tiene un reconocimiento en la Constitución, como
manifestación del ejercicio de la libertad sindical y el derecho a negociar
colectivamente, de conformidad con los numerales 16 y 19 del artículo 19 de la
Constitución.

El derecho a huelga es “un derecho adherido indisolublemente a la libertad
sindical y se traduce en un medio que permite hacer efectivo el ejercicio del derecho a
la negociación colectiva” (Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de
11.04.2014, rol 142-2014).

El Tribunal Constitucional también ha señalado que el derecho a huelga está
amparado por la Constitución, al sostener que “[la Constitución] reconoce todos los
derechos fundamentales que se vinculan directamente en una relación laboral: desde
la iniciativa económica (artículo 19, numeral 21°, de la Constitución); el estatuto
0000484
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
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jurídico de la contratación laboral en su vertiente individual (libertad de contratación,
artículo 19, numeral 16, inciso segundo, de la Constitución) como asimismo en su
dimensión colectiva (negociación colectiva o derecho de huelga en el artículo 19,
numeral 16, incisos quinto y sexto, de la Constitución)” (STC 2846-15, c. 5°).

TRIGESIMOCTAVO.- El derecho a la huelga no es un derecho absoluto y
admite limitaciones.

El Comité de Libertad Sindical de la OIT “admitió que el derecho de huelga
puede ser objeto de restricciones, incluso de prohibiciones, cuando se trate de la
función pública o de servicios esenciales, en la medida en que la huelga pudiere causar
graves perjuicios a la colectividad nacional y a condición de que estas restricciones
vayan acompañadas de ciertas garantías compensatorias” (OIT (2018). La libertad
sindical. 6ª ed., Ginebra, p. 157).

Por tratarse de un derecho fundamental, las limitaciones del derecho a la
huelga deben estar establecidas en la ley e interpretarse de manera restrictiva y, en
ningún caso, pueden afectar su núcleo esencial, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 19 N° 26 de la Constitución.

En esta línea, el autor español Juan Carlos García sostiene que “lo principal es
el derecho de huelga y lo contingente son sus eventuales limitaciones o restricciones
en aquellas hipótesis donde, siempre bajo una lógica restrictiva, concurran razones
para modular su ejercicio” (García, Juan Carlos. (2014). Mantenimiento de los servicios
esenciales de la comunidad en caso de huelga: Sentencia TC 184/2006, de 19 de junio.
En: García. J., ed., Libertad sindical y otros Derechos de acción colectiva de trabajadores y
empresarios, Pamplona, pp. 613 y 614).

Este autor también afirma que las limitaciones al derecho a la huelga no
pueden afectar su núcleo esencial, esto es, implicar su supresión, sino solo la
disposición de medidas “[encaminadas] a garantizar mínimos indispensables para el
mantenimiento de los servicios, una vez que dicho mantenimiento no puede significar
en principio que se exija alcanzar el nivel de rendimiento habitual ni asegurar el
funcionamiento normal del servicio” (García, Juan Carlos. (2014). Mantenimiento de
los servicios esenciales de la comunidad en caso de huelga: Sentencia TC 184/2006, de
19 de junio. En: García, J., ed., Libertad sindical y otros Derechos de acción colectiva de
trabajadores y empresarios, Pamplona, p. 617).



d.- El establecimiento de los servicios mínimos y el reemplazo de los
trabajadores en huelga.

TRIGESIMONOVENO.- En este orden de ideas, el Código del Trabajo, en el
capítulo VII del Libro IV regula las limitaciones al ejercicio del derecho a huelga. Estas
limitaciones se traducen en el establecimiento de servicios mínimos (artículo 359) y en
prohibiciones de ejercicio del derecho a huelga (artículo 362).
0000485
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
24




En lo que importa para el requerimiento, el Código del Trabajo regula los
servicios mínimos en los siguientes términos: “[s]in afectar el derecho a huelga en su
esencia, durante esta la comisión negociadora sindical estará obligada a proveer el
personal destinado a atender los servicios mínimos estrictamente necesarios para
proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa y prevenir accidentes, así
como garantizar la prestación de servicios de utilidad pública, la atención de
necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, la
seguridad o la salud de las personas, y para garantizar la prevención de daños
ambientales o sanitarios. En esta determinación se deberán considerar los
requerimientos vinculados con el tamaño y características de la empresa,
establecimiento o faena” (artículo 359).

CUADRAGÉSIMO.- La calificación de los servicios mínimos, así como de los
equipos de emergencia que deberán proveerlos debe efectuarse antes del inicio de la
negociación colectiva por acuerdo entre sindicato y empleador y, en caso de no
arribarse a acuerdo, cualquiera de las partes podrá requerir la intervención de la
Dirección Regional del Trabajo que corresponda.

Para la calificación de los servicios mínimos, el ente fiscalizador deberá oír a
las partes y solicitar un informe técnico al organismo regulador o fiscalizador que
corresponda, pudiendo las partes acompañar informes técnicos. Contra la resolución
que emita la respectiva Dirección Regional del Trabajo, que debe ser fundada, podrá
reclamarse ante el Director Nacional del Trabajo. La ley también admite la revisión de
la calificación de servicios mínimos, por circunstancias sobrevinientes si cambian las
condiciones que motivaron su determinación (artículo 360 del Código del Trabajo).

Finalmente, la calificación de servicios mínimos efectuada por la Dirección del
Trabajo puede ser impugnada ante los tribunales laborales, de acuerdo a la
jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema (roles 832-18, 6458-18, 6375-18, 7342-18
y 7449-18, entre otros fallos).

CUADRAGESIMOPRIMERO.- Como contrapartida a estas limitaciones, se
prohíbe el reemplazo en huelga (artículo 345 del Código del Trabajo).

Ello se explica porque de esta manera se asegura el ejercicio efectivo del
derecho a huelga, en orden a que pueda producir los efectos de presión que pretende,
habiéndose ya, en forma previa, acordado entre el sindicato y el empleador, o bien,
dictaminado por la autoridad competente los servicios mínimos que deberán
proveerse durante la huelga, cuando, por las condiciones de la empresa o del servicio
prestado, ello sea indispensable.

CUADRAGESIMOSEGUNDO.- El reemplazo de los trabajadores en huelga
estaba prohibido con anterioridad al precepto reprochado en esta inaplicabilidad,
cuestión regulada en el artículo 381 del Código del Trabajo. Sin embargo, cumplidas
determinadas condiciones “el empleador podrá contratar a los trabajadores que
considere necesarios para el desempeño de las funciones de los involucrados en la
huelga, a partir del primer día de haberse hecho ésta efectiva.
0000486
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
25




Además, en dicho caso, los trabajadores podrán optar por reintegrarse
individualmente a sus labores, a partir del décimo quinto día de haberse hecho
efectiva la huelga” (incisos segundo y tercero del artículo 381 del Código del Trabajo).

Lo anterior, debilitaba la figura misma de la prohibición y fue objeto de severas
críticas sosteniendo parte de la doctrina que las excepciones eran tan amplias que
terminaban por afectar el contenido esencial del derecho de huelga [Caamaño,
Eduardo y Ugarte, José Luis (2010), Negociación colectiva y libertad sindical, un enfoque
crítico, Segunda edición, Legal Publishing, p. 93].

La determinación del Congreso Nacional, mediante la Ley N° 20.940, fue
restablecer la prohibición de reemplazo aún con matices que siguen siendo objeto de
críticas [Rodríguez Soza, Joaquín (2016), “Reemplazo de trabajadores huelguistas en
la reforma laboral”, Revista Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Volumen 7, N° 14].



III.- Aplicación de criterios al caso concreto.

CUADRAGESIMOTERCERO.- Uno de los reproches es que esta norma
cuestionada carece de una aplicación proporcional en la ponderación de bienes
jurídicos distintos como es el caso de la requirente en términos de sus deberes sociales
con sus pacientes en garantía de sus derechos a la vida, a la integridad física y síquica
y, por cierto, su protección a la salud.

No obstante, la negación del reemplazo, como se manifestó no produce
vulneración al principio de proporcionalidad. De acuerdo a lo expuesto, el legislador
establece un conjunto de limitaciones al derecho a la huelga, incluso algunas que han
merecido la crítica de algunos autores (el establecimiento de servicios mínimos de
forma amplia y no solo para el caso de servicios esenciales para la comunidad), con la
finalidad de amparar otros intereses que ha considerado de relevancia, entre los cuales
se encuentra los aducidos por la requirente, esto es, la atención de salud de las
personas enfermas.

Asimismo, no quedó acreditado en la vista de la causa la plausibilidad de que
los derechos de los pacientes estimados conculcados mediante una representación
vicaria hubieran acontecido como se indica.

CUADRAGESIMOCUARTO.- En el análisis de la sistemática del caso a la luz
de las reglas del Derecho del Trabajo, es evidente que una situación de una huelga
genera condiciones complejas para todos los intervinientes. Desde ese punto de vista,
la huelga sigue siendo una administración proporcional de perjuicios hasta la
obtención de un acuerdo en una perspectiva de solución justa y pacífica.

Por lo mismo, en una hipótesis de amplia regulación de los efectos de la huelga
el legislador ha puesto el énfasis en su dimensión preventiva y proyectiva. Preventiva,
con el objeto de resolver los conflictos con anterioridad a su producción. Y proyectivas
porque en caso de conflicto busca prever escenarios y alternativas.
0000487
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
26




Por eso la dimensión administrativa previa es esencial y nadie puede sustituir
a la empresa en la defensa de sus intereses. En tal sentido, la requirente pudo hacer
valer sus alegaciones ante las autoridades pertinentes. En efecto, en el caso concreto,
la calificación de los servicios mínimos la efectuó la Dirección del Trabajo.

CUADRAGESIMOQUINTO.- Como se explicó, esta atribución está rodeada
de varias garantías para las partes: deben ser oídas y pueden acompañar informes
técnicos, adicionalmente, previo a su decisión, la Dirección Regional del Trabajo debe
solicitar un informe técnico al organismo regulador o fiscalizador que corresponda y
dictar una resolución fundada. Esta resolución es reclamable ante el Director
Nacional. Por último, la decisión administrativa puede ser impugnada ante los
tribunales laborales. Desde esta perspectiva, existe proporcionalidad entre las
limitaciones al derecho a huelga, traducidas en los servicios mínimos, y el ejercicio de
este derecho.

Ahora bien, en el caso concreto, el parecer de las autoridades técnicas fue
desestimar la alegación de la requirente y, por tanto, lo pretendido en este
requerimiento es la revisión de decisiones administrativas y, eventualmente,
judiciales con las cuales se discrepa, no tratándose entonces de un conflicto de
constitucionalidad.

CUADRAGESIMOSEXTO.- Por lo mismo, no es posible que en el ámbito
administrativo y bajo un régimen de control judicial, se pretenda reformular el
reclamo original.

La requirente no obtuvo el pronunciamiento que pretendía de las autoridades
técnicas y deliberadamente incumplió la normativa referida a la prohibición de
reemplazar a trabajadores en huelga.

CUADRAGESIMOSÉPTIMO.- Por último, hay que tener en cuenta los
previsibles efectos inconstitucionales de acogerse la inaplicabilidad. El
restablecimiento del reemplazo en huelga, mediante una interpretación normativa de
esta Magistratura, hubiera supuesto un severo efecto en el derecho de huelga. Como
hemos sostenido, no es un derecho absoluto pero su eficacia depende de medidas
como esta prohibición y de generar interdicción sobre las prácticas antisindicales.

Una huelga con reemplazos es retrotraer el estado de cosas a una etapa previa
al viejo artículo 381 del Código del Trabajo que analizamos, afectando seriamente todo
el proceso de negociación colectiva, en cuanto mecanismo de protección de los
trabajadores en la búsqueda de una solución justa y pacífica en su contrato colectivo
de trabajo.

CUADRAGESIMOCTAVO.- De este modo, no estamos frente a una sanción
administrativa, como argumenta la requirente, sino que frente a limitaciones al
ejercicio de un derecho fundamental. Estas limitaciones solo pueden ser establecidas
por ley y no pueden ser creadas por decisiones jurisprudenciales, tratándose la huelga
de un derecho.
0000488
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
27




El ordenamiento jurídico dispuso un procedimiento para configurar dichas
limitaciones en cada caso, de acuerdo a circunstancias concretas. Ese procedimiento
asegura tanto al sindicato como al empleador la posibilidad de hacer valer sus
alegaciones, así como una resolución debidamente fundada de la autoridad técnica.

En este caso, dicho procedimiento culminó con una resolución que no satisfizo
plenamente a la requirente, pero ello no justifica que incumpla deliberadamente una
decisión administrativa que es impugnable ante los tribunales ordinarios de justicia.
Lo contrario implicaría una especie de autotutela del empleador, que socavaría el
derecho a huelga de los trabajadores, ya que, en última instancia, la calificación de los
servicios mínimos la adoptaría el empleador sin concurso del sindicato.

CUADRAGESIMONOVENO.- En consecuencia, sirvan todos estos
argumentos para desestimar el presente requerimiento.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y
decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución
Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional,



SE RESUELVE:



I. QUE SE RECHAZA LA ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD DE FOJAS 1.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA EN
AUTOS. OFÍCIESE.

III. QUE NO SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE REQUIRENTE,
POR ESTIMARSE QUE TUVO MOTIVO PLAUSIBLE PARA LITIGAR.




DISIDENCIA



Acordada la sentencia con el voto en contra de los Ministros señores IVÁN ARÓSTICA
MALDONADO, JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN y JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ,
quienes estuvieron por acoger el requerimiento deducido, teniendo presente las
siguientes consideraciones:

Análisis y resolución del asunto

1°. Que el presente requerimiento de inaplicabilidad es planteado por Clínica
Dávila y Servicios Médicos S.A., entidades dedicadas a la prestación de servicios en
0000489
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
28




el área de la salud. En este contexto, las requirentes exponen haber sido denunciadas
por la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente, por supuestas prácticas
desleales en el marco de un proceso de negociación colectiva. En efecto, las
requirentes señalan que la denuncia efectuada por la autoridad les imputa haber
incurrido, en el contexto de la huelga del Sindicato de Trabajadores Interempresa
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., que se extendió entre el 11 de julio y el 21 de
agosto de 2018, en prácticas desleales consistentes en el reemplazo ilegal de
trabajadores afectos a negociación colectiva y en la realización de intervenciones no
calificadas como C1 y C2 con trabajadores sindicalizados que conforman el equipo de
emergencia.

2º. Que de acuerdo a lo que indican las requirentes, en una primera denuncia
presentada con fecha 17 de agosto de 2018, la autoridad les imputa haber efectuado
un reemplazo ilegal de trabajadores en huelga, mencionando al efecto los casos de la
Supervisora de Enfermería y de la Unidad Banco de Sangre. Sobre el particular, las
requirentes plantean que, efectuada tal imputación, optó por allanarse, pese a que tal
conducta habría tenido por objeto, preservar la prestación de los servicios clínicos
necesarios. Indica que, de este modo, la denuncia efectuada con este data finalmente
se centró en el hecho de que Clínica Dávila haya externalizado su servicio de
Anatomía Patológica, conducta que la autoridad estimó como atentatoria de la
prohibición de reemplazar trabajadores en huelga.

3º. Que la otra denuncia de que habrían sido objeto las requirentes se remonta al
4 de septiembre de 2018. En ella el reproche de la autoridad se centra en que se habrían
realizado intervenciones no calificadas como C1 o C2 en la Unidad Pabellón Central
en las que habrían participado funcionarios sindicalizados de los equipos de
emergencia. En este caso las requirentes exponen que quienes participaron, lo
hicieron en forma voluntaria, al margen de alguna presión indebida del empleador
como se estaría planteando por parte de la denunciante.

4º Que, en ambas situaciones, las requirentes de inaplicabilidad plantean la
imposibilidad de que sus argumentos hayan sido debidamente ponderados y
analizados. Ello, por cuanto plantean -a propósito de ambas infracciones-, que la
finalidad en caso alguno fue obstaculizar el derecho a negociación colectiva, así como
tampoco obstruir el ejercicio de la medida de fuerza que supone la huelga. No
obstante, indican que tales argumentos no fueron considerados por el juez que
conoció de la denuncia, precisamente como consecuencia de la aplicación al caso
concreto de los preceptos legales requeridos de inaplicabilidad en esta oportunidad,
los cuales no entregan al juez de la instancia, la posibilidad de analizar las
circunstancias en que se produjo la conducta reprochada y, más importante, verificar
la efectividad del resultado atentatorio contra los trabajadores que se atribuye a través
de la sanción impuesta.

5º. Que, en el contexto antes descrito, la presentación de la parte requirente
expone que la aplicación al caso concreto del precepto legal contenido en el artículo
0000490
CUATROCIENTOS NOVENTA
29




345 inciso segundo del Código del Trabajo y de la frase que indica, contenida en el
inciso cuarto de la misma disposición, provocaría un resultado atentatorio a las
garantías del derecho a la vida y la salud contenidos en los numerales 1 y 9 del artículo
19 constitucional. Además, atentaría contra la exigencia de proporcionalidad de las
sanciones, que emana de la garantía de no discriminación arbitraria del artículo 19 Nº
2 y del derecho a un debido proceso del numeral 3 del mismo artículo. Por otra parte,
sostiene que se vulnera el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica a que
alude el numeral 21 del artículo 19 constitucional. Finalmente, indican que se afecta
su derecho de propiedad consagrado en el numeral 24 del mencionado artículo 19.

6º. Que precisado lo anterior, cabe indicar que los preceptos legales cuestionados
señalan lo siguiente:

Artículo 345 inciso segundo del Código del Trabajo:

“Se prohíbe el reemplazo de los trabajadores en huelga”.

Por su parte la frase inicial del inciso cuarto de la misma disposición, que indica:

“La infracción de la prohibición señalada en el inciso segundo constituye una
práctica desleal grave,”.

7º. Que, como se advierte, los preceptos legales en cuestión se refieren a la
prohibición de reemplazo de los trabajadores en huelga y la calificación de esta
conducta como “práctica desleal grave”. El análisis de estas disposiciones nos obliga
a revisar la historia fidedigna de las mismas, a fin de conocer sus fundamentos y
objetivos. En tal sentido, se debe tener en cuenta que la Ley Nº 20.940, que Moderniza
el Sistema de Relaciones Laborales y que introdujo la redacción del artículo 345 del
Código del Trabajo que ahora se cuestiona, establece expresamente como objetivo de
la iniciativa legal, el desarrollo de relaciones laborales modernas, justas y equilibradas entre
las partes, en las que predomine el diálogo y el acuerdo, combinando objetivos de equidad,
eficiencia y productividad. En dicho contexto, la modificación legal pretendía favorecer
las instancias de diálogo al interior de las empresas, en aras de alcanzar acuerdos que
favorezcan a los trabajadores en un clima de respeto y coordinación. Por ello, el mismo
mensaje del proyecto sostiene que [l]as legítimas diferencias y aspiraciones de las partes
deben ser encausadas en un marco de respeto y juridicidad. Aquellas conductas que se desvíen
de este cauce son sancionadas en forma específica, particularmente aquellas que representen un
ejercicio violento del derecho a huelga. (Historia de la Ley Nº 20.940, página 6).

8º. Que, tal como se aprecia de los antecedentes históricos de la norma en
comento, la indicada regulación legal tiene como objetivo central, favorecer la
instancia de diálogo que supone la negociación colectiva, evitando intromisiones u
obstáculos que impidan arribar a un acuerdo satisfactorio para las partes de dicha
negociación. En dicho contexto, los preceptos legales impugnados en esta
oportunidad tienen su fundamento en la afectación a la negociación colectiva,
mediante el reemplazo de trabajadores que se traduzca en la “desactivación” de la
0000491
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO
30




medida de fuerza que implica la huelga. Pues bien, siendo esta la finalidad de los
preceptos legales en cuestión resulta fundamental verificar si ese objetivo o finalidad
se verifica en la especie.

9º. Que, tal como se aprecia de los antecedentes del presente requerimiento de
inaplicabilidad, la actividad desarrollada por la parte requirente se desenvuelve en el
ámbito de la salud, a través de prestación de servicios destinados a la asistencia
médica en caso de enfermedad. En dicho contexto, las actividades desarrolladas por
las sancionadas se encuentran íntimamente ligada a la protección de la vida e
integridad física y psíquica de los pacientes. Este punto reviste particular importancia,
toda vez que no estamos en presencia de una actividad que mire al interés particular
mediante la satisfacción de una necesidad cubierta mediante un bien o servicio de
naturaleza material e individual, sino que estamos en presencia de personas jurídicas
que desarrollan un servicio vinculado con la protección de la vida y la integridad física
y psíquica de las personas, garantías que como sabemos, cuentan con expresa
protección a nivel constitucional en el artículo 19 Nº 1.

10º. Que lo anterior tiene particular importancia, por cuanto, el contexto en el que
la requirente desarrolla su actividad no puede ser omitido al analizar las
circunstancias del caso concreto. En efecto, analizar las características de los servicios
desarrollados por la requirente supone diferenciar estos, respecto de lo que ocurre en
la mayoría de las actividades productivas o de servicio, por cuanto en el caso de las
requirentes, atendida la naturaleza de los servicios prestados y de los bienes jurídicos
involucrados, los cuales exceden el simple interés particular de satisfacer una
necesidad material, se encuentran en la obligación de analizar las externalidades que
puede generar una medida como la paralización de servicios a consecuencia de la
huelga; y de ponderar y valorar las consecuencias en la vida de los pacientes que
dependen de esos servicios. Por lo mismo, no resulta indiferente considerar que ante
una paralización de servicios se deban tener las coberturas necesarias para brindar a
los pacientes una correcta y oportuna asistencia médica.

11º. Que, en relación a esta última circunstancia, la Dirección del Trabajo plantea,
en su traslado de fondo, que en forma previa al inicio del proceso de negociación
colectiva del Sindicato Interempresa de Trabajadores de Clínica Dávila y Servicios
Médicos S.A., la empresa, con fecha 29 de mayo de 2017 solicitó a la Dirección Regional
del Trabajo Metropolitana Poniente, la “calificación de servicios mínimos y equipos
de emergencia”. Agrega que la antedicha solicitud fue resuelta, por medio de la
resolución N°622, de fecha 13 de julio de 2017. Añade que la mencionada resolución
fue impugnada por Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., a través de la
interposición de un recurso jerárquico, solicitando la recalificación los servicios
mínimos y equipos de emergencia, de manera general y única, adicional a la
calificación efectuada en la resolución recurrida. Todas esas presentaciones fueron
resueltas por la autoridad administrativa, mediante la resolución N°1129 de 23 de
octubre de 2017, la cual no habría sido objeto de impugnación judicial, lo que hace que
0000492
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
31




esa calificación se encontrare firme al momento de la negociación colectiva, no siendo
susceptible de cuestionamiento alguno.

12º. Que, a partir de esa imposibilidad de cuestionar los servicios mínimos, la
Dirección del Trabajo plantea la existencia de un escenario en el cual, se habrían
salvaguardado los intereses de las diversas partes, sin que sea posible entender que
puedan existir situaciones o contingencias que trasciendan la calificación de esos
servicios mínimos. Así se puede apreciar a fojas 245 del expediente constitucional, en
que el organismo público indica que “la calificación de servicios mínimos y equipos de
emergencia efectuada busco evitar, justamente, la producción de daños o perjuicios adicionales
del empleador otorgándosele “servicios mínimos de seguridad”, así como evitar daños y
perjuicios para los no huelguistas y terceros ajenos al conflicto, otorgándosele, para ese fin,
“servicios mínimos de funcionamiento”.

13º. Que el problema del planteamiento efectuado por el ente público radica en que
esa visión de “completitud e infalibilidad” que se atribuye a la declaración de servicios
mínimos, en conjunto con los preceptos legales impugnados en esta oportunidad y
que están contenidos en el artículo 345 del Código del Trabajo, crean un escenario en
el cual el empleador, carece de posibilidad alguna de exponer e intentar acreditar las
verdaderas motivaciones de la conducta reprochada, pues tal como ha ocurrido en la
especie, verificada la conducta “reemplazo de trabajadores en huelga”, se entiende sin
más, que esta constituye “una práctica desleal grave” y se aplica la consiguiente
sanción, con prescindencia de toda otra consideración o apreciación subjetiva del
actuar del empleador imputado.

14º. Que, en relación a esta argumentación, expuesta por la Dirección del Trabajo,
resulta pertinente señalar que si bien a esta Magistratura no le corresponde
pronunciarse acerca de la pertinencia de la calificación de los servicios mínimos ni
sobre los argumentos que pueden haber fundado tal decisión, dicha calificación en
caso alguno puede constituir un obstáculo para apreciar las circunstancias del caso
concreto, bajo las cuales la parte requirente incurrió en el reemplazo de trabajadores,
por cuanto no basta con entender que esa calificación de servicios mínimos resulte
suficiente de manera indubitada y a todo evento, para hacer frente a las contingencias
de salud que pudieran surgir y que no necesariamente pudieron tenerse en vista al
momento de adoptar una decisión administrativa. Al respecto, resulta pertinente
recordar que conforme establece el artículo 2º de la Ley Nº 20.584, que Regula los
Derechos y Deberes que tienen las Personas en Relación con Acciones vinculadas a su
Atención en Salud, “Toda persona tiene derecho, cualquiera que sea el prestador que ejecute
las acciones de promoción, protección y recuperación de su salud y de su rehabilitación, a que
ellas sean dadas oportunamente y sin discriminación”. Vale decir, en el ámbito de las
prestaciones de salud, independiente de que el prestador de éstas sea público o
privado, no basta con la prestación en sí misma, sino que también es un derecho del
paciente -y por ende un deber para el prestador- que ella sea oportuna y sin
discriminación, aspectos que sin duda deben ser apreciados por el prestador del
0000493
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
32




servicio, en el momento en que la contingencia de salud, así lo requieran, y no en
forma previa y absoluta como se pretende.

15º. Que, es en atención a dicho deber de oportunidad en la prestación médica, que
la conducta reprochada a la requirente, la cual se habría verificado -tal como expone
la propia sancionada a fojas 15 del expediente constitucional- en fechas en que “los
Servicios de Salud se encontraban con su capacidad saturada”, ameritaba al menos un
análisis de las circunstancias y objetivos de la conducta de reemplazo de trabajadores,
así como la necesidad de acreditar si dicha actividad, tuvo incidencia efectiva en el
desarrollo de la negociación colectiva y específicamente en la huelga de los
trabajadores. Al respecto, no debemos olvidar que, tal como indicamos anteriormente,
el objetivo de las disposiciones impugnadas es impedir que se afecte el ejercicio de la
negociación colectiva, mediante la “desactivación” de la medida de fuerza propia de
este tipo de negociaciones, como es la huelga. Dicho de otro modo, la razón de ser de
las disposiciones legales cuestionadas y de las infracciones que ellas estipulan, es
precisamente evitar que se afecte la huelga como herramienta de presión por parte de
los trabajadores. Pero ¿qué ocurre cuando la motivación para el reemplazo ha sido
diversa?. Pues bien, en tal caso, de no verificarse el atentado a los trabajadores y su
huelga, no parece de justicia que se sancione de igual modo que a aquel que sí ha
pretendido afectarlos.

16º. Que es en este orden de ideas donde las normas reprochadas develan su
primera fragilidad desde el punto de vista constitucional. En efecto, la disposición
contenida en el inciso segundo del artículo 345 del Código del Trabajo prohíbe el
reemplazo de los trabajadores en huelga, sin más consideraciones. Y a la vez, esta
conducta recibe una calificación en el inciso cuarto del mismo precepto legal, el cual
establece que la infracción a dicha prohibición “constituye una práctica desleal grave”,
con lo cual ya se le atribuye un disvalor y una ponderación acerca de la gravedad de
tal acción, con prescindencia de los elementos subjetivos y las circunstancias
particulares que pudieron rodear la misma.

17º. Que lo anterior sin duda resulta cuestionable desde que una aplicación
absoluta de las disposiciones en comento, con prescindencia de las circunstancias de
hecho que motivaron la conducta, provoca un resultado que no se ajusta a la garantía
de un justo y racional juzgamiento contenida en el numeral 3 del artículo 19
constitucional, pues tal como ha indicado esta Magistratura, el derecho a un
procedimiento justo y racional no sólo trasunta aspectos adjetivos o formales, de
señalada trascendencia como el acceso a la justicia de manera efectiva y eficaz, sino
que también comprende elementos sustantivos de significativa connotación material,
como es -entre otras dimensiones- garantizar la proporcionalidad de las medidas
adoptadas en su virtud (STC 1518 c. 28). Pues bien, cuando se decide la aplicación de
una sanción a partir de una conducta, sin considerar los elementos subjetivos y las
circunstancias bajo las cuales se ejecutó la misma, el resultado es precisamente la
aplicación de una pena carente de proporcionalidad, pues omite ponderar la necesaria
0000494
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
33




relación entre la acción ejecutada y las circunstancias subjetivas que llevaron al
infractor a ejecutarla. Y es precisamente lo anterior, lo que es posible por el tenor de
las disposiciones legales aplicadas al caso concreto, las que no entregan al juez ese
margen de apreciación, indispensable en todo régimen sancionatorio.

18º. Que lo señalado no constituye una especulación o mera apreciación subjetiva
de estos Ministros disidentes, sino que, por el contrario, constituye una constatación
de las circunstancias acaecidas en el caso concreto. Así, a fojas 73 del expediente
constitucional -a propósito del reemplazo de trabajadores de la unidad de
neonatología-, se indica que “la ejecución de labores que no fueron calificadas como servicios
mínimos, a través de personal contratado en base a honorarios, configurando un reemplazo de
trabajadores en huelga. Las testigos de la denunciante y la tercera coadyuvante, Jacqueline Jara
Cabello y Jacqueline Arellano Aguilera, ya mencionadas, afirmaron que en neonatología tenían
2 o 3 matronas más por turno a honorarios, explicando la primera que se debe a que se otorgaron
4 matrones en rotativo y sólo 1 en turno y había más guaguas en la unidad” (énfasis
agregado).

Esta declaración, que consta en la sentencia condenatoria de primera instancia, da
cuenta de cómo la calificación de servicios mínimos resultaba insuficiente para hacer
frente a la demanda de pacientes, los por su condición de recién nacidos, requerían de
un numero adecuado de profesionales de la salud, atendida la particularidad
vulnerabilidad de un paciente de esas características.

19º. Que, por si lo anterior no fuera suficiente para advertir la necesidad de
considerar las circunstancias particulares del accionar del requirente, cabe consignar
que como se aprecia a fojas 74, en la unidad de neonatología el problema de la falta de
personal se hizo patente cuando los padres de los recién nacidos que allí se
encontraban se negaron a los traslados de sus hijos, en circunstancias que había guaguas que
estaban realmente graves, tal como da cuenta el testimonio consignado al respecto. Vale
decir, evidentemente surgieron contingencias que no eran susceptibles de ser
analizadas de manera precisa y absoluta en forma previa, mediante la calificación de
servicios mínimos, en particular por la naturaleza de los servicios de que estamos
hablando, los cuales se encuentran sujetos a una contingencia de variabilidad en la
demanda que no es posible de ser controlada a priori.

20º. Que en el caso de los hechos que se habrían verificado en el banco de sangre
del centro clínico, el testimonio que se reproduce a fojas 75, da cuenta de que desde
antes de la huelga se habían contratado dos tecnólogos y otros trabajadores a
honorarios, que cubrían lo que los servicios mínimos no daban abasto, agregando que los
tecnólogos médicos del área están sindicalizados en un 100% (enfasis agregado). Lo
anterior, una vez más pone en evidencia la existencia de circunstancias que al menos
permiten entender de un modo razonable y más allá de la simple búsqueda de afectar
la huelga de los trabajadores, la decisión de la requirente en orden a efectuar los
reemplazos de trabajadores para hacer frente a las contingencias que fueron surgiendo
0000495
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
34




y que, a la luz de los antecedentes tenidos a la vista, no fueron debidamente cubiertas
por la calificación de servicios mínimos.

21º. Que, el objetivo perseguido detrás del análisis de las circunstancias del caso
concreto, en caso alguno pretenden sustituir la decisión del juez de la instancia, que
es quien en definitiva debe efectuar esta labor de ponderación de circunstancias
concretas, pero sí parece relevante tener a la vista estas particularidades para
evidenciar como ellas no fueron siquiera consideradas, precisamente por el tenor de
las normas reprochadas y su aplicación a la contienda judicial particular. En efecto,
estos elementos no pudieron ser ponderadas en juicio, precisamente por el tenor de
las disposiciones legales requeridas de inaplicabilidad, las cuales no entregan margen
a la apreciación de las circunstancias que motivaron la decisión de reemplazar
trabajadores, ni tampoco permiten ponderar la finalidad existente detrás de tal
decisión, considerando que el verdadero reproche es a la obstaculización de la huelga,
y por ende, la descripción de la conducta infraccional y la correspondiente sanción,
exigen un análisis de tales circunstancias subjetivas.

22º. Que, por el contrario, los preceptos cuestionados se limitan a describir una
conducta y calificar su gravedad, trayendo como resultado consecuencial, la
aplicación de una sanción carente de proporcionalidad, pues omite la valoración de
los elementos subjetivos de la conducta infraccional para determinar la entidad de la
sanción impuesta. Lo anterior, incide directamente en la garantía del artículo 19 Nº 3
constitucional, pues tal como ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal
Constitucional, la relación de equilibrio entre el castigo impuesto y la conducta imputada, que
desde el campo penal se extiende como garantía a todo el orden punitivo estatal, viene a
materializar aquella garantía que encauza la protección de los derechos en un procedimiento
justo y racional. (STC 1518 c. 28).

23º. Que, no se puede entender un juzgamiento como ajustado a las garantías de
justicia y racionalidad que exige el orden constitucional, cuando la determinación de
la sanción no observa los requisitos necesarios para ponderar su procedencia y
entidad, de manera de asegurar la debida correspondencia entre infracción y
penalidad. Lo anterior, por cuanto la gravedad de la conducta configura el criterio de
tolerabilidad constitucional en la imposición de una pena, de manera de asegurar que,
a mayor reproche de la conducta del infractor, mayor sea la pena impuesta y viceversa.
Pero cuando, como hemos constatado en la especie, esa correlación no existe, el
resultado del juzgamiento necesariamente se demuestra como atentatoria a la
exigencia constitucional del principio de proporcionalidad.

24º Que lo anterior queda reflejado en forma prístina cuando el juez de primera
instancia razona en su sentencia -como se aprecia a fojas 80 del expediente
constitucional- que la ley no exige una intención dolosa de perjudicar la actividad sindical,
pues este elemento no está incorporado en el epígrafe de los artículos 403 y 404 del Código del
Trabajo (disposiciones esta últimas que describen las conductas constitutivas de
prácticas desleales). Siendo de este modo, resulta evidente que la conducta sancionada
0000496
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS
35




en el artículo 345 del Código del Trabajo y su valoración, han sido efectuadas al
margen de toda apreciación de los elementos subjetivos de la conducta, cuestión que,
en definitiva, atendida las características del caso concreto a las que nos hemos
referidos latamente, terminan provocando como consecuencia, la aplicación de una
sanción carente de proporcionalidad y como tal, atentatoria a los derechos de la parte
requirente a recibir una sanción acorde a la infracción acreditada.

25º. Que, no está de más considerar que la prohibición de contratación externa
importa privilegiar el derecho legal de huelga, tanto, por sobre el derecho
constitucional que tienen sus titulares para organizar, dirigir y administrar la empresa
de que se trata, al amparo de los artículos 1°, inciso tercero, y 19, N° 21, de la Carta
Fundamental, como por sobre la prohibición constitucional establecida en el artículo
19 Nº 16, de que la huelga no puede comprometer actividades o servicios que causen
grave daño a la salud, la economía, el abastecimiento o la seguridad nacional. Tal
privilegio que se pretende reconocer sin más, no se traduce por sí mismo en una
“solución justa y pacífica” como exige la Constitución en su artículo 19, N° 16, al
orientar el logro de toda negociación colectiva, de modo que ninguna de las partes
pueda invocar un derecho para negar el del otro. Menos se puede alcanzar este
objetivo, cuando el legislador de la Ley N° 20.940, que introdujo esta prohibición en el
Código del Trabajo, reviviendo una norma semejante que quiso incorporar el Mensaje
presidencial N° 102, de 13 de julio de 1990, no ha demostrado empíricamente -
primero- que su hipótesis de la prohibición de reemplazo vaya a redundar en un
beneficio para los propios trabajadores involucrados, y -segundo- que las
consecuencias negativas que acarrea la paralización de una actividad sea aceptada por
los trabajadores que pueden ser contrarios a ella y, desde luego, por los terceros
afectados, consumidores, pacientes o usuarios en general, como tendente a concretar
el bien común general.

Precisiones sobre el derecho de huelga

26º Que, es conveniente además hacer presente que la huelga constituye un
mecanismo vinculado a la negociación colectiva, regulada legalmente, y destinado a
forzar al empleador a aceptar las condiciones exigidas por los trabajadores que
participan de tal proceso negociador, lo que, en términos claros, constituye un
resultado indeseado o fracasado del mismo, del mismo modo si el empleador decide
el cierre temporal de la empresa. Todos estos mecanismos niegan en la realidad la
hipótesis de ser medios para impulsar el entendimiento entre trabajadores y
empleadores. Así por lo demás se ha entendido por parte de la doctrina laboral, al
describirse la huelga por su “naturaleza coactiva, su carácter de presión al empleador, de
ultimátum, mediante la amenaza de paralización del proceso productivo”, mas no como
forma de “impulsar el entendimiento” (Claudio Palavecino, Prohibición de reemplazo de
huelguistas: una apología de la huelga, en Sentencias Destacadas LYD, 2014, p.164). De
este modo, es posible afirmar que el reemplazo de trabajadores durante la huelga no
produce la ineficacia de ésta como medio de presión durante la negociación y, por lo
0000497
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
36




tanto, puede llegar a afectar los derechos constitucionales tanto de los trabajadores no
paralizados como los del empleador y usuarios de los bienes y servicios producidos
por aquél, sobre todo en momentos de grave emergencia sanitaria nacional, como en
las actuales circunstancias originadas por la pandemia viral.

27º Que a mayor abundamiento y considerando la creación ex nihilo que ha
efectuado el voto de mayoría de un nuevo derecho constitucional a la huelga, derecho
de naturaleza implícito, es decir, que no se encuentra contemplado expresamente en
el correspondiente catálogo iusfundamental del capítulo III de la Constitución, es
necesario advertir que ello es resultado, más que de una labor de hermenéutica propia
de la jurisdicción constitucional, es el producto del ejercicio de una especie de potestad
constituyente impropia, por obra de una suerte de crisopeya de dos derechos
constitucionales: la libertad de trabajo y el derecho a la sindicalización, a partir de los
cuales se presupone y se hace aparecer otro derecho. Ello no obstante que la
Constitución no consagra el derecho de huelga, estableciendo en cambio, en el artículo
19 Nº 16, expresa reserva al legislador para regular la negociación colectiva, y
entregando a la iniciativa legal exclusiva del Presidente de la República, en el artículo
65 Nº 5 sus modalidades y procedimientos, proceso en el cual sí se contempla aquélla
como un derecho reglado, por lo que debe ser ejercido de conformidad a la normativa
correspondiente. Advirtiendo además, que el texto del artículo 19 Nº 16, sólo hace
mención a la huelga (no como derecho) para efectos de prohibirla respecto a los
funcionarios públicos y a los trabajadores que laboren en actividades o servicios cuya
paralización cause grave daño a la salud, la economía, el abastecimiento o la seguridad
nacional. De igual modo tampoco autoriza el artículo 19 Nº 19, sobre derecho a
sindicarse, a extraer un derecho implícito a la huelga, toda vez que el Código del
Trabajo, también reconoce a los trabajadores que negocian a través de grupos
negociadores para declarar la huelga en caso de no existir acuerdo con el empleador.

28º Que el voto de mayoría, con el mismo fin anterior, esto es, reunir argumentos
para construir un derecho implicito o inexistente en el texto constitucional, ha
recurrido al derecho internacional, citando diversos Convenios de la OIT, alguno no
ratificado por el Estado de Chile (Convenio 154), pero, también sin mayor éxito, como
se reconoce por el mismo voto (Considerando trigésimo segundo) al afirmar que “no
se trata de Convenios que hayan introducido una regla específica sobre la huelga”, porque la
verdad sea dicha, ninguno de ellos regula la huelga, “no hay un solo convenio de la
Organización del Trabajo que mencione siquiera la palabra huelga” (Palavecino, op.cit. p.
165). En efecto, la huelga no está mencionada ni en el preámbulo de la Constitución
de la OIT, ni en la Declaración de Filadelfia, ni en los Convenios 87 (sobre Sindicación)
ni 98 (sobre Fomento de la Negociación Colectiva); tampoco en la Convención de
Viena. Asimismo, tampoco consta entre las partes de los Convenios un acuerdo para
interpretar que alguno ampare el derecho de huelga. Para contribuir con la verdad,
cabe consignar que en una sola Recomendación de la OIT, del año 1951, sobre
conciliación y arbitraje voluntario, se hace referencia a la huelga y al cierre
empresarial, pero, sin ninguna voluntad normativa. Finalmente, a propósito de lo
0000498
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
37




señalado en el mismo voto de mayoría, las interpretaciones que hacen las oficinas
internas de la OIT respecto de la huelga, así como de doctrina que se le endilga al
organismo internacional, se ha advertido que “esas ideas son fruto de funcionarios de
oficinas internas (Comité de Libertad Sindical y Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones) que carecen de –pero se arrogan– potestad normativa dentro
del organismo internacional” (Ibíd. p.166), asumiendo de este modo, unas atribuciones
interpretativas de los Convenios de la OIT que exceden el contenido de éstos.

29º Que lo anteriormente precisado acerca de la creación de un derecho
fundamental implícito a la huelga, como lo hace el voto de mayoría, en una práctica
de “cesárea jurisprudencial” (término similar al de “partero inductor” jurisprudencial,
que también puede encontrarse en la literatura constitucional), debió considerar los
límites que la propia Constitución establece. Por de pronto, las normas relativas al
Estado constitucional de derecho, concretamente los principios de supremacía
constitucional, del artículo 6º; de juridicidad y de separación de funciones, del artículo
7º; amén de las reglas de formación de la ley, especialmente las de los artículos 63 Nº
14 y 66 Nº 5; así como aquellas de reforma constitucional del capítulo XV, todas las
cuales constituyen vallas insalvables para cualquier voluntarismo judicial o
legislativo. De esta forma, este nuevo derecho constitucional nacido exclusivamente
de una discrecionalidad jurisprudencial en la causa de inaplicabilidad de autos,
resulta contrario al propio texto constitucional y a la lógica del constituyente.
Especialmente si se tiene presente el hecho que el ordenamiento laboral sólo
contempla la huelga como mecanismo propio de la negocación colectiva y no como
derecho para ser ejercido en cualquier circunstancia. Porque fácil resulta deducir las
consecuencias negativas, no sólo económicas, sino, sociales e incluso políticas, que
generaría la consagración expresa de un derecho fundamental general a la huelga,
exigible individual o colectivamente y, desde luego, judicialmente, sin señalar la
oportunidad o circunstancias para su ejercicio.

30º Que asimismo, los límites jurídicos constitucionales ya mencionados
precedentemente para la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, especialmente
en materia de riesgos que conlleva la creación de derechos fundamentales implícitos,
han sido meridianamente expuestos por la doctrina nacional. Así, se ha señalado
acertadamente que ese creacionismo jurisprudencial desconoce la existencia del poder
constituyente instituido en la propia Constitución, porque significaría “investir a los
órganos jurisdiccionales no solo una facultad y deber de tutela respecto a entidades
innominadas, sino que, y en el caso de la jurisdicción constitucional, dotarla de facultades para
alzarse en contra de la actuación legislativa, sobre la base de proposiciones iusfundamentales
sin respaldo constitucional positivo” (Eduardo Aldunate, Derechos Fundamentales,
Legal Plublishing, 2008, p. 345). Más adelante, el mismo autor previene que “parece
muy peligroso abrir la puerta para el reconocimiento de derechos fundamentales implícitos que
no tengan esta calidad y que puedan referirse a aspectos particulares de la configuración del
ordenamiento jurídico, alterando de modo definitiva el carácter normativo de la Constitución
en la distribución de competencias entre legislador y Tribunal Constitucional” (Ibíd p. 346,
0000499
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
38




en cita a pie de página). Esto resulta evidente en el caso de autos, al entrar a regular
por vía de creación normativa, una materia que como se ha señalado anteriormente,
la Constitución remite expresamente al legislador su regulación.

31º Que en esta misma línea doctrinal, nos encontramos con otra esclarecedora
opinión jurídica que conviene citar en extenso: “(…) tal como lo indica Lawrence Sollum,
en todos aquellos casos en los cuales el texto de la norma constitucional es vago e indeterminado
normativamente, los jueces constitucionales deben construir la norma de una forma consistente
con el resto de las disposiciones constitucionales y la estructura propia de la Constitución. Si a
pesar de ello la vaguedad persiste y el análisis de la intención del constituyente no permite
orientar la construcción, entonces los jueces deben optar por adoptar un criterio decisorio que
minimice su discrecionalidad y maximice la estabilidad y predictibilidad exigidas por el estado
de derecho (Gonzalo Candia, “Analizando la tesis de los Derechos Implícitos. Comentario a
la sentencia del Tribunal Constitucional”, Revista de Derecho Universidad Católica del
Norte, Nº 1, 2014, p. 513-514). Continúa el texto citado expresando que “los jueces
constitucionales no pueden excederse en sus funciones y ejercer facultades constitucionales que
son propias del poder constituyente derivado, ni siquiera invocando los artículos 1° y 5° de la
carta fundamental. Si bien existen para el Tribunal Constitucional obligaciones derivadas de
esos preceptos, las mismas deben ser cumplidas dentro del ámbito de competencias que la
Constitución establece para el tribunal. Esa distribución de competencias constitucionales debe
mover a las cortes constitucionales a ser muy prudentes al momento de analizar la posibilidad
de crear derechos constitucionales por medio de la tesis de los derechos implícitos” (Ibíd., p.
517). El mismo autor termina advirtiendo, con toda razón, el alto y grave riesgo para
la institucionalidad sobre el hecho que los jueces constitucionales ejerzan su autoridad
sin límites ni fidelidad a la Constitución, pues ello la devaluaría ante una ciudadanía
que a imitación de aquéllos (y por cierto, de cualquier otra autoridad), podría entender
las normas con absoluta discrecionalidad o aún más, con total prescindencia o
trasgresión de ellas.

32º Que, por lo tanto, el dilema del voto de mayoría para rechazar el requerimiento
de autos, haciendo prevalecer alguno de los intereses o pretensiones contrapuestos o
en conflicto en la gestión judicial pendiente, no puede resolverse sobre la base de la
creación de una regla jurídica inexistente como sería un supuesto o implícito derecho
constitucional o fundamental a la huelga.

33º Que, finalmente, sólo queda por afirmar que, verificada la infracción
constitucional descrita, como consecuencia de la aplicación de los preceptos legales
cuestionados al caso concreto, estos disidentes estiman que el presente requerimiento
de inaplicabilidad debió ser acogido, por ser esta la forma de restaurar el respeto y
observancia del orden constitucional, permitiendo una correcta ponderación de la
conducta infraccional y su correspondiente sanción, ambos aspectos que no se
verifican en la especie. Siendo de este modo, basta con dar por establecida esta
infracción para plantear la procedencia de un pronunciamiento favorable respecto de
la presente acción constitucional, siendo inoficioso ahondar en las restantes
0000500
QUINIENTOS
39




infracciones alegadas por la parte requirente, por ser estas, consecuencias derivadas
de la infracción principal a que hemos hecho referencia en el presente voto disidente.



PREVENCIONES



Los Ministros señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL (Presidenta) y señores
CRISTIÁN LETELIER AGUILAR y MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ previenen
que concurren a la decisión adoptada por la sentencia, por lo expuesto en los
considerandos 47° y siguientes, en base a las siguientes consideraciones:

1°. Que, los preceptos legales reprochados están relacionados con la
prohibición del reemplazo de los trabajadores en huelga y que la infracción a dicha
prohibición constituye una práctica desleal por parte del empleador;

2°. Que, en el contexto de negociación colectiva -garantizado en el artículo 19
N°16, inciso quinto constitucional- es que el Primer Juzgado de Letras del Trabajo
(RIT S-71-2018, acumulada S-80-2018) condena a la empresa por incurrir en actos
constitutivos de prácticas antisindicales y desleales graves, al reemplazar a
trabajadores en huelga, correspondiendo a una sanción que debe soportar la empresa.

La sentencia condenatoria expresó que “En efecto, el hecho de que personal con
cargo de jefatura realice funciones propias de sus subordinados que se encontraban en huelga
(pabellón central y anatomía patológica), que en dos unidades se contraten funcionarios extras
a los que forman parte de los equipos de emergencia, bajo la modalidad a honorarios
(neonatología y banco de sangre) y que se externalicen tareas para continuar con la operación
de la unidad pertinente (anatomía patológica), son figuras claras de reemplazo de trabajadores”
(fs. 183-184);

3°. Que, doctrinariamente la huelga se ha descrito como “(…) fenómeno
colectivo conformado por un comportamiento concertado de defensa de intereses
colectivos, que se manifiesta en una abstención colectiva y lícita del trabajo, tras fines
de reivindicación de los trabajadores” (Macchiavello, Guido (1989) “Derecho
colectivo del trabajo”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, p. 214-215).

Otro sector de la doctrina lo ha definido como “toda omisión, reducción o
alteración colectiva del trabajo, con una finalidad de reclamo o protesta” (Ermida,
Oscar (1996) La flexibilización de la huelga, Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, p. 48);

4°. Que, la Carta Fundamental en su catálogo del artículo 19 no consagra la
huelga en forma expresa, sino que de una forma sui generis, expresa las actividades
a quienes les está impedido paralizar actividades (artículo 19 N°16 inciso sexto CPR).

Esta situación encuentra su origen en los antecedentes de la comisión Ortúzar,
así la intervención del Señor Evans fue la siguiente:
0000501
QUINIENTOS UNO
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“Cree que no es posible suprimir del texto constitucional el derecho de huelga, que está
consagrado en forma absolutamente tímida. En efecto, dice “todo ello en conformidad a la ley”.
Es decir, la ley podría, evidentemente, en casos de industrias tales o cuales —las que señaló el
Presidente—, restringir el derecho de huelga, e incluso, en casos de conflictos que afecten
gravemente a la seguridad nacional, de bienes de importancia estratégica, de bienes de
fundamental importancia para el desarrollo normal de la vida colectiva, limitarlo o restringirlo
de tal manera que, en el, hecho, implique una suspensión del mismo, a través del arbitraje
obligatorio. De modo que la forma tímida en que está consagrado en la Constitución le parece
que basta para que pueda cumplirse muchos objetivos de bien público, como los que señaló el
señor Ministro y después el señor Presidente, sin necesidad de aparecer en una posición, que
consideraría absolutamente regresiva, de suprimir el derecho de huelga del texto
constitucional.” (Sesión N°195, Actas Oficiales Comisión Constituyente, 30.03.1976, p.
403).

Por otro lado, el comisionado Jaime Guzmán expresó que “[…] podría
establecerse -pese a que reconoce que no está dentro de la tradición de lo que se entiende por
huelga— una fase de huelga dentro de la negociación colectiva, […]” (Sesión N°374, Actas
Oficiales Comisión Constituyente, 23.05.1978);

5°. Que, ahora bien, en virtud de la libertad sindical la huelga puede ser
ejercida por los trabajadores a quienes no se les prohíbe, según lo prescrito en la Carta
Política. Para cumplir con tal objetivo, cual es, mejorar las condiciones de los
trabajadores a la hora de negociar, es que el inciso segundo del artículo 345 del Código
del Trabajo -norma impugnada en estos autos constitucionales- prohíbe el reemplazo
de los trabajadores en huelga.

Esto no implica que todas las empresas cuyos trabajadores se encuentren
ejerciendo la huelga suspendan la totalidad de sus actividades, pues hay ciertas
limitaciones que, atendiendo las funciones, tareas, procesos o servicios de la empresa,
sin que se menoscabe el derecho a huelga de los trabajadores, seguirán siendo
atendidas durante el desarrollo de ella y constituye un límite al ejercicio de la huelga.

Dentro de los límites al ejercicio de la huelga, se encuentra la calificación de
servicios mínimos, definidos como “aquellas funciones, tareas, procesos o áreas de
gestión o servicio de una empresa que, sin menoscabar en su esencia el derecho a
huelga, conforme al tamaño y características de la empresa, establecimiento o faena,
deben ser atendidas durante el desarrollo de una huelga, cuando resultan
estrictamente necesarias para proteger los bienes corporales e instalaciones de la
empresa y prevenir accidentes; garantizar la prestación de servicios de utilidad
pública o la atención de necesidades básicas de la población, incluidas aquellas
relacionadas con la vida, la seguridad o la salud de las personas, y garantizar la
prevención de daños ambientales o sanitarios.” (Dictamen 5346/0092 de 28.10.2016).

Los equipos de emergencia serán integrados por trabajadores calificados
previo a la negociación colectiva. Será el empleador quien deberá proponer los
0000502
QUINIENTOS DOS
41




trabajadores que conformarán dichos equipos. Este será el personal indispensable
para que puedan llevarse a cabo los servicios mínimos de la empresa;

6°. Que, de la argumentación entregada por la parte requirente -en cuanto
incurre en la conducta sancionada para dar cumplimiento a sus deberes para con la
protección de la vida y salud de los pacientes- y que fue condenada por un tribunal
por prácticas antisindicales y desleales graves es que no se vislumbra cómo la
aplicación de los artículos 345 inciso segundo y cuarto en la frase que indica y 403
letra d) párrafo primero, ambos del Código del Trabajo, le ocasiona a la empresa
requirente infracción alguna a garantías constitucionales que amerite su
inaplicabilidad.

Además, cabe señalar que las argumentaciones que sostiene el requerimiento
no son suficientes para configurar un conflicto de constitucionalidad, existiendo en la
especie un conflicto de legalidad;

7°. Que, en relación a lo anteriormente expuesto, la decisión de la sentencia
radica en distintos criterios interpretativos acerca de la naturaleza de la huelga. Si
bien estos previnientes podrían compartir alguno de los aspectos, atendido las
características del caso concreto, cualquiera de ellas conduce, en este caso a la decisión
de rechazar el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.



El Ministro señor JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN previene que concurre a acoger
el requerimiento por las razones explicadas en el voto disidente, con excepción de las
vertidas en los considerandos 8º (segunda oración), 15º (segunda oración), y 25º a 32º.



El Ministro señor RODRIGO PICA FLORES previene que concurre a la presente
sentencia, pero sin compartir lo razonado en los considerandos 15° a 20° de la misma,
y teniendo además presente:

1°. En la medida que los derechos fundamentales son conceptualizables,
desde su dimensión formal, en su carácter jurídico y desde su fuente normativa
en la constitución, como aquellos derechos subjetivos reconocidos como tales
en una norma de carácter fundamental, recogidos como una categoría jurídica
en una norma de dicho carácter y con una posición de superioridad en el
sistema de fuentes (ver en este sentido, PRIETO SANCHÍS, Luis, Estudios
sobre derechos fundamentales. Madrid, Editorial Debate, 1990 pp. 15- 17),
resulta innecesario llegar a la categorización y enunciación de los derechos
implícitos para reconocer el derecho a huelga como uno de aquellos de carácter
fundamental en nuestro sistema jurídico.
2°. En efecto, la herramienta ordinaria de presión por parte los
trabajadores organizados en un proceso de negociación colectiva será la huelga
y es por ello que la propia Constitución de 1980 en su texto original se refiere
a ella en el marco de la protección constitucional del trabajo y a continuación
0000503
QUINIENTOS TRES
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de consagrar el derecho fundamental a la negociación colectiva, en el marco
del numeral 16° del catálogo de derechos y garantías, estableciendo a su vez
una limitación a la huelga en su propio texto y una reserva de ley específica
para determinar las exclusiones al mismo derecho a huelga. La primera nota
es que la huelga se reconoció, se limitó y se reguló en la Constitución, a
propósito del contenido del derecho a la negociación colectiva, lo que
presupone que es parte de ella.
3°. Por otra parte, se estableció una reserva de ley acerca de las exclusiones
del derecho a huelga, y siendo la reserva de ley una garantía normativa de
derechos fundamentales, el establecimiento de una reserva material, formal y
específica de ley en esta materia presupone que la garantía de regulación que
es la reserva de ley a un determinado objeto se referirá, pues la garantía es
instrumental y adjetiva respecto de un derecho subjetivo, no pudiendo en este
caso ser otro que el derecho a huelga, salvo que se entienda que el numeral 16°
de la Constitución no es una norma que se refiera a derechos fundamentales
ni tampoco a su garantía.
4°. La huelga, ya definida en la parte considerativa de la sentencia en
cuanto acción de interrupción de prestación de servicios es indudablemente
un acto de los trabajadores, y debe ser entendido entonces en clave de derecho
fundamental. De tal forma, siendo entonces un derecho subjetivo, existirá un
obligado correlativo, que será el empleador, y el deber jurídicamente
protegido como prestación de ese derecho subjetivo será una obligación de dos
dimensiones: una positiva que es soportar la huelga y otra negativa que es no
frustrarla, lo que incluye la prohibición de reemplazo de huelguistas. De no
ser así, no se vislumbra razón alguna para que la constitución de 1980 hubiera
necesitado excluir a algún grupo de trabajadores del derecho a huelga, ni
menos fijar un estándar al legislador para regular la exclusión, pues si la
huelga no fuera un derecho no habría necesitado el legislador una autorización
en la constitución para denegarla por excepción.
5°. De esa forma, la prohibición del reemplazo de trabajadores en huelga
no solo no es inconstitucional, sino que es parte esencial del derecho a la
negociación colectiva, ya que es la obligación correlativa al derecho subjetivo
de huelga, consistente en no frustrarla y en soportarla, siendo la huelga a su
vez parte integrante del contenido esencial del derecho a la negociación
colectiva, motivo por el cual su exclusión debe ser reglada especialmente en la
propia constitución, como por lo demás se hace.
6°. Que, a mayor abundamiento, la norma del artículo 5°, inciso segundo,
del texto vigente de la Constitución Política determina el indudable carácter
ius fundamental del derecho a huelga, no pudiendo el Estado Chileno ponerlo
en duda por medio de su propio derecho interno, lo cual vulneraría no solo los
principios de pacta sunt servanda y bona fide del derecho internacional
convencional, sino también el artículo 54 de la propia Constitución al dejar sin
efecto, por vía de privación o déficit de garantía en su derecho interno, las
0000504
QUINIENTOS CUATRO
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normas que consagran el derecho a huelga del Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales a que alude la sentencia.
7°. Que a la luz de lo razonado precedentemente no es relevante
determinar ni evaluar si la llamada Comisión Ortúzar tuvo la pretendida
intención de aludir a la huelga como un hecho o como un derecho. lo que
pudieren ser las convicciones íntimas o las intenciones de los participantes en
los diversos órganos, asesores o no, que fueron parte de la elaboración del texto
original de la Carta de 1980 aparecen evidentemente subordinadas al devenir
de la norma, al desarrollo de la ciencia y a la evolución de la sociedad a la que
rige y la del sistema político hasta la actualidad, no pudiendo conformar así
las actas de los órganos asesores de una junta militar una suerte de testamento
constitucional, ni menos una verdad indiscutida
8°. En efecto el Estado constitucional y democrático de nuestra época, con
todas las imperfecciones y déficits que tenga, es incompatible con la atribución
del carácter y la fuerza de historia fidedigna o canon interpretativo con
estándar de verdad a las actas de los órganos asesores de la Junta Militar, como
lo fue la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, sobre todo si se tiene
en cuenta que, con variadas, reiteradas y sustanciales reformas, hoy nos rige
un texto constitucional sustancialmente diferente, que ha sido sucesivamente
enmendado por órganos expresivos de la soberanía popular en períodos de
democracia y normalidad constitucional, lo cual no obsta a que, en el ejercicio
de autodeterminación, el titular de la soberanía pueda considerar insuficiente
lo obrado a través de las atribuciones constituyentes derivadas, lo cual es parte
del devenir actual del sistema político, en el marco de la discusión
constituyente que está ad portas del plebiscito sobre nueva constitución fijado
para fines de este año, tras ser pospuesto desde su fecha original en abril
pasado.
9°. Por otra parte, este voto no incursionará en la temática de la relación
entre los trabajadores y los sindicatos a propósito de la negociación colectiva y
de la huelga, al no ser parte de la litis trabada mediante la impugnación de los
preceptos legales cuestionados en el presente proceso.




Redactó la sentencia el Ministro señor GONZALO GARCÍA PINO; la disidencia el
Ministro señor JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ, y las prevenciones, los Ministros
señores CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN y RODRIGO PICA
FLORES, respectivamente.
0000505
QUINIENTOS CINCO
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Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 8116-20-INA.




SRA. BRAHM



Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su
Presidenta, Ministra señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, y por sus Ministros señores
IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, GONZALO GARCÍA PINO, JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN,
CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ, señora MARÍA PÍA
SILVA GALLINATO, y señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y RODRIGO PICA
FLORES.

Firma la señora Presidenta del Tribunal, y se certifica que los demás señora y
señores Ministros concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por no encontrarse en
dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las medidas dispuestas
ante la emergencia sanitaria existente en el País.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica
Barriga Meza.