INA-STC

Texto completo

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CIENTO DIEZ




2020

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________
Sentencia

Rol 9172-2020

[18 de diciembre de 2020]
____________

REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LA EXPRESIÓN “EN
FORMA ABSOLUTA”, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 9°, INCISO
SEGUNDO, DE LA LEY N° 21.226, QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN
JURÍDICO DE EXCEPCIÓN PARA LOS PROCESOS JUDICIALES, EN
LAS AUDIENCIAS Y ACTUACIONES JUDICIALES, Y PARA LOS
PLAZOS Y EJERCICIO DE LAS ACCIONES QUE INDICA, POR EL
IMPACTO DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN CHILE



CAMILO ALEJANDRO JARAMILLO SEPÚLVEDA
EN EL PROCESO PENAL RUC N° 1900186597-0, RIT N° 29-2020, SEGUIDO
ANTE EL SÉPTIMO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE
SANTIAGO.


VISTOS:

Con fecha 24 de agosto de 2020, Camilo Alejandro Jaramillo Sepúlveda, ha
presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de
la expresión “en forma absoluta”, contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley
N° 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales,
en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones
que indica, por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile, en el proceso penal
RUC N° 1900186597-0, RIT N° 29-2020, seguido ante el Séptimo Tribunal de Juicio
Oral en lo Penal de Santiago.




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CIENTO ONCE




Precepto legal cuya aplicación se impugna, en la parte destacada:



“Ley N° 21.226

(…)

Artículo 9°.- En los procedimientos judiciales en trámite ante las Cortes de
Apelaciones o ante la Corte Suprema, durante la vigencia del estado de excepción constitucional
de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 18 de marzo de
2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado,
podrá solicitarse por alguna de las partes o intervinientes, la suspensión de la vista de la causa
o de la audiencia, alegando cualquier impedimento generado por la calamidad pública o por la
emergencia sanitaria, ocasionadas por la enfermedad COVID-19.

En las causas de los procedimientos contemplados en el Código Procesal Penal y en
el Código de Procedimiento Penal, en que hubiere persona privada de libertad, solo se podrá
alegar la causal del inciso primero cuando el impedimento obstaculice en forma absoluta que
alguna de las partes o intervinientes pueda ejercer las facultades que la ley le otorga.

(…)”.



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

El requirente refiere que enfrenta acusación por los delitos de porte ilegal de
arma de fuego prohibida, previsto en el artículo 14 en relación con el artículo 3 Ley
17.798; disparos injustificados en la vía pública, previsto y sancionado en el artículo
14 D de la Ley 17.798; amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, descrito y
sancionado en el artículo 296 N° 3 del Código Penal, en relación al artículo 5 de la Ley
20.066; maltrato de obras a Carabineros, previsto y sancionado en el artículo 416 bis
N° 4, del Código de Justicia Militar; amenazas a Carabineros, previsto y sancionado
en el artículo 417, del Código de Justicia Militar, en relación al artículo 296 N°3 del
Código Penal, fijándose audiencia de juicio oral por el Séptimo Tribunal de Juicio Oral
en lo Penal de Santiago.

Indica que el precepto legal, en su parte impugnada, genera contravenciones
al art. 19 N° 2 y 3 de la Constitución, al obligarle a enfrentar audiencia de juicio oral
por vía remota, en la que no podrá ejercer en plenitud el derecho a defensa.

Argumenta, en consecuencia, diversas vulneraciones a la Constitución:

Refiere, en primer término, que el precepto legal impugnado infringe el artículo
19 Nº 3, inciso sexto. Señala que las dificultades prácticas que implica la realización de
un juicio oral penal no presencial alteran la calidad de la información de la prueba que
se pretende incorporar a juicio, en la medida que se excluye la inmediación propia de
un juicio oral, a consecuencia de que la norma impugnada obliga a hacerlo, el acusado




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CIENTO DOCE




se ve expuesto necesariamente a un juicio de menor calidad, vulnerando el proceso
previo legalmente tramitado y con ello el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la
Constitución.

Añade que se vulnera el artículo 19 Nº 3, inciso segundo, de la Constitución
Política. Expone que para asegurar el respeto a las garantías de la persona imputada
que se enfrenta al proceso penal, debe existir una comunicación permanente entre el
representado y su letrado, particularmente en la audiencia de juicio oral. La
disposición cuestionada posiciona al acusado en una situación de indefensión, sin la
debida compañía y asesoramiento de aquel que es imprescindible para poner al
acusado en posición de poder hacer valer sus planteamientos efectivamente.

Indica que la norma sólo permite suspender audiencias de juicios orales en
casos de limitantes que cercenen el derecho a defensa de forma radical, elevando el
estándar para pedir suspensión hasta el punto de que derechamente se deba enfrentar
una imposibilidad física para su ejercicio.

Por ello, señala que pueden existir limitaciones, pero al no ser de corte
absoluto, no se consideran irrelevantes, obligándose así a los requirentes a enfrentar
un juicio con limitaciones, no en plenitud de derechos. Con ello no es posible brindar
una debida asesoría, implicando cada limitación una perturbación y restricción al real
ejercicio de la defensa material. Atendido los ritmos y velocidades que tienen los
Juicios Orales, se genera la imposibilidad de intervenir adecuadamente, porque hay
elementos de hecho cuya controversia pudiese provenir del imputado, para luego ser
plasmadas por la defensa en el contraexamen de testigos, de manera silenciosa y sin
advertencia a estos, para no coartar la sorpresa de la respuesta inesperada del
deponente que acredita la teoría del caso de la Defensa.

A lo anterior agrega transgresión al artículo 19 Nº 2 de la Constitución. Señala
que, de todas las vulneraciones al derecho a defensa y debido proceso identificadas
precedentemente, enfrenta un enjuiciamiento en desventaja respecto de cualquier otro
acusado que tenga la oportunidad de realizar su juicio de forma presencial,
estableciéndose una diferencia arbitraria que no obedece a ningún tipo de parámetro
objetivo para efectos de establecerla.

Por lo expuesto solicita que sea declarada la inaplicabilidad de la disposición
cuestionada, en la parte ya indicada.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Segunda Sala, con fecha 25 de
agosto de 2020, a fojas 41, disponiéndose la suspensión del procedimiento. En
resolución de 16 de septiembre de 2020, a fojas 71, se declaró admisible, confiriéndose
traslados de fondo.




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CIENTO TRECE




A fojas 80, con fecha 17 de septiembre de 2020, evacúa traslado el Ministerio
Público, solicitando el rechazo del requerimiento

Sostiene que las críticas que se contienen en el requerimiento apuntan a
supuestas deficiencias derivadas de la realización del juicio oral por vía remota,
tratándose de una objeción anticipada, general y teórica, dirigida contra la realización
de un juicio oral por medios telemáticos. Indica que la regla del artículo 9°, inciso
segundo, de la Ley N° 21.226 regula específicamente la posibilidad de requerir la
postergación de la vista de una causa o de una audiencia en los procedimientos que
se encuentren pendientes ante las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema, alegando
algún impedimento generado por la crisis sanitaria y cuando se trate de
procedimientos en que hubiere personas privadas de libertad.

En este caso, señala, no se alega impedimento alguno generado por la
calamidad pública o por la emergencia sanitaria, ocasionadas por la enfermedad
COVID-19. El precepto objetado no tiene vinculación con la realización, o no, de un
juicio por vía remota, sino con la aparición de impedimentos generados por la crisis
sanitaria que vive el país actualmente, es decir, impedimentos actuales y no futuros o
teóricos como aquellos que se hacen valer en el requerimiento, de suerte que incluso
de declararse inaplicable la regla no variará mayormente la cuestión relacionada con
los juicios virtuales.

Afirma así que el juicio oral, por lo tanto, no queda exento de control, sino por
el contrario, está sujeto al control recursivo previsto en el Código Procesal Penal, en a
lo menos dos de las causales del recurso de nulidad, a saber, la del artículo 373 letra
a) y la del artículo 374 letra c), correspondiendo su revisión a la Corte Suprema o a la
respectiva Corte de Apelaciones, dependiendo de la causal que se esgrima.

Sin perjuicio de lo anterior, expone que, frente a la existencia de impedimentos
efectivamente generados por la crisis sanitaria, la regla del artículo 9° inciso segundo,
de la Ley N° 21.226, es una regla común, establecida para todos los intervinientes, de
suerte que corre en iguales términos para todos quienes tienen intereses reconocidos
por la ley en el proceso penal.

Añade que la disposición es abierta y no establece un límite ni catálogo de
impedimentos susceptibles de ser reclamados, lo que entrega a los jueces un amplio
campo para valorar si aquellos que se hagan valer son efectivamente impedimentos,
y luego, si son impedimentos absolutos, de suerte que en realidad la norma no denota
sino la necesaria diferenciación del tipo de procedimiento de que se trata, distinción
ampliamente reconocida y aceptada en la configuración procedimental de los
procedimientos penales.

Dicha regla tampoco clausura los demás mecanismos establecidos por el
código adjetivo penal para atender al debido cuidado de garantías y derechos, los que
están igualmente vigentes y sin alteraciones.




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CIENTO CATORCE




Asevera que en la revisión judicial de la validez de los procesos, como la que
tiene lugar por la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, que
correspondería invocar si se estima que en la realización de un juicio por medio
telemáticos se han infringido garantías o derechos, lo que se requiere para obtener un
veredicto estimatorio es que dicha infracción sea sustancial, de suerte que aún en el
caso que se constate una de aquellas infracciones, si no cumple con ser sustancial no
acarrea la invalidación, y esta distinción, que difiere en grado con la que se ataca en
estos antecedentes, es aquella a la queda sometido cualquier procedimiento que se
desarrolle en el marco del Código Procesal Penal, erigiéndose como el baremo
definitivo de la validez del juicio y la sentencia en el campo del control sobre el respeto
de garantías constitucionales y derechos consagrados en los instrumentos
internacionales.

Por último, afirma que progresivamente los procesos judiciales han ido
aceptando e incorporando elementos producidos por medios telemáticos, cuestión
plasmada en la Ley N° 20.886, sobre tramitación electrónica, y antes, en el proceso
penal por medio de un sistema de regulaciones de interconexiones vigentes desde el
primer día de vigencia del Código Procesal Penal, para un conjunto de actuaciones
principalmente escritas.

Estima, así, que no se justifica que las premisas de oralidad, inmediación y
publicidad, no se den en la utilización de medios telemáticos, permitiendo ellos
también comunicación de la defensa con el acusado, existiendo sobre el particular
diversos pronunciamientos de la Segunda Sala de la Corte Suprema tendientes a
puntualizar que debe asegurarse el ejercicio del derecho a defensa por parte del
imputado.



Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 29 de octubre de 2020 se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública y los alegatos, por vía remota, del abogado de la
Defensoría Penal Pública Claudio Fierro Morales, por la requirente y del abogado
Pablo Campos Muñoz, por el Ministerio Público. Se adoptó acuerdo con igual fecha,
conforme fue certificado por el relator de la causa.



Y CONSIDERANDO:



I. ANTECEDENTES PRELIMINARES. CASO CONCRETO Y
CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD.




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CIENTO QUINCE




PRIMERO. Que, Claudio Fierro Morales, Javier Ruiz Quezada, Marcela
Bustos Leiva y Sebastián Undurraga del Río, abogados de la Defensoría Penal Pública,
actuando en representación de don Camilo Alejandro Jaramillo Sepúlveda, dedujeron
requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad respecto del artículo 9,
inciso segundo de la Ley Nº 21.226, que establece un régimen Jurídico de Excepción
para procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos
y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en
Chile.

SEGUNDO. Que, conforme al certificado emitido por el 7° Tribunal de Juicio
Oral en lo penal de Santiago, como consta a fojas 26 a 28, de fecha 18 de agosto del
año 2020, se certifica que la causa RIT Nº 29/2020, seguida en contra del acusado, se
encuentra en tramitación y la audiencia de juicio oral estaba fijada para el día 10 de
septiembre del 2020.

Asimismo, da cuenta que el acusado a la fecha de emisión del certificado se
encontraba sometido a la medida cautelar de prisión preventiva.

TERCERO. En este sentido, cabe hacer presente que el actor intenta que se
declare la INA de la expresión “en forma absoluta”, contenida en el inciso segundo
del artículo 9, de la Ley Nº 21.226.

Para ello, la requirente aduce, en primer término, que el precepto legal
impugnado infringe el artículo 19 Nº 3, inciso sexto. Señala que las dificultades
prácticas que implica la realización de un juicio oral penal no presencial alteran la
calidad de la información de la prueba que se pretende incorporar a juicio, en la
medida que se excluye la inmediación propia de un juicio oral, a consecuencia de que
la norma impugnada obliga a hacerlo, el acusado se ve expuesto necesariamente a un
juicio de menor calidad, vulnerando el proceso previo legalmente tramitado y con
ello el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la Constitución.

Añade que se vulnera el artículo 19 Nº 3, inciso segundo, de la Constitución
Política. Expone que para asegurar el respeto a las garantías de la persona imputada
que se enfrenta al proceso penal, debe existir una comunicación permanente entre el
representado y su letrado, particularmente en la audiencia de juicio oral. La
disposición cuestionada posiciona al acusado en una situación de indefensión, sin la
debida compañía y asesoramiento de aquel que es imprescindible para poner al
acusado en posición de poder hacer valer sus planteamientos efectivamente.

Indica que la norma sólo permite suspender audiencias de juicios orales en
casos de limitantes que cercenen el derecho a defensa de forma radical, elevando el
estándar para pedir suspensión hasta el punto de que derechamente se deba enfrentar
una imposibilidad física para su ejercicio.

Por ello, señala que pueden existir limitaciones, pero al no ser de corte
absoluto, no se consideran irrelevantes, obligándose así a los requirentes a enfrentar
un juicio con limitaciones, no en plenitud de derechos. Con ello no es posible brindar



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CIENTO DIEZ Y SEIS




una debida asesoría, implicando cada limitación una perturbación y restricción al real
ejercicio de la defensa material. Atendido los ritmos y velocidades que tienen los
Juicios Orales, se genera la imposibilidad de intervenir adecuadamente, porque hay
elementos de hecho cuya controversia pudiese provenir del imputado, para luego ser
plasmadas por la defensa en el contraexamen de testigos, de manera silenciosa y sin
advertencia a estos, para no coartar la sorpresa de la respuesta inesperada del
deponente que acredita la teoría del caso de la Defensa.

A lo anterior agrega transgresión al artículo 19 Nº 2 de la Constitución. Señala
que, de todas las vulneraciones al derecho a defensa y debido proceso identificadas
precedentemente, enfrenta un enjuiciamiento en desventaja respecto de cualquier
otro acusado que tenga la oportunidad de realizar su juicio de forma presencial,
estableciéndose una diferencia arbitraria que no obedece a ningún tipo de parámetro
objetivo para efectos de establecerla.



II. LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS MEDIANTE
PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS EN SEDE PENAL, EN TIEMPOS DE COVID-
19.

CUARTO. En primer lugar, los juicios mediante plataformas electrónicas se
han convertido en el medio que los diferentes Estados han preferido para administrar
la justicia en el contexto de la enfermedad por COVID-19, lo cual ha significado ir
adoptando un modelo de “justicia digital”, que ha transformado la forma en la que
desarrollan la actividad jurisdiccional los Tribunales. Lo anterior, no ha estado exento
de dificultades en su implementación y ha conducido a la doctrina y jurisprudencia a
razonar acerca de su configuración a la luz de las garantías procesales y cómo se
inserta en los diferentes ordenamientos jurídicos, es decir, cómo se debe
compatibilizar el ejercicio irrenunciable de la labor jurisdiccional con las garantías
propias del racional y justo procedimiento, hecho que es particularmente analizado a
propósito del requerimiento del caso de marras, que versa sobre las garantías del
proceso penal, especialmente en el contexto del juicio oral.

QUINTO. Es así como esta misma Magistratura desde el mismo momento en
que la comuna de Santiago fue sometida a cuarentena por la autoridad sanitaria, en
marzo de este año, implementó un sistema de audiencias remotas, habiendo
realizado, a la fecha, sin interrupciones, más de 167 audiencias, tanto en Pleno como
en Sala, para continuar ejerciendo las atribuciones que le confiere la Constitución.
Ello, no sólo ha permitido continuar realizando normalmente la vista de causas,
adopción de acuerdos y demás actuaciones procesales, sino que ha facilitado que
abogados situados en los más diversos lugares del país hayan podido acceder a
presentar sus alegatos por medios remotos y que, incluso, se hayan celebrado
audiencias públicas cuando así se ha resuelto;




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CIENTO DIEZ Y SIETE




SEXTO. Cabe hacer presente que desde antes de la pandemia diversos
ordenamientos jurídicos han empleado la videoconferencia como herramienta
tecnológica como medio de auxilio para la actividad jurisdiccional (en este sentido
ver a Albornoz, Jorge; Magdic, Marko (2013) Revista chilena de Derecho y Tecnología.
2 (1) p. 229-260. DOI 10.5354/0719-2584.2013.27012). Sin embargo, su utilización sigue
siendo estudiada desde la perspectiva de la satisfacción de las exigencias y garantías
derivadas del debido proceso (cuestión que es crítica en materia penal), parámetro
que es dado por el acervo internacional en materia de derechos humanos, que se
caracteriza por su “contenido complejo, comprensivo de todo un haz de derechos,
instituciones y principios específicos, interrelacionados entre sí, con unidad de sentido y
objetivo común, cuyo fundamento esencial se halla en rodear al proceso de garantías suficientes
de equidad y justicia, y que puede identificarse con las nociones internacionales de derecho a
“un proceso regular” y/o a “un juicio justo y equitativo”. Dentro de ese haz confluyen
categorías garantistas (juez legal, competente, independiente e imparcial), principios y
derechos matrices (igualdad de armas y contradicción, en íntima conexión con el derecho de
defensa efectiva y el derecho a la prueba, y a la presunción de inocencia con prohibición de
toma en consideración de la prueba ilícita) y principios instrumentales (publicidad, oralidad,
inmediación, principio acusatorio), todo ello con fundamento en la necesidad de no llegar a un
resultado del proceso penal sino en virtud de un juicio previo tras el desenvolvimiento de un
proceso con todas las garantías” (ver a Tirado Estrada, Jesús José. (2017).
Videoconferencia, cooperación judicial internacional y debido proceso. Revista de la
Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión, 5(10), 153-173.
https://dx.doi.org/10.16890/rstpr.a5.n10.p153).

SÉPTIMO. Adicionalmente en nuestro país, cabe mencionar que la
realización de procesos y actuaciones judiciales regidas por el principio de oralidad
mediante herramientas telemáticas ha sido autorizada expresamente por la Ley N°
21.226 (al habilitar proceder “en forma remota”, expresión que ocupa en 6 normas de
su texto), en el marco de la pandemia global del COVID-19 y que el precepto
impugnado, se refiere a los procesos regidos por el Código Procesal Penal,
estableciendo al efecto reglas. Además de ello, desde la entrada en vigencia de dicha
ley los procesos penales se han verificado utilizando la aplicación zoom -siendo usual
que se les denomine “juizooms”- estando en plena vigencia la Ley N° 21.226. Es
evidente así que, siendo el juicio oral regido por el Código Procesal Penal, estando
vigente la Ley N° 21.226 y refiriéndose el precepto impugnado a los procedimientos
del Código Procesal Penal, dicha norma sí se refiere a la realización de juicios orales
telemáticos (todos los que corresponda bajo pandemia), por lo que es un error
sostener lo contrario.

OCTAVO. A su vez, no se contiene en el requerimiento de estos autos un
cuestionamiento general y abstracto al uso de herramientas tecnológicas de tipo
telemático o videoconferencia para actuaciones procesales. En efecto, el uso de la
videoconferencia en actuaciones procesales específicas es, en sí mismo, un avance en
materia de acceso a la justicia, en el marco de un sistema jurisdiccional que ya lleva



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CIENTO DIEZ Y OCHO




años con tramitación electrónica. Así, no debe dejar de reconocerse que el uso de la
video conferencia es una herramienta útil en diversos actos procesales en los cuáles
su uso no genera inconvenientes de afectación de garantías del derecho a defensa. Sin
embargo, el avance tecnológico y el uso de herramientas informáticas no puede
significar el sacrificio ni la degradación de las garantías mínimas del debido proceso,
cuya mayor intensidad se manifiesta por necesidad en el sistema procesal, y dentro
de él, reconociendo como punto cúlmine de su nivel de garantía al juicio oral penal.

NOVENO. En este sentido cabe observar que la legislación ha asumido un
nuevo paradigma de justicia digital, mas en cuanto a los principios y formas de
manifestación de la misma los estándares específicos no han sido previstos por el
legislador, habiéndose limitado a asegurar su desarrollo conforme al debido proceso,
siendo misión de este tribunal determinar en un ejercicio de control concreto cuando
podría afectarse por legislador y con qué intensidad, para constatar así si concurre o
no un vicio que atenta en contra del debido proceso asegurado en la Constitución
Política y en Tratados internacionales. Ello debe realizarse considerando los
caracteres de las redes y de los medios tecnológicos que existen en nuestro país en la
actualidad, y que se encuentren a disposición de los ciudadanos justiciables, sin
prescindir de examinar también su forma de utilización. Debe tenerse presente que
lo cuestionado en este proceso no es el estatuto general de los procedimientos
judiciales telemáticos, ni en el derecho procesal chileno ni tampoco en materia penal,
sino que lo cuestionado es solo una parte del inciso segundo del artículo 9° de la Ley
Nº 21.226, que dispone “En las causas de los procedimientos contemplados en el Código
Procesal Penal y en el Código de Procedimiento Penal, en el que hubiere persona privada de
libertad, sólo se podrá alegar la causal del inciso primero cuando el impedimento obstaculice
en forma absoluta que alguna de las partes o intervinientes puede ejercer las facultades que
la ley le otorga”, cuestionándose por la parte requirente solo la entidad “absoluta” del
impedimento - generado por la calamidad pública o por la emergencia sanitaria,
ocasionadas por la enfermedad COVID-19, que motiva a decretar la suspensión de
un juicio oral (que hoy se realizan por videoconferencia), impidiéndole al Juez del
Fondo, por expreso mandato legal, adoptar esa decisión en los casos en el
impedimento, afectando a las partes, no alcanza esa entidad.

El razonamiento a efectos de determinar el objeto de control del presente
proceso es el siguiente:

- Se asume que existen impedimentos que obstaculizan el ejercicio de
derechos establecidos por la ley para los intervinientes en juicio, uno de los cuales, el
principal e invocado, es el derecho a defensa.

- El juicio se puede suspender, pero las circunstancias alegadas para
pedirlo deben impedir “en forma absoluta” que se ejerza el derecho a defensa, lo que
significa que sí hay afectación del mismo, pero al no ser total, el juicio no se suspende
y debe ser realizado a pesar de estar afectado el derecho a defensa, sin que la
judicatura pueda reestablecer su imperio impidiendo la realización del juicio en esas



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CIENTO DIEZ Y NUEVE




precarias condiciones, impidiendo que el mismo sea suspendido, aun cuando se
asume que los derechos al debido proceso y a la defensa se ven degradados, cuestión
que se reconoce bajo la fórmula de asumir en la ley que hay impedimentos y regular
en ella la suspensión de juicios, pero en un sentido degradante de dichos derechos al
exigir como condictio sine qua non para suspender, que el impedimento de ejercicio
del derecho fundamental sea “absoluto”, dejando fuera los que tengan menor entidad
.

III. EL ACCESO A LA JUSTICIA. EL CONTENIDO ESENCIAL DEL
DERECHO Y SU IMPACTO EN LAS AUDIENCIAS MEDIANTE EL SISTEMA DE
VIDEOCONFERENCIAS.

DÉCIMO. El proceso es el medio o instrumento mediante el cual el Estado
resuelve los conflictos que son sometidos al conocimiento de los Tribunales,
determinando la vigencia del derecho que resultará aplicable y resolviendo en favor
de una de las partes. En materia penal, ello se traduce en la prohibición de la venganza
privada y en el reconocimiento de la titularidad estatal del ius puniendi, pasando a
ser el imputado la contraparte del mismo en el proceso penal, lo cual exige que se
consagre necesariamente un conjunto de normas jurídicas que establezcan los límites
de esa relación jurídica, marco en el cual surgirá el derecho al debido proceso como
límite adjetivo al ius puniendi y como uno de sus estándares de validez.

UNDÉCIMO. En este sentido, la Constitución de Chile no contiene una
norma expresa que determine con diáfana claridad el contenido mínimo de lo que la
doctrina ha denominado histórica y universalmente como debido proceso, optando
por garantizar el derecho a la legalidad del juzgamiento (que toda sentencia de un
órgano que ejerza jurisdicción ha de fundarse en un proceso previo legalmente
tramitado) y a propósito del mismo se determina la garantía normativa del racional
y justo procedimiento e investigación como contenido y vector regulatorio de la ley
procesal funcional, regulando además, dos de los elementos configurativos del
debido proceso: el derecho a defensa jurídica y el derecho al tribunal predeterminado
por la ley.

En cuanto al derecho a defensa letrada, esta Magistratura ha destacado su
relevancia, con especial énfasis en el orden punitivo, señalado que “en el proceso penal
constituye el derecho a la defensa en juicio, para la víctima y para el imputado, una garantía
esencial, por lo que tal institución se encuentra caucionada tanto en la Constitución Política,
como en la ley procesal penal, como así lo ha referido esta Magistratura (STC Rol N° 3171-
16). En este sentido, el texto constitucional asegura a toda persona el acceso a la justicia, lo
que implica el derecho a contar con un letrado que intervenga en la defensa de sus derechos no
solamente en los casos judiciales, sino también en situaciones de orden administrativo.” (STC
3123 c.19)”.

DUODÉCIMO. Ahora bien, más allá de la técnica y configuración precisada
por el legislador al delimitar el derecho, resulta ampliamente aceptado que este
consagra el derecho esencial de acceder a la jurisdicción para formular una



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CIENTO VEINTE




pretensión, es decir, tanto el derecho abstracto a reclamar la función jurisdiccional y,
por otra parte, el reclamo concreto de aquello que se alega, en el marco del derecho a
la tutela judicial efectiva, que incluye dentro de sus elementos al debido proceso.

El ordenamiento jurídico internacional ha contribuido ampliamente al
desarrollo de este derecho, en tal contexto la Convención Americana sobre Derechos
Humanos establece en su artículo 8, que “Toda persona tiene el derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Del mismo modo, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, lo precisa.

DECIMOTERCERO. Que, en este contexto, una vez reconocido el derecho de
acceso a la justicia, ahora en el marco del desarrollo de un proceso, será posible
vislumbrar la necesidad de asegurar las demás condiciones mínimas del proceso, que
serán absolutas y servirán de punto de partida para la determinación del haz de
derechos que gozan las personas.

En este sentido que La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado que el artículo 8.2 de la Convención establece las garantías mínimas que,
“por lo menos”, deben ser aseguradas por los Estados a toda persona durante el
proceso, en plena igualdad, en función de las exigencias del debido proceso legal
(Opinión Consultiva OC-11/90, párr. 24, y Caso Dacosta Cadogan vs. Barbados, párr.
84.).

De igual forma, también integra el derecho a defensa la circunstancia que al
inculpado se le conceda el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su
defensa (artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos), no
debiendo preterirse que se encadena indisolublemente con el derecho a ser asistido
por un defensor de su elección o por uno proporcionado por el Estado, marco en el
cual jurisprudencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual ha
declarado la violación conjunta de dichos derechos en el caso que la víctima no haya
podido contar con el patrocinio letrado de un defensor público o bien que, una vez
que pudo obtener un abogado, no tuvo posibilidad de comunicarse en forma libre y
privada con él (Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, párr. 83), el abogado defensor tuvo
sólo un día para examinar un expediente completo (Caso Castillo Petruzzi y otros vs.
Perú, párr. 141, y Caso López Mendoza vs. Venezuela, párr. 121) o bien su labor fue
restringida.

En todos esos casos, la Corte ha considerado que la imposibilidad o las
limitaciones en el derecho a defenderse personalmente o a través de un defensor
impiden que, en los hechos, el imputado cuente con los medios para preparar su
defensa, en los términos del artículo 8.2.c de la Convención, lo cual es particularmente
relevante en el presente caso, ya que los juicios orales telemáticos implican una
limitación importante o significativa en la comunicación con el defensor.



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CIENTO VEINTE Y UNO




A su vez, el derecho a defensa técnica, asimilable a la defensa letrada, supone
que un defensor asesore al imputado sobre sus deberes y derechos, sobre la
posibilidad de ejercer recursos contra actos que afecten derechos, y ejecute, un control
crítico y de legalidad en la producción de pruebas (Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs.
Venezuela, párr. 61, y Caso Vélez Loor vs. Panamá, párr. 132), lo cual en nuestro
sistema procesal penal ha de ser predicado en etapa de juicio oral regido por oralidad,
inmediación y contradictorio, debiendo agregarse que es indisociable del derecho a
una comunicación libre y privada entre el imputado y el defensor (sobre este derecho,
ver Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, op. cit., párrs. 146 y 148, y Caso
Suárez Rosero vs. Ecuador, op. cit., párr. 83), lo cual ha de ser entendido en un sentido
dialéctico, es decir, un defensor sin comunicación y sin posibilidades de actuar
producto de ello -lo que sería la satisfacción solamente de la dimensión formal de la
defensa-, conllevaría a una situación que podría resumirse en que “el nombrar un
defensor de oficio con el sólo objeto de cumplir con una formalidad procesal, equivaldría a no
contar con defensa técnica, por lo que es imperante que dicho defensor actúe de manera
diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evite así que sus derechos
se vean lesionados” (Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, op.
cit., párr. 155).

A su vez, a partir de la consagración del derecho de la defensa de interrogar a
los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o
peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (artículo 8.2.f de la
Convención), la Corte Interamericana ha establecido que en todo proceso deben
concurrir los elementos necesarios para “que exista el mayor equilibrio entre las partes,
para la debida defensa de sus intereses y derechos” (Condición Jurídica y Derechos
Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002, Serie A
No. 17, párr. 132, y Caso Palamara Iribarne vs. Chile, op. cit., párr. 178.). En el mismo
sentido, la Corte aludida ha predicado respecto del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos los estándares del Tribunal Europeo en los casos, Barberà,
Messegué y Jabardo vs. Spain y Bönisch vs. Austria, la Corte ha indicado que “dentro
de las prerrogativas que deben concederse a quienes hayan sido acusados está la de examinar
los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones que el Estado, con el objeto
de ejercer su defensa” (Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, op. cit., párrs. 153-154, y
Caso Dacosta Cadogan vs. Barbados, op. cit., párr. 84.) “y hacer comparecer a
personas que puedan arrojar luz sobre los hechos” (Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi
y otros vs. Perú, op. cit., párr. 155)

DECIMOCUARTO. De este modo no puede preterirse que la interdicción de
la indefensión es un principio general (en nuestro sistema su consagración es sencilla:
la defensa letrada no puede ser interferida, es inviolable, es irrenunciable y es
elemento del racional y justo procedimiento, todo lo cual se contiene en el numeral 3°
del artículo 19 de la Constitución Política que prohíbe impedir, restringir o siquiera
perturbar la debida intervención del letrado) y que en ese orden toda hipótesis de
indefensión puede ser total o parcial, debiendo además agregarse que al estar la



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0000122
CIENTO VEINTE Y DOS




actividad jurisdiccional regida por el principio de legalidad del juzgamiento y por el
deber de motivación de la sentencia, el derecho de defensa necesariamente debe
incluir la asistencia letrada, y se ha sostenido que esa asistencia ha de cumplir las
condiciones de ser concreta y efectiva, lo que no se satisface con el mero
nombramiento de un abogado defensor (ver, en este sentido, por ejemplo, lo
razonado por el Tribunal Constitucional español, en sentencia 196/1987, de 11 de
diciembre, publicada en Las sentencias básicas del Tribunal Constitucional, Luis
López Guerra, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, pp. 315-328).

Tal asistencia, pues no puede reducirse a una formal y mera designación de
abogado patrocinante ni a un mero consejero distante y virtual mediante mensajería
instantánea, sino que -al solo tenor del idioma castellano en el Diccionario de la
Lengua- debe poder concretarse en la “acción de estar o hallarse presente” en la diligencia
realizada, con posibilidades ciertas de que esta concurrencia pueda resultar en
asesoría efectiva y no un puro formulismo de comparecencia y contemplación,
carente de acción y sin significación real.

En el mismo sentido, en relación a la posibilidad de que se produzca prueba
incriminatoria sobre la base de hechos sustentados en declaraciones del imputado sin
la presencia de letrado, debe señalarse que “la asistencia de un abogado es, por así decirlo,
la clave que abre la puerta a todos los derechos y posibilidades de defensa en el sentido
sustantivo del término. No hay posibilidad de dar más detalles al respecto. Está claro que la
ley -tanto sustantiva como procesal – es un asunto bastante complicado, que a menudo es
ininteligible para el lego. En otras palabras, se trata de ofrecer al demandado la mejor
oportunidad de obtener el resultado más favorable del procedimiento” (Human Rights in
Criminal Proceedings. Oxford University Press, 2005 Trechsel, p. 245, extractado del
cons. 19 del voto particular del Ministro señor Juan José Romero Guzmán en sentencia
Rol N° 5189), complementándose tal tesis en orden a que “(…) la Corte Interamericana
ha resaltado que el derecho a la defensa, necesariamente, debe poder ejercerse desde que se
señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando
finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena (Ver en caso Barreto
Leiva vs Venezuela, párr. 29, y caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, párr. 154)”
y que de acuerdo con la misma Corte “sostener lo opuesto implicaría supeditar las
garantías convencionales que protegen el derecho a defensa a que el investigado se encuentre
en determinada etapa procesal, dejando abierta la posibilidad de que con anterioridad se afecte
un ámbito de sus derechos a través de actos de autoridad que desconoce o a los que no puede
controlar u oponerse con eficacia, lo cual evidentemente es contrario a la convención”. Precisa
que “en la misma línea la Corte ha establecido que impedir que la persona ejerza su derecho a
defensa, desde que se inicia un proceso que la involucra y la autoridad dispone o ejecuta actos
que implican afectación de derechos, es potenciar los poderes investigativos del Estado en
desmedro de derechos fundamentales de las personas (Ibáñez, p. 232)”.

DECIMOQUINTO. En este sentido, cabe destacar que el legislador está
obligado a permitir que toda parte o persona interesada en un proceso cuente con




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0000123
CIENTO VEINTE Y TRES




medios apropiados de defensa que le permitan oportuna y eficazmente presentar sus
pretensiones, discutir las de la otra parte, presentar pruebas e impugnar las que otros
presenten, de modo que, si aquéllas tienen fundamento, permitan el reconocimiento
de sus derechos, el restablecimiento de los mismos o la satisfacción que, según el caso,
proceda; excluyéndose, en cambio, todo procedimiento que no permita a una persona
hacer valer sus alegaciones o defensas o las restrinja de tal forma que la coloque en
una situación de indefensión o inferioridad.( STC ROL Nº 1411, C. 7.) (En el mismo
sentido, STC 1429 c. 7, STC 1437 c. 7, STC 1438 c. 7, STC 1449 c. 7, STC 1473 c. 7, STC
1535 c. 18, STC 1994 c. 24, STC 2053 c. 22, STC 2166 c. 22, STC 2546 c. 7, STC 2628 c. 6,
STC 2748 c. 14, STC 2757 c. 40, STC 3107 c. 9, STC 3297 c. 13, STC 3309 c. 3309, STC
3171 c. 28, STC 6399 c. 19, STC 7972 c. 56).

DECIMOSEXTO. Como lo ha señalado reiteradamente esta Magistratura, el
derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la
Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar, al menos, las siguientes
garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el
oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada
defensa y asesoría con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el
examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad
de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores
(STC ROL Nº 478, C. 14.) (En el mismo sentido, STC 576 cc. 41 a 43, STC 699 c. 9, STC
1307 cc. 20 a 22, STC 1448 c. 40, STC 1557 c. 25, STC 1718 c. 7, STC 1812 c. 46, STC 1838
c. 11, STC 1876 c. 20, STC 1968 c. 42, STC 2111 c. 22, STC 2133 c. 17, STC 2354 c. 23,
STC 2381 c. 12, STC 2657 c. 11, STC 2697 c. 17, STC 2687 c. 14, STC 2799 c. 14, STC 2853
c. 16, STC 2757 c. 41, STC 2743 c. 24, STC 2791 c. 24, STC 2983 c. 4, STC 3107 c. 7, STC
3309 c. 28, STC 3119 c. 19, STC 3649 c. 7, STC 5219 c. 10, STC 5418 c. 17, STC 5419 c.
17, STC 6411 c. 11, STC 6962 c. 11, STC 4222 c. 48, STC 5121 c. 13, STC 4379 c. 5, STC
4533 c. 5, STC 4972 c. 5, STC 4988 c. 5, STC 5104 c. 5, STC 5778 c. 5, STC 5993 c. 5, STC
5613 c. 5, STC 5751 c. 5, STC 5979 c. 5, STC 5999 c. 5, STC 6108 c. 5, STC 6163 c. 5, STC
6473 c. 5, STC 6349 c. 5, STC 6353 c. 5, STC 6381 c. 5, STC 6508 c. 5, STC 6750 c. 5, STC
6941 c. 5, STC 7076 c. 5, STC 7228 c. 5, STC 7232 c. 5, STC 7233 c. 5, STC 7311 c. 5, STC
7398 c. 5, STC 7430 c. 5, STC 7606 c. 5, STC 3969 c. 8, STC 4434 c. 55, STC 7641 c. 30,
STC 6611 c. 4, STC 7060 cc. 11 y 15, STC 7061 cc. 11 y 15, STC 3625 c. 30, STC 3938 c.
16, STC 3770 c. 35, STC 7203 c. 31.)

DECIMOSÉPTIMO. La noción de debido proceso como garantía
constitucional judicial, tiene una vertiente formal y otra sustantiva. Desde el ángulo
formal, consiste en que toda decisión de un órgano jurisdiccional debe ser el resultado
de un proceso previo, ante tribunal competente, realizado conforme a un
procedimiento que asegure posibilidades básicas de defensa, orgánica y
funcionalmente, tanto para definir derechos civiles como cuando se enfrenta una
acusación de naturaleza penal. Sustantivamente, debido proceso significa que tal
decisión jurisdiccional terminal debe ser racional y justa en sí, vale decir,
proporcional, adecuada, fundada y motivada sustancialmente en el derecho



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0000124
CIENTO VEINTE Y CUATRO




aplicable, mas no en criterios arbitrarios. (STC ROL Nº 2137, C. 5.) (En el mismo
sentido, STC 2723 c. 5, STC 2798 c. 6, STC 3365 c. 3, STC 5219 c. 6)

DECIMOCTAVO. La importancia del derecho al debido proceso radica en la
necesidad de cumplir ciertas exigencias o estándares básicos dentro del
procedimiento o de la investigación, en su caso, a objeto de que el derecho a la acción
no se torne ilusorio y que la persona que lo impetre no quede en un estado objetivo
de indefensión. (STC Rol Nº 2371, C. 7, en el mismo sentido, STC 2372 c. 7)

DECIMONOVENO. Este Tribunal ha señalado que es posible comprender,
en primer lugar, que se estimó conveniente otorgar en la Constitución Política un
mandato al legislador para establecer siempre las garantías de un proceso racional y
justo, en lugar de señalar con precisión en el propio texto constitucional cuáles serían
los presupuestos mínimos del debido proceso, sin perjuicio de dejar constancia que
algunos de dichos elementos decían relación con el oportuno conocimiento de la
acción y debido emplazamiento, bilateralidad de la audiencia, aportación de pruebas
pertinentes y derecho a impugnar lo resuelto por un tribunal, imparcial e idóneo y
establecido con anterioridad por el legislador. (STC ROL Nº 478, C. 14) (En el mismo
sentido, STC 481 c. 7, STC 529 c. 14, STC 1518 c. 23, STC 1528 c. 9, STC 1838 cc. 13 y
22, STC 1907 c. 51, STC 1994 c. 22, STC 2053 c. 20, STC 2111 c. 21, STC 2166 c. 20, STC
2371 c. 6, STC 2372 c. 6, STC 2381 c. 12, STC 2626 c. 27, STC 2627 c. 27, STC 2682 c. 6,
STC 2702 c. 31, STC 2802 c. 11, STC 2723 c. 8, STC 2722 c. 8, STC 2936 c. 3, STC 2895 c.
5, STC 3005 c. 7, STC 3107 c. 6, STC 3309 c. 13, STC 3121 c. 11, STC 4422 c. 10, STC 5225
c. 16, STC 5599 c. 15, STC 5674 c. 5, STC 5505 c. 15, STC 7368 c. 14, STC 7369 c. 14, STC
7370 c. 14, STC 7371 c. 14, STC 3969 c. 7, STC 4381 cc. 48 y 49, STC 7641 c. 30, STC 7060
cc. 11 y 15, STC 7061 cc. 11 y 15, STC 4446 c. 4, STC 7760 c. 16, STC 7352 c. 17, STC
7750 c. 17, STC 7290 c. 8). De esos principios, y en particular de la bilateralidad de la
audiencia, emanará el principio del contradictorio, que dota de contenido al derecho
a defensa en el marco de un juicio oral, haciendo ver como uno de los presupuestos
necesarios del mismo, el contraste y examen en tiempo real de la prueba de la
contraria, en el marco de la comunicación directa y presencial de los letrados con sus
representados.



A. El derecho a defensa en la Constitución Política y el Ordenamiento
Jurídico Internacional adscrito por Chile.

VIGÉSIMO. Desde la dictación de la Ley de reforma constitucional N° 20.516
-que agregó norma constitucional que dispone que “Toda persona imputada de delito
tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado
si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley”- el derecho a defensa jurídica
en el proceso penal ha pasado a ser un verdadero requisito de validez del proceso, en
la medida que se configura como una garantía que:

1. Es irrenunciable.




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CIENTO VEINTE Y CINCO




2. El ejercicio de dicho derecho es inviolable, rigiendo ello incluso para el
legislador. A su vez, dentro de las “garantías judiciales” del artículo 8 de la
Convención Americana de Derechos Humanos se contempla el “Derecho
irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado
o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni
nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley”.

Cabe señalar que los presupuestos mínimos del debido proceso tienen una
doble dimensión, pues además de tales son al mismo tiempo un conjunto de
elementos de validez de la actividad procesal punitiva, en la medida que son los
límites adjetivos a la actividad punitiva estatal, cuya observancia constituye la
delgada línea que permite distinguir si la actividad persecutoria y de juzgamiento
que se ejerza en nombre del poder punitivo es o no legítima, de tal manera que si el
proceso no es “debido”, deja de ser legítimo ejercicio de poder público y pasamos
estamos en presencia de un acto irregular, identificable como de nudo poder, un
factum que se encuentra fuera de los límites al ius puniendi estatal y fuera del límite
material mínimo a todo poder estatal: el ejercicio de derechos fundamentales.

VIGÉSIMO PRIMERO. En este sentido no puede preterirse que la relación
jurídica procesal penal es por esencia desigual, ya que en un Estado democrático el
conflicto penal no solamente es de última ratio, sino que además obedece a la lesión
de bienes jurídicos de relevancia social, motivo por el cual el conflicto reconoce como
sujetos a la comunidad y al imputado. Así, la comunidad, políticamente organizada
en instituciones, es representada en el conflicto penal por un órgano estatal dotado
de atribuciones al efecto, resultando que el imputado es además un “gobernado”, es
decir, un sujeto sometido al poder público de ese mismo Estado que será su
contraparte en calidad de persecutor, lo cual exige que la legislación procesal penal
goce de un alto estándar de garantías de derechos fundamentales para lograr una
igualdad de armas propia de un proceso debido.

VIGÉSIMO SEGUNDO. De igual manera, los derechos fundamentales
emergerán en el constitucionalismo posmoderno como verdaderos contrapesos frente
al poder estatal en el ejercicio de potestades, en el marco de un sistema de poder
controlado por el derecho, con frenos y contrapesos para evitar que el mismo se
desborde. En ese sentido, mientras mayor es la entidad e intensidad del poder
ejercido en una atribución específica, mayor entidad e intensidad ha de tener el
contrapeso del mismo, si es que de verdad se desea que el poder esté limitado y tenga
mecanismos de control eficaces, que se traducirán en límites exigibles por el
ciudadano mediante el ejercicio de derechos subjetivos. En dicha comprensión, el
proceso penal es la actividad estatal que mayor relevancia tiene respecto de los
derechos fundamentales de las personas al generar la mayor afectación conocida de
los mismos: puede concluir en privación de uno de los derechos más básicos que se
reconoce al ser humano: la libertad personal, incluso de manera perpetua, (sin olvidar




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CIENTO VEINTE Y SEIS




adicionalmente que aún subsisten delitos con pena de muerte en el derecho chileno),
además de contemplar penas accesorias que también son privación de otros derechos.

Así, en materia penal, el conjunto de garantías del debido proceso constituye
el necesario contrapeso de ese intenso poder punitivo, y así emerge el derecho a
defensa como uno de sus elementos esenciales, el cuál en el texto constitucional
vigente tiene un tratamiento específico y expreso en el numeral 3° del artículo 19 de
la Constitución Política, independiente de la garantía del racional y justo
procedimiento e investigación que consagra el mismo numeral. Esta premisa ha sido
extendida a otras relaciones jurídicas, en las cuales el Estado ejerce el ius puniendi
estatal, como lo es la administrativa sancionadora. Específicamente, este Tribunal,
connotando el rico contenido del artículo 19 N° 3, inciso sexto, de la Carta
Fundamental, ha hecho exigible al legislador establecer un procedimiento que
permita al afectado una adecuada defensa de sus derechos, en sede administrativa,
en forma previa a la imposición de alguna de las sanciones que contempla la ley,
dándole la posibilidad de defenderse de los cargos que la autoridad le formule, y de
reclamar la sanción impuesta en sede judicial (STC Rol N° 389-2003, 2682-2014, 7584-
2019).

Así, el derecho a defensa letrada, garantizado como inviolable e irrenunciable,
tiene una doble dimensión:

- Es un derecho subjetivo el imputado, de su exclusiva titularidad y
disposición, debiendo señalarse que en el marco de un proceso tramitado y resuelto
conforme a derecho debe tener el carácter de defensa letrada.

- Es al mismo tiempo un elemento de validez del proceso, en la medida
que su ejercicio es irrenunciable, lo que significa que su no ejercicio se traduce en un
proceso con infracción a la Constitución, lo que por definición es irregular, en la
medida que ella contempla los primeros elementos delimitatorios de la actividad
jurisdiccional del ius puniendi. Ello significa que toda atenuación, relativización, o
degradación del estándar puede conllevar cuestionamientos de validez.

VIGÉSIMO TERCERO. A su vez, en tanto derecho subjetivo del imputado,
el derecho a defensa tiene, adicionalmente, dos dimensiones:

- La dimensión formal, que se traducirá en la existencia y designación
de un defensor letrado, que será de confianza del imputado o de designación estatal
si no tiene recursos para procurarlo y elegirlo. Este defensor será designado con
atribuciones de actuación dentro del proceso, en todos los trámites y actos
contemplados en el mismo, con las atribuciones que la ley contemple.

- La dimensión material, consistente en el contenido del derecho a
defensa, lo cual incluye diversos elementos, entre ellos el secreto profesional, la libre
comunicación, el planteamiento de la teoría del caso (incluyendo la hipótesis de
hechos, alegaciones y defensas de derecho, hechos controvertidos y prueba a rendir),
además de su planteamiento ante el tribunal, compareciendo y actuando en función



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CIENTO VEINTE Y SIETE




de ello en cada acto procesal. Parte de la dimensión material es el derecho a una
defensa de calidad, pues si el pleno ejercicio de este derecho es irrenunciable y es un
estándar de validez del proceso, será su contenido y calidad lo que determine si
efectivamente hubo defensa eficaz y apta para servir de contrapeso a las potestades
persecutorias y punitivas. En este sentido, la calidad de la defensa reconoce diversos
elementos, partiendo porque más allá de la designación formal del defensor, el mismo
actúe de manera celosa, en pleno conocimiento del derecho y en pleno ejercicio de sus
atribuciones, en defensa directa del interés del imputado. La evaluación de este
estándar es forzosamente de caso concreto, e implica pre suponer la posibilidad de
examinar y cuestionar la teoría del caso del persecutor y de examinar y cuestionar su
prueba. Además, es imposible desarrollar una defensa de calidad sin poder ejercer el
letrado el derecho a la libre, oportuna y reservada comunicación con su defendido,
que en un juicio telemático no se encuentra a su lado, sino en un espacio común de
una cárcel siguiendo su propio juicio por una pantalla

VIGÉSIMO CUARTO. Como lo ha sostenido este Tribunal, el derecho a la
defensa jurídica es uno de los elementos esenciales que deben concurrir como mínimo
para que se esté en presencia de un justo y debido proceso, porque sin abogado
defensor vano es el quehacer de un juez, se está ante un tribunal independiente e
imparcial, que como tal está impedido de cubrir ese déficit de defensa entendida
como actividad procesal de parte. Precisamente, un Estado de Derecho encuentra su
sostén en que las personas puedan hacer valer sus derechos ante un juzgador de las
características referidas, realidad que el sistema jurídico constitucional chileno
asegura y consagra plenamente en el sistema penal, cuestión que encaja en la
dimensión material previamente enunciada, pues requiere como contrapartida una
defensa letrada dotada de todas las herramientas necesarias para actuar en el proceso.

VIGÉSIMO QUINTO. De igual forma, al encomendar a la ley el arbitrar los
medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan
procurárselos por sí mismos, se tuvo en consideración el que una materia tan
relevante no pudiera ser alterada ni por vía administrativa ni por otro mecanismo,
asegurando que las personas que lo requieran, puedan en los hechos ejercer su
derecho al asesoramiento y defensa jurídica. (STC 755 cc. 31, 32 y 45), lo cual incluye
también a la degradación de los estándares del derecho a defensa por vía legislativa,
en la medida que está dotado de un contenido esencial, que no puede ser sometido a
condiciones, exigencias o gravámenes que impidan su libre ejercicio, en función de la
garantía del contenido esencial de los derechos del numeral 26° del artículo 19 de la
Carta Fundamental.

VIGÉSIMO SEXTO. A su vez, no puede preterirse que el diseño del proceso
penal existente en Chile desde la dictación del Código Procesal Penal es concreción
de una concepción garantista del mismo, y no puede ser de otra manera, pues en clave
constitucional y de derechos, el sistema jurídico es un conjunto de instrumentos al
servicio de un fin, que es la garantía de la dignidad humana, es decir, como lo diría




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CIENTO VEINTE Y OCHO




Luigi Ferrajoli, implica concebir “el derecho como un sistema de garantías” (ver
Derecho y Garantías, la Ley del más Débil, Ferrajoli, Luigi, Ed. Trotta, Madrid,
España, 1999, capítulo 1, titulado "El derecho como sistema de garantías"), que hemos
de entender referido a aquello que en nuestro sistema constitucional se reconoce
como la dignidad humana, a su vez traducida en que “los derechos fundamentales
constituyen para el derecho contemporáneo el máximo objeto de protección y la finalidad
última del sistema jurídico” (STC Rol N° 1243, cons. 22). Ello significa que el poder
estatal reconoce su fundamento de legitimidad en ser una herramienta destinada a
asegurar el respeto de ciertos derechos mínimos para todo ser humano, de forma tal
que el Estado chileno, en casos como este, se encuentra virtualmente obligado a
aproximarse a los procesos en perspectiva garantista, pues del artículo 5°, inciso
segundo, de la Constitución Política, emanan ciertas consecuencias normativas:

- El derecho a defensa, al ser fundamental, es un límite al poder estatal,
entendido entonces como una frontera infranqueable.

- El rol del Estado con dichos derechos no es de mera pasividad para no
violarlos, sino que es también activo: de aseguramiento y de promoción de su ejercicio
(art. 5°, inciso segundo de la CPR), lo cual es todo lo contrario de su degradación por
vía legislativa.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. A su vez, el cierre de todo lo expresado
precedentemente se encuentra en la propia Constitución: el reconocimiento de la
dignidad humana como elemento base del sistema jurídico en su artículo 1° y la
consagración explícita y formal del derecho a defensa en el numeral 3° de su artículo
19, con un refuerzo normativo específico de inviolabilidad e irrenunciabilidad, que es
adicional al rol y posición que los derechos fundamentales ya tienen en el artículo 5°,
inciso segundo, del texto constitucional.

VIGÉSIMO OCTAVO. De tal forma, si en el marco de las reservas de ley de
las normas de juzgamiento con racionalidad y justicia del numeral 3° del artículo 19
de la CPR, el proceso penal se configuró en base a oralidad e inmediación en el marco
del principio del contradictorio, ello se traducirá posteriormente en una conclusión
que puede ser incomoda pero que se puede considerar necesaria: la única instancia,
en la medida que, en una primera aproximación, “los principios de inmediación y de
contradicción significan, en concreto, trabajar en el juicio directamente con la fuente de la
información, de modo tal que la información que surja de dicha fuente, lo sea en un contexto
contradictorio, sometido al control de la contraparte, quién vigilará que la calidad de la
información que fluye de la misma sea la mejor posible, de modo que el juez que presencia el
fluir de la información tenga a su alcance todos los antecedentes de credibilidad del testigo y
de su testimonio que le permitan asignarle un valor probatorio coherente con la apreciación
directa que es capaz de efectuar en ese contexto contradictorio” (Decap Fernández,
Mauricio, El juicio oral y los principios de inmediación y contradicción, Revista del
Instituto de la Judicatura Federal, N° 36, 2014, México). Ello llama a una poderosa




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CIENTO VEINTE Y NUEVE




reflexión: si se relativizan oralidad, inmediación y contradictorio, la justificación de
la única instancia puede ver mermada e incluso cuestionada su legitimidad.

VIGÉSIMO NOVENO. Cabe mencionar que en materia de juicio oral penal,
el estándar de inmediación si ha sido abordado como una cuestión de derechos
humanos, en la medida que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado en la sentencia del Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú de 30 de mayo de
1999, alude a la inmediación en los términos siguientes: “Este tipo de juicio debe ser
también juicio concentrado y con inmediación, lo que lleva necesariamente a que todo lo que
pueda influir en la decisión judicial tiene que haberse practicado en presencia judicial, de modo
que la decisión no puede atender sino a las alegaciones o a las pruebas hechas o practicadas
ante el juez de sentencia y en audiencia pública”.

TRIGÉSIMO. En tal sentido, el uso de videoconferencia puede generar
afectaciones en la dimensión de inmediación formal en el procedimiento, a lo menos
en dos frentes (extraído de Vera Vega, Jaime, Los “Juizooms”: la celebración de la
audiencia de juicio oral a través de plataformas de videoconferencia en tiempos de
COVID-19. Problemas de legalidad e inmediación formal (parte 1), en Criminal
Justice Network, https://www.criminaljusticenetwork.eu/es/post/los-juizooms-la-
celebracion-de-la-audiencia-de-juicio-oral-a-traves-de-plataformas-de-
videoconferencia-en-tiempos-de-covid-19-problemas-de-legalidad-e-inmediacion-
formal-parte-1#_edn16, consultado el 5 de octubre de 2020):

- no permitir que el juez reciba “toda” la información que provee la
prueba desde la fuente misma. Si bien es cierto en los “juizooms” no hay una alteración
de la fuente probatoria, si existe a lo menos un riesgo de que no se reciba toda la
información que se requiere para la toma de una decisión sobre la responsabilidad
penal. Cuando la decisión que se adopta es condenatoria, quien tiene que soportar
todo este riesgo es el imputado.

- Del mismo modo, en caso de no existir una transmisión óptima en el
caso de los juizooms, podría tener lugar una de las afectaciones del principio de
inmediación que Roxin llama: “reducción de la capacidad de observación del juez”.
Según dicho autor, en virtud del principio de inmediación, el juez debe estar siempre
en condiciones de seguir los acontecimientos del proceso, pues en caso contrario no
estaría en condiciones de formar su convicción a partir de la totalidad del juicio, de
modo que cuando ello no ocurre se lesiona tal principio.

TRIGÉSIMO PRIMERO. Que, en el caso de marras la cuestión constitucional
dice relación con la satisfacción, en el contexto de la utilización de video conferencias
en la audiencia de juicio relativa al caso sublite, del estándar de diferentes principios
presentes en torno al debido proceso, todos los cuales deben concurrir de forma
absoluta en el desarrollo de cualquier controversia sometida al conocimiento de un
tribunal, previamente establecido y competente. Lo anterior se traducirá en el hecho
que el defensor pueda ejercitar en el juicio el conjunto de facultades que la ley otorga
para percibir los cargos y la prueba, así como para mantener contacto directo y en



20
0000130
CIENTO TREINTA




tiempo real con su representado, ofrecer y presentar la prueba, así como poder
expresar de forma clara e ininterrumpida sus fundamentos durante el debate en el
desarrollo del juicio.



B. La regulación contenida en el Código Procesal Penal chileno.

- El principio de contradicción en el Código Procesal Penal.

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que, el juicio Oral es la etapa del procedimiento
en materia penal que se caracteriza por ser oral, generalmente público, concentrado,
que se realiza ante el Tribunal Oral en lo Penal que resulte competente, oportunidad
en la cual el Ministerio Público, el acusador particular y el Actor civil , si los hubiere,
presentarán su caso; en tanto el acusado formulará su defensa, respecto de cuyos
elementos fácticos los intervinientes pretenderán sustentar o rebatir con las pruebas
a rendirse exclusivamente en esta instancia, formulando los alegatos de clausura para
demostrar la procedencia o no de que se haga efectiva la pretensión punitiva estatal,
luego de lo cual y antes del término de la audiencia los miembros del tribunal oral en
lo penal deben dar a conocer su veredicto (Ver en este sentido Maturana Miquel, C.,
Montero López, R., (2017) Derecho Procesal Penal. Tomo II, Santiago, Chile,
Librotecnia, p.p. 950-951).

TRIGÉSIMO TERCERO. Que, en este sentido resulta indiscutible la
importancia del juicio oral, toda vez que en dicha oportunidad se resolverá el
conflicto sometido al conocimiento del tribunal, configurado por el ejercicio de la
pretensión punitiva estatal confrontado con el derecho a la libertad del acusado,
amparado por la presunción de inocencia (en este sentido ver a Maturana Miquel, C.,
Montero López, R., (2017) Derecho Procesal Penal. Tomo II, Santiago, Chile,
Librotecnia, p. 951). Es en el juicio oral también cuando se ejercerá lo medular y más
relevante del derecho a defensa, en intensa contradicción oral e inmediata a la
pretensión de condena pena privativa de libertad y a sus fundamentos de hecho y
derecho.

TRIGÉSIMO CUARTO. Que, como se colige de la presente sentencia, la
contradicción en el proceso penal representa un pilar central, pues significa tanto la
presencia ininterrumpida de los jueces durante todo el juicio oral, siendo la ausencia
de uno de los jueces causal de nulidad del juicio oral y de la sentencia que se dicte en
el, conforme a los artículos 284 y 374 letra b, del Código Procesal Penal.

En el mismo sentido, la presencia del fiscal debe ser ininterrumpida, siendo la
ausencia de éste también una causal de nulidad en contra de la sentencia definitiva
que fuere dictada en el contexto de dicho juicio.

En el mismo orden, la presencia del acusado al inicio de la audiencia es un
requisito indispensable para dar inicio al juicio oral, pues en caso de la ausencia de




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0000131
CIENTO TREINTA Y UNO




éste procederá la suspensión de la audiencia, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 252 del Código Procesal Penal.

A reglón seguido, cabe destacar que será un elemento de la esencia de esta
etapa del proceso la comparecencia ininterrumpida del defensor, siendo la ausencia
de este también una causal para deducir recurso de nulidad, de acuerdo con los
artículos 103, 286 y 374 letra b, del Código Procesal Penal), lo cual debe ser entendido
a la luz de la funcionalidad del pleno ejercicio del derecho a defensa como elemento
de validez de la actividad procesal penal, lo cual presupone que ese pleno ejercicio se
refiere a las dimensiones formal y material de su ejercicio, pudiendo incluso ser
declarado el abandono de la defensa por un ejercicio negligente o insuficiente de la
misma. Así, el entender la comparecencia del defensor como un requisito de validez
que se satisface con una defensa degradada en lo material es rebajar el estándar de
garantía de un derecho que al ser ininterferible por “ninguna autoridad o individuo” no
puede ser susceptible de disposición por el legislador en términos de desconocer total
o parcialmente su dimensión material o de contenido.

Finalmente, es dable precisar que respecto a la actuación del querellante, la
falta de comparecencia injustificada de éste o si se ausentare sin autorización del
tribunal hace procedente que se declare abandonada la querella, sin que se pueda
seguir actuando en el proceso, de acuerdo a los artículos 120 letra c, y 121 del Código
Procesal Penal. Caso en el cual, según lo expuesto por Maturana y Montero, no resulta
procedente el recurso de apelación en contra de la resolución que declara el
abandono, de acuerdo con el artículo 120 inciso final del Código Procesal Penal. En el
mismo sentido, los mismos autores señalan que si el que no comparece a la audiencia
de juicio oral es la víctima que hubiere ejercido la demanda civil se declarará el
abandono de la acción civil (artículo 64 del CPP).

TRIGÉSIMO QUINTO. Que, el principio contradictorio tiende a cautelar la
presencia física de quienes son parte esencial del proceso, cuestión que a propósito
de los juicios orales a través de plataformas electrónicas varía, toda vez que la
presencia física es reemplazada por la comparecencia virtual, la que está supeditada,
en lo relativo a su calidad, intermitencia de la conexión, protección frente a la
intromisión de terceros a la red, al servicio otorgado por el prestador de internet, así
como a los software de seguridad que el usuario posea, cuestiones todas que
dependerán tanto de la capacidad económica del interviniente, o bien de la calidad
del servicio entregado por el prestador que corresponda, limitando la posibilidad de
que las partes puedan hacer valer sus derechos o intereses legítimos por motivos que
les son del todo ajenos, cuestión que también puede afectar a los integrantes del
tribunal de juicio oral, que se conectan al juicio telemático de igual forma.

TRIGÉSIMO SEXTO. Este principio a su vez se manifiesta en el
otorgamiento a los sujetos procesales de su derecho a formular los alegatos iniciales
para exponer sus pretensiones y defensas, de acuerdo con los artículos 325 inciso final
y 326, inciso primero, del Código Procesal Penal. Sin embargo, no se agota solamente



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0000132
CIENTO TREINTA Y DOS




en ello, pues el derecho a la prueba, a su producción y al examen y objeción de la
prueba contraria son además elementos del derecho a defensa eficaz y también de un
debido proceso, lo cual incluye como parte esencial la interrogación y la
contrainterrogación de los testigos y peritos que se presenten durante el juicio oral,
cuestión que a nivel legal se encuentra recogida de conformidad a lo establecido en
el artículo 330 del CPP, y los alegatos de clausura en relación con las conclusiones
formuladas por las partes, artículo 338 del CPP.



- El principio de oralidad en el Código Procesal Penal.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, el artículo 291 del Código Procesal Penal
establece que “La audiencia de juicio se desarrollará en forma oral, tanto en lo relativo a las
alegaciones como a las argumentaciones de las partes como a las declaraciones del acusado, a
la recepción de las pruebas, en general, a toda intervención de quienes participaren en ella
(…)”.

Lo anterior, significará que incluso la declaración de testigos y peritos no
puede ser practicada mediante la lectura de registros o documentos en que ellas se
contuvieren (art. 329 inciso primero del CPP), sin perjuicio de las excepciones
previstas en los artículos 331 a, 331 b, 331 c, 331 d, y 332 del Código Procesal Penal,
entre las cuales no se considera una hipótesis como la del caso de autos.

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 334 del inciso
primero del CPP, se prohíbe la incorporación como medio de prueba ni dar lectura
en el juicio oral a los registros y demás documentos que den cuenta de diligencias o
actuaciones realizadas por la policía o el Ministerio Público.

En este sentido, un juicio telemático solo garantiza que es imposible verificar
el cumplimiento de esta prohibición de lectura. En efecto, en una sala de audiencias,
el examen de vista a corta distancia permite constatar que no hay lectura, mas en un
juicio telemático, la pantalla de un computador puede contener varias ventanas
abiertas al mismo tiempo, incluyendo mensajería instantánea y documentos de texto,
que pueden ser leídos mirando la misma pantalla donde está la aplicación de video
conferencia, lo cual abre pie a la posibilidad incluso de declaraciones de testigos
digitadas en tiempo real, sin que el tribunal tenga como siquiera examinar o precaver
tal circunstancia, lo cuál además puede ocurrir respecto de peritajes, haciendo
desaparecer el valor y funcionalidad de las reglas de oralidad e inmediación como
herramientas de contra examen y escrutinio de probanzas, elemento esencial del
derecho a defensa, e impidiendo al tribunal formarse convicción a través del examen
de la actitud y expresión corporal real del deponente, que no puede siquiera ser
percibida al verse solo su rostro dirigido a la pantalla.



- El principio de inmediación en el Código Procesal Penal.




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0000133
CIENTO TREINTA Y TRES




TRIGÉSIMO OCTAVO. El principio de inmediación tiene por objeto
asegurar que los jueces del tribunal oral en lo penal tengan una presencia
ininterrumpida durante toda la audiencia del juicio oral, conforme a lo dispuesto en
el artículo 284 del Código Procesal Penal, pues en caso de la ausencia de cualquiera
de ellos procederá un motivo absoluto de nulidad (art. 374 letra b) del Código
Procesal Penal).

TRIGÉSIMO NOVENO. Para la doctrina autorizada, no hay duda en orden
a que el principio de la inmediación resulta esencial en el proceso penal, puesto que
no es posible delegar las funciones (artículo 35), debiendo los jueces que dictarán la
sentencia estar presentes durante toda la audiencia, dado que el tribunal debe formar
su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral (artículo 340
inciso segundo), cuyo valor deben determinar los propios jueces conforme al sistema
de sana crítica (artículo 297), debiendo fundamentar tanto su veredicto que deben
comunicar al término de la audiencia (artículo 343) y, en especial, la sentencia
definitiva que deben dictar con posterioridad de acuerdo con los hechos que
determinarán según la valoración de la prueba rendida en el juicio oral (artículo 342
letra c), todo lo cual es posible de realizar exclusivamente sólo por los jueces que
hubieren estado presentes en el juicio oral (en este sentido ver a Maturana Miquel, C.,
Montero López, R., (2017) Derecho Procesal Penal. Tomo II, Santiago, Chile,
Librotecnia, p. 959).

CUADRAGÉSIMO. Que, en el mismo sentido el principio de inmediación
está compuesto de dos fases una formal y otro material, destacando dentro de esta
última elementos relevantes como la presencia ininterrumpida de los jueces y la
posibilidad que puedan observar por si mismos la incorporación de la prueba entre
otros aspectos. Por otro lado, en lo relativo a la materialidad de este principio dice
relación con la posibilidad de extraer inferencias de prueba por sí mismos, sin utilizar
equivalentes probatorios, siendo el fundamento de esta última el valor que se
reconoce al juicio oral como instrumento para poner a prueba la confiabilidad de la
información que el tribunal recibe (en este sentido ver a Horvitz, María Inés. López,
Julián. Derecho Procesal Penal Chileno, Tomo I, Santiago, año 2014, pp. 97 – 98). En
ello, la dimensión material de la inmediación se ve relativizada y degradada por los
juicios telemáticos, pues la transmisión por pantalla y el enfoque solamente en el
rostro acompañado de la voz pasa a ser un sucedáneo de la más completa e inmediata
percepción presencial, siendo este mecanismo de videoconferencia una suerte de
“mediación telemática en tiempo real”, también denominable como “presencia virtual”
que es tenido en principio por una equivalencia de presencialidad, pero sin los
elementos de percepción presencial, pues ni siquiera el campo visual puede ser el
mismo y tampoco se puede percibir si se cumple o no la prohibición de lectura de
libretos.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Que, en consecuencia, si se excluye – a lo
menos parcialmente- la inmediación a consecuencia de que la norma impugnada




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0000134
CIENTO TREINTA Y CUATRO




obliga a hacerlo mediante la mediación telemática, se expone al acusado a un juicio
en el cual eventualmente podrá ver vulnerados sus derechos, infringiendo de ese
modo el proceso previo legalmente tramitado y con ello el articulo 19 N° 3°, inciso
sexto de la Constitución, al no poder comunicarse directamente y en tiempo real con
su defensor, lo que se traduce en no poder interactuar con él en el escrutinio y examen
de las pruebas que sostienen la imputación en su contra, privándolo de comunicarle
oportunamente circunstancias que sólo él puede observar y constatar.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Adicionalmente, sin la dictación de la Ley
N° 20.226, es un piso mínimo de debido proceso en el sistema procesal penal vigente
el respeto por oralidad, inmediación y contradictorio en el juicio oral, verificado en
audiencia, bajo el examen de los intervinientes y en presencia del tribunal, lo que
incluye el impedimento de lecturas y declaraciones del tipo libreto o memorizadas,
garantizando por esa vía un examen de exposición para desnudar la real idoneidad
de la prueba, que después es sometida nuevamente a examen mediante el
interrogatorio cruzado, entendido como quinta esencia del principio del
contradictorio. Nada de eso es asegurado un juicio por una app de videoconferencia
(ya que incluso podría accederse a la conexión por teléfono sin necesidad de
computador y mientras se desarrolla el “juizoom” puede entrar una llamada
telefónica, recibir mensajes de whatsapp, alertas de correos, etc.), pues el tribunal
carece de elementos básicos que en una audiencia presencial sí se tienen: constatar
que el testigo o el perito no están leyendo en la misma pantalla que proyecta la imagen
de zoom: constatar que nadie instruye al declarante por mensajería instantánea
mientras se verifica su declaración, cosa que podría ocurrir también en la misma
pantalla, constatar que fuera de la órbita de la webcam el testigo no es objeto de
presiones, coacciones o instrucciones por otras personas, entre otros posibles vicios.

CUADRAGÉSIMO TERCERO. De igual forma, un juicio oral en inmediación
y contradictorio requiere un alto estándar profesional del derecho a defensa, y en el
marco de objeciones, contra interrogatorio, examen y cuestionamiento de la prueba,
surgen cuestiones que deben ser ponderadas y planteadas por los intervinientes en el
acto, y resueltas por el tribunal en la misma audiencia. En tal sentido, si de dichas
incidencias se generarán consecuencias para el resultado del juicio, es insostenible
que el imputado no esté en contacto presencial directo con su defensor mientras se
desarrolla el juicio, que en tales términos exige para el derecho a defensa un estrecho
contacto e interacción en tiempo real.

CUADRAGÉSIMO CUARTO. Desde esta perspectiva, el juicio telemático
puede resultar en una degradación del principio de inmediación, en la medida que el
mismo “ordena que el tribunal del juicio perciba a través de sus propios sentidos, de forma
directa, sin intermediarios, la información que proviene de la fuente directa donde ésta se
encuentra registrada, de modo que no se produzcan mayores filtros interpretativos que el
propio y esencial a la fuente de la prueba de que se trate” (Decap Fernández, Mauricio, El
juicio oral y los principios de inmediación y contradicción, Revista del Instituto de la




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0000135
CIENTO TREINTA Y CINCO




Judicatura Federal, N° 36, 2014, México). De esta forma, inmediación no es solamente
presencia ininterrumpida del tribunal, sino que el impedimento de lecturas también
es uno de sus elementos. Por otra parte, inmediación significa ausencia de mediación,
sea personal o mediante cosas, incluyendo la lectura y la tecnología. De esa forma,
nuevamente se observa que la “presencia” no es real sino “virtual” al no haber sala
común en que las personas interactúen por sus propios sentidos sino mediante la web
sin una percepción completa y directa. A su vez, el computador y el soporte de la
video conferencia son el “medio” que permite el pretendido contacto, que es a su vez
parcial, de tal manera que estamos en presencia de una suerte de “mediación
telemática” en tiempo real o “sincrónica”, que puede significar “inmediatez” en tiempo
real pero que en cuanto a sus caracteres dista de ser inmediación procesal en el sentido
estricto de su dimensión material. En este sentido, al estimar “necesario” los órganos
colegisladores la dictación de una norma legal expresa que autorizara los juicios
orales por zoom, reconocieron expresamente que no tenían cobertura legal habilitante
suficiente en el Código Procesal Penal, lo cuál debe ser entendido a la luz de la
afectación del derecho a defensa respecto de inmediación, oralidad y contradictorio
y en el marco de las atribuciones de ponderación del artículo 10 del Código Procesal
Penal.

- Continuidad y concentración a la luz del Código Procesal Penal
chileno.

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Que, como se ha señalado precedentemente,
dado que se exige la presencia ininterrumpida durante el juicio oral no solo de los
jueces, sino que también del fiscal, el defensor, el acusado, el acusador particular y
del actor civil, se requiere que para que ello sea posible que el juicio se desarrolle sin
solución de continuidad y, además realizando las actuaciones del mismo en la forma
más concentrada y con las mayor brevedad, eficacia y precisión posible, ello de
acuerdo a lo establecido en los artículos 282, 283, 292, 343, y 344 del Código Procesal
Penal.

CUADRAGÉSIMO SEXTO. Uno de los avances del nuevo proceso penal
acusatorio con respecto al antiguo proceso penal inquisitivo es que superada la
mediación como principio informador, ya no se juzgan “papeles”, como lo era el
resolver tras la lectura del expediente, sino que se juzga lo que se produce y percibe
en tiempo real en una audiencia mediante el uso de los sentidos por seres de carne y
hueso, que plantean un caso y producen prueba en dicha audiencia, la cual es
examinada y contrastada in situ, bajo la percepción directa de los jueces del tribunal
y de los demás intervinientes, marco en el cual el contraste es necesario, surgiendo la
necesidad del principio del contradictorio como pre supuesto necesario para que
dicho contraste sea eficaz en términos de permitir apreciar y establecer hechos y a
partir de ellos tomar determinaciones en derecho sustantivo, de las cuales derivará
una sentencia definitiva que resolverá acerca de la pérdida de la libertad personal.




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0000136
CIENTO TREINTA Y SEIS




CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Este ejercicio requiere de la oralidad como
regla operativa al menos y de la inmediación en los términos señalados, y traerá como
consecuencia la superación del sistema de prueba legal tasada, pues lo juzgado no
serán fojas de un expediente de papel, sino la credibilidad, razonabilidad, expertiz,
idoneidad y coherencia de las probanzas producidas en el juicio oral. Así, el informe
pericial no producirá fe solo por estar escrito y ser agregado a una carpeta de
investigación, sino por ser expuesto y defendido en una audiencia, tras lo cual debe
resistir el examen cruzado propio del principio de contradicción, en función del cuál
puede ser derribado si el perito no es capaz de sostenerlo, mostrando que más allá de
sus dichos en papel, no tenía el conocimiento ni la expertiz ni la base necesaria para
aseverar lo que escribió y firmó, mismo ejercicio que es crucial para determinar el
valor de la prueba de testigos. Así, el uso de herramientas telemáticas en juicios orales
puede impedir un examen integral de la prueba e impide la comprobación del
cumplimiento de la prohibición de lecturas, impidiendo además comprobar que un
testigo está declarando sin ser forzado por terceros fuera del campo visual de la
webcam.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Es esta la oportunidad para señalar que en
materia procesal penal la opción legislativa por los principios informadores del
procedimiento no es una cuestión meramente técnica ni tampoco tienen el mismo
valor constitucional todos los principios informadores de los procedimientos. En este
sentido, entre escrituración y oralidad, debe tenerse presente que esta última ha sido
una opción por motivos de mayor estándar de garantía de derechos. En este sentido,
debe traerse a colación lo razonado por el maestro Iñaki Esparza Leibar, quién en
referencia al sistema constitucional español, señala que “Los motivos de la preferencia
por la oralidad son posiblemente variados, pero nosotros nos inclinamos a pensar que el
fundamental de entre ellos sea que un procedimiento en el que rija la oralidad (y naturalmente
sus principios consecuencia), es con notoria diferencia más apto para obtener la tutela efectiva
a que se refiere la propia CE. en su artículo 24.1, y específicamente más adecuado para articular
un proceso con todas las garantías” (Esparza, Iñaki, El Principio del Debido Proceso, J.M.
BOSCH, Madrid,1995, la cita está extraída de la pag. 71 de la publicación web del
texto como tesis doctoral, disponible en
https://www.tdx.cat/handle/10803/10427#page=1). Dicho razonamiento es
plenamente predicable respecto del estándar de pleno ejercicio del inviolable e
irrenunciable derecho a defensa y también de las garantías de racionalidad y justicia
que se establecen en el numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política, además
de ser también plenamente predicable acerca de los deberes del Estado Chileno
respecto del cumplimiento de los estándares de garantías judiciales del artículo 8° de
la Convención Americana de Derechos Humanos.

CUADRAGÉSIMO NOVENO. En efecto, un proceso penal en única
instancia requiere forzosamente de un alto estándar de inmediación, oralidad,
escrutinio y contradicción mediante actividad procesal de parte, principios que pasan
así a ser necesidades del debido proceso, motivo por el cual en la presente sentencia



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0000137
CIENTO TREINTA Y SIETE




serán reconocidas como elementos integrantes de la garantía constitucional del
debido proceso penal en el sistema chileno plasmado en el Código Procesal Penal. A
su vez, si los principios de oralidad, inmediación, unidos al contradictorio hacen
necesario resolver en única instancia para no resucitar la superada mediación. Así, la
única instancia reconocerá su justificación en el pleno respeto y ejercicio de las
garantías de oralidad, inmediación y contradictorio, acompañada además del control
horizontal propio de un tribunal colegiado, de tal manera que si todas o bien alguna
de dichas garantías se ven degradadas o no se respetan, el juzgamiento penal en única
instancia se puede volver ilegítimo, al desaparecer los contrapesos y romperse el fino
equilibrio que son necesarios para legitimar la actividad punitiva.



IV. ANÁLISIS DE FONDO. INAPLICABILIDAD DEL PRECEPTO
IMPUGNADO A PARTIR DEL CASO CONCRETO.

QUINCUAGÉSIMO. Es de fácil comprensión entonces que la norma permite,
o más bien ordena, la realización de juicios orales telemáticos asumiendo que el
derecho a defensa esté reconocidamente afectado, exigiendo para suspenderlos que
la afectación sea “absoluta”, lo que significaría la imposibilidad total de ejercer el
derecho a defensa, permitiendo la realización de juicios en todas las otras hipótesis
de afectación “no absoluta”, es decir, “relativa” o parcial del derecho a defensa. No
deja de llamar la atención a estos sentenciadores que dicha norma sea interpretada de
forma literal y restrictiva, pues la interdicción de la indefensión es un principio
absoluto y un proceso penal sin defensa es por definición un proceso nulo en la
medida que es un derecho irrenunciable y a la vez un elemento integrante del debido
proceso, cuyos elementos son estándar de validez del mismo.

De tal forma, debe recordarse en materia de hermenéutica jurídica el criterio
de efecto útil, es decir, que las normas han sido dictadas para tener un efecto
determinado que es inexistente al momento de su entrada en vigencia o a lo menos
uno que no es igual al que producen las normas preexistentes. En este sentido queda
patente que es insensato sostener que se dictó la Ley N° 21.226 para prohibir la
indefensión, sencillamente porque ya estaba prohibida, y salta a la luz que el sentido
de la norma cuestionada no es entonces prohibir la indefensión, pues la Constitución,
el Derecho internacional de los derechos humanos y el Código Procesal Penal ya la
prohibían, sino que en realidad el sentido de la norma cuestionada en la Ley N° 21.226
es habilitar la realización de juicios orales incluso si el derecho a defensa se ve
mermado, impidiendo que la judicatura los suspenda al no ser “absoluto” el
impedimento de defensa que se invoque, resultando que las afectaciones del derecho
a defensa requeridas para suspender el juicio no serían totales y por ende el juicio se
verifica de todas formas, permitiendo por vía legislativa una degradación del
estándar y funcionalidad del derecho a defensa, paradojalmente bajo la vigencia de
normas constitucionales que en el año 2011 lo transformaron en irrenunciable y lo
reforzaron (Ley de reforma constitucional N° 20.516).



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CIENTO TREINTA Y OCHO




QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. En este sentido, no debe olvidarse lo obvio:
si el ejercicio a defensa se ve obstaculizado por un “impedimento absoluto”, ello
significa que no se puede ejercer de ninguna forma, lo que significa que esa es una
hipótesis de indefensión total, cuestión que en el derecho chileno no era necesario
proscribir por la Ley N°21.226, pues la interdicción de la indefensión ya es parte de
las garantías de la dimensión constitucional del debido proceso penal, además de
sancionarse en el Código de diversas formas, dentro de las cuáles cabe mencionar al
menos la nulidad de lo obrado en indefensión (sea por vía incidental o recursiva) y el
abandono de la defensa.

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. En efecto, si lo buscado por el artículo 9°
de la Ley N° 21.226 era reforzar los estándares del derecho a la defensa, amén de dar
continuidad al ejercicio de la jurisdicción en esta materia, para una pronta y cumplida
administración de justicia, como impone el artículo 76 de la Constitución, de sus
normas resulta una paradoja, pues frente a afectaciones calificables como “no
absolutas” ni “totales” del ejercicio del derecho a defensa, el precepto cuestionado es
una regresión: las normas del Código Procesal Penal -en particular su artículo 10 al
consagrar la jurisdicción de cautela, inciso primero- permiten adoptar en sede
jurisdiccional todas las medidas necesarias para asegurar el pleno ejercicio de los
derechos del imputado, agregando el inciso segundo del aludido artículo 10 que “Si
esas medidas no fueren suficientes para evitar que pudiere producirse una afectación sustancial
de los derechos del imputado, el juez ordenará la suspensión del procedimiento y citará a los
intervinientes a una audiencia que se celebrará con los que asistan. Con el mérito de los
antecedentes reunidos y de lo que en dicha audiencia se expusiere, resolverá la continuación
del procedimiento o decretará el sobreseimiento temporal del mismo”.

QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Es decir, la judicatura sí tenía atribuciones
ordinarias y suficientes para ponderar afectaciones parciales o “no absolutas” del
ejercicio del derecho a defensa “en cualquier etapa del procedimiento”, sin necesidad de
que se dictara la Ley N° 21.226, que solamente vino a autorizar los juicios telemáticos
y en el precepto cuestionado a cercenar la ponderación de impedimentos “no
absolutos”. Del contraste del artículo 9° de la Ley N° 21.226 con el artículo 10 del
Código Procesal Penal surgen una serie de consecuencias de constatación:

- El artículo 10 en comento permitiría suspender una audiencia por
“afectación sustancial” (no necesariamente impedimento absoluto, que es un estándar
más alto y rígido) del derecho a defensa y posteriormente determinar el curso del
proceso.

- El artículo 9° de la Ley N° 21.226 impide suspender si el impedimento
es parcial o sustancial pero no es “absoluto”, y de tal estatuto deriva que ordena
realizar el juicio de todas formas.

Así, queda de manifiesto que es un craso error sostener que se está en
presencia de una cuestión de mera legalidad que debe ser resuelta por el juez del
fondo, pues justamente lo que el precepto impugnado determinó es la imposibilidad



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CIENTO TREINTA Y NUEVE




del tribunal para ponderar impedimentos “absolutos”, los cuales además dejan al
órgano jurisdiccional sin margen de ponderación en una norma de garantía aparente,
pues solo puede suspender un juicio en indefensión, lo cual ya estaba prohibido
constitucional y legalmente, por lo cual la norma nada asegura como estándar de
garantía especial.

QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Así, es evidente que el precepto cuestionado
limitó las atribuciones ordinarias que la jurisdicción de cautela tiene en el artículo 10
del Código Procesal Penal, impidiendo la ponderación de impedimentos “no
absolutos” para ejercer el derecho a defensa como factor de suspensión de juicios orales
y permitiendo la realización de los juicios en todas las otras hipótesis de afectación
del derecho a defensa, lo que significa que el legislador ha dispuesto mediante el
precepto que se declarará inaplicable validar afectaciones a un derecho a defensa que
la Constitución Política proclama como inviolable, deviniendo así en ineficaces,
tautológicas y vacuas todas las otras proclamaciones normativas en orden a que los
juicios telemáticos han de realizarse con pleno respeto a los derechos fundamentales,
incluida la declaración de la norma general del artículo 10 de la misma ley, pues la
misma en su artículo 9 contiene la norma especial cuestionada que permite degradar
ese respeto, lo que significa negar la “plenitud” del derecho a defensa, degradando
su estándar de ejercicio, e impidiendo al Poder Judicial velar cabalmente por su
respeto y cumplimiento, como quedó en evidencia durante este proceso
constitucional al constatarse que, prácticamente sin excepción, los Tribunales
Superiores de Justicia han debido desestimar sistemáticamente toda acción o recurso
destinado a evaluar situaciones de impedimentos no absolutos.

Si se pretende fundar la norma en la celeridad y en la necesidad de realizar los
juicios a todo evento durante la pandemia, ha de tenerse presente que, como lo ha
razonado este tribunal a propósito de otras limitaciones al derecho a defensa, “estamos
en presencia de una regla procesal que tiene costos y beneficios en su aplicación y que la
magnitud e importancia de unos y otros puede ser determinante para verificar el grado de
racionalidad de la norma. Como se explicará, más adelante, la aplicación de la regla legal
impugnada afecta negativamente y en una magnitud relevante la racionalidad y justicia
procedimental, lo cual no parece compensado por la existencia de algún beneficio o ventaja que
lo justifique”, que “el beneficio que puede servir de justificación para esta regla es el de evitar
obstáculos para la substanciación ordenada del proceso y, en definitiva, para la eficiente
administración de justicia. No obstante, esta ventaja no siempre resulta completamente clara”
y que “la aplicación de la regla genera una serie de costos que, en la práctica y en el caso, dan
lugar, al final, a una vulneración de derechos constitucionales” (respecto de las tres últimas
citas ver STC 3123. Cons. 31° a 33°), en este caso en la dimensión material del derecho
a defensa, que no puede ser sacrificado en un área tan relevante y aflictiva como el
proceso penal, menos en aras de la celeridad y la economía de gestión punitiva.

QUINCUAGÉSIMO QUINTO. En este orden, el artículo 10 de la Ley N°
21.226 dispone en una norma general que “En los casos en que, conforme a las




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0000140
CIENTO CUARENTA




disposiciones de esta ley, un tribunal disponga proceder en forma remota, deberá tomar todas
las medidas necesarias que aseguren las condiciones para el cumplimiento de las garantías
judiciales del proceso, contempladas en la Constitución Política de la República y en los
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, cuestión que en
principio desnuda que el propio legislador partió reconociendo que el uso de
herramientas telemáticas podía degradar el estándar de garantía del debido proceso
y del derecho a defensa, por lo que buscó expresar directamente la necesidad de su
respeto. Sin embargo, como respuesta a la posible degradación en cada caso concreto,
la disposición de dicha norma resulta insuficiente, al realizar a nivel de ley una
proclama que constitucionalmente es del todo obvia y además innecesaria de señalar
expresamente en la ley, pues el legislador no podría haber dispuesto lo contrario, ya
que nadie duda que está sometido al mandato constitucional del debido proceso y al
derecho internacional de los derechos humanos que lo asegura, y que la Constitución
hace suyo en su artículo 5°, inciso segundo, resultando de toda obviedad que no tiene
potestades para preterir dicha sumisión dictando una ley.

Además, no es el artículo 10 la norma habilitante de la realización de juicios
telemáticos con derechos mermados por un impedimento ”no absoluto” para
ejercerlos. En efecto, el artículo 10 presupone ya la existencia de las atribuciones de
procedimiento telemático (que se contienen en otras normas de la Ley N° 21.226, al
habilitar proceder “en forma remota”, expresión que ocupa en 6 oportunidades en su
texto), declarando los límites de su ejercicio, cuestión que, de tener sentido y eficacia
fuera de lo señalado precedentemente, significaría que como regla general cualquier
tipo de actuación de cualquier tipo de tribunal no podría verificarse si hay afectación
de derechos por uso de medios telemáticos, pero significaría también que en materia
penal ese criterio se vería modificado por la exigencia de impedimento absoluto de
ejercicio de derechos para denegar la verificación de la actuación, en este caso, un
juicio oral. De tal forma, resulta un error sostener que debió cuestionarse el artículo
10 y no el artículo 9 de la Ley N° 21.226.

A su vez, exigir al imputado que requiera de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad del artículo 10 encierra una paradoja: es manifestarle que debe
cuestionar y etiquetar de inconstitucional una norma que señala que debe ser juzgado
en el marco de sus propias garantías del debido proceso, incluyendo su irrenunciable
derecho a defensa jurídica.

QUINCUAGÉSIMO SEXTO. Cabe recalcar que la presente declaración de
inaplicabilidad no es un cuestionamiento general acerca del uso de tecnologías en
actuaciones procesales, las cuales son regularmente usadas también en alegatos de
esta Magistratura, sino que es una inaplicabilidad de una norma específica, que
impide a los jueces suspender audiencias en función de la ponderación de diferentes
grados e intensidades de afectación y degradación del derecho a defensa del
imputado, exigiendo que para suspender el impedimento de ejercicio de derechos sea
absoluto. Así, el efecto de la presente declaración de inaplicabilidad no es una nulidad




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0000141
CIENTO CUARENTA Y UNO




mecánica ni automática de un futuro juicio oral, sino solamente devolver a la
judicatura de cautela las atribuciones de ponderar en específico la afectación de
derechos de los intervinientes, cualquiera sea su grado e intensidad, para determinar
si ello incide o no en una suspensión o realización del juicio oral, más allá de si el
impedimento invocado es o no “absoluto”, ampliando dicho examen y potestad a todo
tipo de impedimentos constituidos por afectaciones “no absolutas” de derechos.

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. Así, declarada la inaplicabilidad caso a caso,
y no siendo cuestionada general ni abstractamente la autorización legislativa para
juicios orales penales telemáticos, serán los tribunales del fondo los que deberán
ponderar si la afectación de derechos y garantías en el caso concreto invocado es o
no de la entidad suficiente para determinar si se accede o no a la realización o a la
suspensión del juicio oral telemático en el caso específico, en función de lo que se
acredite respecto de la degradación o limitación del ejercicio de los derechos del
imputado privado de libertad, sobre todo en materia de defensa y debido proceso.
Debe tenerse presente además, que la suspensión o el reagendamiento seguirán
regidas por las normas del artículo 7 de la misma Ley N° 21.226, lo cual despeja toda
duda acerca de la validez de lo que se obre al fijar un estándar expreso y
eventualmente suspender en cada caso concreto.



V. OTRAS CUESTIONES.

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Que el precepto cuestionado no fue objeto
de control de constitucionalidad abstracto y preventivo en la sentencia Rol N° 8564
de esta Magistratura, que se refirió a algunos preceptos de la Ley N° 21.226, debiendo
recalcarse que es evidente que la Constitución no permite limitar ni restringir el
acceso a la justicia ni el derecho al debido proceso ni el derecho a la tutela judicial
efectiva ni el derecho a defensa por parte del legislativo bajo la vigencia de un Estado
de Excepción constitucional, pues es diferente un proyecto que entrega atribuciones
para decidir cómo se administra la emergencia o una simple prórroga de plazos, de
un proyecto que ordena denegar tutela y rebajar el estándar del inviolable derecho a
defensa establecido por la Constitución Política.

QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Que, por otra parte, sostener que el recurso
de nulidad por infracción de derechos fundamentales del artículo 373, letra a), Código
Procesal Penal sería la vía para enmendar las vulneraciones a derecho alegadas por
el requirente constituye un error por varias razones. La primera de ellas es que dicho
recurso no es un medio idóneo para verificar control de constitucionalidad de normas
con rango de ley que afecten derechos, es decir, claramente no es un requerimiento
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, pues su objeto es el juicio y/o la sentencia,
mas no la ley habilitante para ello. En el mismo sentido, la infracción debe ser
“sustancial”, es decir, que sea trascendente, de mucha importancia o gravedad, de tal
modo que el defecto sea, en definitiva, insalvablemente ineficaz frente al derecho al
debido proceso, (399), entendida dicha “sustancialidad” a efectos de respetar el



32
0000142
CIENTO CUARENTA Y DOS




principio de que la nulidad sin perjuicio específico no operaría (ver Los Recursos
Procesales, Mario Mosquera Ruiz y Cristián Maturana Miquel, Editorial Jurídica de
Chile, 3ª edición , 2020, pp. 382 y 399). Así, dicha “sustancialidad” configura un
elemento propio de un recurso extraordinario, determinando no solo la concurrencia
del vicio alegado, sino una entidad alta y una conexión indispensable con el resultado.

Desde esta perspectiva, la declaración de inaplicabilidad del precepto
cuestionado se revela como esencial y necesaria para poder dar cumplimiento a los
estándares de debido proceso a que el Estado de Chile se encuentra obligado en el
sistema penal, ya que solo así se podrán ponderar en sede de recurso de nulidad los
impedimentos no absolutos de ejercicio del derecho a defensa, pue son puede
preterirse lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito
de ello y respecto de nuestro país, al señalar que “la interpretación que los tribunales
internos realicen de la referida causal debe asegurar que se garanticen el contenido y
criterios desarrollados por este Tribunal respecto del derecho a recurrir el fallo (supra
párr. 270). El Tribunal reitera que las causales de procedencia del recurso asegurado
por el artículo 8.2.h) de la Convención deben posibilitar que se impugnen cuestiones
con incidencia en el aspecto fáctico del fallo condenatorio ya que el recurso debe
permitir un control amplio de los aspectos impugnados, lo que requiere que se pueda
analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en las que está fundada la
sentencia condenatoria” (CASO NORÍN CATRIMÁN Y OTROS, DIRIGENTES,
MIEMBROS Y ACTIVISTA DEL PUEBLO INDÍGENA MAPUCHE VS. CHILE,
SENTENCIA DE 29 DE MAYO DE 2014, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS).El
segundo motivo es que sostener que el recurso de nulidad sería la vía para enmendar
el efecto inconstitucional alegado por la aplicación del precepto cuestionado es que
tal hipótesis implicaría acoger un recurso en contra de un juicio oral “visado y
autorizado” por ley especial tras litigar sin éxito la entidad acerca del impedimento
“no absoluto” de ejercicio del derecho a defensa, autorización de enjuiciamiento que
se expide mediante una sentencia interlocutoria dictada en virtud del precepto
impugnado, motivo por el cuál concluir que la presente causa es un tema de nulidad
y no de inaplicabilidad sería concluir que dicho recurso extraordinario y de derecho
estricto habilitaría a proceder contra legem al acogerlo, lo cual es en sí mismo una
contradicción conceptual, pues el juicio se desarrolló por habilitación expresa del
artículo 9 de la Ley N° 21.226, y si se procediera contra legem en un proceso penal, el
juicio se encontraría fuera de la legalidad procedimental, cuestión que también
constituiría un cuestionamiento de validez, pues, en efecto, el artículo 377 del Código
contempla expresamente la nulidad por infracción de ley de procedimiento al regular
la preparación del recurso, señalando que “Si la infracción invocada como motivo del
recurso se refiriere a una ley que regulare el procedimiento, el recurso sólo será admisible
cuando quien lo entablare hubiere reclamado oportunamente del vicio o defecto”. Es menester
entonces considerar que no tiene sentido sostener que el recurso de nulidad
habilitaría a preterir la vigencia del artículo 9° cuestionado en estos autos.




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0000143
CIENTO CUARENTA Y TRES




En tercer lugar, si se considera que el recurso de nulidad sería la vía idónea en
lugar de la inaplicabilidad en el caso sublite, invocando la causal de afectación del
ejercicio de las facultades del derecho a defensa, se topa con que dicho motivo
anulatorio que se establece al efecto en la letra c) del artículo 374 del Código Procesal
Penal se configura “Cuando al defensor se le hubiere impedido ejercer las facultades que la
ley le otorga”, determinando entonces que es la ley el canon de juicio del mismo, lo
cual obliga a constatar que en este caso es la misma ley la que permite enjuiciar con
un degradado derecho a defensa, declarando válido el juicio si el impedimento no es
“absoluto”, lo cual impide que el recurso prospere por sí sólo salvo en situaciones de
indefensión total, dejando de manifiesto la necesidad de la declaración de
inaplicabilidad para que en todos los otros casos para que el motivo de nulidad pueda
ser útil.

SEXAGÉSIMO. Por otra parte, en cuanto a la situación de las medidas
cautelares de los imputados que se encuentren en hipótesis de juicios orales
telemáticos, el artículo 9° de la Ley N° 21.226 se refiere genéricamente al caso “en el
que hubiere persona privada de libertad”, sin señalar específicamente hipótesis de prisión
preventiva ni tampoco descartando otras medidas cautelares personales que
pudiesen llegar a grado de privación de los derechos y garantías de la libertad
personal del numeral 7° del artículo 19 de la Constitución Política, por lo que será
labor de los jueces del fondo determinar el sentido y alcance de dicha norma del
artículo 9° en comento, no correspondiendo a esta Magistratura precisar criterios
hermenéuticos al respecto para la gestión respectiva, por lo cual es irrelevante
determinar si en el caso específico hay o no prisión preventiva al momento de requerir
de inaplicabilidad.

SEXAGÉSIMO PRIMERO. Sin perjuicio de lo expresado precedentemente,
debiendo la solicitud de inaplicabilidad interponerse antes de que se concrete el
posible resultado inconstitucional derivado de la aplicación de la norma que se
cuestiona, no cabe sino hacer un ejercicio hipotético y eventual en cuanto a su futura
aplicación, bastando entonces la mera posibilidad de la misma, motivo por el cual el
inciso undécimo del artículo 93 de la Constitución exige como presupuesto de
admisibilidad que la aplicación del precepto “pueda” resultar decisiva, ya que en esas
condiciones hipotéticas y eventuales no puede sino exigirse solamente una mera
posibilidad. En ese sentido la administración de medidas cautelares personales en el
proceso penal es un tema propio de las atribuciones de la judicatura del fondo, que
siempre es dejado a salvo por esta Magistratura en un proceso de inaplicabilidad,
existiendo la posibilidad de decisiones relativas a privación de libertad a ese respecto,
en el marco de la sustanciación de la gestión pendiente y del ejercicio de atribuciones
del órgano jurisdiccional respectivo, aun cuando se decrete la suspensión del
procedimiento.

SEXAGÉSIMO SEGUNDO. En efecto, corolario de lo expuesto es que la
jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que basta la existencia de una mera




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0000144
CIENTO CUARENTA Y CUATRO




posibilidad de esa aplicación del precepto cuestionado para que el Tribunal deba
entrar al fondo del asunto y pronunciarse acerca de la inaplicabilidad por
inconstitucionalidad que pueda afectarle. (Ver STC 505 c. 11 y en el mismo sentido,
STC 634 c. 8, STC 790 c. 7, STC 808 c. 7, STC 943 c. 9, STC 1006 c. 4, STC 1046 c. 8, STC
1215 c. 11, STC 1253 c. 8, STC 1279 c. 9, STC 1295 c. 42, STC 1463 c. 7, STC 1674 c. 7,
STC 1741 c. 7, STC 2237 c. 14, STC 2246 c. 9, STC 2651 c. 7, STC 2678 c. 9, STC 506 c.
11, STC 2982 cc. 5 y 15, STC 2907 c. 9, entre otras).

SEXAGÉSIMO TERCERO. Que, de tal forma, se declarará la inaplicabilidad
del precepto cuestionado y el requerimiento será acogido.



Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:



I. QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A FOJAS 1,
POR LO QUE SE DECLARA LA INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA EXPRESIÓN “EN FORMA
ABSOLUTA”, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 9°, INCISO
SEGUNDO, DE LA LEY N° 21.226, QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN
JURÍDICO DE EXCEPCIÓN PARA LOS PROCESOS JUDICIALES,
EN LAS AUDIENCIAS Y ACTUACIONES JUDICIALES, Y PARA
LOS PLAZOS Y EJERCICIO DE LAS ACCIONES QUE INDICA, POR
EL IMPACTO DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN CHILE, EN EL
PROCESO PENAL RUC Nº 1900186597-0, RIT Nº 29-2020 DEL
SÉPTIMO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE
SANTIAGO. OFÍCIESE.

II. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA
EN AUTOS. OFÍCIESE.



DISIDENCIA

Acordada con el voto en contra de la Presidenta del Tribunal, Ministra
señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL (Presidenta), del Ministro señor GONZALO
GARCÍA PINO, y de la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, quienes
estuvieron por rechazar el requerimiento, por las siguientes razones:




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0000145
CIENTO CUARENTA Y CINCO




I. GESTIÓN PENDIENTE Y CONFLICTO DE
CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADO

1°. El requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ha sido
deducido por Camilo Alejandro Jaramillo Sepúlveda, en el proceso penal RIT Nº 29-
2020, del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, seguido en su contra
por los presuntos delitos de porte de arma prohibida, disparo injustificado de arma
de fuego en la vía pública, amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, maltrato
de obra a carabineros y amenazas a carabineros, encontrándose pendiente la
realización de la audiencia de juicio oral y solicita que se declare la inaplicabilidad de
la expresión “en forma absoluta”, contenida en el inciso segundo, del artículo 9º, de la
Ley Nº 21.226. El actor alega que la aplicación de dicha regla contraría la Constitución
por vulnerar el debido proceso, el derecho a defensa y la igualdad ante la ley.

En cuanto a la infracción al debido proceso, el requirente señala que la
realización de una audiencia de juicio a través de videoconferencia tiene una serie de
dificultades prácticas por cuanto se altera la calidad de la información de la prueba
que se pretende incorporar al juicio. Agrega que, si se excluye la inmediación, a
consecuencia de que la norma impugnada obliga a hacerlo, se expone a un juicio de
menor calidad.

Luego, en cuanto al derecho a defensa, el actor señala que para asegurar el
respeto a las garantías del imputado debe existir una comunicación permanente entre
el representado y su letrado. En los juicios no presenciales, estima, existen situaciones
que no dependen del control de los intervinientes, que impiden la intervención
oportuna del letrado, afectando el derecho a defensa. De esta forma, el precepto
impugnado al exigir que el impedimento sea absoluto, se desconoce el núcleo esencial
del artículo 19, Nº3, inciso segundo de la Constitución que, según el requirente, se
vulnera cada vez que a la defensa se le impide el ejercicio de una facultad legalmente
consagrada.

Por último, el requirente estima que se infringe la igualdad ante la ley, en
atención a que se enfrenta al aparato de enjuiciamiento en desventaja respecto de
cualquier otro acusado que tiene la oportunidad de realizar el juicio de forma
presencial, estableciéndose una diferencia arbitraria que no obedece a ningún
parámetro objetivo.

2°. Al examinar si la aplicación del inciso segundo del artículo 9° de la ley N°
21.226 infringe la Constitución en el caso concreto constituido por la gestión judicial
pendiente, resulta necesario formular algunas precisiones previas vinculadas a
algunos antecedentes fácticos, normativos y doctrinarios que servirán como pautas
interpretativas para fundamentar las conclusiones desestimatorias de la
inaplicabilidad solicitada y, en consecuencia, reafirmar el carácter conforme a la
Constitución de la disposición impugnada.




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0000146
CIENTO CUARENTA Y SEIS




II. LA EXPRESIÓN “EN FORMA ABSOLUTA”, CONTENIDA EN EL
ARTÍCULO 9°, INCISO SEGUNDO, DE LA LEY N° 21.226

3°. La sentencia que se dicta en estos autos, y de la cual disentimos, basa sus
razonamientos en: a) un análisis exhaustivo de la realización de audiencias a través
del sistema de videoconferencias y su incidencia en el sistema procesal penal y las
garantías de los intervinientes; b) el derecho a defensa en sus expresiones material y
técnica, como manifestación del debido proceso, tanto a nivel del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos como al de nuestro orden constitucional, y
sus repercusiones legales, con especial énfasis en la interdicción de la indefensión y su
carácter irrenunciable; c) los principios de contradicción, oralidad, inmediación,
continuidad, concentración y el carácter adversarial que guían el proceso penal
chileno; d) el análisis en sí de la regla que se cuestiona de inaplicabilidad a la luz de
las garantías fundamentales que se invocan en el requerimiento, estimándose por la
mayoría que la judicatura penal, previo a la dictación de la disposición en análisis,
contaba con atribuciones ordinarias y suficientes para ponderar afectaciones parciales
o “no absolutas” del ejercicio del derecho de defensa. Sostiene la mayoría que la regla
en examen deja al órgano jurisdiccional sin margen de ponderación y, con ello, limita
las atribuciones de cautela que otorga el artículo 10 del Código Procesal Penal,
imposibilitando la ponderación de impedimentos “no absolutos” para ejercer el
derecho a defensa.

Previo al razonamiento que explicitaremos en esta disidencia es necesario
tener presente que los elementos generales que se razonan por la mayoría no son
controvertidos por estos Ministros al disentir de lo que se está resolviendo. El
conflicto constitucional que ha sido presentado al conocimiento y resolución de este
Tribunal no se estructura en cuestionar el sistema de videoconferencias para la
realización de audiencias en materia penal y en que de ello pudiera derivarse una
vulneración, per se, al derecho a defensa. El análisis y repercusiones del derecho a
defensa y la prohibición de su interdicción tampoco es materia de controversia. Por el
contrario, la impugnación está delimitada por la aplicación de una regla contenida
en el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, en tanto ésta exige, para
suspender una audiencia o vista de la causa en un proceso penal regido por el Código
de Procedimiento Penal o el Código Procesal Penal, que el impedimento para ejercer
las facultades que otorga la ley respecto de personas privadas de libertad, sea
absoluto.

La regla establece dicho carácter absoluto, en armonía con lo que dispone el
inciso primero del anotado artículo 9°, no cuestionado, pero indispensable para
realizar el ejercicio interpretativo de la regla impugnada, al contextualizar la
situación excepcionalísima en que se encuentra el país al momento de tener vigencia
temporal la regla: estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad
pública. Y dicho estado rige, declarado por el Presidente de la República y con
vigencia cuando está siendo expedida esta sentencia, en razón de una pandemia que,




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0000147
CIENTO CUARENTA Y SIETE




en el plano jurídico-constitucional, demanda un análisis contextual de los derechos
fundamentales que pueden, eventualmente y de ser necesarios, limitarse.



III. ESTRUCTURA DE LA SENTENCIA

4°. El presente voto, para razonar sobre la conformidad de la regla cuestionada
con la Constitución, analizará a) el fenómeno sanitario que está experimentando Chile
y el mundo entero al momento de ser discutido el presente conflicto constitucional,
esto es, la pandemia de la enfermedad Covid-19, sus repercusiones en materia de
salud pública y las decisiones que ha debido adoptar la autoridad sanitaria
internacional y nacional a dicho respecto; b) las consecuencias que, en el ordenamiento
jurídico, ha producido la pandemia, las eventuales restricciones a derechos
fundamentales que puede traer aparejada y cómo ello se concilia, en el caso en
examen, con la necesidad de que se siga prestando el servicio judicial con pleno
respeto a las garantías de las personas que, en materia penal, enfrentan una acusación
que pudiera significar una privación de su libertad; c) los efectos que genera la
dictación del estado constitucional de catástrofe por calamidad pública, acto
vigente al momento de ser presentada acusación contra el requirente, ser discutida
la suspensión de la audiencia de juicio oral, ser analizada la admisión a trámite y
admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad de estos autos, ser efectuada su
vista, y pronunciada esta sentencia; d) a partir de la dictación de la Ley N° 21.226, y
su contexto sanitario y jurídico, cómo ésta busca dar continuidad al servicio judicial
en cumplimiento de las obligaciones que impone la Constitución al Poder Judicial; y,
en fin, e) luego de plantear dicho marco, se afirmará que la regla cuestionada es
conforme a la Carta Fundamental por cuanto, precisamente, posibilita que sea la
judicatura con competencia en lo penal la que, a la luz de los antecedentes que se le
presenten, pondere la alegaciones de los intervinientes respecto de la suspensión de
una audiencia a la luz del derecho a defensa, el derecho a ser juzgado en un plazo
razonable, y el deber de cautela en las garantías de todos los intervinientes que,
disposiciones como el artículo 10 del Código Procesal Penal, impone a los Tribunales
que ejercen justicia en lo penal.



IV. LA PANDEMIA COVID-19 EN CHILE Y SUS REPERCUSIONES
SANITARIAS

5°. El requerimiento de inaplicabilidad deducido, su sustanciación e,
incluso, la dictación de esta sentencia, se producen en el contexto de una pandemia
que ha afectado al mundo entero. Con fecha 5 de febrero de 2020 el Gobierno chileno
declaró alerta sanitaria en todo el territorio de la República por el brote del nuevo
Coronavirus Covid-19; el 3 marzo de 2020 el Ministerio de Salud confirmó que en
Chile se había producido el primer caso de Covid-19 en la ciudad de Talca; y, en fin,
el 11 de marzo del mismo año, la Organización Mundial de la Salud declaró que dicho




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CIENTO CUARENTA Y OCHO




brote constituye una pandemia. Una semana después, el Presidente de la República
declaró - a través del D.S. Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior
y Seguridad Pública- el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por
Calamidad Pública, en todo el territorio nacional, por un término de 90 días, medida
que ha sido prorrogada por el mismo lapso el 16 de junio y el 10 de septiembre por los
decretos supremos Nºs 269 y 400, respectivamente. Recientemente, en diciembre de
2020, se ha hecho pública una nueva prórroga del acto en comento hasta marzo de
2021.

El 21 de marzo de 2020, una mujer de 82 años fue la primera víctima fatal de la
pandemia en Chile. Cuatro días después, el 25 de marzo, se alcanzaron los 1.000 casos
de contagios. Al día siguiente, el Gobierno decretó toque de queda desde las 22:00
hasta las 5:00 horas. La primera cuarentena comenzó el día 26 de marzo afectando a
siete comunas de Santiago. Desde ese entonces, las medidas adoptadas por la
autoridad sanitaria para combatir el brote han ido variando constantemente para
llegar, el 19 de julio, a anunciarse el plan de desconfinamiento llamado “Paso a Paso”,
que tiene por objeto enfrentar la pandemia según la situación sanitaria de cada
comuna del país en particular, estableciendo al efecto 5 pasos graduales, con distintas
modalidades de restricción a la libertad de circulación y de reunión en cada uno de
ellos. Esta política pública sigue aplicándose.

6°. Una pandemia como el Covid-19 es, antes que nada, una tragedia de salud
pública con alcances universales que está en pleno desarrollo afectando la vida de
millones de personas y comprometiendo gravemente la salud de otro conjunto aún
más grande de seres humanos. A diciembre de 2020 alrededor de un millón 500 mil
personas han muerto por esta enfermedad y 64,2 millones de personas han sido
reportadas como contagiadas con Covid en el mundo, siendo nuestro país uno de los
que cuantitativa y cualitativamente aportan una cuota significativa en el conjunto, con
más de 554 mil personas infectadas y con sobre los 15 mil 450 fallecidos, sin contar las
cifras extendidas que se consideran asociadas a dicha enfermedad.

El presente siglo está caracterizado por una civilización que valora la
mantención de la vida de las personas como pocos y que está dispuesto a hacer
esfuerzos ingentes por dedicarse a su protección y permanencia en consideraciones
abiertamente contrarias al utilitarismo. En consecuencia, las afectaciones al derecho a
la salud y a la integridad física y síquica de las personas, implica que existe una
prevalencia inicial o prima facie de estos derechos por sobre los otros que parecen
comprometidos acusadamente, como es el caso de la libertad personal y sus
restricciones de movimiento. Prueba de ello es la dictación de la Ley N° 21.228, que
concedió indulto general conmutativo a causa del Covid-19, en Chile, a personas
privadas de libertad.

7°. La lucha contra esta pandemia no está ceñida a un guion, ni a una estrategia
predefinida. Esta dinámica implica un ejercicio de máxima prudencia de poder
público puesto en movimiento y, en particular, buscando la persuasión ciudadana al



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CIENTO CUARENTA Y NUEVE




ser todas las personas no solo potenciales víctimas, sino que transmisoras del virus.
Por lo mismo, el contexto de esta lógica pública supone un particular diálogo mundial
entre órganos sanitarios rectores universales (OMS) y regionales (OPS), con los
responsables de los distintos países en una búsqueda de las mejores prácticas y
estrategias. A la vez, bajo una activa dimensión de control comunitario y académico
que se ha abierto paso, no sin dificultades, desde el primer día como un aval a la
credibilidad no sólo de las estadísticas, sino que de las estrategias de prevención,
contención y mitigación de la pandemia. Podemos afirmar, así, que la apertura de
información y el control de esas políticas dice mucho del tipo de régimen político que
las sostiene.

8°. Ahora bien, la pandemia no es solo un problema sanitario, también ha
generado un enorme problema económico, al llevar a los países a cerrar sus economías
y a perfilar la principal caída del producto interno bruto simultáneo en muchos años.
Esta afectación económica trae por consecuencia un impacto en derechos y libertades.
Primero, por el cierre temporal de empresas y en muchos casos definitivo, en
emprendimientos de todo tipo de rubros. Como consecuencia de ello, en el ámbito del
trabajo, se ha incrementado la cesantía; se han debilitado las garantías sociales que
proveen los contratos; se ha cortado la cadena de pagos; ha crecido la deuda personal
y muchas familias han visto caer sus ingresos monetarios de un modo dramático. Los
extraordinarios esfuerzos económicos estatales y personales, así como una frondosa
legislación excepcional, con mecanismos constitucionales transitorios que
concluyeron con el monopolio del gasto público en manos del Poder Ejecutivo, nos
hablan de una consecuencia indirecta del Covid-19 de enorme impacto y que costará
años recuperar.

9° De este modo, hay un efecto directo sanitario desde la pandemia y una
derivación indirecta de orden económico. “Responder con éxito significa dos cosas: limitar
el impacto directo e indirecto de la pandemia. Los países que respondieron con más éxito
pudieron evitar elegir entre los dos: evitaron el compromiso entre una alta mortalidad y un alto
impacto socioeconómico de la pandemia. Nueva Zelanda ha podido reducir las infecciones y
abrir su país internamente. Otras naciones insulares también pudieron prevenir casi por
completo un brote (como Taiwán, Australia e Islandia). Pero no solo las islas pudieron doblar
la curva de las infecciones y prevenir grandes brotes: Noruega, Uruguay, Suiza, Corea del Sur
y Alemania son ejemplos. Estos países sufrieron un impacto directo menor, pero también
limitaron los impactos indirectos porque pudieron liberar las medidas de bloqueo antes.”
(https://ourworldindata.org/coronavirus).

Pero aún así, estos casos emblemáticos temen rebrotes reales, como es el caso
de los países europeos que está sufriendo actualmente una segunda ola, tal vez, peor,
que la primera, o la decisión de Uruguay de cerrar sus fronteras en la época estival,
pese a ser el turismo una de sus industrias preferentes.

10°. Por lo mismo, en esta sentencia, de diciembre de 2020, vuelve a tener
sentido lo sostenido por esta Magistratura en la STC Rol N° 8574, cuando en sus



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CIENTO CINCUENTA




considerandos 1° y 2° indicó “que pocas veces tratamos asuntos como los que hemos visto
en este caso. A veces perdemos de vista la historicidad de nuestras decisiones por el momento
excepcional que nos ha tocado vivir en los últimos meses en el mundo y desde el 18 de marzo
de 2020 con la declaración del estado de catástrofe en Chile por la pandemia mundial del
Coronavirus.

Es un momento universal, único y difícil. Universal, porque desde los trágicos tiempos
de las guerras mundiales que no confluían todos los intereses globales sobre un mismo asunto.
Único, porque para muchísimos de nosotros acontece por primera vez en nuestras vidas y nada
se le parece. Hemos aprendido de otras experiencias difíciles, pero la asimilación no es similitud.

Y es difícil porque supone el conjunto más grande de restricciones a nuestras libertades,
a nuestro modo de vivir y la impronta de lo que somos como personas y sociedad. Es difícil
porque nos hemos llenado de incertidumbres y de miedos. Se expresa en múltiples sentimientos
cruzados de soledad, angustia, quiebras económicas, desempleo, enfermedades, muertes o
abandonos. Son tiempos de reflexión y cuestionamientos, pero también de esperanzas. Y ese
contexto nos ha modificado también el derecho. Ya vivimos en los márgenes excepcionales del
mismo, desafiándonos en los momentos en donde más debe florecer el Estado democrático de
Derecho, lo que exige de nosotros los jueces el mejor de los esfuerzos para fortalecer las reglas
sobre las cuales reposa la vida colectiva. En particular, quiénes nos dedicamos al ámbito
constitucional tenemos el privilegio de poder participar en el esfuerzo colectivo por garantizar
los derechos fundamentales en contextos tan particulares”.

“(…) La pandemia ha modificado sensiblemente nuestra vida social es una afirmación
tan ordinaria como común. No sólo existen restricciones de nuestras libertades definidas por
un estado de excepción, sino que nos enfrentamos a un desafío de una envergadura tal que
afecta todos los rincones de nuestro país. El Congreso Nacional ha dictado leyes especiales; el
Banco Central ha rebajado las tasas de interés a cifras históricas para hacer frente a la recesión
mundial cierta; los Tribunales de Justicia han modificado sus pautas de conductas y enfrentan
los miles de casos bajo fórmulas inteligentes de avanzar en los asuntos sometidos a su
jurisdicción sin afectar los derechos procesales de las partes; la Contraloría General de la
República ha visado el conjunto de medidas administrativas excepcionales que se están
adoptando; las policías y las Fuerzas Armadas enfrentan desafíos para los que no tenían
competencias naturales; los municipios defienden a los vecinos bajo criterios creativos, no
uniformes y no siempre efectivos; y el Gobierno tiene el deber de encabezar las estrategias
sanitarias que permitan hacer frente a la pandemia, debiendo, a la vez, inspirar confianza en
sus decisiones y prudencia en las estrategias que no parecemos conocer del todo. Nuestra
Magistratura no puede sustraerse a dicho clima. Vivimos en esa excepcionalidad. Llevamos
semanas con audiencias a distancia y nuestro ritmo de trabajo no ha cesado… “(STC 8574, c.
1° y 2°); circunstancia esta última vinculada a la materia que plantea el requerimiento
de autos, desde que, como ya expusimos, éste principalmente cuestiona la celebración
de audiencias por videoconferencia en los juicios orales en materia penal.



V. LA PROTECCIÓN A LA SALUD EN TIEMPOS DE PANDEMIA



41
0000151
CIENTO CINCUENTA Y UNO




11°. Al enfrentar la pandemia cabe tener presente que, de acuerdo con el texto
constitucional chileno, el Estado “está al servicio de la persona humana y su finalidad es
promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que
permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización
espiritual y material posible” (art. 1° inciso cuarto). Para cumplir con dicho fin, entre
otras tareas, la organización estatal debe “considerar las condiciones generales en que se
desarrolla la convivencia dentro de la comunidad a fin de que ellas se ajusten a las pautas
básicas de preservación de la salud y de prevención de todos los daños que puedan venir por el
descuido del instrumental que exista a disposición de los habitantes para satisfacer sus
exigencias” (intervención de Alejandro Silva Bascuñán en sesión de la Comisión
Ortúzar, Actas de la Sesión N° 190, p. 15).

Tal obligación es consecuencia, además, del deber del Estado tanto de “dar
protección a la población” (art. 1°, inciso final) como de “respetar y promover” los derechos
que emanan de la naturaleza humana y que limitan el ejercicio del poder, derechos
que se encuentran “garantizados por esta Constitución, así como por los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” (art. 5°, inciso segundo).

La responsabilidad estatal en materia de salud es de carácter prestacional y se
recoge en el artículo 19 N° 9 constitucional, precepto que se vincula con otros derechos
fundamentales que la Constitución reconoce también en ese mismo artículo y que,
asimismo, el Estado está llamado a asegurar, promover y respetar, como son “el
derecho a la vida y a la integridad física y síquica” (N°1); el “derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación” (N° 8) y el “derecho a la seguridad social” (N° 18).

12°. Por otra parte, la promoción y preservación de un ambiente sano es de tal
importancia que constituye también un valor que lleva a limitar expresamente el
ejercicio de otros diversos derechos constitucionales.

Así se señala que las confesiones religiosas tienen derecho a “erigir y conservar
templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las
ordenanzas”(N° 6, inciso segundo); que ninguna clase de trabajo puede ser prohibida
“salvo que se oponga a…a la salubridad públicas” (N° 16 inciso cuarto); que no pueden
declararse en huelga “las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea
su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios…cuya paralización causa grave
daño a la salud” (N° 16 inciso final); y, en fin, que la función social de la propiedad
“comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la
utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental” (N° 24, inciso
segundo).

13°. Las particularidades que reviste el valor salud -definido por el
Diccionario de la Real Academia como el “estado en que un ser u organismo vivo no tiene
ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones”-
llevan a considerarlo como un bien no sólo de carácter individual -puesto que a cada
persona le interesa conservarla para poder desarrollarse adecuada y plenamente en
su vida - sino también como un valor de carácter social -el cual, como ya expresamos,



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CIENTO CINCUENTA Y DOS




es un componente integrante del bien común-, ya que de su adecuada salvaguarda
depende nada menos que la subsistencia misma del elemento humano del Estado y
además el efectivo goce de otros derechos fundamentales.

Lo anterior, puesto que, “dada la trascendencia que para cada persona tiene su propia
salud, se presentan una serie de condiciones y presupuestos de su goce, en relación a los cuales
el individuo aisladamente no puede proveer ni está en condiciones de manejar, y ello explica la
primacía y la intensidad con que se reconoce en la norma constitucional la responsabilidad del
Estado en resguardar y afirmar este valor social primordial, que es la salud de su población”
(Alejandro Silva Bascuñán (2008), Tratado de Derecho Constitucional, tomo XII, p.
129). La salud entonces es un bien público esencial, por lo que su resguardo por parte
de todos los estados es prioritario. Se ha dicho al efecto que “es un derecho de carácter
inclusivo, que guarda correspondencia con el goce de otros derechos, que comprende sus
determinantes básicos y sociales como el conjunto de factores que condicionan su efectivo
ejercicio y disfrute” (Resolución N° 1/2020, “Pandemia y Derechos Humanos en las
Américas”, adoptado por la CIDH el 10 de abril de 2020).

14°. La actual Constitución asegura a todas las personas, en el numeral 9 de su
artículo 19, el “derecho a la protección de la salud” y no el “derecho a la salud”,
constituyendo este último un derecho prestacional en sentido estricto, es decir, uno
que le permite al individuo exigirle al Estado algo que -si la persona poseyera medios
financieros suficientes y si encontrase en el mercado una oferta suficiente- podría
también obtenerlo de los particulares (Robert Alexy (2008), Teoría de los Derechos
Fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, p. 443). Si, por lo
dicho, como señala la profesora Miriam Henríquez, podría catalogarse el derecho a la
protección de la salud como un “derecho prestacional de protección” y no como un
derecho prestacional en sentido estricto, ello no es obstáculo, sin embargo, para que
constituya una obligación prioritaria del Estado garantizarlo, lo cual “importa el derecho
del titular a que el Estado lo proteja de intervenciones de terceros que atenten contra su salud”
(Henríquez, Miriam (2012), “El derecho a la protección de la salud” en Aguilar,
Gonzalo (coord.) Derechos económicos, sociales y culturales en el ordenamiento
constitucional chileno, Ed. Librotecnia, p. 436).

Tal deber de protección se manifiesta en el resto del articulado, por cuanto éste
obliga al Estado a proteger “el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción,
protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo” (inciso segundo);
coordinar y controlar “las acciones relacionadas con la salud” (inciso tercero), “garantizar
la ejecución de las acciones de salud sea que se presten a través de instituciones públicas o
privadas” (inciso cuarto).

15°. Debido a que el Estado, a diferencia de lo que cabe a los particulares
realizar, tiene la misión de conducir a la sociedad política hacia su fin propio, y para
ello cuenta con herramientas para compeler a la población a cumplir con las reglas
que ordene, ejerce un rol muy dinámico en lo que dice relación especialmente con las
acciones de protección y promoción de la salud. Tales tareas cobran una relevancia



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CIENTO CINCUENTA Y TRES




mayor si durante la marcha de la vida colectiva se presenta un peligro cierto de que
la salud de la población pueda deteriorarse severamente debido a la propagación
de una pandemia como la que actualmente nos afecta, y cuyos efectos devastadores
ya hemos descrito.



VI. LA DECLARACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN
CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

16°. Invocando los preceptos pertinentes de la Carta Fundamental, como
consecuencia de la situación de calamidad pública producida por la llegada a Chile
del Covid-19 que ha afectado el normal desenvolvimiento de las instituciones del
Estado y con el objeto de poder adoptar una serie de acciones tendientes a prevenir,
evitar y combatir los contagios de la enfermedad, el Presidente de la República declaró
el estado de excepción constitucional de catástrofe a lo largo de nuestro territorio,
conforme lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución. Ello ha permitido al
Ejecutivo imponer diversas restricciones en el ejercicio de los derechos fundamentales
a que se refiere el artículo 43, inciso tercero, cobrando relevancia para el normal
desenvolvimiento de las actividades de carácter privado y público las que han
afectado el libre ejercicio de libertad de locomoción y de reunión.

Como señaló la Asamblea General de las Naciones Unidas, al aprobar en 1984
las pautas sobre el artículo 4° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
en relación con los deberes generales que se le exigen al Estado de Chile, conforme lo
mandata el inciso segundo del artículo 5° de la Constitución, y que son conocidas
internacionalmente como los Principios de Siracusa: “15. La salud pública puede
invocarse como motivo para limitar ciertos derechos a fin de permitir a un Estado adoptar
medidas para hacer frente a una grave amenaza a la salud de la población o de alguno de sus
miembros. Estas medidas deberán estar encaminadas específicamente a impedir enfermedades
o lesiones o a proporcionar cuidados a los enfermos y lesionados. 16. Deberán tenerse
debidamente en cuenta las normas sanitarias internacionales de la Organización Mundial de
la Salud”.

No obstante, “ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias” (inciso
segundo del artículo 7° de la Carta Fundamental) -como son las relacionadas con los
efectos que produce la pandemia- la autoridad puede vulnerar la Constitución y la
ley, por lo que las medidas que se adopten en resguardo de la salud pública no pueden
desconocer la intangibilidad de ciertos derechos que no deben ser suspendidos ni
siquiera en situaciones de excepción, como son “el derecho a la vida; a no ser sometido a
torturas, ni apenas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; a no ser sometido sin libre
consentimiento a experimentos médicos o científicos; a no ser sometido a la esclavitud ni a ser
servidumbre no voluntaria; el derecho a no ser encarcelado por no cumplir una obligación
contractual; el derecho a no ser condenado a una pena más grave en virtud de una legislación
penal retroactiva; el derecho a ser reconocido como una persona ante la ley; y el derecho a la
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” (Principios de Siracusa).



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CIENTO CINCUENTA Y CUATRO




17°. Ahora bien, no obstante que la Carta Fundamental permite la restricción a
algunas libertades específicas para enfrentar la calamidad pública, además de la
adopción de “todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean
necesarias para el pronto establecimiento de la normalidad en la zona afectada” (art. 43, inciso
tercero), éstas en ningún caso puede afectar “las competencias y el funcionamiento de los
órganos constitucionales ni los derechos e inmunidades de sus respectivos titulares” (art. 44,
inciso primero).

Sin perjuicio de ello, no hay duda de que, por su propia naturaleza, el conjunto
de acciones que se adopten para enfrentar los hechos que fundan el Estado
Excepcional de Catástrofe pueden afectar la forma en que se desarrollan ciertos
servicios que el Estado está obligado a brindar a la población en procura de satisfacer
sus diversas necesidades. Ello obliga a los diversos órganos públicos a adaptar su
funcionamiento a los tiempos de anormalidad que se viven.

Entre tales servicios se encuentra el de administración de justicia, prestado
por los tribunales ordinarios y especiales, sean estos integrantes o no del Poder
Judicial, los cuales deben seguir desempeñando su labor en las actuales
circunstancias extraordinarias.

18°. La obligación que tienen los tribunales de ejercer jurisdicción, con el fin
de obtener una “pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio
de la República” a que se refiere el artículo 77 de la Constitución, inevitablemente se
dificulta si la autoridad decreta medidas que, fundadas en su deber de velar por la
salud pública, imponen restricciones al normal desplazamiento de las personas y al
libre ejercicio del derecho de reunión, como son las que se han decretado al imponer
toque de queda durante varias horas en todo el territorio nacional; confinamiento
forzado de las personas en sus hogares; desplazamientos restringidos a lugares
públicos o privados, salvo que sean indispensables para el abastecimiento de insumos
esenciales o para la atención médica; limitación del número de personas que pueden
reunirse en un mismo lugar y distanciamiento forzado entre ellas; uso obligatorio de
mascarillas y de otros implementos de protección sanitaria, entre otras.

Tales medidas además se han extendido en el tiempo, ya que, dictadas bajo el
amparo del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe declarado en marzo,
éste se ha prorrogado ya tres veces durante este año 2020, al punto que, hallándonos
ya en diciembre, sigue vigente.

Aunque las mencionadas restricciones a la libertad personal y al derecho de
reunión deben cumplir con el principio de legalidad, ser necesarias en una sociedad
democrática y, por lo tanto, resultar estrictamente proporcionales para atender la
finalidad legítima de resguardar el bien jurídico protegido, por sus características
propias han impuesto dificultades al normal desenvolvimiento de las diligencias y
actuaciones que deben desarrollarse dentro de los recintos de los tribunales
respectivos. En efecto, tales medidas han constituido un serio obstáculo para que se
desarrollen especialmente las audiencias a que son citados los intervinientes en los



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CIENTO CINCUENTA Y CINCO




procesos, por cuanto éstas suponen contar con su presencia física para su
desenvolvimiento.



VII. LA LEY N° 21.226, DE 2 DE ABRIL DE 2020

19°. Teniendo presente el efecto que produce la vigencia del Estado de
Excepción Constitucional de Catástrofe y, en especial, las medidas restrictivas que el
Poder Ejecutivo ya había comenzado a adoptar para proteger la salud pública y evitar
el incremento de los contagios, y ante la necesidad y deber de seguir ejerciendo la
jurisdicción judicial a que están obligados los tribunales de justicia durante el período
de excepcionalidad decretado, el legislador dictó la Ley Nº 21.226, de 2 de abril de
2020, que “establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las
audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por
el impacto de la enfermedad covid-19 en Chile”.

Como señala el Mensaje acompañado a su articulado, las medidas sanitarias
que restringen los desplazamientos de la población “están produciendo, por una parte, la
imposibilidad de los ciudadanos de realizar muchas actuaciones que les permitan ejercer sus
derechos ante la autoridad judicial y, por otra, la severa disminución de las posibilidades de
atender los requerimientos de las personas, por parte de los funcionarios de los Tribunales de
Justicia”, por lo que resulta indispensable que el sistema judicial se enfrente al “desafío
de adaptarse a estas necesidades, que implican una importante reducción de la actividad
judicial, sin que ello genere indefensión en las partes e intervinientes de los procesos judiciales,
al no extinguirse sus posibilidades de realizar las actuaciones que les permitan ejercer sus
derechos y, al mismo tiempo, dar continuidad al servicio judicial, para la recepción de todos los
requerimientos urgentes, y adopción de todas las medidas que requieran intervención
prioritaria de los tribunales, para efectos de la debida administración de justicia.” (p. 4).

Durante la discusión en la Sala del Senado, el Senador Felipe Harboe señaló,
además, que la importancia de garantizar el funcionamiento del Poder Judicial
durante el estado de catástrofe dice relación con que se permite al Presidente de la
República limitar un conjunto de derechos constitucionales, por lo que “cuando un
mandatario reúne estas facultades, se requiere que el Poder Judicial se mantenga
funcionando. Porque es justamente en estos momentos de concentración del poder
cuando este puede abusar de los ciudadanos. Y la única instancia independiente es el
Poder Judicial.” (p. 65).

El legislador chileno, con la dictación de la Ley N° 21.226, se adecuó a los
estándares de restricción y suspensión de derechos del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, contenidos tanto en los ya citados “Principios de Siracusa”,
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como en los fijados por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual alude a la obligación que pesa
sobre todos los Estados “de asegurar que las garantías judiciales indispensables para la
protección de los derechos y libertades consagrados en la Convención se mantengan vigentes




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CIENTO CINCUENTA Y SEIS




en toda circunstancia, inclusive durante los estados de excepción” (Corte IDH Zambrano
Vélez vs. Ecuador, 2007, párr. 54) y a que “debe entenderse que la implantación del estado
de emergencia – cualquiera que sea la dimensión o denominación con que se le considere en el
derecho interno- no puede comportar la supresión o la pérdida de efectividad de las garantías
judiciales que los Estados Partes están obligados a establecer, según la misma Convención, para
la protección de los derechos no susceptibles de suspensión o de los no suspendidos en virtud
del estado de emergencia” (N° 25 de la Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de
1987 de la CIDH).

20°. La mencionada Ley N° 21.226 contiene 10 artículos para regular la materia
sobre que recae desde su entrada en vigor y hasta el cese del Estado de Excepción
Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública en el territorio de Chile,
aplicándose tanto sobre los casos que están siendo tramitados en los diferentes
tribunales del país como sobre los que se inicien con posterioridad a su publicación
durante el período de excepcionalidad declarado. Lo anterior pone de relieve que se
trata de una legislación esencialmente temporal y transitoria.

El cuerpo legal se preocupa especialmente de retardar los plazos que establece
la ley procesal o de suspenderlos, con el fin de no afectar a los intervinientes durante
el estado de excepción constitucional decretado, velando, al mismo tiempo, porque
los tribunales actúen “dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley” (art. 7°,
inciso primero), teniendo presente que, según lo que afirma expresamente nuestra
Constitución, la vigencia de un estado de excepción constitucional “no podrá afectar las
competencias y el funcionamiento de los órganos constitucionales” (art. 44).

Su texto otorga una atribución general a la Corte Suprema para ordenar la
suspensión de audiencias en procedimientos seguidos ante otros tribunales ordinarios
y especiales y regula las circunstancias en que tal facultad puede ejercerse. Dispone
además que, durante la vigencia del estado de catástrofe, los tribunales no podrán
decretar diligencias o actuaciones judiciales que, de realizarse, puedan causar
indefensión a algunas de las partes o intervinientes, salvo que requieran ser
desarrolladas con urgencia o sin dilación, dejando siempre a salvo la posibilidad de
reclamar en caso de que se afecten los derechos fundamentales de los intervinientes.

21°. Cabe recordar asimismo que, decretada en ese entonces sólo la alerta
sanitaria en Chile, con fecha 13 de marzo de 2020 la Corte Suprema dictó el Acta N°
41-2020, que contiene el “Auto Acordado que regula el Teletrabajo y el uso de
Videoconferencia en el Poder Judicial”, y tres días después dictó el Acta N° 42-2020.
De acuerdo a esta última normativa, “el ingreso del público a los tribunales deberá ser
por motivos fundados, en los casos estrictamente indispensables y sólo para las
audiencias que efectivamente se llevarán a cabo, debiendo la administración publicar
diariamente aquellas que se realizarán”, instruyendo a los magistrados de tribunales
unipersonales y a los Comités de Jueces, en los colegiados, en coordinación con el
secretario y/o el administrador, a “elaborar la planificación de las actividades del tribunal
por la modalidad de teletrabajo, con los turnos presenciales mínimos que permitan llevar a



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CIENTO CINCUENTA Y SIETE




efecto las actividades urgentes que dicha planificación contenga y que no puedan realizarse
mediante teletrabajo.”

Después de promulgada la Ley N° 21.226, y en concordancia con su texto, el
Acta N° 53-2020, también de la Corte Suprema, que contiene el texto refundido del
“Auto acordado sobre funcionamiento del Poder Judicial durante la emergencia
sanitaria nacional provocada por el brote del nuevo Coronavirus”, establece que “el
estado de excepción constitucional de catástrofe no puede constituir un obstáculo
al derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos de la República y a la
continuidad del servicio judicial, por lo que, en la medida que se encuentre
garantizada la vida y la salud de las personas, se preferirá aquellas modalidades que
maximicen la transparencia y el correcto funcionamiento del Poder Judicial, de modo
que éste ejerza su mandato constitucional en las mejores condiciones posibles- con
las limitaciones propias de un estado de excepción- en resguardo de los derechos y
garantías de las personas (art. 3), lo cual importa que, para asegurar el acceso a la
justicia y el debido proceso y resguardar la salud de las personas, “el Poder Judicial
procurará utilizar todos los medios tecnológicos con que cuente, privilegiando su
utilización flexible, actualizada y oportuna, siempre y cuando no constituya un
obstáculo al ejercicio de los principios básicos que se han enunciado, y se respete
plenamente los derechos de los intervinientes y partes, y las disposiciones del artículo
10 de la Ley N° 21.226” (art. 6).



VIII. SUSPENSIÓN DE LAS AUDIENCIAS EN LOS PROCESOS
PENALES Y SU RELACIÓN CON LA FUNCIÓN EJERCIDA POR LOS
TRIBUNALES ENCARGADOS DE CONOCER LAS CAUSAS CRIMINALES Y
LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO PENAL



22°. Respecto a la específica potestad que se entrega a la Corte Suprema para
suspender audiencias durante el estado de catástrofe decretado -teniendo presente
que tal materia se vincula al contenido del precepto legal impugnado en el
requerimiento que examinamos- cabe tener en cuenta que el artículo 1° de la Ley N°
21.226 indica que tal facultad la debe ejercer fundadamente, “señalando en forma expresa
y circunstanciada las condiciones y los términos en que operará específicamente cada
suspensión que decrete” (inciso tercero), y que la obligación la cumplirá “cuando sea un
hecho público y notorio que, a consecuencia de las restricciones impuestas por la autoridad en
el marco del estado de excepción constitucional referido, tales como las limitaciones a la
movilidad o al ingreso o salida a determinadas zonas, o en razón de las consecuencias
provocadas por la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-9, tales como
medidas de aislamiento, las audiencias no podrán realizarse, por faltar a la bilateralidad, la
contradictoriedad, la apreciación de la prueba, el impulso procesal de las partes, la publicidad
y otras garantías básicas del debido proceso, contempladas en la Constitución Política de la




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CIENTO CINCUENTA Y OCHO




República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”
(inciso segundo).

Entre las audiencias que pueden suspenderse se encuentran las que se realizan
ante los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal “con excepción
de las de control de detención, las de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva o
internación provisoria, las audiencias de revisión o sustitución de penas de la ley N° 18.216 y
la ejecución de condenas de menores de edad, aquellas en las que se discuta la internación
provisional y el cumplimiento de medidas de seguridad, y aquellas que requieran la
intervención urgente del tribunal” (letra b) del inciso cuarto); lo mismo se extiende a las
audiencias realizadas ante los tribunales superiores de justicia (letra c). Por su parte,
el art. 7° permite que tanto las audiencias de juicio de los procedimientos penales ya
agendadas por los tribunales como las audiencias en curso, puedan reagendarse para
una fecha próxima posterior al cese de referido estado de excepción constitucional.

Ahora bien, ordenada una suspensión por la Corte Suprema, la ley dispone
que los tribunales respectivos podrán proceder en forma remota para la realización de
las audiencias y vistas de causas que no puedan suspenderse (inciso final del artículo
1°). Ello sucede con las audiencias a que se refiere el inciso segundo de su artículo 9
impugnado en estos autos constitucionales, y que permite a los intervinientes ante las
Cortes de Apelaciones o ante la Corte Suprema en los procedimientos contemplados
en el Código Procesal Penal y en el Código de Procedimiento Penal en que hubiere
persona privada de libertad, solicitar la suspensión sólo si el impedimento obstaculiza
“en forma absoluta” su realización. Respecto de tales audiencias se deben “tomar todas
las medidas necesarias que aseguren las condiciones para el cumplimiento de las garantías
judiciales del proceso, contempladas en la Constitución Política de la República y en los
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes" (art. 10°).

Pues bien, debido a que el requerimiento impugna la referida regla del artículo
9 de la ley, antes de examinarlo conviene revisar los fundamentos que tuvo el
legislador para incorporar tal disposición, lo que nos lleva a revisar las características
que tiene la función que ejercen los tribunales encargados de conocer las causas
criminales, para analizar cómo éstas se relacionan con la facultad del juez de
suspender dicho procedimiento.

23°. Partamos recordando que si la soberanía reside en la Nación y su ejercicio
se realiza por el pueblo y por las autoridades que la Carta Fundamental establece
(artículo 5, inciso primero), entre éstas últimas se encuentra la autoridad judicial a que
se refiere su Capítulo VI. A ésta se confía la “facultad de conocer de las causas civiles
y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado” (art. 76, inciso primero),
estableciendo la Constitución que su organización y atribuciones deben ser los
necesarios “para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio
de la República” (art. 77).

Como ha señalado esta Magistratura, la función de los tribunales de ejercer la
jurisdicción judicial consiste en “fallar de acuerdo a la ley vigente los conflictos de



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CIENTO CINCUENTA Y NUEVE




intereses de relevancia jurídica sometidos a su conocimiento”, teniendo las
características de “un poder-deber que permite al Estado, a través de ellos, garantizar
la vigencia efectiva del derecho y, a las partes afectadas por un conflicto, su solución
uniforme y ajustada a la ley” (STC Rol N° 205, c. 8°), por lo que “dicha función
jurisdiccional, que es consustancial a los tribunales de justicia y que constituye por lo demás
uno de los supuestos básicos del Estado de Derecho, no puede ser afectada o delimitada en su
contenido por una disposición legal o infraconstitucional” (STC Rol N° 2159, c. 11°). La
función jurisdiccional supone además que la atribución otorgada tiene “por objeto
resolver conflictos de relevancia jurídica, entendiéndose por tales a aquellos que se originan
cuando la acción u omisión de un individuo produce el quebrantamiento del ordenamiento
jurídico, es decir, infringe la ley o norma reguladora de su conducta, sea permisiva, prohibitiva
o imperativa“ (STC Rol 1448, c. 14°). Entonces, debido a que las leyes se dictan para ser
cumplidas, el ordenamiento jurídico ha tomado preventivamente en consideración la
hipótesis de la inobservancia de la ley por parte de los obligados, preestableciendo
mecanismos que establezcan su vigencia en caso de conflicto.

24°. Lo anterior explica que los tribunales de justicia se encuentren obligados
a conocer y a resolver las materias sometidas a su decisión, y ello es efecto de la
aplicación del principio de inexcusabilidad a que están sujetos.

Tal postulado, recogido en el inciso segundo del artículo 10 del Código
Orgánico de Tribunales y elevado a nivel constitucional, consiste en que “reclamada su
intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer
su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión”
(art. 76, inciso segundo), expresando este Tribunal que “el efecto preciso de esa regla es
obligar a conocer y resolver las materias sometidas a la jurisdicción de un tribunal” (STC 228,
c. 4°).

25°. Particularmente en los procesos seguidos ante los tribunales encargados
de conocer las causas criminales, merecen protección no sólo los intereses de quienes
intervienen en ellos sino los de la sociedad toda, lo cual pone de relieve la importancia
de que tales tribunales actúan para garantizar “la pronta y cumplida administración de
justicia”.

Corresponde al Estado el poder y el deber de hacer efectiva la amenaza
contenida en la norma penal cuando es quebrantada, puesto que es el titular del
derecho de penar las conductas delictivas. Como consecuencia entonces del carácter
público de las penas, surge el principio de estatalidad que domina el proceso penal,
según el cual “el Estado ha reservado para sí la definición de las conductas delictuosas, la
jurisdicción penal, el poder de imponer las penas y el poder de su ejecución” (Letelier Loyola,
Enrique (2009). “Los principios del Proceso Penal relativos al ejercicio de la acción y
la pretensión: reflexiones y críticas a la luz de algunos ordenamientos vigentes.
Revista de Derecho. Universidad Católica del Norte, Año 16 No 2, p. 197).

El derecho penal además es un instrumento de “control social”, porque a través
suyo “el Estado intenta encauzar los comportamientos individuales en la vida social



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CIENTO SESENTA




procurando que los componentes del grupo interioricen sus normas y asuman sus modelos de
conducta (socialización), mediante el procedimiento de conminar con sanciones graves (penas)
ciertos hechos intolerables para la convivencia (delitos)” (Pérez Alonso, Esteban y otros
(2010). Zugaldía (director) y Moreno-Torres, María Rosa (coord.) “Fundamentos de
Derecho Penal”, 4° ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, p. 41). De este modo, al determinar
y sancionar las infracciones normativas, los tribunales contribuyen “a la formación de
una sociedad y a que pueda sobrevivir como tal sociedad” (Hassemer, Winfried (2016), ¿Por
qué castigar?, Tirant Lo Blanch, Valencia, p. 33).

26° Por su parte, el sistema procesal penal descansa, entre otros postulados, en
el principio de legalidad, el cual se encuentra reconocido en el artículo 19 N° 3, inciso
quinto, de la Carta Fundamental, en cuanto dispone que “toda sentencia de un órgano
que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado.
Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una
investigación racionales y justos”. Tal principio se concreta en el artículo 5° del Código
Procesal Penal, el cual, al referirse a la “Legalidad de las medidas privativas o
restrictivas de libertad”, preceptúa: “No se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión
preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de la libertad a ninguna
persona, sino en los casos y en la forma señalados por la Constitución y las leyes/. Las
disposiciones de este Código que autorizan la restricción de la libertad o de otros derechos del
imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades serán interpretadas restrictivamente y no
se podrán aplicar por analogía”.

Ahora bien, para cautelar las garantías del imputado, el artículo 10 del Código
Procesal Penal señala que:

“En cualquiera etapa del procedimiento en que el juez de garantía estimare que el
imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales
consagradas en la Constitución Política, en las leyes o en los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, adoptará, de oficio o a petición de parte, las
medidas necesarias para permitir dicho ejercicio.

Si esas medidas no fueren suficientes para evitar que pudiere producirse una afectación
sustancial de los derechos del imputado, el juez ordenará la suspensión del procedimiento
por el menor tiempo posible y citará a los intervinientes a una audiencia que se celebrará con
los que asistan. Con el mérito de los antecedentes reunidos y de lo que en dicha audiencia se
expusiere, resolverá la continuación del procedimiento o decretará el sobreseimiento temporal
del mismo.

Con todo, no podrá entenderse que existe afectación sustancial de los derechos del
imputado cuando se acredite, por el Ministerio Público o el abogado querellante, que la
suspensión del procedimiento solicitada por el imputado o su abogado sólo persigue dilatar el
proceso” (énfasis de esta transcripción).

Cumpliendo, por lo tanto, con la obligación del Estado de llevar a juicio a
quien se le imputa la comisión de un hecho delictual, el Ministerio Público




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0000161
CIENTO SESENTA Y UNO




investiga “los hechos constitutivos de delito, los que determinaren la participación
punible y los que acrediten la inocencia del imputado” (inciso primero del artículo 83
de la Constitución) y lleva adelante la persecución penal (artículo 85 del Código
Procesal Penal), la cual se caracteriza por tener naturaleza pública, ya en ella “los
órganos encargados de la persecución penal forman parte del aparato estatal. Sólo en una
persecución penal de este tipo tiene sentido hablar de selección de casos y de aplicación del
principio de eficiencia en el uso de los recursos." (STC Rol N° 1341, cc. 27 a 33).

Si la investigación proporciona fundamento serio para enjuiciar al imputado
ya formalizado, el Ministerio Público formula acusación en su contra, para que, luego
de presentada ella ante el juez de garantía, éste cite a la audiencia de preparación de
juicio oral, para después desarrollarse la audiencia de juicio oral ante el tribunal oral
competente.

Mediante el procedimiento penal, que es “el método formal de que el Derecho
Penal se vale para realizarse a través del proceso mediante la imposición de la pena”
(J. Cristóbal Núñez Vásquez (2001). Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral”, tomo
I, Ed. Jurídica de Chile, p. 10), la jurisdicción que radica en los tribunales “les permite
procesar y eventualmente condenar a los imputados a las penas que la ley establece de acuerdo
a los delitos de que se trate. No obstante, debe siempre recordarse que la misma disposición
agrega que, requerido un tribunal en forma legal y en materias de su competencia, deberá
ejercerla a fin de solucionar efectivamente el conflicto sometido a su conocimiento. Es la
consagración del deber de la jurisdicción” (STC 815, c. 7).

27°. El poder punitivo del Estado debe asegurar “una pronta” administración
de justicia (art. 77), es decir, el derecho de todo imputado a ser juzgado en un plazo
razonable. Se trata de que el proceso no tome más del tiempo estrictamente necesario
para que sea dictada una sentencia respecto de la acusación presentada.

Este derecho se encuentra inserto dentro las garantías judiciales consignadas
en Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes y, por
lo tanto, son obligaciones que pesan sobre todos los Órganos estatales, incluyendo,
por cierto, los jurisdiccionales, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 5º, inciso
segundo, de la Carta Fundamental.

La Convención Americana de Derechos Humanos establece al efecto que “Toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable,
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por
la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter.” Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el
artículo 14 letra c) dispone que “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito
tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: c) A ser juzgado sin
dilaciones indebidas”.




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0000162
CIENTO SESENTA Y DOS




28°. Ahora bien, en el proceso se produce una íntima relación entre el tiempo
y el derecho, ya que en éste existen un conjunto de actos que se desenvuelven
justamente a lo largo del tiempo. La duración razonable del proceso penal supone que
la oportuna intervención judicial será legítima, valiosa y útil para la sociedad;
mientras tanto, una realización excesivamente prolongada puede constituir una
“negación del Derecho y del Estado como instrumentos de convivencia” (Salinas Mendoza,
D. (2012) “El plazo razonable del proceso en la jurisprudencia contemporánea”,
Palestra Ediciones, Lima, p. 62).

Por lo mismo, la actividad punitiva del Estado debe hacerse efectiva sin
demoras razonables, ya que tanto la realización de la ley penal sustantiva depende de
ello como también la protección de los derechos de quien está siendo acusado de haber
cometido un delito.

29°. La prolongación del juicio sin una decisión sobre la suerte de los
acusados atenta, entonces, en primer lugar, en contra los fines legítimos atribuidos
al derecho penal: dar a la población la seguridad de que la vida en sociedad se
encuentra organizada de acuerdo con reglas obligatorias que se imponen para
asegurar la vigencia de los valores humanos básicos frente a atentados graves en su
contra. Es por ello que “la indeterminación de la duración de los juicios penales siembra en
los ciudadanos una situación de doble duda que se traduce, lógicamente, en la certeza de una
injusticia, porque, o los acusados son culpables y, entonces, deben ser castigados
tempestivamente, o son inocentes y deben ser liberados de toda sospecha tan pronto como sea
posible” (Daniel R. Pastor (2002). El plazo razonable en el proceso del Estado de
Derecho. Editorial Ad Hoc, Buenos Aires, p. 89).

Ello no obsta, por cierto, a que, en relación a la demora que pueden sufrir los
procedimientos penales, deben conjugarse dos valores: por una parte, que en éstos
se aseguren las garantías judiciales del imputado -lo cual supone que el proceso
tenga un tiempo mínimo de duración, para que durante él pueda ejercer debidamente
su derecho a la defensa, a la prueba, a la revisión de las decisiones judiciales, entre
otros- y, por otra parte, que la administración de justicia penal sea expedita y eficaz,
eficiencia que es, ante todo, un reclamo de celeridad no sólo de la sociedad sino del
mismo imputado, quien tiene asimismo el derecho a ser juzgado dentro de un plazo
razonable, por cuanto la prolongación excesiva o indefinida del procedimiento
también puede infringir sus derechos y garantías.

Por otra parte, y, en segundo lugar, las víctimas también tienen interés en
que se ponga término pronto al conflicto penal. Al respecto, se ha señalado que el
Estado, a quien se ha adjudicado el monopolio penal, tiene la obligación de ejercitar
la persecución penal “de una manera tal que no sea desatendida la necesidad de justicia del
ofendido” (Hirsch., J. (1992). Acerca de la posición de la víctima en el Derecho Penal y en el
Derecho procesal penal. En Maier, J., (compilador): De los delitos y de las víctimas. 1ª
Edición. Editorial Ad-Hoc p. 103). Si bien la doctrina no es unívoca en esta materia,
algunos autores señalan que la víctima del delito tiene interés en que se establezca la



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CIENTO SESENTA Y TRES




verdad, y otros agregan “que el proceso penal tiene un fin terapéutico en relación con los
sentimientos y experiencias que siente la víctima, que son generalmente de miedo, sospecha,
aislamiento, incerteza, sentido de culpa y depresión, especialmente cuando se trata de crímenes
graves” (Bordalí Salamanca, A. (2011). La acción penal y la víctima en el Derecho
chileno. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 37, págs.
513-545). Al efecto, señala Hassemer que “la satisfacción o la reparación a la víctima no
solo significa la reposición material del daño causado; con la reparación a la víctima se hace
referencia también a algo normativo; a saber, la rehabilitación de la persona lesionada, la
reconstrucción de su dignidad personal, el trazado inequívoco de la línea entre un
comportamiento justo y uno injusto, la constatación ulterior para la víctima de que,
efectivamente, ha sido una víctima” (Hassemer, W. (1997) ¿Por qué y con qué fin se aplican
las penas? (Díaz, M. traductor) En Muñoz, F. y Díaz M. (compiladores): Persona, Mundo
y Responsabilidad. Bases para una teoría de la imputación en derecho penal. Editorial Temis).

Dicha cuestión, en caso alguno, pugna con el respeto al principio de
estatalidad, por cuanto la participación de la víctima, sus prerrogativas y calidad de
interviniente, reconocidas en el artículo 12 del Código Procesal Penal, no obsta al
deber del Estado de ejercer la acción penal ante la comisión delictiva.

30°. El derecho en análisis a ser juzgado dentro de un plazo razonable
recobra aún mayor valor cuando el imputado se encuentra sometido a una medida
privativa o restrictiva de la libertad.

Al efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala, en la
parte pertinente del inciso tercero de su artículo 9°, que “Toda persona detenida o presa
a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de
un plazo razonable o a ser puesta en libertad”.

Existiendo una medida cautelar personal de privación de libertad decretada
por el juez -como es, por ejemplo, la prisión preventiva- una demora injustificada
atenta especialmente en contra de la presunción de inocencia, además de la libertad
personal garantizada en el artículo 19 N° 7 de la Carta Fundamental.

Lo anterior debe conjugarse con la existencia de un plazo máximo absoluto
tolerable de carácter legal para la duración de la prisión preventiva. Manifestación de
lo anterior es que, según el Código Procesal Penal, transcurridos seis meses desde que
hubiere sido decretada, el tribunal debe citar de oficio a una audiencia con el fin de
considerar su cesación o prolongación (artículo 145), como también sucede si su
duración hubiere alcanzado la mitad de la pena privativa de libertad que se pudiere
esperar en el evento de dictarse sentencia condenatoria, o de la que se hubiere
impuesto existiendo recursos pendientes (artículo 152).

Como explica el profesor Salinas Mendoza, la protección que brinda el derecho
que tiene el privado de libertad a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser
puesto en libertad “se proyecta a través de dos dimensiones, primero, la actividad legislativa




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CIENTO SESENTA Y CUATRO




que establece plazos para la realización de determinados actos procesales y, segundo, la
dinámica judicial, que dota de contenido y perfila el derecho. Ambos aspectos no se excluyen ni
compiten entre sí, sino que se complementan mutuamente” (Salinas Mendoza, D. (2012), ob.
cit., p. 97).

31°. En el análisis de la razonabilidad de la duración de un proceso penal la
jurisprudencia y la doctrina comparada han establecido que deben seguirse las
siguientes pautas: gravedad del hecho, duración efectiva del proceso, complejidad de
la prueba, conducta del propio imputado en relación con los retrasos del proceso y
comportamiento de las autoridades encargadas de la persecución penal. Sin embargo,
debido a que deben adoptarse medidas para hacer efectivo el derecho a ser juzgado
dentro de un plazo razonable, el Estado está obligado a legislar para lograr que
efectivamente el ordenamiento jurídico, a través del proceso penal, proteja tal derecho
(Pastor, Daniel R. (2002), ob. cit., p. 350 a 365).

32°. El precepto impugnado, contemplado en el inciso segundo del artículo 9°
de la Ley N° 21.226, al exigir que en las causas penales en que hubiere persona privada
de libertad sólo se pueda solicitar la suspensión de la audiencia decretada por el juez
si se alega un impedimento generado por la calamidad pública o por la emergencia
sanitaria, ocasionadas por la enfermedad Covid-19 que obstaculiza en forma absoluta
que alguna de las partes o intervinientes pueda ejercer las facultades que la ley le
otorga, no sólo no vulnera la Constitución, sino que concreta, por lo tanto, el derecho
a ser juzgado dentro de un plazo razonable, teniendo presente la situación personal
y vulnerable en que se encuentra el imputado que se encuentra privado de libertad,
quien, amparado por la presunción de inocencia (art. 4° del Código Procesal Penal),
demanda una pronta resolución judicial. Ello es sin perjuicio de los derechos de la
víctima y de la sociedad en su conjunto en demanda de una verdad judicial, teniendo
presente especialmente la gravedad del hecho por el que será juzgado y que ha llevado
al juez a decretar la referida medida cautelar.



IX. EL CONFLICTO DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADO NO
SE VINCULA CON EL PRECEPTO IMPUGNADO

33°. La parte requirente alega que la aplicación del precepto legal impugnado
en la gestión de que se trata le impone un grave obstáculo para solicitar la suspensión
de la audiencia de juicio oral que se encuentra pendiente de realización, que se
desarrollará por vía remota y de la que conocerá el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en
lo Penal de Santiago, en el proceso seguido en su contra por los presunto delitos de
porte de arma prohibida, disparo injustificado de arma de fuego en la vía pública,
amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, maltrato de obra a carabineros y
amenazas a carabineros, lo cual afecta los derechos fundamentales que describe en su
escrito.




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CIENTO SESENTA Y CINCO




La frase impugnada “en forma absoluta” contenida en el artículo 9º de la Ley
Nº 21.226, en ningún caso autoriza los juicios virtuales o remotos, como se dirá a
continuación. En efecto, los reproches formulados recaen en cuestiones
completamente desligadas del tenor y espíritu de la regla, por cuanto lo que se
reprocha es, pues, la celebración de audiencias mediante métodos telemáticos,
materia totalmente ajena al precepto legal que se cuestiona.

Mientras tanto, la alusión en la Ley N° 21.226 a las audiencias efectuadas en
forma remota mediante métodos telemáticos se encuentra en las siguientes otras
normas del mismo cuerpo legal:

a) Cuando sea ordenada una suspensión por la Corte Suprema, los
tribunales respectivos podrán proceder en forma remota para la realización de las
audiencias y vistas de causas que no puedan suspenderse, lo que también podrá ser
solicitado por las partes o intervinientes (artículo 1°, inciso final).

b) Se autoriza a los tribunales especiales para proceder en forma remota
para la realización de las audiencias que no puedan suspenderse a solicitud de las
partes (artículo 2, inc. segundo).

c) No se permite suspender las audiencias de recursos de amparo,
recursos de protección ni en las causas que requieran la intervención urgente del
tribunal ante la Corte Suprema o Corte de Apelaciones, las cuales podrán proceder en
forma remota para la realización de la vista de la causa o de la audiencia en los términos del
artículo 10 (inciso tercero del artículo 9°).

d) En los procedimientos penales en trámite ante las Cortes de
Apelaciones o ante la Corte Suprema se puede alegar cualquier impedimento
generado por la calamidad pública o emergencia sanitaria, para que se proceda a la
vista de la causa o la realización de la audiencia de forma remota, misma facultad que
pueden ejercer los tribunales de oficio, en los términos del artículo 10 (inciso final del
artículo 9°).

e) Por último, el artículo 10° dispone que “en los casos en que, conforme a las
disposiciones de esta ley, un tribunal disponga proceder en forma remota, deberá tomar todas
las medidas necesarias que aseguren las condiciones para el cumplimiento de las garantías
judiciales del proceso, contempladas en la Constitución Política de la República y en los
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes."

Por lo tanto, son estas normas las que permiten proceder, en los casos que ellas
mencionan, en forma remota.

Ni el inciso primero del artículo 9 -que permite que en los procedimientos
judiciales seguidos ante las Cortes de Apelaciones y ante la Corte Suprema se pueda
solicitar la suspensión de la vista de la causa o audiencia alegando cualquier
impedimento generado por la calamidad pública o por la emergencia sanitaria
ocasionadas por la enfermedad Covid-19- ni tampoco el inciso segundo de ese




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0000166
CIENTO SESENTA Y SEIS




precepto, impugnado por el requirente aluden a las audiencias realizadas en forma
remota.

Nada hay, por lo tanto, en la disposición reprochada que construya una
hipótesis de infracción a la Carta Fundamental. Lo anterior se refleja en que
prácticamente en ningún rechazo a las solicitudes de suspensión de la audiencia, ya
sea ante el Tribunal Oral en lo Penal ya sea ante los Tribunales Superiores de
Justicia, se ha invocado el precepto impugnado (véase Rol Nº 155-2020 Corte de
Apelaciones de Concepción, confirmada por la Corte Suprema Rol Nº 72.056; Rol Nº
180-2020 de la Corte de Apelaciones de Concepción y Rol Nº 180-2020 de la Corte de
Apelaciones de Concepción, confirmada por la Corte Suprema Rol Nº 79.503-2020).

Confirma lo anterior que, como consta en la gestión pendiente, la audiencia de
Juicio Oral estaba fijada para el 3 de abril de 2020, sin embargo, considerando el estado
de la pandemia, se realizó un cambio de fecha al 25 de mayo y, luego, al 23 de junio.
El 29 de mayo se efectuó una audiencia de cambio de fecha y hora del Juicio Oral, en
donde la fiscalía y la defensa solicitaron cambio de fecha. El Tribunal accedió y la fijó
para el 10 de septiembre.

34°. Expusimos ya, por otra parte, que para adaptarse a la imposibilidad de
que los ciudadanos puedan realizar actuaciones en forma presencial ante la autoridad
judicial y para que ésta pueda atender sus requerimientos, se permite la realización
de audiencias por videoconferencia.

Ello resulta especialmente necesario para impedir que el virus llegue a los
establecimientos penitenciarios en donde se encuentran ubicadas personas privadas
de libertad. Entonces para dar continuidad al servicio judicial en tales casos, siempre
que los tribunales lo estimen pertinente, por una parte, pueden efectuarse las
audiencias de juicio oral por vía remota y, por otra, no se suspenden dichas causas
salvo el caso de que exista un impedimento absoluto, y siempre que tal impedimento
sea provocado por la emergencia sanitaria.

Debe además existir un impedimento actual, que imposibilite la interacción de
los intervinientes, y tal suspensión sólo puede decretarse en forma fundada con el
objeto de postergarla y en ningún caso para impedirla absolutamente.

El margen para apreciar el tipo de impedimento que llevaría o no a
suspender la audiencia lo deben efectuar los propios tribunales de justicia. Ello es
manifestación expresa de la obligación que entrega a la judicatura competente en lo
penal el artículo 10 del Código Procesal Penal, disposición vigente y que, en su sentido
y alcance, debe complementarse con la intención que, en la situación de emergencia
que vive el país, llevó al legislador a adoptar una normativa de excepcionalidad para
la administración del servicio judicial a través de la Ley N° 21.226.

Lo determinante es que el impedimento debe generarse no sólo por la
calamidad pública o por la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, sino por
un obstáculo grave vinculado a esas circunstancias que impida la realización de la



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CIENTO SESENTA Y SIETE




audiencia, como podría ocurrir si un interviniente se encuentra contagiado, o si uno
más de ellos se encuentran en cuarentena por haber tenido contacto estrecho con algún
enfermo o, si, encontrándose fuera del lugar del juicio, no pueda desplazarse a él
debido a que reside en una zona geográfica sujeta a una cuarentena de primer grado,
entre diversas otras hipótesis que pudieran generarse.

35°. Por otra parte, la forma en que se desarrollarán las audiencias
relacionadas con personas privadas de libertad no se encuentra regulada en la ley,
sino que en la ya citada Acta N° 53-2020 de la Corte Suprema. Según su artículo 17,
no se entenderán suspendidas en los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal las
audiencias aludidas en la citada letra b) del artículo 1° de la ley N° 21.226, ni aquellas
“en que se requiera la intervención urgente del tribunal”, privilegiándose el uso de la vía
remota, de ser ello posible, con las modalidades y salvaguardas a que se refiere el art. 10 de la
Ley 21.226, siendo calificadas como urgentes aquellas relacionadas con personas privadas de
libertad, pudiendo comprenderse, entre otras, las relativas a cambio de fecha de juicio oral o
reagendamiento, cautela de garantías y sobreseimiento definitivo” (artículo 18). Por otra
parte, para la participación en audiencias calificadas como urgentes, realizadas
prioritariamente a través de videoconferencia previa orden del tribunal competente,
la autoridad encargada del resguardo de las personas que se encuentran privadas de
libertad arbitrará las medidas necesarias para asegurarles un equipamiento
tecnológico mínimo determinado antes de la audiencia, lo que será evaluado y
resuelto por la propia autoridad (artículo 21).

Así, los cuestionamientos de constitucionalidad que se efectúan respecto a
la modalidad de audiencias telemáticas están dirigidos en contra de las normas del
Auto Acordado recién citado, dictado por la Corte Suprema en uso de sus facultades
constitucionales y legales, y no de la regla cuya declaración de inaplicabilidad se
solicita.

36°. Asimismo, sin perjuicio de la autorización para realizar audiencias en
forma remota en los incisos tercero y cuarto del artículo 9º, la autorización para
realizar ese tipo de audiencias se encuentra ubicada en otras normas. En efecto, el
artículo 1º, inciso final, de la misma ley, señala que los tribunales pueden proceder en
forma remota para la realización de audiencias que no pueden suspenderse. Y,
conforme al artículo 18 del Acta Nº 53 de la Corte Suprema, aquellas relacionadas con
personas privadas de libertad requieren intervención urgente de tribunal y por ende
no pueden suspenderse. (artículo 1º, inciso segundo, Ley Nº 21.226).

37° Cabe además tener presente que el legislador no permite celebrar juicios
remotos en que se vulneren las garantías de los intervinientes, contemplando medios
de control en caso de que se afecten.

En ese sentido, y de acuerdo con lo que establece el artículo 10º de la misma
Ley Nº 21.226, de emplearse medios telemáticos, el tribunal “deberá tomar todas las
medidas necesarias que aseguren las condiciones para el cumplimiento de las garantías
judiciales del proceso, contempladas en la Constitución Política de la República y en los



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CIENTO SESENTA Y OCHO




tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. De estimarse,
por lo tanto, que un determinado juicio realizado mediante videoconferencia no se
efectuará adecuadamente porque no existen las garantías mínimas para ello, no
podrá procederse en forma remota sino de modo presencial. Así lo pone de relieve
el artículo 22º, del Acta Nº 53 de la Corte Suprema, al señalar que: ”Sólo se desarrollarán
presencialmente aquellas audiencias o vistas de causas, que sea necesario e indispensable
realizar en virtud de los principios ya enunciados, en que el empleo de medios tecnológicos
podría generar indefensión en alguna de las partes, en los términos del artículo 10 de la
Ley N° 21.226 y que no se entiendan suspendidas por efecto de la Ley y este Auto Acordado.”.

38°. A lo anterior, ha de añadirse que la forma en que se garantizan los
derechos de los intervinientes por la Ley N° 21.226 no fue cuestionada en la sentencia
de este Tribunal Rol N° 8564, mediante la cual se ejerció el control preventivo y
obligatorio de su constitucionalidad. Ello ratifica que pueden suspenderse las
audiencias en armonía con el ejercicio de los derechos fundamentales. En dicha
oportunidad todos los Ministros de este Tribunal manifestaron su conformidad por la
forma con que se aseguraron las garantías por la ley, incluso quienes suscribieron
votos de minoría.

39°. En cuanto a la eventual restricción de derechos fundamentales que
podrían producirse como consecuencia de la realización de juicios por
videoconferencia -los cuales, como ya hemos afirmado, no se regulan ni dicen
relación con la norma cuestionada- no puede olvidarse que el mismo Código
contempla el recurso de nulidad, el cual se interpone para, precisamente, asegurar
el respeto de las garantías y derechos fundamentales tanto dentro del proceso, como
en la dictación de la sentencia del juicio oral. Dentro de las causales que autorizan la
interposición del recurso, el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal contempla
como causal genérica de procedencia del recurso de que conoce la Corte Suprema:
“cuando, en la cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia, se
hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por
los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.” También,
dentro de los motivos absolutos de nulidad, se establece, en el artículo 374 letra c), que
el juicio y la sentencia siempre serán anulados por la Corte de Apelaciones respectiva
“cuando al defensor se le hubiere impedido ejercer las facultades que la ley le otorga”.

Estos mecanismos, unidos al contemplado en el ya referido artículo 10 del
Código Procesal Penal, pueden emplearse en cualquier estado del procedimiento.

40° Por otra parte, el requerimiento efectúa una serie de objeciones a la
realización de juicios por vía remota alegando la vulneración de normas del Código
Procesal Penal como son los artículos 285, 329, 330 y 332, todo lo cual constituye un
problema de mera legalidad, que no cabe a esta Judicatura Constitucional resolver.

Lo anterior reafirma una de las líneas centrales del análisis efectuado en este
voto: no es la regla impugnada la que señala la forma en que se desarrollan las
audiencias por vía remota.



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CIENTO SESENTA Y NUEVE




Tampoco tiene competencia esta Magistratura para resolver los casos
concretos que se siguen ante los tribunales de justicia para determinar si en ellos se ha
producido o no una afectación a las garantías judiciales del imputado cuando se ha
realizado una audiencia de juicio oral por vía remota. Conociendo de una acción de
inaplicabilidad el Tribunal Constitucional no actúa como un tribunal de amparo de
derechos fundamentales, porque para ello existen los resortes y recursos que la ley
y la Constitución prevén para ser sometidos a la decisión de los respectivos
tribunales ordinarios de justicia. A ese tipo de acción cautelar se refieren no sólo la
propia Ley N° 21.226 y el Código Procesal Penal, sino también la Constitución Política,
al regular el llamado recurso de amparo que cabe en caso de producirse una privación,
perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de la libertad personal y seguridad
individual de la persona privada de libertad (art. 20 de la Carta Fundamental).

41° Resuelto que el inciso 2° del artículo 9 de la ley N° 21.226 no afecta ningún
derecho fundamental, ni a la tutela judicial efectiva ni al debido proceso, nos
preocupa, mientras tanto, que la inaplicabilidad genere una afectación del derecho a
ser juzgado en un plazo razonable basado en estrategias judiciales contingentes de las
partes que subordinan el interés público de dominio y dirección de los procesos
penales a una especie de derecho general de suspensión a todo evento de los procesos.
Dicha definición pugna con los mandatos de inexcusabilidad del artículo 76 y de la
pronta y cumplida administración de justicia del artículo 77, ambos de la Constitución.

Por otra parte, no puede obviarse que si el sentido de la inaplicabilidad es
excepcionalmente sustraer un precepto legal en el caso concreto de un modo tal que
impida el efecto inconstitucional denunciado, la mayoría en esta sentencia, después
de construir estándares que no se pueden vulnerar, retrocede en las consecuencias que
produce la inaplicabilidad. En efecto, la mayoría simplemente le deriva el poder al
juez de fondo para que aprecie si concurren o no los vicios que permitan garantizar
un derecho a defensa acorde a esos estándares. De este modo, no hay inaplicabilidad.
A lo sumo, compatibilidad. Así no se está inaplicando el artículo 9° de la ley N° 21.226
en las voces “de un modo absoluto”, sino que simplemente se realiza una determinada
interpretación de tal precepto. Como corolario, el único efecto concreto que ha ejercido
el Tribunal Constitucional a lo largo de estos meses en estas causas es propiciar la
suspensión del proceso.



X. RECHAZO DEL REQUERIMIENTO DEDUCIDO

42° No cabe duda que la pandemia por la propagación del Covid-19, en Chile
y el mundo, ha traído consecuencias problemáticas en el funcionamiento de las
instituciones y en la vida diaria de las personas. En la medida de las posibilidades
humanas y técnicas, normas como la cuestionada, contenida en la Ley N° 21.226,
buscan que la institucionalidad, conforme a sus posibilidades, continúe entregando
un servicio fundamental para el Estado de Derecho: el que pesa sobre los Tribunales
encargados “de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo



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CIENTO SETENTA




juzgado”, con pleno respeto a los derechos que otorga el ordenamiento jurídico a los
intervinientes, máxime respecto de una persona que enfrenta una acusación
encontrándose privada de libertad por aplicación de una medida cautelar y por la cual
puede luego llegar a ser condenada perdiendo su libertad ambulatoria.

El ejercicio del derecho a defensa, tanto desde un punto de vista material como
técnico, debe siempre ser resguardado por los Tribunales a la hora de evaluar si es
factible, en un caso concreto, realizar una audiencia penal. Ello es lo que,
precisamente, busca resguardar la norma cuestionada. De no existir la posibilidad de
efectuar un adecuado ejercicio de tan vital derecho fundamental, el ordenamiento
entrega herramientas adecuadas para que sean los jueces, en el ámbito de su
competencia, quienes velen por la plena vigencia de los derechos fundamentales.
La regla que se cuestiona no es obstáculo para lo anterior.

A dicho efecto los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, a través de sus Comités
de Jueces, han dictado actas para adecuar el servicio judicial al contexto sanitario,
decretando medidas adecuadas para el resguardo de la salud de los intervinientes; la
Corte Suprema ha dictado autos acordados en ejercicio del gobierno judicial y de las
potestades que le otorgan el artículo 82 de la Constitución, el Código Orgánico de
Tribunales y la propia Ley N° 21.226.

Tan claro es lo anterior que, conforme razonó la Excma. Corte Suprema en
sentencia Rol N° 94.279-20, c. 8°, estos cuerpos normativos buscar posibilitar “el acceso
a la justicia, el debido proceso y resguardar la salud de las personas”, agregando que, a tal
efecto, “el Poder Judicial procurará utilizar todos los medios tecnológicos con que cuente,
privilegiando su utilización flexible, actualizada y oportuna, siempre y cuando no constituya
un obstáculo al ejercicio de los principios básicos que consagra su artículo 1°, y se respete
plenamente los derechos de los intervinientes y partes, y las disposiciones del artículo 10 de la
Ley N° 21.226”.

Por todo lo expuesto, la pandemia y sus consecuencias jurídicas en caso alguno
pueden significar merma en el derecho fundamental a defensa, manteniendo vigencia
las instancias recursivas, conforme lo sentenciara la Excma. Corte Suprema: “resulta
de toda obviedad que, si durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral por medios
telemáticos, el defensor vislumbra la existencia de alguna vulneración a los derechos de su
representada, cuenta con las herramientas procesales y los medios de impugnación
correspondientes para salvaguardar los derechos de su representada” (SCS Rol N° 94.279-20,
c. 17°).

43°. Por todo lo señalado precedentemente, a juicio de quienes suscriben este
voto, debió desestimarse el requerimiento.



Se previene que el Ministro, señor CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, estuvo por
concurrir a la decisión de acoger el requerimiento, sin compartir los considerandos
décimo cuarto, décimo quinto, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, trigésimo segundo



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0000171
CIENTO SETENTA Y UNO




y todo el capítulo V denominado “otras cuestiones” y, teniendo además presente lo
que sigue:



1°. Que, siendo asolado el país con una pandemia que afecta a varios miles de
personas, la autoridad se vio obligada a decretar un estado de excepción
constitucional bajo cuya vigencia se dicta la ley N°21.226 que establece un régimen
jurídico extraordinario que regula, en esta situación de emergencia sanitaria, la forma
en que se llevarán a efecto las audiencias y actuaciones judiciales y, conlleva reglas
relativas a los cómputos de los plazos y el ejercicio de las acciones en los diversos
procedimientos.

En tal estado de cosas, puede ser que se estatuyan disposiciones que afecten
derechos fundamentales, no autorizados por la Constitución de restringirlas en un
estado de emergencia. Este es el caso, donde no se prevé que una persona privada de
su libertad personal vea afectado su derecho a defensa, garantía constitucional que en
modo alguno puede resultar limitada, ni aún en tiempos de extraordinaria
complejidad. La necesidad de regular la Administración de Justicia en estas
circunstancias parece de toda prudencia, pero ello no puede ser óbice para preterir
instituciones esenciales del derecho procesal constitucional;

2°. Que, conforme a lo reseñado, esta Magistratura Constitucional ha
conceptualizado a la jurisdicción como una función pública privativa de los tribunales
de justicia, que emana de la soberanía, cuestión que resulta de aplicar armónicamente
los artículos 5°, 6° y 7° de la Carta Fundamental, entregando su ejercicio de forma
privativa y excluyente a los tribunales establecidos por ella o la ley, que son las
autoridades que la propia Constitución establece, y cuyo ejercicio constituye un
poder-deber que permite al Estado, a través de ellos, garantizar la vigencia efectiva
del derecho y a las partes afectadas por un conflicto, su solución uniforme y ajustada
a la ley (STC Rol N° 205, c. 8°);

3°. Que, siguiendo lo expresado, entender a la jurisdicción como un poder-
deber para conocer y resolver conflictos de carácter jurídico, implica incluir las
facultades de conocimiento y resolución que necesariamente han de vincularse entre
sí, una como consecuencia de la otra. El conocer, base nuclear de la jurisdicción
comprende también las fases de discusión y prueba (así, STC Rol N° 529, c. 13);

4°. Que, tal como lo ha expresado este Tribunal en ocasiones anteriores “resulta
esencial, en el caso de la jurisdicción que se ejerce a través de los tribunales
establecidos por la ley para la resolución de conflictos en el orden penal, en que
eventualmente se ha lesionado un bien jurídico estimado como valioso para el todo
social, las probanzas aportadas por los intervinientes, de la eventual adecuación típica
de un hecho con un ilícito jurídico-penal, a efecto que el juzgador conozca en plenitud
el hecho punible y la eventual responsabilidad de los imputados en él” (STC Rol
N°3965 prevención c.8);




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0000172
CIENTO SETENTA Y DOS




5°. Que, por lo anterior, una sentencia que siga un procedimiento racional y
justo, en los términos que la Constitución Política ha dispuesto en su artículo 19,
numeral 3°, implica necesariamente que “el acto de conocimiento de los jueces sea
directo e inmediato, puesto que ello es la base fundamental sobre la cual se erigirá la
sentencia que establecerá derechos sobre las partes involucradas en el conflicto,
cuestión que es todavía más delicada en el ámbito penal, en que un fallo condenatorio
implica la privación de derechos fundamentales asegurados por el ordenamiento
jurídico a todas las personas. Por ello, la función jurisdiccional a través del conocer,
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es necesariamente indelegable, como expresión de
la soberanía, pudiendo ejercerse sólo a través de las autoridades previstas por la
Constitución (así, STC Rol N° 346, c. 45) que, en materia penal, sólo serán los jueces
de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal y las Cortes de Apelaciones o la
Corte Suprema, en las instancias recursivas que dispone el Código Procesal Penal”
(STC Rol N°3965, prevención c.9).

En el proceso penal acusatorio o adversarial, la búsqueda de la verdad opera
no sólo como principio político que estructura todo el sistema, sino que también como
una garantía de libertad, limitando la potestad punitiva del Estado y evitando la
arbitrariedad en su utilización, asegurándose el máximo grado de racionalidad y
fiabilidad en el juicio (Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón (12ª edición, traducción
castellana de Perfecto Andrés Ibáñez et. al., Madrid, Trotta, 2011), p. 603);

6°. Que, el debido proceso legal es la piedra angular del sistema de protección
de los derechos de las personas, reconocido como la garantía jurisdiccional en sí
misma y un requisito indispensable para la consagración de un Estado de Derecho.

El Código Procesal Penal que hoy nos rige es receptor de este concepto,
entregando al imputado de un delito una serie de prerrogativas para ante el Estado, a
efectos de que éste supere de manera válida la presunción de inocencia al momento
de condenar;

7°. Que, se ha expresado que “al arriesgar el imputado la pérdida de
sustanciales garantías ante al poder del Estado, representado por el órgano persecutor
penal público, la pena sólo deviene en legítima en un Estado de Derecho si éste entrega
a quien enjuicia todas las herramientas para que pueda señalar lo pertinente en los
hechos y en el derecho a efecto de desvirtuar la pretensión punitiva estatal. Así, por
ejemplo, el acusado a través de su abogado defensor tiene derecho a interrogar
testigos propios y a contrainterrogar los testimonios de cargo para demostrar su
eventual inconsistencia y plantear sin ser juramentado, lo que estime pertinente en el
inicio, desarrollo y final del juicio oral que se celebre. En caso contrario, se alza como
una de las mayores garantías su derecho a guardar silencio en todas las etapas del
proceso criminal” (STC Rol N°3965, prevención, c.16).

En el mismo contexto, como parte esencial del procedimiento justo y racional
que ordena el artículo 19, numeral 3°, inciso sexto, de la Constitución, es “la
obligatoriedad de defensa tanto en su faz material como técnica, con la finalidad de



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0000173
CIENTO SETENTA Y TRES




hacer cumplir las garantías que el sistema confiere al justiciable. El letrado, ejerciendo
la plenitud de las facultades constitucionales y legales, se transforma en un personaje
vital para la legitimidad del sistema en forma interna –cumplimiento de las
formalidades so pena de nulidad- como para su fundamentación pública ante el todo
social, siendo el garante del respeto a los derechos fundamentales de la persona
imputada de delito y en particular, de la presunción de su inocencia. (en dicho sentido,
García, Ramón, “El ejercicio del derecho a defensa técnica en la etapa preliminar del
proceso penal”, en Fuentes, Claudio (compilador), Diez años de la reforma procesal
penal en Chile, (Santiago, Ediciones UDP, 2011), P.241). (STC Rol N°3965, prevención
c.16);

8°. Que, por lo anteriormente expresado es que, en las audiencias en que se
verifica el juicio oral la interrelación entre el acusado y su abogado defensor es
permanente, en orden a consultarse recíprocamente aspectos de los hechos
incriminados, cuyos detalles pueden resultar cruciales en el éxito de la teoría del caso
llevada a efecto por el letrado, representante del imputado, aún en circunstancias
excepcionales, como ocurre con la pandemia que afecta al país. No puede el individuo
preso ver afectado su derecho a defensa por existir una situación de salubridad grave;

9°. Que, por ello, resulta decisivo las facultades con que ha de contar el
abogado defensor para la realización de un contradictorio efectivo, capaz de
desvirtuar los elementos de la acusación, que convierte al contradictorio como uno de
sus elementos fundantes, todo lo cual deberá ser preservado por la judicatura, donde
la estrecha vinculación personal entre el letrado y su defendido adquiere un
protagonismo decisivo;

10°. Que, lo expuesto precedentemente adquiere mayor vigor y contundencia,
desde la perspectiva constitucional, y particularmente en lo referido al derecho de
defensa, cuando el juicio oral se lleva a efecto contra una persona privada de libertad,
pues en ese contexto el sujeto afectado con tan extrema medida, más que cualquier
otro imputado merece las máximas garantías atendida la precaria situación en que se
encuentra. Allí la presencia de su defensor es un apoyo no sólo jurídico, sino que
humano, siendo su refugio y seguro confidente. De manera que, realizar un juicio oral
en forma remota, en que el privado de libertad está lejos de la presencia física de su
abogado defensor constituye una gravosa condición, que lesiona su dignidad, lo que
resulta inadmisible, conforme al artículo 1° constitucional;

11°. Que, por otra parte, una atenta lectura del inciso segundo del artículo 9°
de la Ley N°21.226, que impide suspender audiencias en los juicios penales cuando en
el proceso existan personas privadas de libertad, lleva a deducir que la intención del
legislador, en virtud del principio indubio pro reo, fue no dilatar dichos procesos para
resolver rápidamente la situación del acusado cuya libertad personal se encuentra
afectada, es decir, en virtud de la posición precaria del preso otorgar darle celeridad
procesal a las audiencias y juicios orales. Pero no advirtió que, como toda situación,
ella presentaba un doble aspecto, lo que ocasionó que la norma jurídica impugnada



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0000174
CIENTO SETENTA Y CUATRO




no previera el otro lado de la realidad, en cuanto la defensa, para una mejor y cabal
resolución del caso, quisiera suspender el procedimiento, con lo cual el precepto legal,
en sus efectos prácticos, pugna con la Constitución, al debilitar la posición jurídica del
preso en el enjuiciamiento, lo que hace que ella tenga un efecto contrario a la ley
suprema en el caso considerado.



El Ministro señor NELSON POZO SILVA, concurre a la decisión por acoger el
presente requerimiento, en virtud de las siguientes consideraciones:



I.- GENERALIDADES

1°. Que compartiendo de forma macro el voto de mayoría, concurro con esta
particularidad a los efectos sólo de puntualizar los argumentos que fundamentan la
decisión;

2°. Que para el Magistrado y catedrático alemán Konrad Hesse, la constitución
“es el orden jurídico fundamental de la comunidad“ (Escritos de Derecho
Constitucional, traducción de Pedro Cruz Villalón, 2° Edición, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1992, p. 16).

El profesor germano Klaus Stern señaló que “es el conjunto de normas
jurídicas de máximo rango, plasmadas por lo general en un documento constitucional,
las cuales regulan el ordenamiento del Estado respecto a su organización, forma y
estructura básica con sus ciudadanos y fijan determinados contenidos incluidos en la
constitución como consecuencia de su modificabilidad dificultada.” (cit. por Gabriel
Celis Danzinger, Las Fuentes del Derecho Público, Ed. Hammurabi, Chile, 2018, p. 25);

3.° Que los casos penales que concurren a esta sede constitucional tienen la
exigencia de justicia como una cuestión de principios, de primera categoría y que la
ciudadanía estima y percibe con la convicción de que es la autenticidad de la propia
democracia (artículo 4° constitucional) lo que cristaliza la efectividad de la justicia
como valor: si la democracia no funciona plenamente, en todas sus manifestaciones y
consecuencias, resulta imposible que pueda haber justicia y lo mismo se puede afirmar
en un sentido inverso. Lo que pretendo señalar es que en democracia hay que
proporcionar las herramientas suficientes para que los jueces, en especial en el
delicado campo de la justicia penal, puedan resolver aquellas situaciones cuya
auténtica entidad material o dimensión personal no haya podido ser prevista por el
legislador. Es así, como Santiago Mir Puig expresó que la función del Derecho penal
en el modelo de Estado constitucional requiere que en el Derecho punitivo se ha de
conciliar dos principios contrapuestos: la necesidad del limitar la potestad punitiva
estatal frente al ciudadano, sometiéndola al imperio de la ley y el respeto de los
derechos fundamentales, y la protección eficaz frente al delito, entendido como ataque
a derechos e intereses personales o colectivos d ellos ciudadanos. Se trata, pues, de



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0000175
CIENTO SETENTA Y CINCO




una prevención limitada: de una prevención que efectivamente proteja a los
ciudadanos, pero que a la vez respete límites que garantizan derechos frente al Estado
(Mir Puig, Santiago, Bases Constitucionales del Derecho Penal, Ed. Iustel, 2011, p. 59);



II.- JURISDICCIÓN Y CONOCER.

4°. Que siendo la jurisdicción una materia propia de los tribunales de justicia,
tal como lo señala el artículo 76 de la Constitución Política de la República y
cumpliendo funciones exclusivas y excluyentes a los órganos que establece la ley, su
carácter funcional es el de un poder-deber que el Estado encarga un cometido al Poder
Judicial, debiendo en su accionar cumplir con las reglas del debido proceso en el
conocer, juzgar y hacer cumplir lo resuelto;

5°. Que en mérito de lo ante dicho el conocer es la base de la jurisdicción, sin
menospreciar la controversia, prueba y resolución de lo debido, cumpliendo de este
modo con una ley orgánica constitucional en su estructura y funcionamiento para con
la administración de justicia (artículo 77, constitucional);

6°. Que, es esencial, en el caso de la jurisdicción que se ejerce a través de los
tribunales establecidos por la ley para la resolución de conflictos en el orden penal, en
que eventualmente se ha lesionado un bien jurídico estimado como valioso para el
todo social, las probanzas aportadas por los intervinientes, de la eventual adecuación
típica de un hecho con un ilícito jurídico-penal, a efecto que el juzgador conozca en
plenitud el hecho punible y la eventual responsabilidad de los imputados en él;

7°. Que, por lo anterior, una sentencia que siga un procedimiento racional y
justo, en los términos que la Constitución Política ha dispuesto en su artículo 19,
numeral 3°, implica inexorablemente que el acto de conocimiento de los jueces sea
directo e inmediato, puesto que ello es base fundamental sobre la cual se erigirá la
sentencia que establecerá derechos sobre las partes involucradas en el conflicto,
cuestión que es todavía más delicada en el ámbito penal, en que un fallo condenatorio
implica la privación de derechos fundamentales asegurados por el ordenamiento
jurídico a todas las personas. Por ello, la función jurisdiccional a través del conocer,
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es necesariamente indelegable, como expresión de
la soberanía, pudiendo ejercerse sólo a través de las autoridades previstas por la
Constitución (así, STC Rol N° 346, c. 45) que, en materia penal, sólo serán los jueces
de garantía, los tribunales de juicio oral en lo penal y las Cortes de Apelaciones o la
Corte Suprema, en las instancias recursivas que dispone el Código Procesal Penal, de
manera directa y presencial.

Que por naturaleza el proceso penal acusatorio es adversarial, debiendo tener
por objetivo primario la búsqueda de la verdad en virtud de una de las facetas del ius
puniendi, ante lo cual se contrapone o restringe la garantía de libertad frente a la




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0000176
CIENTO SETENTA Y SEIS




potestad punitiva del Estado, para lo cual los principios de razonabilidad y no
discrecionalidad deben primar en el moderno proceso de enjuiciamiento penal;

8°. Que, así, la introducción de un sistema remoto en la dinámica de realización
del juicio oral debe tomarse con extrema mesura y cuidado, puesto que dicho
intermediario entre el imputado y el juez y, de esta forma, con los intervinientes,
puede afectar seriamente la actividad de conocer, esencial en el acto de la jurisdicción;

9°. Que “el juicio en línea es un procedimiento que se sustancia de forma
remota utilizando un sistema de red denominado internet (juizooms), consistente en
que el sistema informático permite registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir,
transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento…” (El debido proceso
y el juicio electrónico, Gonzalo Armienta Hernández, Universidad Autónoma de
Sinaloa, México, s/f, p. 1234). Los principios procesales propios del juicio en línea
deben adecuarse a los criterios constitucionales del debido proceso, sobre todo en su
vinculación con la red de internet y con el sistema utilizado en el campo
procedimental;

10°. Que el juicio en línea si bien representa importantes ventajas en el ahorro
de la administración de justicia y en cuanto al juicio tradicional y un ahorro de papel
en la formación de expediente no es menos cierto que en su diseño se enfrenta o
confronta con tres grandes principios que la afectan: la oralidad, la inmediación, y la
publicidad. Estos tres principios fundamentales que todo proceso debe respetar
puesto que su vulneración trae aparejado una violación al principio de tutela judicial
efectiva y sobre todo al debido proceso.

El juicio en línea o vía zoom adolece en su establecimiento de una presencia
virtual del juzgador, utilizándose medios de prueba remotos sin que existan opciones
indubitadas en su cuestionamiento, tales como la contra interrogación de testigos y
peritos y la verificación efectiva y directa de la prueba documental, todos elementos
que indudablemente afectan las garantías constitucionales ya señaladas;

11°. Que, atendido lo comentado por la Corte Suprema, este Ministro es del
parecer de interpretar con extrema precisión y cautela las facultades y operatividad
práctica de la figura del modelo de juicio penal oral remoto;



III.- LA DEFENSA EN EL PROCESO PENAL Y EL CARÁCTER
ADVERSARIAL DEL JUICIO ORAL.

12°. Que el debido proceso es uno de los principios rectores del proceso
jurisdiccional. Su significado se asocia con lo que Giuseppe Chiovenda escribía en el
pasado: “…el proceso es una unidad no solamente porque los varios actos de que se
compone estén colegiados para un fin común. Esta unidad es propia de cualquier
empresa, aunque no sea jurídica, como una obra de arte, la construcción de un edificio,



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0000177
CIENTO SETENTA Y SIETE




un experimento científico y otras semejantes. El proceso, por el contrario, es una
unidad jurídica, una organización jurídica; en otros términos, una relación jurídica”.
(Chiovenda, G. Instituciones de derecho procesal civil, en Revista de Derecho Privado,
Madrid, España, 1954, pp. 63-64).

El Código Procesal Penal que hoy nos rige es receptor de este concepto,
entregando al imputado de un delito una serie de prerrogativas para ante el Estado, a
efectos de que el juez supere de manera válida la presunción de inocencia al momento
de condenar;

13°. Que, al arriesgar el imputado la pérdida de sustanciales garantías ante el
poder del Estado, representado por el órgano persecutor penal público, la pena sólo
deviene en legítima en un Estado de Derecho si éste entrega a quien enjuicia todas las
herramientas para que pueda señalar lo pertinente en los hechos y en el derecho a
efecto de desvirtuar la pretensión punitiva estatal. Así, por ejemplo, el acusado a
través de su abogado defensor tiene derecho a interrogar testigos propios y a
contrainterrogar los testimonios de cargo para demostrar su eventual inconsistencia y
plantear sin ser juramentado, lo que estime pertinente en el inicio, desarrollo y final
del juicio oral que se celebre. Y, en caso contrario, se alza como una de las mayores
garantías su derecho a guardar silencio en todas las etapas del proceso criminal;

14°. Que, por ello, parte esencial del procedimiento justo y racional que ordena
el artículo 19, numeral 3°, inciso sexto, de la Constitución, es la obligatoriedad de
defensa tanto en su faz material como técnica, con la finalidad de hacer cumplir las
garantías que el sistema confiere al justiciable. El letrado, ejerciendo la plenitud de las
facultades constitucionales y legales, se transforma en un personaje vital para la
legitimidad del sistema en forma interna –cumplimiento de las formalidades so pena
de nulidad- como para su fundamentación pública ante el todo social, siendo el
garante del respeto a los derechos fundamentales de la persona imputada de delito y
en particular, de la presunción de su inocencia (en dicho sentido, García, Ramón, “El
ejercicio del derecho a defensa técnica en la etapa preliminar del proceso penal”, en
Fuentes, Claudio (compilador), Diez años de la reforma procesal penal en Chile,
(Santiago, Ediciones UDP, 2011), p. 241);

15°. Que, el Código Procesal Penal chileno vigente tuvo su génesis en la
búsqueda de un cuerpo adjetivo armónico con el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos. La regulación procedimental que adoptó el legislador procesal
penal chileno buscó que ésta sirviera adecuadamente a la aplicación de la ley punitiva
en el caso particular para la generación de decisiones justas que entreguen tutela
efectiva a los derechos fundamentales de los sujetos interesados. El sistema vigente
consagra las prohibiciones probatorias buscando precisamente el logro de lo anterior,
que en palabras del profesor Kai Ambos, revela una función inexorable del Estado
moderno: “(…) el Estado debe estabilizar no sólo las normas jurídico penales a través
de una persecución penal efectiva, sino también, en el mismo plano, los derechos



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0000178
CIENTO SETENTA Y OCHO




fundamentales de los imputados por medio del reconocimiento y ante todo la
aplicación de prohibiciones de utilización de prueba en caso de violaciones de los
derechos del individuo. Con ello, al mismo tiempo, las prohibiciones de utilización
llevan aparejada una cierta función de control disciplinario de las autoridades de
persecución penal –en el sentido de la prevención general negativa- que puede
deplorarse como lo muestran los argumentos en su contra (en especial el
debilitamiento de la pretensión social por la realización del derecho penal, así como
el control en el sentido de tarea exclusiva del derecho administrativo disciplinario),
pero que de ninguna manera puede negarse” (Ambos, Kai, “Las prohibiciones de
utilización de pruebas en el proceso penal alemán – fundamentación teórica y
sistematización”, en Revista Política Criminal N° 7 (2009) A1-7, pp. 1-51).

En el contexto en comento, la consagración del derecho a defensa surge como
una de las más prístinas muestras de la generación de cotos al poder del Estado en la
persecución delictual, imposibilitando atropellos en las garantías fundamentales del
imputado en pos de dicho cumplimiento;

16°. Que, el derecho a defensa es integrante fundamental del debido proceso
legal. Normado por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en sus
artículos 10 y 11; el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 en el artículo
6°, numeral 3°, literales a), b), c), d) y e); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 1966 en su artículo 14, numeral 3°, literales a) y b); la Convención
Americana sobre Derechos Humanos de 1969 en el artículo 8°, numeral 2°, literales b)
y c); y la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981 en el
artículo 7°, numeral 1°, literal c), se regula de manera clara que toda persona tiene
derecho a contar con un abogado para hacer frente a la acusación de delito que sobre
él sea formulada por el Estado, constituyéndose así en una de las garantías en juego
más trascendentes en el contexto de un juicio criminal: el defensor es garante jurídico
constitucional de la presunción de inocencia del inculpado, entregándole validez al
proceso penal del Estado;

17°. Que, nuestra Constitución Política, en el artículo 19, numeral 3°, desarrolla
de manera amplia la garantía. Lo configura enunciando que se asegura a todas las
personas “[l]a igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, señalando
luego que “[t]oda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley
señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la
debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los
integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se
regirá, en los concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas
pertinentes de sus respectivos estatutos. La ley arbitrará los medios para otorgar
asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos”.

A su turno, la Ley de Reforma Constitucional N° 20.516 de 11 de julio de 2011
agregó: “Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida



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0000179
CIENTO SETENTA Y NUEVE




por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la
oportunidad establecida por la ley”.

Si bien la norma constitucional transcrita, en su primer apartado, es amplia en
el sentido de desarrollar el derecho a contar con letrado en asuntos de diversa sede, a
efectos de que éste pueda plantear lo pertinente en defensa de una persona –
cuestiones de corte administrativo, por ejemplo- ello es claro respecto a las garantías
penales;

18°. Que, en nuestro sistema de enjuiciamiento criminal, las regulaciones del
Código Procesal Penal y de la Ley 19.718 que Crea la Defensoría Penal Pública, de 10
de marzo de 2001 hacen posible la materialización de lo mandatado por el
Constituyente al legislador. Esta última, en su artículo 2° establece que dicho
organismo “(…) tiene por finalidad proporcionar defensa penal a los imputados o
acusados por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado
de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes, en
su caso, y que carezcan de abogado”.

En doctrina, se ha señalado acertadamente que el derecho a defensa puede ser
comprendido como la facultad del imputado de intervenir en el procedimiento penal
que se dirige en su contra a efectos de poner en evidencia la falta de fundamento de
la pretensión punitiva estatal o cualquier circunstancia que la excluya o atenúe,
comprendiendo el derecho a ser oído, lo que supone conocer el contenido de los cargos
que se le imputan y los antecedentes que los fundan a objeto de ejercer adecuadamente
su derecho a defenderse y a formular los planteamientos y alegaciones que convengan
a su defensa; derecho a controlar y controvertir la prueba de cargo; derecho a probar
los hechos que él mismo invoca para excluir o atenuar la reacción penal; derecho a
valorar la prueba producida y exponer las razones fácticas y jurídicas para obtener del
tribunal una sentencia favorable; y, derecho a defenderse personalmente o, si esto no
le fuera permitido, elegir un defensor para que lo represente o asista (Horvitz, María
Inés y López, Julián, Derecho Procesal Penal chileno, (Santiago, Editorial Jurídica de
Chile, 2004), I, p. 26.);

19°. Que, los derechos enunciados son manifestación de las dos formas en que
es ejercida la defensa, esto es, de manera material y técnica. La primera, siguiendo a
los juristas en comento, consiste en el ejercicio de los derechos que la Constitución y
las leyes le confieren durante el procedimiento al imputado y que, en general, atingen
en forma personal a éste. Sus manifestaciones más claras son la autodefensa (artículo
102 CPP.) salvo cuando le resulte perjudicial y, prestar declaración ante la policía,
Ministerio Público o el tribunal sin ser juramentado.

En cambio, la defensa técnica es competencia propia del abogado habilitado
para el ejercicio de la profesión, por quien el imputado debe ser asistido, conforme lo
regulado en el artículo 8° del Código Procesal Penal;




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CIENTO OCHENTA




20°. Que, ello es parte de un contexto amplio. Desde que una persona mantiene
la calidad de imputado es que goza del derecho a preparar su defensa ante la “notitia
criminis”. Este momento primigenio implica facultades claras que no pueden ser
sobrepasadas por el Estado en virtud de la investigación criminal, so pena de nulidad
de las mismas. Por lo mismo, los artículos 93 y 94 del mismo Código Procesal Penal
detallan los derechos con que cuenta el imputado en el seno del procedimiento,
especificando la garantía, los que pueden ser agrupados en tres apartados: derechos
de información; derechos de intervención en el procedimiento; y, derechos que
imponen un deber de abstención por parte de los órganos que intervienen en la
persecución y el enjuiciamiento penal;

21°. Que respecto a la intervención en el procedimiento, y siguiendo al
tratadista Julio B. Maier, se posibilita que el imputado sea dejado de lado en la
investigación penal o influir en la decisión del tribunal del fondo a través de la
producción, confrontación y valoración de prueba. En nuestra legislación ello se
contempla expresamente en la posibilidad de requerir al Ministerio Público la
realización de determinadas diligencias de investigación (artículo 93, literal c) CPP y,
en instancia judicial, inciso cuarto del artículo 98 CPP); declarar judicialmente
(artículo 93, literal d) CPP); conocer el contenido de la investigación (artículo 93, literal
e) CPP y a que ésta se active), y a solicitar el sobreseimiento definitivo de su causa,
con la instancia recursiva correspondiente (artículo 93, literal f) y 253 CPP);

22°. Que, en el seno del contradictorio, una de las manifestaciones de la
intervención del imputado a través de su abogado será la posibilidad de presentar
prueba de cargo y controvertir la aportada por el persecutor y eventualmente el
querellante. Conforme los artículos 276 y 330 del Código Procesal Penal, el imputado
puede ofrecer probanzas a ser conocidas por el tribunal oral, en tanto éstas no sean
manifiestamente impertinentes y no busquen acreditar hechos públicos y notorios;

23°. Que, ello es relevante, puesto que la actividad generada a través de la
interacción de las partes, principalmente en torno al dinamismo probatorio que puede
desplegar el acusador, es uno de los núcleos del sistema. Así, se ha señalado que “[l]a
reubicación del valor de la verdad implica quitarla del altar en el que siempre estuvo
(como fin del proceso) y colocarla como condición sine qua non para la válida
aplicación de una condena como acontece en el sistema acusatorio adversarial, que
centra la búsqueda y descubrimiento de la verdad en el proceso penal en el método
contradictorio. El juez no necesita conocer la verdad de lo acontecido para resolver el
caso y mucho menos debe buscarla, puesto que cuando no llega a conocerla cuenta
con los criterios jurídicos de decisión (el principio de inocencia y el in dubio pro reo)
que le dan las armas necesarias para decidir. La comprobación de la verdad de la
hipótesis acusatoria correrá en exclusividad por cuenta de quién tiene la carga de la
prueba, es decir, el fiscal como acusador (nunca más del juez instructor), lo que nos
lleva a confirmar (…): los jueces no buscan la verdad, la exigen al acusador” (Taboada,




71
0000181
CIENTO OCHENTA Y UNO




Giammpol, Los grados del conocimiento en el proceso penal, (disponible en línea),
http://www.incipp.org.pe/modulos/documentos/descargar.php);

24°. Que, así se puede establecer y entender la praxis punitiva del Estado como
el continuo en que éste interviene a través de sus tres variantes: Estado-Juez, Estado-
Persecutor y Estado-Defensor. Por lo mismo, el proceso “no trata de reproducir
objetivamente lo que ha sucedido, sino que consiste en un sistema de argumentaciones
y contraargumentaciones, de aportación de datos y de discusión acerca de su
significado” (Camarena, Salvador, Ser juez en Marruecos y en España, (disponible en
línea), p. 68).

No se busca una verdad de naturaleza ontológica material o sustancial, sino
más bien una que pueda ser válida conforme a la estructura misma del sistema y que
sea lograda en un contradictorio con plena posibilidad de controversia, prueba de
cargo y descargo, así como actividad pasiva del juez imparcial;

25°. Que, por ello, no pueden perderse de vista las facultades con que ha de
contar el abogado defensor para la realización de un contradictorio efectivo, capaz de
desvirtuar los elementos de la acusación. Ello no obsta al especial cuidado que ha de
tenerse con un intermediario entre el abogado y el juez, puede desvirtuar las bases del
sistema de enjuiciamiento criminal hoy vigente, que toma al contradictorio como uno
de sus elementos fundantes, todo lo cual deberá ser preservado por la judicatura en
cada caso en que tenga lugar la aplicación de la ley controlada constitucionalmente,
más si las plataformas o sistemas informáticos son operados por terceros;



IV.- FUENTES DEL DERECHO PÚBLICO

26°. Que dentro de las fuentes constitucionales la constitución política dado su
carácter normativo y operativo tiene un efecto vinculante de índole directa, sin
necesidad de mediación normativa alguna, transformándose en una característica que
irradia al ordenamiento jurídico completo, estimándose que ninguna de sus
disposiciones pueda quedar al margen o entrar en pugna con la supremacía que le es
propia, tal como lo reconoció este órgano en el fallo STC 1287 de 2018, en su motivo
36.

La supremacía material está en la cúspide de sistemas de fuentes que
comprende el Derecho positivo material, de manera que posee una máxima jerarquía
normativa y de ello se desprende que las demás normas jurídicas extraen su
aplicabilidad y/o validez de ella. También se traduce en una supremacía formal, esto
es, que el complejo procedimiento requerido para su enmienda, que exige un quorum
elevado descansa el poder constituyente derivado mediante los mecanismos de
reforma de la Carta Fundamental (artículo 6, inciso primero y 127 y ss. CPR);




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CIENTO OCHENTA Y DOS




27°. Que en criterio de la jerarquía de los tratados internacionales en el sistema
de fuentes del Derecho Constitucional y del ordenamiento jurídico en general,
adherimos a quienes sostienen que los tratados internacionales constituyen fuentes
constitucionales, ya que no tienen su fuente de validez en la Constitución, adquiriendo
por tanto, rango constitucional. Sin perjuicio de lo antes enunciado aquellos derechos
fundamentales contenidos en los tratados internaciones que según el artículo 5°, inciso
segundo de la Constitución, constituyen fuentes supraconstitucionales (Gabriel Celis
Danzinger, op. cit. pp. 66-67) ;

28°. Que de esta manera aquellos tratados referidos a derechos fundamentales
que según el artículo 5°, inciso segundo de la Constitución tendrían rango de
Constitución material; mientras que los demás tendrían rango simplemente legal,
caracterizándolos como un rango reglamentario a los acuerdos de ejecución, lo
anterior en virtud del principio contenido en el artículo 27 de la Convención de Viena
sobre Derecho de los Tratados, dado que estos tienen aplicabilidad preferente sobre
las normas de fuente interna en caso de contradicción entre unos y otros, al señalar
dicha disposición que: “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho
interno como justificación de incumplimiento de un tratado” como lo ha reconocido
la Corte Permanente de Justicia Internacional (Gabriel Celis Danzinger, op. cit. p. 68).

En aquellas situaciones en que existieren conflictos normativos entre tratados
incorporados al Derecho chileno y normas de fuente nacional, cabe recordar que ellos
no se solucionan por las normas generales de resolución de antinomias previstas en
nuestro ordenamiento interno (principio de jerarquía, especialidad y temporalidad
aplicables a las reglas jurídicas). En efecto, nuestro sistema constitucional no
determina la producción y validez del tratado sino tan solo su incorporación al
ordenamiento jurídico interno y consecuente aplicabilidad (artículo 32, N° 15 y 54,
N°1 CPR.). Los tratados internacionales se originan y encuentran su validez en las
fuentes productoras del Derecho internacional, contenidas en la Convención de Viena,
sobre el Derecho de los Tratados (artículo 6° y ss.) (Gabriel Celis Danzinger, op. cit. p.
70, citando a Humberto Nogueira en Dogmática Constitucional, Ed. U. de Talca, Chile,
1997, pp. 33 y ss.).

En virtud de lo razonado cabe hacer presente que el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
serían plenamente aplicables en la especie en relación al derecho de defensa como
parte esencial del debido proceso en el caso concreto;



V.- INCOMUNICACIÓN ENTRE DEFENSOR Y DEFENDIDO.

29°. Que siendo fundamental en el ejercicio técnico del defensor poder ejercer
una máxima confidencialidad, protegiendo de esta manera la relación existente entre
defensor y defendido, cuyo producto es la confianza necesaria para ejercer una



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CIENTO OCHENTA Y TRES




defensa eficiente bajo los parámetros de valores y juicios deontológicos en tal vínculo,
cualquier afectación a la confidencialidad implicaría violar la comunicación entre
letrado y cliente, con clara intromisión en el ejercicio profesional respectivo,
desprotegiéndose el secreto profesional y afectando la independencia para el
desarrollo de su defensa;

30°. En lo referente a la necesaria intimidad que requiere la defensa técnica, en
un juicio oral donde existen valores gravosos y afectación de bienes jurídicos
relevantes pareciera no ser apto que la carencia de la inmediación física entre el
abogado y su defendido o entre un testigo o perito, a los efectos de la interrogación o
contrainterrogación de ellos o en la entrega y/o exhibición de objetos o documentos
que tengan incumbencia con la decisión jurisdiccional sin existir la debida inmediatez;

31°. Que en el juicio oral, por regla general, en la sala de audiencias el defensor
se sienta junto a su representado, quienes dialogan e interactúan en el transcurso de
las declaraciones y en la etapa de rendición de pruebas, lo cual tiene un objetivo
manifiesto que es el derecho de una persona de hablar con su defensor y comunicar
cualquier circunstancia o elemento que sea importante, de forma tal que la sola
situación de encontrarse físicamente en lugares distintos impide una eficaz y
suficiente forma de cumplir con la garantía del debido proceso;

32°. Que debe tenerse presente, además, que en la realización de los juicios
virtuales se genera una imposibilidad de conversar e informar las secuencias del juicio
entre el defensor y el defendido, acaeciendo en la realidad que siempre el defensor
converse en una sala virtual, lo que no impide que eso sea mediatizado por terceros
ajenos a la relación defensor-defendido;

33°. Que la necesaria comunicación privada y confidencial entre defensor e
imputado no puede ser violada, atendido a que el uso ya sea de un celular o una
conexión virtual impide al imputado tener el mínimo grado de privacidad requerido
para ser atendido por su defensor, afectándose de esa manera la capacidad técnica y
del mismo modo la capacidad material de su defensa;



VI.- DEBIDO PROCESO Y EL JUICIO PENAL.

34°. Que conviene precisar que la reforma procesal penal tuvo por objeto
principal, reconocer los principios de concentración, continuidad y publicidad, con la
finalidad de que todo justiciable debía ser juzgado dentro de un plazo razonable tal
como lo señala el artículo 247 del C.P.P., sin embargo no podía existir limitación ni
restricción respecto a que el debido proceso no puede impedir que las personas
puedan defenderse adecuadamente ante la actividad del Estado. Es por eso que la
garantía del debido proceso que establece la Convención Americana sobre Derechos
Humanos decanta que la base fundamental del sistema de protección de los derechos




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CIENTO OCHENTA Y CUATRO




humanos se formaliza mediante las garantías de todos ellos y es un requisito para la
existencia del verdadero Estado de Derecho, asimilando lo previsto en el artículo 6°
del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos ( Cecilia Medina Quiroga, La Convención Americana:
Teoría y Jurisprudencia, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Centro de
Derechos Humanos, año 2003, p. 307);

35°. Que en el juicio penal existe una manifiesta relación entre defensa y tutela.
Si bien la expresión defensa no puede estimarse totalmente adecuada puesto que su
carácter general corresponde a la actuación de una persona que se dirige a un tribunal
en general a fin de que se declare su derecho en un caso concreto, en el ámbito penal
sólo corresponde a la actividad procesal que desarrolla una persona que reacciona
frente al ejercicio en la práctica del ius puniendi, pudiendo concebirse como una
verdadera tutela comprensiva la defensa como garantía individual y como garantía
del proceso.

El concepto de garantía constitucional en materia penal en el fondo lo que está
protegiendo es el ejercicio de la acción procesal, correspondiendo a la reacción frente
a una previa acción, de manera que “la constitucionalización de la defensa procesal
en el marco de la constitucionalización de las más importantes garantías del proceso
ha tenido consecuencias esenciales, ya que obliga al legislador en la regulación de los
procedimientos y al juez en la tramitación de los concretos procesos, a respetar la
garantía de defensa”. (Alex Carocca Pérez, Garantía Constitucional de la Defensa
Procesal, Ed. Olejnik y J.M. Bosch Editor, Santiago de Chile, 1998, p. 99);

36°. Que se trata de una garantía propia del proceso jurisdiccional, por lo tanto
no se limita al inicio del proceso ni se agota en la sola posibilidad de conocer y
contestar el acto a través del cual se ejerció la acción, más si se trata de materias
penales, sino que va extendiéndose a lo largo de todo su transcurrir,
desenvolvimiento, y actuación oportuna en condiciones de igualdad, frente a cada
actuación de la contraria. En resumen la garantía constitucional de la defensa es una
garantía esencial del ejercicio de la acción procesal;

37°. Que el contenido de la garantía constitucional de la defensa no sólo
asegura que todos a quienes puede afectar un resultado de un proceso penal puedan
tomar conocimiento de su existencia, sino que asegura a las partes la posibilidad de
formular sus descargos, deducir alegaciones y garantizar la posibilidad de probar sus
invocaciones y defensas, contradecir y ofrecer y aportar pruebas que deben ser
necesariamente valoradas en la sentencia;

38°. Que en relación a lo anterior, resulta pertinente también dejar en claro que
el concepto de indefensión involucra a nivel constitucional la necesidad que los
tribunales – cualquiera sea su rango – deben respetar las garantías constitucionales
bajo sanción de nulidad como sanción ante la indefensión y, en el caso concreto, en




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CIENTO OCHENTA Y CINCO




que la defensa vea mermadas sus facultades que le confiere la garantía constitucional,
tanto en su aspecto técnico como en su faceta material resultará obvio que el sistema
del derecho de defensa en materia procesal penal implica respetar el derecho al
silencio o “ius tacendi”, el derecho a no confesarse culpable ni auto involucrarse, la
libertad de elección del defensor técnico y, en especial, recurrir al sistema de asistencia
jurídica gratuita.

Todos estos elementos confirman de manera palmaria que la garantía del
derecho a defensa involucra una real comunión entre la garantía de defensa y la tutela
judicial efectiva;



VII.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y JUICIOS ORALES EN LO PENAL
VÍA PLATAFORMAS REMOTAS.

39°. Que en materia referidas al establecimiento de los elementos del delito,
esto se relaciona con la propia dinámica del proceso penal, momento en el cual los
principios y categorías desarrollados en la teoría general se someten a verificación.
“La función garantista que el Derecho sustantivo encomienda al debido proceso se
confía esencialmente a un paradigma epistemológico de la declaración procesal, de la
cual son elementos imprescindibles e inescindibles, en términos de Derecho
sustantivo el principio de legalidad, y en el plano procesal el cognitivismo: un modelo
de jurisdicción que tiene como condiciones necesarias la verificabilidad o
falsificabilidad de las hipótesis acusatorias por la fuerza de su carácter asertivos y la
prueba empírica en razón de procedimientos que permitan tanto la verificación como
la falsificación”. (Neurociencia y proceso judicial, Michele Taruffo y Jordi Nieva
(dirs.), Marcial Pons, 2013, Madrid, p. 112);

40°. Que de TAL manera fluye que los criterios de estrecha legalidad que
informan la “law of evidence” contenida en los modernos códigos de procedimiento
penal , debe entenderse por legalidad de la prueba. Esto obedece, a aquel criterio
riguroso que en ningún caso puede ser sustituida la subjetividad del sentenciador por
mecanismos o algoritmos propios del último despliegue de inteligencia artificial;

41°. Que en un mismo sentido y desde la perspectiva de que estamos en
presencia del CAMPO penalístico, debe prestarse particular atención no solamente al
momento de valoración de la prueba - fase de individualización de la pena que realiza
el sentenciador -, sino también, y quizás sobre todo, a las fases de admisión y práctica
de la prueba que constituyen momentos esenciales del filtro metodológico
suministrado por el código de procedimiento para una correcta aplicación procesal
del Derecho penal sustantivo;

42°. Que ante tal evidencia y siendo cada vez más recurrente la prueba
científica y su régimen de admisibilidad, el rol de verdadero portero que desempeña




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CIENTO OCHENTA Y SEIS




el juez, en cuanto al ingreso y el uso de la ciencia nueva en el proceso, el sentenciador
o sentenciadores están llamados a transformarse en los verdaderos custodios del
método científico que garanticen la admisibilidad de las pruebas científicas, desde la
perspectiva metodológica, lo cual en modo alguno puede ser suplido mediante
mecanismo alternativos a la subjetividad e individualidad propia del juez;



VIII.- PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

43°. Que no cabe duda que la presunción de inocencia constituye un derecho
fundamental, cuya imperatividad en todo procedimiento puede derivar en resultados
sancionatorios o limitativos de derecho de los ciudadanos. Se le asimila con el clásico
principio “in dubio pro reo”;

44°. Que el derecho a la presunción de inocencia ha trascendido el ámbito
penal, pues al ser un derecho fundamental, incide fuertemente en otros
procedimientos y mediante el fenómeno de la constitucionalización nos enfrentamos
a la inexcusable obligación de probar por parte del ente persecutor, lo que redunda en
que el carácter normativo de la presunción de inocencia excusa la prueba en contrario
del imputado para la destrucción de la denominada presunción de inocencia;

45°. Por ser este un derecho constitucional fundamental recogido en una serie
de tratados internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado: “el derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la
realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la
tramitación del proceso “(caso Tibi v. Ecuador, 2004; caso Ricardo Canese v. Paraguay,
2004);

46°. Que la doctrina ha previsto que su fundamento constitucional se
encuentra en el artículo 19, N° 3, inciso sexto que dispone “la ley no podrá presumir
de derecho la responsabilidad penal”;

47°. Que su raíz filosófica-penal es su conexión con la dignidad de la persona,
tanto en el marco de la persecución como en el juzgamiento punitivo estatal,
incluyendo el correcto ejercicio de los derechos establecidos en un proceso racional y
justo, lo cual constituye un soporte sustancial a gran parte de las garantías emanadas
de la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (STC Rol 825-2008);

48°. Que, igualmente, este principio se encuentra vinculado y armonizado con
el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual establecida en el artículo
19, N° 7, de la Carta Fundamental, de forma tal que los preceptos legales que regulen
o limiten estos derechos -juicios remotos- no pueden afectar las garantías de los
mismos;




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CIENTO OCHENTA Y SIETE




49°. Que la presunción de inocencia constituye una obligación hacia el Estado
y sus órganos persecutores de considerar al imputado como inocente, de manera que
la naturaleza de este es un derecho que incide decisivamente en todo el sistema
jurídico y, en especial, en la normativa penal, de forma que deben reducirse al mínimo
todas aquellas perturbaciones en sus derechos para el cumplimiento de los fines del
procedimiento penal;



IX.- OTROS MOTIVOS PARA ACOGER.

50°. Que conviene diferenciar el concepto de tutela judicial efectiva y el
derecho de defensa puesto que ambos tienen esferas de aplicación que varían. La
tutela judicial efectiva comprende tanto el derecho de defensa como el de debido
proceso, de forma que el debido proceso, es un derecho humano irrenunciable cuyo
objeto es la celebración de un proceso racional y justo;

51°. Que, tanto el principio de oralidad es omnicomprensivo de la inmediatez
como de la publicidad, ya qué a un juicio sin audiencias orales le resulta imposible
cumplir con la inmediación. Del mismo modo, que el juicio en línea no cumple con
todos los parámetros de los principios de oralidad, inmediatez y publicidad, por tanto
tampoco respeta los derechos humanos en los términos de un efectivo y cabal
cumplimiento del derecho a defensa;

52°. Que adicionado a lo antes expuesto el concepto de “brecha digital”,
termino que proviene de la traducción al castellano del concepto francés de “fracture
numérique”, genera una desigualdad que emana de una compleja interacción entre el
llamado avance digital y la realidad de nuestro país.

En efecto: la brecha digital produce discriminación tanto por el acceso personal
en virtud de circunstancias económicas, factores culturales o educacionales y en razón
del territorio, dado que en un mismo Estado existen diferencias en las comunicaciones
digitales y el acceso a ellas en relación a razones geográficas;

53°. Que siendo, principios rectores del debido proceso los principios de
oralidad, inmediación y publicidad, sumado a ello que el juicio en línea vía remota
utilizando un sistema informático, impide de manera práctica que se respeten en su
integridad los citados principios, configurándose al efecto una vulneración a la
garantía del debido proceso en los juicios orales en lo penal vía remota;



X.- CONCLUSIONES.

54°. Que por estos razonamientos este voto particular concurre a acoger el
requerimiento deducido en estos autos.




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Redactó la sentencia el Ministro señor RODRIGO PICA FLORES, y la disidencia,
la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO. Las prevenciones corresponden a los
Ministros señores CRISTIÁN LETELIER AGUILAR y NELSON POZO SILVA.



Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.
Rol N° 9172-20-INA



Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su
Presidenta, Ministra señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, y por sus Ministros señores
IVÁN ARÓSTICA MALDONADO, GONZALO GARCÍA PINO, JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN,
CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, NELSON POZO SILVA y JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ MÁRQUEZ,
señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y señores MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ y RODRIGO PICA FLORES.

Firma la señora Presidenta del Tribunal, y se certifica que los demás señora y
señores Ministros concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por no encontrarse en
dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las medidas dispuestas
ante la emergencia sanitaria existente en el país.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica
Barriga Meza.



María Luisa Firmado digitalmente por
María Luisa Brahm Barril
María Firmado digitalmente

Angélica
por María Angélica
Barriga Meza
Brahm Barril Fecha: 2020.12.18
15:17:19 -03'00'
Fecha: 2020.12.18
Barriga Meza 17:31:56 -03'00'




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