TC Rol 936

Texto completo

palma [14)

Santiago, once de octubre de dos mil siete.
Como se pide. Remítase el expediente caratulado
“CARLOTA RAMIREZ B. Cc/ SII”, rol Corte N* 4630-2006,

solicitado.

Rol N” 936-07.
ANA

guisa (15)

1 001 20./ Santiago, 16 de octubre de 2007

PROSECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA:

Tengo a bien remitir a UD. la
resolución dictada por el Tribunal Constitucional, adjuntando el expediente solicitando
su devolución a esa Corte Suprema el Rol N” 4.630-2006, caratulado “CARLOTA
RAMIREZ B. con S.LL”

Saluda atentamente a UD.

SEÑORA PROSECRETARIA

D. CAROLA HERRERA BRUMMER
EXCMA. CORTE SUPREMA
PRESENTE

Santo Domingo 689, Tels. (56-2) 6401820 - 6401812, Fax: (56-2) 6338354
e-mail:tribunalconstitucionaleentelchile.net

SANTIAGO - CHILE

digan 46)

Santiago, 22 de octubre de 2007.

OFICIO N*1464

Señor $+I.I. DIREC. NACIONAL

Ricardo Escobar Calderón
Director Nacional 06839 2200707 11:51

Servicio de Impuestos Internos
Presente.

Tengo a bien remitir a Ud. el listado de 104 causas en
las cuales la Corte Suprema ha requerido a este Tribunal para
que declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del
artículo 116 del Código Tributario, en relación con el
artículo 76 de la Constitución Política de la República.

En estas causas la Segunda Sala de este Tribunal ha
conferido traslado del requerimiento por el término de 10
días a ese Servicio a fín de que pueda hacer uso de su
derecho a presentar las observaciones que estime

convenientes.

Asimismo, adjunto cota de la resolución pronunciada por
la Corte Suprema, su Ooflicio remisor y resolución de la
Segunda Sala de este Trifbhnal recaída en una de las causas

enlistadas.

Lo saluda atentamente

Rafael Larrain Cruz...
Secretario

Al

Servicio de Impuestos Internos
Teatinos 120

Santiago
mias (1+)

Santiago, 22 de octubre de 2007.

OFICIO N*1465

Señor

Carlos Mackenney Urzúa
Presidente

Consejo de Defensa del Estado
Presente.

CONSEJO
AEO cra ENSA

22 0CT 2007

RECI
OFICINA 7 A

Tengo a bien remitir a Ud. el listado de 104 causas en
las cuales la Corte Suprema ha requerido a este Tribunal para
que declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del
artículo 116 del Código Tributario, en relación con el
artículo 76 de la Constitución Política de la República.

En estas causas la Segunda Sala de este Tribunal ha
conferido traslado del requerimiento por el término de 10
días a ese Consejo a fin de que pueda hacer uso de su derecho
a presentar las observaciones que estime convenientes.

Asimismo, adjunto copia dg la resolución pronunciada por
la Corte Suprema, su oficiof remisor y resolución de la
Segunda Sala de este Tribunal]| recaída en una de las causas

enlistadas.

Lo saluda atentamente

Juan C

Rafael Larrain Cruz
Secretario ——

Al

Consejo de Defensa del Estado
_ Agustinas 1687

Santiago
JMER
31-oct

ORAL

CONSTITUCIONAL
EN LO PRINCIPAL : Se tenga presente.-
PRIMER OTROSÍ : Acredíta personería.-
SEGUNDO OTROSÍ : Patrocinio y poder.-

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

MARIA TERESA MUÑOZ ORTUZAR, Abogado Procurador Fiscal de
Santiago del Consejo de Defensa del Estado, domiciliada en calle Agustinas N*
1687, comuna de Santiago, a S.S. Excma., con respeto digo:

Este Consejo ha sido notificado del requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad presentada por la Excma. Corte Suprema en 104 causas
tributarias que dieron lugar a la formación de expedientes sobre inaplicabilidad
roles números 913-07, 870-07, 871-07, 869-07, 868-07, 856-07, 857-07, 858-07,
862-07, 861-07, 845-07, 846-07, 847-07, 878-07, 873-07, 874-07, 848-07, 849-07,
850-07, 851-07, 852-07, 859-07, 860-07, 854-07, 853-07, 876-07, 864-07, 865-07,
866-07, 867-07, 879-07, 916-07, 882-07, 884-07, 883-07, 915-07, 917-07, 918-07,
898-07, 886-07, 887-07, 934-07, 914-07, 880-07, 909-07, 910-07, 911-07, 912-07,
913-07, 906-07, 907-07, 908-07, 924-07, 899-07, 900-07, 929-07, 927-07, 901-07,
902-07, 903-07, 904-07, 931-07, 932-07, 905-07, 935-07, 986.07, 928-07, 926-07,
925-07, 933-07, 923-07, 938-07, 937-07, 897-07, 896-07, 895-07, 894-07, 893-07,
892-07, 872-07, 921-07, 889-07, 890-07, 891-07, 939-07, 940-07, 941-07, 942-07,
955-07, 954-07, 953-07, 956-07, 959-07, 958-07, 961-07, 957-07, 962-07, 960-07,
952-07, 949-07, 951-07, 971-07, 973-07, 975-07, 974-07.

En dichos procesos S.S. Excma. ha tenido a bien conferir traslado a este
Consejo respecto de la admisibilidad del requerimiento.

En atención a lo anterior, cumplo con hacer presente que, dado que se ha
requerido informe sobre la materia al Servicio de Impuestos Internos, órgano
especializado, el Consejo de Defensa del Estado estima prudente abstenerse de
informar al respecto.

POR TANTO,
Ruego a S.S. Excma, se sirva tener presente lo expuesto.
PRIMER _OTROSÍ: Pido a S.S. Excma. tener presente que mi calidad Abogado
Procurador Fiscal de Santiago, emana de la resolución N* 75 de fecha 22 de
mayo de 2003, del Consejo de Defensa del Estado, conforme consta en el

documento que acompaño en este acto, con citación.
amicimert (79)

SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase U.S. tener presente que por este acto, sin perjuicio
de mi facultad legal para representar al Fisco, y de conformidad a lo previsto en
los artículos 24 y 42 del D.F.L N* 1/1993, Ley Orgánica del C.D.E., designo como
abogado patrocinante y confiero poder a don JORGE M. ESCOBAR R. patente al

día y de mismo domicilio.

UU

/
JE

x
N* 37.574

y e rg qn

CI

ai

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Martes 3 de Junio de 2003

reumáz (20 )

(5355)

Página *

A e e SIRIA rre

“103 307'""INTOS

31 0CI..2007.........

Consejo de Defensa del Estado

NOMBRA EN CALIDAD DE TITULAR A DOÑA MÁ-
RIA TERESA MUÑOZ ORTUZAR COMO ABOGADO
PROCURADOR FISCAL DE SANTIAGO

(Resolución)

Núm. 75.- Santiago, 22 de mayo de 2003.- Vistos: Lo
dispuesto en los artículos 4, 7, 13, 14, 80, 81 letra e) y 82 incisos
Y y 9* de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo; el
artículo 21 del DFLN*1 de 1993 de Hacienda, Ley Orgánicadel
Consejo de Defensa del Estado, y laresolución N"520, de 1996,
de la Contraloría General de la República, y

Considerando:

1.- La renuncia voluntaria presentada por doña Sylvia
Elena Morales Gana, al cargo de Abogado Procurador Fiscal de
Santiago, Directivo grado 2* de la E.U.S., acontar del | dejunio
de 2003;

2.- Lacircunstancia que la anombrares titular de
un cargo Profesional, grado 7* de la E.U.S., y optará por
percibir la remuneración del empleo de exclusiva confianza en
el que será nombrada, dicto la siguiente,

Resolución:

1.- Nómbrase en calidad de titular a contar del | de junio
de 2003, a doña María Tercsa Muñoz Ortúzar, R.U.T.
N”7.014.960-5, como Abogado Procurador Fiscal de Santiago,
Directivo grado 2” de la E.U.S.

2.- La persona nombrada asumirá sus funciones en la
fecha señalada, por razones de buen servicio.

3.- La señora Muñoz Ortúzar opta por la remuneración
correspondiente al cargo de Abogado Procurador Fiscal de
Santiago, gado 2* de la E.ULS.

4.- El Abogado Procurador Fiscal de Santiago tendrá la
representación judicial del Fisco, del Estado, de los Gobiernos
Regionales, de las Municipalidades, Servicios de la Adminis-
tración Descentralizada del Estado y entidades privadas en que
el Estado tenga aporte o participación mayoritarios o igualita-
rios, ante todos los Tribunales-que funcionen en el territorio
jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago, en los
términos establecidos en el artículo 24 del D:F.L. N'1 de 1993,
y ejercerá sus facultades en dicho territorio, de acuerdo a las
funciones que el artículo 3* de dicho D.F.L. asigna al Servicio.
Tendrá además, las restantes facultades de carácter administra-
tuvo establecidas por la ley.

5.. Lo anterior es sin perjuicio de las atribuciones y
facultades que al Presidente del Consejo de Defensa del Estado
confi Pe elartículo 18”, en relación al artículo 3* del D.F.L.N*1,
de 1993.

.- uese el gasto al Presupuesto vigente de este
C ; e 4 del Estado, con 4 siguiente imputación:
21-01-001 “Personal de Planta”.

Anótese, tómese razón y publíquese.- Clara Leonora
Szc ki Cerda. Presidente Consejo de Defensa del Estado.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Keny
Miranda Ocampo, Secretario Abogado.

4

ruirtiuno (21)

1. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

INGRESO N? 3814187

' ESCOBAR RUIZ JORGE MARIO

nm. az
ra

8468891-6

-.o.

!
y fFARAPACA 0007820 312

DIRECCION

1

pa |

PATENTES PROFESIO

2DO. SEMESTRE 2007

LUGAR Df f AGO. JUDAS LAS SUCURSAL! $ DEL BANCO SANTANDER O SANTO DOMINGO N' 916 O AMUli1 EcaUI NH? 3y80

NALES
! TRIBUTO O MULTA POR !NFRACCION PERIODO
! 01/07/2007 |
| PATEN 420861-7 FECHA EMISION | '
| CONCERTO: anocaro
E í
al N2£4466008L| puzorararacaR | 31/07/2007. i
[nal
El IMPUESTOS Y DERECHOS VALORES 0 :
+
> . 1281825
45% F.MUNIC. 7.276
55% F.COMUN
SUB TOTAL 26.168 $| 19-188 Ef
! Pp ;
' | ERES 4461472 |
0301020
li TOTAL 16.168
3 PAICOM | 5542924-3 |
| UNIDAD UIQUIDADOR | EMISOR |
| 09:10 04/07/2007 25 PAGADO 04/07/2007 Ñ
e o
=="
”- uo. 110 COB

que he tenido £

vista- 07 Ago 206,
"entiagos «de mo. 18 hoyo
ORIGINAL

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS COPIA 7
SUBDIRECCIÓN JURIDICA
DEPTO, DEFENSA JUDICIAL
CAS. 2i0N SD.

EOI Z007-"7-92 42:28
RES.N LY — 1
ANT. : Oficio 1464 de 22.10.2007, de Sr.

Presidente Tribunal Constitucional.
MAT.: Evacua traslado.

Ps.

Santiago, 31 0CT 2007

DE: DIRECTOR SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (S)

A: SR. PRESIDENTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

De conformidad a lo informado mediante oficio del antecedente, vengo en evacuar
traslado conferido en requerimientos de inaplicabilidad deducidos de oficio por la
Excma. Corte Suprema, respecto de 104 causas que en el mismo se
individualizan, todos procesos de reclamos de liquidaciones, seguidos actualmente
ante ella en virtud de recursos de casación en la forma y fondo aún pendientes, en
los siguientes términos.

Mediante los requerimientos que ahora nos reunen, la Excma. Corte Suprema, vía
artículo 93 inciso primero numeral 6” de la Carta Fundamental, ha sometido ante
US. Excma. la posibilidad de dejar sin aplicación el artículo 116 del Código
Tributario respecto de las 104 gestiones tributarias pendientes de las que
actualmente conoce.

El punto, por consiguiente, se refiere a obtener de US. Excma. el
pronunciamiento relativo al eventual desajuste constitucional que pudiere
presentarse a partir de la aplicación de una eventual resolución delegatoria,
dictada en virtud del artículo 116 del Código Tributario, en las gestiones
pendientes de que se trata.

En otros términos, se requiere de US. Excma. la orden de inaplicar el precepto del
artículo 116 del Código Tributario. Es decir, determinar si dicho precepto puede
recibir aplicación en el caso concreto, evento actual o futuro, toda vez que la
sentencia que aquí se emita no podrá tener efectos retroactivos sino que incidirá
en la aplicación futura del precepto legal en cuestión. — Dicho análisis, como se
explicará, lleva indefectiblemente a constatar la falta de conflicto constitucional

go, otro asunto, distinto, es constatar si el precepto del art. 116 pudo recibir
icación SÓ, de hechos ocurridos durante su vigencia, tal como

Una y otra cuestión, importan análisis separados.
ruilcha (23)

1. POSIBILIDAD ACTUAL DE APLICACIÓN DEL ART. 116 DEL CODIGO
TRIBUTARIO EN LAS GESTIONES DE QUE SE TRATA: INEXISTENCIA
DE CONFLICTO CONSTITUCIONAL.

Como hemos sostenido una y otra vez ante US. Excma., hoy en materia tributaria
resulta fáctica y jurídicamente inviable cualquier intento delegatorio en el orden
jurisdiccional.

Desde el año 2006, US. Excma. se ocupó de declarar en diversos
pronunciamientos emitidos al efecto, la improcedencia de las delegaciones
dictadas en el ámbito jurisdiccional tributario al amparo del artículo 116 del Código
del Ramo, culminando finalmente con la dictación de la sentencia derogatoria de
aquella disposición, de fecha 26 de marzo del año en curso.

En virtud de aquellos primeros fallos emitidos por US. Excma., a propósito de
requerimientos de inaplicabilidad deducidos en diversos procesos de
reclamaciones tributarias pendientes ante distintos Jueces Tributarios del país, el
Servicio de Impuestos Internos procedió a remediar jurídicamente la circunstancia
cuyo examen constitucional fue reprobado, cual era, el acto de delegación de la
función jurisdiccional desde el Señor Director Regional del Servicio a otro
funcionario dependiente de aquél.

En efecto, mediante Resolución Exenta N”* 118 de 04 de octubre del año 2006,
fueron dejadas sin efecto, entre otras, las autorizaciones dadas a los Directores
Regionales para delegar la función jurisdiccional en funcionarios de su
dependencia, disponiéndose, en la misma Resolución, la dictación de las
resoluciones revocatorias pertinentes y ordenándose, finalmente, que una vez que
dichas revocaciones fueran publicadas en el Diario Oficial, los Directores
Regionales se avocarían al conocimiento y resolución de los reclamos,
pendientes y futuros, de liquidaciones, giros, pagos y resoluciones regidos por los
procedimientos contemplados en el Título ll y en el Párrafo 1” del Título II! del
Libro Tercero del Código Tributario, así como de los reclamos de denuncias que
indica.

Aquél precepto legal del art. 116 sólo ha podido recibir aplicación en virtud de la
dictación y vigencia del acto administrativo de delegación al que el mismo se
refería, cuestión que hoy no ocurre ni puede ocurrir dada la expresa revocación de
este último.

Si a lo anterior se une la definitiva derogación del propio texto legal, la
imposibilidad aplicatoria y, consiguientemente, los riesgos de inconstitucionalidad,
a y llanamente desaparecen.

eS ¡cho debe entenderse sin perjuicio de su aplicación a hechos ocurridos
y NS 7 dura te su vigencia y a la posible generación y persistencia de efectos
aja inconstitucionales, circunstancia que, según nos parece, acarrearía una
Soy eventual sanción jurídica distinta, no ya la inaplicabilidad sino,
Sonrecoceventualmente, la nulidad de derecho público, sanción que sí mira hacia el
pasado pero no, como ocurre con la inaplicabilidad, hacia un evento actual o

futuro: la efectiva aplicación de la norma.
mlcuahio (24)

Resulta insuficiente y parece hacer frente a la seguridad jurídica, acotar las
sanciones constitucionales única y exclusivamente a la inaplicabilidad de la
ley e intentar entonces salvar dicha estrechez mediante la ilimitada
extensión temporal de su objeto de revisión.

Apuntando en aquella dirección, este Excmo. Tribunal ha resuelto que “Sólo cabe
emitir pronunciamiento sobre la solicitud de inaplicabilidad y, a contrario sensu, no
le corresponde pronunciarse sobre la validez de actuaciones y resoluciones de un
proceso tributario seguido ante un juez delegado con anterioridad a la revocación
de la delegación o de la publicación en el Diario Oficial de la sentencia de
inconstitucionalidad” (Rol 659-06).

Así entendido, y sin que se efectúen distingos discriminatorios relativos a la
entidad consultante de origen, resulta plenamente aplicable entonces lo ya
resuelto por US. Excma. mediante, entre muchas otras, resolución de fecha 6 de
septiembre del año en curso, declarando improcedente un requerimiento de
inaplicabilidad relativo al art. 116, en el que resolvió que “Para que esta
Magistratura se haga cargo, especificamente, de los reproches de
constitucionalidad imputados al artículo 116 del Código Tributario en esta causa,
es menester que, previamente, determine si dicho precepto puede recibir
aplicación en el caso concreto y si ello es susceptible de producir efectivamente
un resultado inconstitucional, a la luz de lo razonado precedentemente. Cabe,
entonces, examinar si la aplicación del precepto legal que se impugna ha de
producir un resultado distinto al que se generaría al inaplicarlo, y si, en caso
afirmativo, dicho resultado es o no inconstitucional, lo que resultará especialmente
relevante, atendido el claro tenor del artículo 93, inciso primero, N* 6, de la Carta
Fundamental, según el cual para que prospere una acción de inaplicabilidad debe
tratarse de la impugnación de un precepto legal cuya aplicación en cualquier
gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial resulte contraria a la
Constitución; SEPTIMO. Que, en este orden de ideas, es necesario señalar que
el conflicto de constitucionalidad planteado por el requirente ha dejado de
existir, toda vez que, revocada la delegación de facultades del artículo 116
del Código Tributario, dicho precepto no puede recibir aplicación, más aún si
se encuentra derogado, por lo cual resulta improcedente que esta
Magistratura se pronuncie acerca de la ¡naplicabilidad por
inconstitucionalidad del mismo” (el subrayado es nuestro).

Por su parte, aún cuando se entendiera que la norma, ya aplicada, del art. 116,
puede resultar igualmente decisiva en la gestión de que se trata y, además, dicha
aplicación anterior pudiere acarrear efectos inconstitucionales, ello no da lugar a
un conflicto constitucional actual, toda vez que dicha aplicación no puede ser ya
impedida, cuestión que debe entenderse no obstante otras sanciones que el
ordenamiento, retroactivamente, contempla.

. NECESARIO PRONUNCIAMIENTO DE US. EXCMA.

mite la Excma. Corte Suprema, en el considerando 12” de su auto de consulta,
ue "aún cuando se ha propuesto por la doctrina la posibilidad de que cualquier
tribunal prescinda de un precepto inconstitucional dando directa aplicación al
principio de supremacía de la Carta Fundamental, ello resultaría improcedente en
burlicaneo (25)

nuestro ordenamiento jurídico. A este respecto el texto constitucional
contempla una vía expedita para obtener la exclusión de la aplicación de un
precepto legal vigente contrario a su contenido, para lo cual otorga al Tribunal
Constitucional la facultad exclusiva de examinar la correspondencia con la norma
superior y declarar su eventual inaplicabilidad”.La reforma constitucional del año
2005 consagró áreas de monopolio jurisdiccional (contencioso constitucional en el
Tribunal Constitucional, contencioso civil y penal en el Poder Judicial y
contencioso electoral en la justicia electoral).

Se entiende, de tal modo, que en pos de la seguridad jurídica, la reforma
constitucional circunscribió el control de constitucionalidad, evitando su control
difuso. Así, estimó el constituyente derivado, se tendría una sola “idea” de
constitución, forjada por el Tribunal Constitucional mediante su quehacer
jurisdiccional, el que luego habría de alimentar paulatinamente a la judicatura
ordinaria. Se estimó, de tal manera, que un sistema de control difuso de la
Constitución, que admite decisiones incompatibles o contradictorias, perjudicando
la coherencia, además de ser técnicamente defectuoso, es políticamente
inconveniente pues finalmente permite varias lecturas del texto constitucional.

En ese marco, la cuestión de constitucionalidad que se plantea, previa y
necesariamente, requiere dilucidar si la declaración de nulidad de derecho público
basada en la inconstitucionalidad de una norma legal ya derogada, por actos
administrativos ejecutados al amparo de su vigencia, excede el sistema
concentrado de control constitucional que radica en US. Excma., toda vez que
según parece, bajo el pretexto de un análisis sobre validez y juridicidad del órgano
judicial delegado en materia tributaria, en rigor, se esconde el cotejo de
constitucionalidad entre la norma legal habilitante y la Carta Fundamental,
ejercicio que compete exclusiva y excluyentemente a US. Excma.

En efecto, en un sistema de control jurisdiccional como el que hoy nos rige, el juez
debe fallar con arreglo a derecho, aplicando la ley, sin calificar si es justa o injusta,
si se ajusta o no a la Constitución.

Por otra parte, los actos administrativos dictados en aplicación de una ley y
conforme a sus disposiciones están cubiertos por la autoridad del legislador. “Aún
si ellos son contrarios a una norma constitucional en razón de la
inconstitucionalidad de las disposiciones legislativas que aplica, no pueden ser
censurados por el juez: la ley hace pantalla entre la regla constitucional y el juez."
(Dupuis, Chrétien y Guédon)

De acuerdo a lo anterior, la Constitución no es una norma que se pueda invocar
válidamente con el fin de atacar un acto administrativo, por cuanto se encuentra
opacada por la ley, que se interpone como una pantalla entre la Constitución y el
acto administrativo. Declarar la inconstitucionalidad de un acto administrativo,
supone indirecta - pero inevitablemente - declarar la inconstitucionalidad de la ley,
y ello excede la competencia del poder jurisdiccional ordinario. En palabras de
oz Gohin "sostener que un reglamento conforme a una ley es contrario a la
nstitución deviene, por transitividad, en sostener ptamente mas

mirtisico (2)

Así las cosas, careciendo el Juez del fondo de atribuciones para preterir o inaplicar
el artículo 116 respecto de las situaciones procesales generadas durante su
vigencia, con anterioridad a su derogación jurisdiccional de fecha 29 de marzo del
año en curso, y resultando inexistente un conflicto de aplicabilidad actual que
permita a US. Excma. pronunciarse en el marco de los requerimientos particulares
planteados, sólo resta como salida jurídica posible, el hacer presente lo ya
resuelto por US. Excma. en cuanto a los alcances derogatorios del fallo que
expulsara tal precepto legal del ordenamiento, conforme a los cuales resulta
improcedente estimar vicios de nulidad de derecho público basados en una
inconstitucionalidad entonces inexistente.

De tal modo, si entendemos que, vía nulidad de derecho público, los
tribunales superiores esconden en rigor la decisión de inaplicación del
artículo 116 por resultar contraria a la Constitución, el pronunciamiento de
US. resulta evidentemente necesario a fin de salvaguardar, en último
término, la exclusiva facultad de control constitucional que hoy le compete.

Si bien dicho pronunciamiento no se puede enmarcar en la resolución de
inaplicabilidad concreta, dada la explicada carencia de conflicto constitucional
actual, sí puede sustentarse en la aclaración de los efectos del fallo derogatorio de
26 de marzo pasado, cuestión finalmente consultada mediante los presentes
requerimientos.

3. ASUNTO DE FONDO: EFICACIA DEL ART. 116 RESPECTO DE SU
APLICABILIDAD ANTERIOR.

Dilucidada por 8US. Excma. la improcedencia de emitir actualmente
pronunciamiento de inaplicabilidad respecto de una norma ya inaplicable por estar
derogada, y expuesta la inviabilidad de un pronunciamiento de fondo en tal sentido
por parte de los juzgadores ordinarios, resta por obtener de US. Excma. una
declaración explícita que permita desentrañar entonces derechamente la
aplicabilidad anterior del artículo 116 del Código Tributario y su ajuste
constitucional, cuestión por la cual definitivamente se consulta.

A primera vista, previo al análisis de fondo procedente, vale tener presente que al
declarar la “improcedencia” de diversos requerimientos deducidos de oficio con
posterioridad a la histórica sentencia derogatoria de marzo pasado, US. resolvió,
en cada uno de ellos, declarar “Improcedente la petición de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad” deducida por los Tribunales del fondo.

Luego, si nuestra Carta Fundamental confiere de manera exclusiva al Excmo.
ibunal Constitucional la facultad de ¡naplicar un precepto legal por
nstitucional, habiendo negado éste tal posibilidad, al Tribunal del fondo sólo
cab entonces respetar su ya acontecida aplicación. No vislumbramos otra
E alternativa constitucional respecto de las posibilidades aplicatorias de la norma.
US. Excma. no accedió a la petición de inaplicar la norma respecto del tiempo
«anterior de vigencia de la misma, aplicación que entonces, debiese respetarse.

Ahora bien, en cuanto a la situación que nos ocupa, hasta el día 29 de marzo del
año 2007, fecha de publicación de la sentencia derogatoria, el artículo 116 del
Código Tributario gozaba ciertamente de validez y legitimidad desde que nació a
ent (27)

la vida jurídica conforme a las normas constitucionales. Dicha norma legal, por
tanto, dotó de legitimidad a la actuación administrativa realizada a su amparo.

Por consiguiente, resultó claramente aplicable durante su vigencia, salvo
respecto de aquellos casos en que particularmente fue declarada su
inaplicabilidad conforme al sistema de control constitucional, a la sazón, a
cargo de la Excma. Corte Suprema. Respecto del espacio restante, aquel
no cubierto caso a caso por el antiguo recurso de inaplicabilidad, el artículo
116 resultó entonces plenamente aplicable.

Lo anterior, ha sido corroborado y explicitado por la reciente respuesta que, en
Pleno, US. Excma. diese a Oficio N*4292 de 1” de junio de 2007 de la Excma.
Corte Suprema, mediante la cual se le consultó por los efectos del fallo
derogatorio del artículo 116, respecto de causas en actual tramitación. En dicha
respuesta, US. Excma. indicó: “N*5: ...desde la fecha de publicación de la
sentencia, como lo dispone en forma expresa el constituyente en el inciso 3”
del artículo 94 de la Carta Fundamental, el precepto legal declarado
inconstitucional “se entenderá derogado”, con lo cual queda de manifiesto
que tal declaración no produce los efectos propios de una invalidación, que
es lo que, sin tal precepto, y conforme a la naturaleza de una declaración de
inconstitucionalidad, podría haberse estimado que ocurriría”, agregando en
su N*6: “la derogación, a diferencia de las invalidaciones, no se fundamenta
en haber sido expedida la ley incumpliendo lo dispuesto por la Carta
Fundamental, por lo que, aclarado el efecto derogatorio, no se pueden
cuestionar los efectos que dicha norma contraria a la Constitución generaría
hasta_la fecha en que cesa su vigencia, NI CUESTIONAR TAMPOCO LA
VALIDEZ DE LOS ACTOS REALIZADOS A SU AMPARO, toda vez que la
declaración de esta Magistratura no genera efectos retroactivos” (el énfasis
es nuestro)

Se explicitó así la doctrina de la llamada por el Tribunal Supremo americano
prospectividad del fallo frente a la tradición de la retroactividad de los efectos de la
declaración de inconstitucionalidad de una ley, al señalarse en ella que la
declaración de derogación de una ley tiene tan sólo eficacia "pro futuro”.
desprendiéndose de ello que entre las situaciones jurídicas consolidadas que han
de considerarse no susceptibles de poder ser revisadas figuran no sólo las
decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, sino, asimismo, las
establecidas mediante actuaciones administrativas firmes.

En Austria, país seguidor del modelo Kelseniano, el propio texto constitucional ha

sido aún más explícito, señalando en su artículo 140.7 que “Anulada (en rigor,

derogada) una ley como inconstitucional o pronunciada sentencia por el Tribunal

Pr Constitucional, quedarán vinculados a dicho fallo cualesquiera tribunales y

ns SÓrganos administrativos. Sin embargo, se seguirá aplicando la ley en cuestión
a Jas situaciones de hecho consumadas antes de la anulación”.

Q 8 Locos ódigo Tributario desde esa fecha, afirmó entonces su plena vigencia anterior, por

e tanto, su plena aplicabilidad a los hechos ocurridos con anterioridad a la referida

! derogación general, salvo por cierto aquellos casos en que particularmente se
hubiese declarado lo contrario conforme al antiguo sistema de control
constitucional ejercido por la Corte Suprema.

| eri ocho (28)

Reafirma ello, por lo demás, lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Sobre Efecto
Retroactivo de las Leyes, norma de aplicación general en nuestro ordenamiento,
conforme a la cual "los términos que hubiesen empezado a correr y las
actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas se regirán por la ley vigente
al tiempo de su iniciación”.

La otrora vigencia del artículo 116 permite notar que el acto de delegación
efectuado al amparo de dicha norma legal y contenido en la pertinente Resolución
Exenta, contaba plenamente con lo que el Profesor Soto Kloss denominó
“supuestos” del acto administrativo, cuya concurrencia significó que el acto se
encuadrara en el principio de juridicidad, siendo aplicable y válido ante el
derecho, no obstante encontrarse hoy ya derogado.

Al confrontar lo expuesto con la realidad jurisprudencial actual en materia
tributaria, surge la necesidad de obtener una guía que permita entender y hacer
entender a los jueces del fondo que una cosa es el ámbito de vigencia de una
norma y otra, no necesariamente coincidente, su ámbito de eficacia.

Si bien el art. 116 ha perdido su “vigencia” desde marzo de este año, no ha
perdido su eficacia en tanto continúa regulando las situaciones ocurridas bajo su
amparo. Es lo que la corriente germánica denominó la “ultractividad” de la norma.

De tal forma, en el período comprendido entre su entrada en vigencia y su
derogación mediante la publicación del fallo de US. Excma., el artículo 116 ha
existido, por tanto, ha sido válido y plenamente aplicable.

El artículo 116 fue entonces aquél que resultó vigente y aplicable a la hora en
que fue aplicado.

Sin perjuicio de lo anterior, conveniente y significativo para la comunidad jurídica
cional, y aclaratorio respecto de las crecientes inquietudes judiciales, resultará
declaración expresa de US. Excma. en tal sentido, de manera que se ponga
la incertidumbre generada por resoluciones de los Tribunales de Alzada que,
e a la claridad de lo antes expuesto, insisten en declarar nulidades de derecho
blico fundadas en dicho fallo derogatorio, como si aquél tuviese naturaleza
nvalidatoria, es decir, un efecto “retroactivo” en lugar de uno “prospectivo” .

rn
ES 108 ME

Y ¿ás

, € la

A

. S
RECO

A ma

Atte.

GARCIA GALLARDO
x,% DIRECTOR
ORIGINAL ES

COPIA 0 o
CORTE SUPREMA Poder Judicial

CHILE

CHILE RECI2 2997-11-25 10:41

ba.
: oricro N* 8.467-2007.

COMUNICA RESOLUCIÓN

Santiago, 31 de octubre de 2007.

En cumplimiento de lo ordenado por resolución

de 29 del actual de la 3? Sala de esta Corte Suprema, comunico a US., que los
autos Rol N% 4630-2006 de esta Corte Suprema, caratulados,

“CARLOTA RAMIREZ B. S.A.”, han concluido por el desistimiento del
recurso de casación en el fondo y que en su oportunidad interpuso el
contribuyente, razón por la que no se devuelven estos autos para el
pronunciamiento que se encontraba pendiente acerca de la inaplicabilidad por
inconstitucionalidad del artículo 116 del Código Tributario.

Se adjunta copia autorizada de la resolución
aludida.

Saluda atentamente a US.

CAROLA HERRERA BRUMMER
PROSECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA!...—

AL SEÑOR PRESIDENTE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PRESENTEJ/

o SA , “r a dh z :

10256-04 .

" REPÚBLICA DE CHILE .

OT 2 ae CAUSA ROL + a

. A ,

ERVICIO DE IMPUESTOS ÍNTERNOS
»,* : TRIBUNAL TRIBUTARIO. 7 -

: an

pos,

27, VALPARAÍSO.

. e - . -

96.503. 700-4

o E

* BESGLUTOR:

ESTA

¿006

Pe po

EEN

al

Santiago, veinticinco de octubre del año dos mil siete.

Proveyendo el escrito: de fojas 58, téngase por

desistido al recurrente del recurso de casación en el fondo

interpuesto en lo principal de fojas 33, en contra de la

sentencia de diez de julio del año dos mil seis escrita a

fojas 32.

Regístrese y devuélvase.

o eli, YA

=> -—— EI OA NA DAR DG t te y ed PER
on (32
pa )

CHILE

A £. 4

Santiago, veintinueve A pre del año dos mil siete.

ros + $ En 8 di tt

Vistos:

EY Que del mérito de los antecedentes, se puede constatar

fael que se omitió comunicar al Tribunal Constitucional el
mérito de lo resuelto a fojas 66, y de conformidad, además
con lo que disponen los artículos 182 y 184 del Código de
Procedimiento Civil se rectifica la sentencia de
veinticinco de octubre último, que rola a fojas 66 , en el
sentido que se ordena comunicar al mencionado tribunal que
la presente causa ha concluido por el desistimiento del

neses

recurso de casación en el fondo que en su oportunidad
interpuso el contribuyente, razón por la que no se
devuelven estos autos para su pronunciamiento -que se
encontraba allí pendiente-, acerca de la inaplicabilidad
por ¡inconstitucionalidad del artículo 116 del Código
Tributario. Ofíciese.

Téngase la presente resolución como parte: integrante

de la mencionada sentencia de fojas 66.

Os

Regístrese y devuélvase como allí también se ord
N* 4.630-2006