INA-STC

Texto completo

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TREINTA Y OCHO




2020

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE CHILE
____________

Sentencia
Rol 8128-2020


[3 de abril de 2020]

____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL INCISO SEGUNDO
DEL ARTÍCULO 1° DE LA LEY Nº 18.216


CARLOS IGNACIO LINEROS LASTRA



EN EL PROCESO PENAL RUC N° 1900532255-6, RIT N° 82-2019, SEGUIDO ANTE
EL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE MELIPILLA.



VISTOS:

Con fecha 06 de enero de 2020, Carlos Ignacio Lineros Lastra, ha presentado un
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso
segundo del artículo 1° de la Ley Nº 18.216, en el proceso penal RUC N° 1900532255-
6, RIT N° 82-2019, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla.



Síntesis de la gestión pendiente

El requirente indica que se encuentra acusado por los delitos de conducción en estado
de ebriedad y porte ilegal de arma de fuego, establecido en el artículo 9°, en relación
con el artículo 2 letra b) de la Ley N° 17.798, encontrándose fijada audiencia de juicio
oral.

Conflicto constitucional sometido al conocimiento y resolución del Tribunal

La parte requirente enuncia que los preceptos reprochados contravienen el artículo 1°
de la Constitución Política. Al establecer que las personas nacen libres e iguales en




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TREINTA Y NUEVE




dignidad y derechos, se tiene que ningún ser humano es más que otro, dado que la
igualdad como valor constitucional se torna en una opción ético social básica que el
Estado debe propugnar y concretar, cuestión que no se materializaría al establecer la
pena privativa de libertad como única opción a aplicar por el juzgador oral.

Acto seguido, la aplicación de las normas contraviene el principio de igualdad ante la
ley, establecido en el artículo 19, numeral 2°, constitucional, concretizado en el valor
de la no discriminación. Se prohíbe la existencia de estatutos legales con derechos y
obligaciones diferentes atendiendo a consideraciones de carácter estrictamente
personal, que no descansen en la razonabilidad como estándar fundante, valores
todos que se enlazan con los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

En tercer lugar, desde el artículo 19, numeral 3°, inciso sexto, de la Constitución, el
actor expone que las normas reprochadas atentan contra el derecho de toda persona a
un procedimiento racional y justo, en cuanto éste debe basarse en penas
proporcionales con una adecuada correspondencia o adecuación que debe existir
entre la gravedad del hecho juzgado con la reacción penal del Estado. Conforme
enuncia, la proporcionalidad de las penas se relaciona con la igualdad en la aplicación
del derecho.

Finalmente, señala, que el precepto contenido en el artículo 1°, inciso segundo, de la
Ley N° 18.216, limita las facultades del juez de optar en fase de ejecución, por la pena
más idónea en consideración del caso concreto, de una forma no permitida por la
Carta Fundamental.

Por estas consideraciones, solicita sea acogida la acción deducida a fojas 1.



Admisión a trámite, admisibilidad y observaciones de fondo al requerimiento

El requerimiento se acogió a trámite por resolución de la Segunda Sala de este
Tribunal Constitucional, oportunidad procesal en que fue decretada la suspensión
parcial del procedimiento en la gestión pendiente en que incide, y asimismo, se
declaró su admisibilidad.

Conferidos los traslados sobre el fondo a los órganos constitucionales interesados, así
como a las partes de la gestión pendiente, no fueron evacuadas presentaciones.



Vista de la causa y acuerdo

Con fecha 10 de marzo de 2020 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación
pública y los alegatos certificados por el relator, quedando adoptado el acuerdo con
la misma fecha.




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CUARENTA




Y CONSIDERANDO:

PRIMER CAPÍTULO

CONSIDERACIONES GENERALES

PRIMERO. Que, conforme enuncia la parte requirente en su presentación de fojas
1, solicita a esta Magistratura declarar la inaplicabilidad del artículo 1°, inciso
segundo, de la Ley N° 18.216, por resultar contrario a la Constitución Política en la
gestión pendiente señalada en la parte expositiva;

SEGUNDO. Que, teniendo presente lo anterior, se debe resolver un conflicto
constitucional que presenta similares características a diversos pronunciamientos
previos en torno a requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, por lo
que no resulta necesario reiterar en su integridad las argumentaciones que sirvieron
para acoger la impugnación que la parte requirente efectúa al artículo 1°, inciso
segundo, de la Ley N° 18.216;

TERCERO. Que esta Magistratura en oportunidades anteriores ha sostenido un
criterio similar, puesto que no se ve afectado el efecto relativo de las sentencias que el
Tribunal Constitucional debe dictar con atención a las particularidades del caso
concreto, cuando a raíz de la reiteración de requerimientos de inaplicabilidad
semejantes y aún idénticos, en que el asunto controvertido, las pretensiones en
conflicto y los fundamentos alegados son básicamente los mismos. En dicha
circunstancia, como resulta obvio, las sentencias han de ser igualmente análogas
cumpliendo los parámetros esenciales del numeral 2° del artículo 19 de la
Constitución. Conforme ya se sostuvo en causa Rol N° 1068, cuando son numerosos
los casos similares que deben ser resueltos, motivos de racionalidad procesal y
oportunidad de decisión hacen aconsejable omitir la mera reiteración, en cada caso,
de extensos y complejos razonamientos que no serán sustancialmente distintos a los
anteriormente invocados, en circunstancias que, por la amplia publicidad de las
sentencias y la estabilidad de la jurisprudencia, es posible remitirse a ella sin que se
justifique reiterar toda la argumentación vertida en derecho, siendo aconsejable, más
bien, enunciar las argumentaciones generales que sostienen la línea jurisprudencial ya
desarrollada por esta Magistratura, tanto en sus votos de mayoría como disidentes,
conforme el caso de autos que debe ser resuelto en virtud de sus atribuciones
constitucionales. Es parte de la igual protección en el ejercicio de los derechos de todos
los justiciables, reconocida en el inciso primero del numeral 3° del artículo 19 de la
Constitución, esta estabilidad de la jurisprudencia previa;

SEGUNDO CAPÍTULO

IMPUGNACIÓN ARTÍCULO 1°, INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 18.216

CUARTO. ADVERTENCIA INICIAL. Todos los Ministros que están por acoger el
requerimiento en lo referido al artículo 1º, inciso segundo, de la Ley Nº 18.216, lo hacen
en virtud de las mismas infracciones constitucionales, pero entre ellos existen




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diferencias en cuanto a la orientación argumentativa utilizada. A continuación, se
expone de manera resumida uno de los dos tipos de razonamiento, para, luego,
desarrollar en extenso la otra fundamentación;

QUINTO. Que, una primera línea argumentativa, desarrollada, a vía ejemplar, en la
STC Rol Nº 3062, plantea como elemento de juicio inicial, que el derecho a punir o ius
puniendi, no constituye un derecho absoluto del Estado sobre la persona del imputado.
En tal sentido, y como consideración inicial, se sostiene que dicho derecho a punir
corresponde no sólo al Estado, sino a la sociedad para la defensa de la propia
existencia contra los hechos dañosos de los sujetos que cometen ilícitos. Se resalta que,
a partir del valor fundamental de la dignidad humana, el cual tiene reconocimiento
constitucional, se sustentan múltiples principios limitadores del ius puniendi que
pueden reconocerse en diversos preceptos de la Carta Fundamental, tales como los
artículos 19, Nºs 1º, 2º, 3º y 7º (letras g y h), entre otros. Se destaca que detrás del
fenómeno de la constitucionalización del derecho penal se encuentra la idea de que
las normas constitucionales deben interpretarse a partir de criterios sistemáticos y
teleológicos, no exclusivamente literales o gramaticales;

SEXTO. Que, en consideración a diversos principios constitucionales, entre ellos el
principio general de humanidad basado en el valor de la dignidad humana, y al hecho
de que la pena es, básicamente, privación o restricción de derechos personales o de
bienes protegidos por la norma jurídica, la acción punitiva del Estado no debe
propender a infligir el mal por sí mismo o el mero sufrimiento de aquel miembro de
la sociedad que infringió la ley. Por consiguiente, la opción de privar de libertad al ser
humano debe adoptarse sólo si es estrictamente necesario y respecto de las conductas
delictivas más graves que afecten bienes jurídicos de la más alta importancia. Lo
anterior permite entender por qué el legislador no puede prescindir, al establecer las
reglas de punición de delitos, de la finalidad de reinserción social de los condenados,
lo que implica el uso racional de la privación de libertad y la mejor protección de las
víctimas;

SÉPTIMO. Que, unido a lo anterior, la aplicación de las penas sustitutivas de aquellas
privativas de libertad no es sinónimo de impunidad. De hecho, éstas tienen el carácter
de pena y operan con una intensidad importante, como ocurre, por ejemplo, como la
reclusión parcial o la libertad vigilada intensiva. Las penas alternativas tienen el
carácter de penas en cuanto restringen, en mayor o menor medida, la libertad personal
y tienen por objetivo el control de las personas condenadas, su reinserción social y no
reincidencia. No se trata de un “beneficio” otorgado al condenado, sino de una
sanción, que a su vez se impone en forma sustitutiva a la pena privativa de la libertad,
pudiendo ser revocada en el evento de ser incumplida. La Ley N°20.603 reforzó el
carácter punitivo de las medidas establecidas en la Ley N°18.216, eliminando su
denominación de alternativas para denominarlas “penas sustitutivas a las penas
privativas o restrictivas de libertad”;




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CUARENTA Y DOS




OCTAVO. Que, de acuerdo a lo expuesto, la disposición que restringe la aplicación
de las penas sustitutivas de privación de libertad resulta desproporcionada e
inequitativa respecto de personas condenadas e incluso por delitos de mayor
gravedad; además es inidónea para cumplir los fines de reinserción social y protección
de la víctima que tiene la pena. En efecto, se recuerda que históricamente los sistemas
de prisión no han sido capaces de lograr la rehabilitación de las personas sujetas a
régimen carcelario. Las penas sustitutivas en cambio, constituyen medidas de mayor
equilibrio entre los derechos de los delincuentes, los derechos de las víctimas y el
interés de la sociedad en la seguridad pública;

NOVENO. Que, una segunda línea argumentativa sigue lo razonado por este
Tribunal Constitucional en las STC Roles N°s 2995, 3053, 3127, 3149, 3172, 3173, 3174,
3177, 3185, 3187 y 3198, refiriendo que la exclusión total del delito de los beneficios de
la Ley 18.216, vulnera el estándar de racionalidad y justicia garantizado en los
artículos 19, N°s 3° (inciso sexto) y 2° de la Constitución;

DÉCIMO. Que, una manifestación de dicho estándar es el principio de
proporcionalidad de las penas, en virtud del cual la severidad de éstas debe estar
relacionada con la gravedad del delito y/o de la conducta delictiva.

En las sentencias ya enunciadas, esta Magistratura ha estimado que cualquiera sea el
medio que el legislador utilice para incrementar la punición de una conducta delictiva,
éste no puede prescindir de la gravedad del delito expresado a través del quantum de
la pena. En efecto, lo que determina la gravedad de un ilícito no es la naturaleza del
delito. Dicho parámetro es una medida sólo intuitiva para apreciar qué tan grave es
éste. El criterio más objetivo para identificar el nivel de gravedad de un ilícito es el
quantum de la pena;

DECIMOPRIMERO. Que, en consecuencia y siguiendo dicha línea argumental, se
sostuvo que dicho parámetro tiene sustento en la Constitución, así como en el Código
Penal y en la misma Ley N°18.216. Ilustrativo de lo primero son aquellas disposiciones
constitucionales que establecen efectos negativos mayores (como ocurre con la
suspensión del derecho de sufragio o la pérdida de la ciudadanía) cuando la pena en
abstracto sobrepasa el umbral de “pena aflictiva”, es decir, condenas privativas de
libertad desde tres años y un día en adelante. El Código Penal también reconoce
expresamente que “(l)os delitos, atendida su gravedad, se dividen crímenes, simples delitos
y faltas (...)” (Artículo 3°, en relación con el 21), lo cual, en último término, se traduce
en un quantum o tiempo de duración de la pena en abstracto (artículo 56). Y, a mayor
abundamiento, la misma Ley N°18.216 distingue la procedencia de diferentes penas
sustitutivas recurriendo, como criterio ineludible, al quantum de la pena concreta
(reflejo, a su vez, de la pena abstracta ajustada – en términos simples – por el grado de
culpabilidad del responsable). No se trata de una proporcionalidad matemática (algo
inviable), pero sí de un escalonamiento de rangos en que es posible distinguir un
patrón general de proporcionalidad;




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CUARENTA Y TRES




DECIMOSEGUNDO. Que, así, del examen cuantitativo en virtud del cual se compara
el delito atribuido al requirente con el resto de los delitos excluidos del beneficio de
sustitución de penas privativas de libertad es posible advertir una sustancial
desproporción. En efecto, el quantum de su penalidad abstracta y concreta es muy
menor en consideración a los otros, lo que configura una situación de irracionalidad
y desproporción incompatible con la Constitución, lo que lleva a acoger la
impugnación formulada por la parte requirente al artículo 1°, inciso segundo, de la
Ley N° 18.216, en el contexto de su aplicación a la enunciada gestión pendiente.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero, N° 6°, y
decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la Constitución
Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional,



SE RESUELVE:

I. QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DE
INAPLICABILIDAD DEDUCIDO A FOJAS 1, POR LO QUE SE
DECLARA INAPLICABLE EL ARTÍCULO 1°, INCISO SEGUNDO,
DE LA LEY N° 18.216, EN EL PROCESO PENAL RUC N° 1900532255-
6, RIT N° 82-2019, SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE JUICIO
ORAL EN LO PENAL DE MELIPILLA. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DECRETADA EN AUTOS. OFÍCIESE.



DISIDENCIAS

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores GONZALO GARCÍA PINO Y
de la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, quienes estuvieron por
rechazar el requerimiento deducido, teniendo presente las siguientes
consideraciones:

1°. Que, en la forma en que ha sido sostenida por esta disidencia desde la STC Rol N°
2995-16, en relación con el impedimento de acceso a las penas sustitutivas,
sostendremos los siguientes criterios interpretativos. Primero, que las penas
substitutivas no operan automáticamente por el solo ejercicio de la ley. Segundo, la
política criminal la fija el legislador dentro de los límites constitucionales. Tercero, el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece límites para la política
criminal pero no crea derechos a penas sustitutivas. Cuarto, no existe en nuestro
ordenamiento un derecho subjetivo de los condenados en un proceso penal a la
aplicación de una pena sustitutiva. Quinto, no se puede impugnar la aplicación




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CUARENTA Y CUATRO




efectiva de las penas sin cuestionar la estructura punitiva de todo el sistema penal y
sexto, no hay un juicio de igualdad o un trato discriminatorio propiamente tal;

2°. Que, las penas substitutivas no operan automáticamente por el solo ejercicio de
la ley. Del examen del artículo primero de la ley en todos sus incisos, al margen del
impugnado, manifiesta plenamente la idea de que se trata de una institución que no
opera automáticamente por lo que define el legislador. Por el contrario, la imposición
de una pena sustitutiva está sujeta al cumplimiento de variados requisitos (como
condenas previas, existencia de dos o más penas en la sentencia o remisiones a
requisitos de otras leyes). En síntesis, se salvaguarda esta determinación como una
facultad (“podrá sustituirse por el tribunal”) del juez;

3°. Que, la política criminal la fija el legislador dentro de los límites de la
Constitución, no sólo por cuestiones formales, ya que está atribuida directamente por
la Constitución al primero, como una de las materias de ley, tanto en la determinación
de las reglas penales como procesales penales (artículo 63, numeral 3° de la
Constitución), sino que también por cuestiones sustantivas, ya que la intervención del
legislador es el mecanismo de garantía normativa que permitió salir de la
discrecionalidad administrativa en la configuración del injusto punitivo en una
sociedad;

4°. Que, en esa línea, el legislador tiene libertad para proteger los bienes jurídicos que
estime convenientes, teniendo alguno de estos bienes reconocimiento constitucional y
otros de libre determinación normativa. Así, por ejemplo, puede lograr dichas
garantías jurídicas de protección estableciendo “penas principales, penas accesorias,
penas penales junto a sanciones administrativas o consecuencias no penales derivadas
o anudadas a una pena penal” (STC Rol N° 2402, c. 23°);

5°. Que, en consecuencia, tal como lo ha indicado esta magistratura, el legislador tiene
primacía en la creación de política criminal, sujeto a algunos límites constitucionales,
como el respeto a la dignidad humana (art. 1°) y a los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución y los Tratados Internacionales (art. 5°);

6°. Que, corolario de lo anterior, resulta evidente que la determinación de los delitos
debe traer como consecuencia la imposición de penas penales. Ello está expresamente
autorizado por la Constitución (artículo 19, numeral 3°, incisos 8° y 9°). Pues, aunque
sea obvio decirlo, la privación de la libertad personal está predeterminada por una
serie de supuestos normativos que define el literal b) del numeral 7° del artículo 19 de
la Constitución. No es novedad que la Ley de Armas imponga penas privativas de
libertad. Se ha hecho siempre;

7°. Que al revisar todos los límites constitucionales de la discrecionalidad del
legislador en el establecimiento de los delitos y de las penas, reflejamos todas las
normas constitucionales que se refieren a la materia. Ninguna de ellas hace mención
directa o indirecta a las penas sustitutivas;




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CUARENTA Y CINCO




8°. Que, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece límites para
la política criminal pero no crea derechos a penas sustitutivas. A nadie escapa la idea
de que la privación de libertad constituye una de las medidas más gravosas que puede
sufrir una persona. No solo por la privación de libertad misma sino que por la
estigmatización que viene añadida a las penas penales y que, habitualmente, no está
presente en las sanciones administrativas. Por lo mismo, los tratados internacionales
establecen criterios objetivos, obligaciones estatales y finalidades de sentido a la pena
de privación de libertad;

9°. Que en esa perspectiva el artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos establece que “[t]oda persona privada de libertad será tratada
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, y del
mismo modo, el número 3 del mismo artículo prescribe que “[e]l régimen
penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la
readaptación social de los penados.” Por otro lado, el artículo 5.6 de la Convención
Americana de Derechos Humanos establece que “[l]as penas privativas de la libertad
tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los
condenados.”;

10°. Que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no
se han referido a la prohibición de penas alternativas. La jurisprudencia relativa a la
aplicación del principio de proporcionalidad está referida a la prisión preventiva
(Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, Sentencia C-206, párrafo 122) en relación con el
caso de una persona que fue condenada a una pena inferior a la que estuvo privada
de libertad preventivamente. Allí se estructuran a lo menos cinco reglas por parte de
la Corte, la que acogió parcialmente la condena, las que no son extrapolables en su
totalidad a este caso;

11°. Que esta preocupación por la privación de libertad ha implicado que la
comunidad internacional ponga el acento en las alternativas al cumplimiento de las
penas sobre la base de criterios sustitutivos de la misma;

12°. Que, no existe un derecho constitucional de los condenados en un proceso penal
a la aplicación de una pena sustitutiva. El recurso al auxilio de la norma internacional
de derechos humanos nos advierte que tales consideraciones punitivas deben servir a
un propósito de “readaptación social” o “reforma” (artículos 10.3 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.6 de la Convención Americana de
Derechos Humanos). Estas finalidades, en el marco del principio interpretativo pro –
reo, admiten un conjunto de obligaciones estatales pero no pueden fundar un derecho
individual y fundamental a alterar la condena mediante un régimen más benigno de
penas sustitutivas;

13°. Que, no se puede impugnar la aplicación efectiva de las penas sin cuestionar la
estructura punitiva de todo el sistema penal. El suprimir las penas sustitutivas para
determinados delitos es constitucional, puesto que se imponen las penas efectivas




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integralmente consideradas en el marco penal. Con ello abre un enjuiciamiento
general de las penas sobre la base de la realidad y no de la potencialidad del marco
penal. El mandato del legislador es establecer “siempre las garantías” de un
procedimiento y una investigación racional y justo. La interdicción de penas
sustitutivas, en línea de principio, tiene racionalidad. Primero, porque es una facultad
del legislador reestimar el cumplimiento efectivo de una pena. Si la legislación penal
obedece a valoraciones de la sociedad, poner el acento en el cumplimiento efectivo es
un deber del legislador. En segundo lugar, es racional porque si los delitos tienen
determinadas penas, las medidas dirigidas a su aplicación real lo que hacen es centrar
el debate en la pena y no en su modalidad de ejecución. Del mismo modo, suprimir
estas modalidades de ejecución satisface el principio de legalidad de las penas, pues
sólo limita la discrecionalidad del juez y obliga aplicar la pena determinada por la ley;

14°. Que, finalmente, no hay un juicio de igualdad o un trato discriminatorio
propiamente tal. Suprimir las penas sustitutivas en algunos delitos no es
discriminatorio. Son los requirentes quienes deben demostrar la diferenciación, y
explicar el baremo con el que se compara, y en este caso, la parte requirente no ha
planteado un test de igualdad propiamente tal, que permita ponderar situaciones
comparables. En segundo lugar, la parte requirente no se hace cargo de que es la
Constitución la que prohíbe expresamente la posesión de armas, y en tal sentido, los
delitos que sancionan conductas contrarias al control de armas no están en la misma
situación que delitos que protegen otros bienes jurídicos. El legislador puede
establecer un tratamiento distinto, justamente fundado en que la Constitución lo
mandata al control y supervigilancia de las armas, lo que admite sanciones de diversa
naturaleza, incluyendo la exclusión de penas sustitutivas. Se trata de finalidades
constitucionalmente legítimas para la adopción de este tipo de medidas.

PREVENCION

Se previene que el Ministro señor RODRIGO PICA FLORES, concurre con el voto de
mayoría que está por acoger el requerimiento de inaplicabilidad relativa a la
impugnación del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, compartiendo los
argumentos señalados en los considerandos 5°, 7°, 10° y 11°, y teniendo presente,
además:

Acerca de la proporcionalidad de la pena

1. La proporcionalidad de la pena, entendida como “una relación de equilibrio entre
la sanción impuesta y la conducta imputada” (Sentencia Rol N° 1518, cons. 28) se
extiende como garantía a todo el orden punitivo estatal, viniendo a materializar el
derecho constitucional de igualdad ante la ley (en este sentido sentencias Roles N°s
2658 cons. 7, 2884 cons. 22 y 2922 cons.35). En efecto, la pena es el trato que el
legislador ha determinado dar a ciertas conductas del ser humano, por
considerarlas disvalorables.




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CUARENTA Y SIETE




2. Que, sin perjuicio de la reserva de ley sobre penas, que debe ser entendida en el
sentido de que la política criminal la fija el legislador, como lo ha señalado la
doctrina autorizada recogida por la jurisprudencia de este Tribunal, “la
proporcionalidad de la pena constituye una materialización de la garantía de igual
protección de la ley en el ejercicio de los derechos”... “ la pena, concebida como
retribución jurídica (al responsable de un delito se asigna un castigo), se sujeta a
principios jurídicos universales, como son los de intervención mínima, interdicción
de la arbitrariedad y aplicación del principio de proporcionalidad, en virtud del
cual y como sostiene un reputado autor, “la sanción debe ser proporcional a la
gravedad del hecho, a las circunstancias individuales de la persona que lo realizó
y a los objetivos político criminales perseguidos. La pena será proporcional a las
condiciones que la hacen “necesaria”; en ningún caso puede exceder esa
necesidad” (Mario Garrido Montt, Derecho Penal, Tomo I, p. 49).” (Sentencia Rol
N° 2045, cons. 8°).

3. Que, por otra parte, siendo la inaplicabilidad un control de tipo concreto, las
circunstancias y elementos del caso específico, así como su estado procesal, cobran
especial relevancia.

4. Este voto no sustentará el derecho subjetivo a la pena alternativa, más si hace
énfasis en que la proporcionalidad de la sanción es un tema de igualdad ante la ley,
más si tras la entrada en vigencia de la Ley N° 20.603 el sistema de penas
alternativas pasó a ser la prima ratio del orden penal y el presidio efectivo pasó a
ser una verdadera ultima ratio, lo cual reconoce como excepciones los delitos y
requisitos establecidos en el texto actualmente vigente de la Ley N° 18.216.

5. Ello también fortaleció la función resocializadora de la pena, propia de un Estado
de derecho que reconoce al ser humano como un fin en sí mismo, con la garantía
de su dignidad intrínseca como valor fundamental, motivo por el cual la pena no
puede transformar a la persona en un objeto de sacrificio.

6. Es por lo expuesto, que si los delitos y los requisitos establecidos en normas
especiales de la Ley N° 18.216 son la excepción a ese carácter de prima ratio del
sistema de pena alternativa y a la ultima ratio del presido efectivo, su examen de
constitucionalidad se hace a la luz de la razonabilidad y justificación de los mismos,
un examen que al referirse a la política criminal ha de estar marcado por la
deferencia razonada al legislador y por el reconocimiento del amplio campo de
decisión regulatoria del legislador en materia de la reserva de ley de penas,
enmarcado en lo que se razona en el considerando 2° del presente voto.



Redactaron la sentencia las señoras y los señores Ministros que la suscriben.




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Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 8128-20-INA.




SRA. BRAHM




Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidenta,
Ministra señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, y por sus ministros señores IVÁN
ARÓSTICA MALDONADO, GONZALO GARCÍA PINO, JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN,
CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, NELSON POZO SILVA, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ,
señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
y RODRIGO PICA FLORES.

Firma la señora Presidenta del Tribunal, y se certifica que los demás señora y
señores Ministros concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por no encontrarse en
dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las medidas dispuestas
ante la emergencia sanitaria existente en el país.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica
Barriga Meza.




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Notificaciones TC (OFS)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>
Enviado el: viernes, 3 de abril de 2020 12:30
Para: zl.notificaciones@gmail.com
Asunto: Comunica Sentencia y alza de suspensión -Rol 8128-20
Datos adjuntos: 27813_1.pdf




Señor Daniel Cisterna Pozo, por el requirente:
Adjunto y remito a usted sentencia dictada por esta Magistratura en el
proceso Rol N° 8128-20-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad presentado por Carlos Ignacio Lineros Lastra
respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley Nº 18.216, en el
proceso penal RUC N° 1900532255-6, RIT N° 82-2019, seguido ante el
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla.

Para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,

Secretaria Abogado

secretaria@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huérfanos 1234, Santiago - Chile




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CINCUENTA


Notificaciones TC (OFS)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>
Enviado el: viernes, 3 de abril de 2020 12:31
Para: notifica_fn@minpublico.cl; yyevenes@minpublico.cl; pcampos@minpublico.cl;
hferrera@minpublico.cl; palarcon@minpublico.cl
CC: notificaciones@tcchile.cl; notificaciones.tc@gmail.com
Asunto: Comunica Sentencia y alza de suspensión Rol 8128-20
Datos adjuntos: 27814_1.pdf



Señor
Jorge Abbott Charme
Fiscal Nacional del Ministerio Público
Junto con saludarle, vengo en remitir a usted sentencia dictada por esta
Magistratura en el proceso ROL N° 8128-20INA, sobre requerimiento
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Carlos
Ignacio Lineros Lastra respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la
Ley Nº 18.216, en el proceso penal RUC N° 1900532255-6, RIT N° 82-
2019, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla.

Atentamente,

Secretaria Abogado

secretaria@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huérfanos 1234, Santiago - Chile




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CINCUENTA Y UNO


Notificaciones TC (OFS)

De: Notificaciones TC (OFS) <notificaciones@tcchile.cl>
Enviado el: viernes, 3 de abril de 2020 12:43
Para: 'ofuentes@tcchile.cl'; 'pgotschlich@pjud.cl'; 'jfredes@pjud.cl'; 'topmelipilla@pjud.cl'
CC: 'María Angélica Barriga Meza'; 'msanchez@tcchile.cl'; 'Gilda Vera'; 'nmoran@tcchile.cl'
Asunto: Comunica sentencia y Alzamiento de suspensión.
Datos adjuntos: Sentencia..pdf


Señora
Pamela Gotschlich
Administradora

Señor
José Luis Fredes Poblete
Jefe de Unidad de Causas
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla

Comunico y remito adjunto sentencia dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 8128-20 INA, sobre
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Carlos Ignacio Lineros Lastra respecto del
artículo 1°, inciso segundo, de la Ley Nº 18.216, en el proceso penal RUC N° 1900532255-6, RIT N° 82-2019, seguido ante
el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,
Oscar Fuentes Salazar
Oficial Segundo
Tribunal Constitucional
Fono: (56-2) 272 19 223
Huérfanos N° 1234, Santiago –
Chile




1
0000052
CINCUENTA Y DOS


Notificaciones TC (OFS)

De: tribunalconstitucional.cl <notificacionespresidencia@tcchile.cl>
Enviado el: viernes, 3 de abril de 2020 12:33
Para: notificacionestc@minsegpres.gob.cl
CC: notificacionespresidencia@tcchile.cl
Asunto: Comunica Sentencia -Rol 8128-20
Datos adjuntos: 27815_1.pdf



Señor
Felipe Andrés Ward Edwards
Ministro Secretario General de la Presidencia
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Junto con saludarle, vengo en remitir a usted sentencia dictada por esta
Magistratura en el proceso ROL N° 8128-20-INA, sobre requerimiento
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Carlos
Ignacio Lineros Lastra respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la
Ley Nº 18.216, en el proceso penal RUC N° 1900532255-6, RIT N° 82-
2019, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla.

Atentamente,

Secretaria Abogado

secretaria@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huérfanos 1234, Santiago - Chile




1
0000053
CINCUENTA Y TRES


Notificaciones TC (OFS)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>
Enviado el: viernes, 3 de abril de 2020 12:35
Para: secretaria@senado.cl; constsen@senado.cl
CC: notificaciones@tcchile.cl; notificaciones.tc@gmail.com
Asunto: Comunica Sentencia -Rol 8128-20
Datos adjuntos: 27817_1.pdf



Señor
Raúl Guzmán Uribe
Secretario General
Senado de la República
Junto con saludarle, vengo en remitir a usted sentencia dictada por esta
Magistratura en el proceso ROL N° 8128-20-INA, sobre requerimiento
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Carlos
Ignacio Lineros Lastra respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la
Ley Nº 18.216, en el proceso penal RUC N° 1900532255-6, RIT N° 82-
2019, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla.

Atentamente,

Secretaria Abogado

secretaria@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huérfanos 1234, Santiago - Chile




1
0000054
CINCUENTA Y CUATRO


Notificaciones TC (OFS)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>
Enviado el: viernes, 3 de abril de 2020 12:36
Para: tc_camara@congreso.cl; mlanderos@congreso.cl; jsmok@congreso.cl;
mramos@congreso.cl
CC: notificaciones@tcchile.cl; notificaciones.tc@gmail.com
Asunto: Comunica Sentencia -Rol 8128-20
Datos adjuntos: 27820_1.pdf



Señor
Miguel Landeros Perkic
Secretario
Cámara de Diputadas y Diputados
Junto con saludarle, vengo en remitir a usted sentencia dictada por esta
Magistratura en el proceso ROL N° 8128-20-INA, sobre requerimiento
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Carlos
Ignacio Lineros Lastra respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la
Ley Nº 18.216, en el proceso penal RUC N° 1900532255-6, RIT N° 82-
2019, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla.

Atentamente,

Secretaria Abogado

secretaria@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huérfanos 1234, Santiago - Chile




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