INA-Inadmisibilidad

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NOVENTA Y CINCO




Santiago, siete de mayo de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1º. Que, con fecha 24 de abril de 2020, Pedro Daniel Poffald Ojeda deduce
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso
segundo del artículo 1° de la Ley Nº 18.216, en el proceso penal RUC N° 1700979344-
5, RIT N° 158-2019, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno, en
actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valdivia, por recurso de nulidad
con apelación en subsidio, bajo el Rol Nº 242-2020.

2°. Que la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que se diera
cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de esta Magistratura.

3°. Que esta Magistratura Constitucional, en oportunidades anteriores y
atendido el mérito de cada caso particular, ha determinado que un requerimiento de
inaplicabilidad puede adolecer de vicios o defectos tales que hagan imposible que
pueda prosperar, siendo, así, impertinente que la Sala efectúe un examen previo de
admisión a trámite y procediendo que la misma declare derechamente la
inadmisibilidad de la acción deducida (entre otras, sentencias roles N°s 1924, 1890,
1878, 1860, 1789, 1834, 1828, 1788, 1771, 1749, 2811 y 2878).

4°. Que, del examen del requerimiento interpuesto, esta Sala ha logrado
formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede
prosperar, por lo que ella será declarada derechamente inadmisible, al concurrir en la
especie la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto es, adolecer de falta de
fundamento plausible;



I. Del requerimiento presentado
5°. Que, el actor impugna la preceptiva contenida en el artículo 1°, inciso
segundo, de la Ley N° 18.216, en razón de la prohibición que establece dicha norma
de otorgar eventuales penas sustitutivas a las penas privativas de libertad, entre
otros, a los autores del delito consumado de violación contenido en el artículo 361 del
Código Penal.

En el caso concreto, precisamente, el requirente se encuentra condenado
como autor del delito de violación impropia, ilícito dispuesto en dicho artículo 362 del
Código Penal, a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo,
encontrándose pendientes de resolución recursos de nulidad y apelación interpuesto
en contra de la sentencia definitiva condenatoria por el mismo requirente.

El actor sostiene el efecto inconstitucional de la aplicación del artículo 1°,
inciso segundo, de la Ley N° 18.216, en el carácter discriminatorio que involucra la
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prohibición de concesión de penas sustitutivas para el delito por el cual fue
condenado, dada la existencia de delitos asimilables o más graves para los cuales sí
existe tal posibilidad;



II. De la inadmisibilidad de la impugnación
6°. Que, desde que fuera ingresada la causa Rol N° 2959, en enero de 2016,
esta Magistratura ha conocido en diversas oportunidades impugnaciones vía
inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma de la Ley N° 18.216 previamente
enunciada, en relación con delitos establecidos en la Ley N° 17.798, de Control de
Armas. En las oportunidades en que los libelos han sido acogidos, por mayoría de
votos, se ha establecido que la improcedencia a todo evento de otorgar por el juez
de la instancia penal, penas sustitutivas a la privación efectiva de libertad, implica
contravención a lo dispuesto en el artículo 19, numerales 2° y 3°, inciso sexto. Se ha
tenido presente para ello, en más de un centenar de sentencias, que el estándar de
racionalidad y justicia garantizado en la preceptiva constitucional se manifiesta en el
principio de proporcionalidad de las penas, en virtud del cual la severidad de éstas
debe estar relacionada con la gravedad del delito y/o de la conducta delictiva.

7°. Que, así, este Tribunal Constitucional ha establecido que “cualquiera sea
el medio que el legislador utilice para incrementar la punición de una conducta
delictiva, éste no puede prescindir de la gravedad del delito expresado a través del
quantum de la pena. En efecto, lo que determina la gravedad de un ilícito no es la
naturaleza del delito. Dicho parámetro es una medida sólo intuitiva para apreciar qué
tan grave es éste. El criterio más objetivo para identificar el nivel de gravedad de un
ilícito es el quantum de la pena” (STC Rol N° 2959), cuestión que, verificada la
sistemática global en que son penalizadas las conductas típicas que prevé la Ley N°
17.798, de Control de Armas, se tiene que no se avienen –conforme la penalización
en concreto de las conductas incriminadas- la mayoría de los hechos típicos que dicho
cuerpo legal consagra con la punición asociada, lo que genera la respectiva
declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que ha dispuesto esta
Magistratura.

8°. Que, del texto de la Ley N° 18.216, y las modificaciones legales que se le
han introducido, se constata que, en su artículo 1°, se excepcionó del otorgamiento
de penas sustitutivas, además de los casos que indica de ilícitos de la Ley de Control
de Armas, a los autores de los delitos consumados de violación previstos en los
artículos 361 y 362 del Código Penal, así como de otros delitos de alta gravedad,
como los de secuestro, sustracción de menores, violación con homicidio, y homicidio.

9°. Que, el cuerpo de delitos introducidos por el legislador a través de la
anotada normativa tiene una característica basal: se trata de tipos penales que,
conforme lo dispone el artículo 3° del Código Penal, se consideran crímenes, en que
su rango punitivo, en todos los casos, comienza en los cinco años y un día de presidio
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mayor en su grado mínimo de privación de libertad, llegando en ciertos casos a la
máxima sanción que prevé nuestro ordenamiento jurídico, esto es, el presidio
perpetuo calificado. La penalidad asociada a este grupo de delitos descansa no sólo
en consideraciones relativas al bien jurídico protegido (vida, libertad ambulatoria,
autonomía e indemnidad sexual), sino también a la especial lesividad de dichas
conductas, cuestión que fue tenida en consideración por el legislador para exceptuar
así el eventual otorgamiento de penas sustitutivas.

10°. Que, como puede apreciarse, el caso presentado ante esta Magistratura
en estos autos, se torna como parte de un entramado ajeno a las impugnaciones
verificadas en contexto de tipos penales previstos en la Ley de Control de Armas,
eventos en que ha sido acogida la acción de inaplicabilidad deducida, en los términos
ya expuestos, con un supuesto que no es atendible a crímenes que constan en el
catálogo punitivo en que se logra apreciar una vinculación entre la dañosidad del
delito en sí con la sanción que a su respecto ha previsto el legislador, al menos en
abstracto, entre lo que debe encontrarse como parte integrante, su especial forma
de cumplimiento.

11°. Que, por lo expuesto, el requerimiento de autos adolece del debido
fundamento plausible para sortear el requisito negativo previsto en el artículo 84,
numeral 6° de la Ley orgánica Constitucional de esta Magistratura. La
argumentación desplegada en el libelo de fojas 1 no se aparta de los razonamientos
vertidos en casos presentados con infracciones a delitos de menor lesividad, en que
esta Magistratura ha optado, en muchos casos, por acoger las impugnaciones.

12°. Que, por ello, se aprecia por esta Sala que la acción deducida no supera
el estándar que el legislador orgánico constitucional ha establecido en el artículo 84,
numeral 6° de la Ley N° 17.997, por lo que no puede prosperar y así será declarado.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso
primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los artículos 84, N°
6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura,



SE RESUELVE:

Que se declara derechamente inadmisible el requerimiento interpuesto en
lo principal de fojas 1. A los otrosíes, estése a lo resuelto.



Notifíquese. Archívese.
Rol N° 8652-20-INA.
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Sra. Brahm

Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional,
integrada por su Presidenta, Ministra señora María Luisa Brahm Barril, y por sus
Ministros señores Gonzalo García Pino, Cristián Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva y
Miguel Ángel Fernández González.

Firma la señora Presidenta de la Sala, y se certifica que los demás señores
Ministros concurrieron al acuerdo de la presente resolución, pero no firman por no
encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las
medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el País.

Autoriza el Secretario (s) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián López
Magnasco.


lrd
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Notificaciones TC (GVZ)

De: tribunalconstitucional.cl <seguimiento@tcchile.cl>
Enviado el: jueves, 7 de mayo de 2020 17:58
Para: crsepulveda16@gmail.com; cfierro@dpp.cl; ucorte@dpp.cl
Asunto: Comunica Resolución Rol 8652-20
Datos adjuntos: 30130_1.pdf



Señores abogados Cristián Sepúlveda y Claudio Fierro, por el
requirente:
Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en
el proceso Rol N° 8652-20, sobre requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad presentado por Pedro Daniel Poffald Ojeda
respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley Nº 18.216, en el
proceso penal RUC N° 1700979344-5, RIT N° 158-2019, seguido ante
el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno, en actual
conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valdivia, por recurso de
nulidad con apelación en subsidio, bajo el Rol Nº 242-2020.
Atentamente,

Secretario Abogado Subrogante
Sebastián López Magnasco

secretaria@tcchile.cl
Tribunal Constitucional
Huérfanos 1234, Santiago - Chile




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