INA-STC

Texto completo

0001084
UN MIL OCHENTA Y CUATRO




2021

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 9876-2020


[14 de octubre de 2021]

____________



REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 4°,
INCISO PRIMERO, DE LA LEY N° 19.886, DE BASES SOBRE
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS; Y 495, INCISO FINAL, DEL CÓDIGO
DEL TRABAJO



UNIVERSIDAD DE O’HIGGINS
EN EL PROCESO RIT T-27-2019, 19-4-0172745-3, SEGUIDO ANTE EL JUZGADO
DE LETRAS DEL TRABAJO DE RANCAGUA, EN ACTUAL CONOCIMIENTO DE
LA CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA, POR RECURSO DE NULIDAD,
BAJO EL ROL N° 407-2020 (LABORAL COBRANZA).



VISTOS:

Que, con fecha 4 de diciembre de 2020, Universidad de O’Higgins,
representada legalmente por Rafael Correa Fontecilla, ha presentado un
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos
495, inciso final, del Código del Trabajo, y 4°, inciso primero, de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en los
autos caratulados “Figueroa con Universidad de O’Higgins”, Rol T-27-2019, seguidos
ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, en actual conocimiento de la Corte
de Apelaciones de Rancagua, por recurso de nulidad, bajo el Rol N° 407-2020 (Laboral
Cobranza);




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UN MIL OCHENTA Y CINCO




Preceptos legales cuya aplicación se impugna:

El texto de los preceptos impugnado dispone:



Ley N° 19.886

Artículo 4°. - “Podrán contratar con la Administración las personas naturales o
jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica
conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con
los que exige el derecho común. Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años
anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la
propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas,
privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales
o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Código Penal. (…)”.



Código del Trabajo



Artículo 495.- “La sentencia deberá contener, en su parte resolutiva: (…)

Copia de esta sentencia deberá remitirse a la Dirección del Trabajo para su Registro”.



Síntesis de la gestión pendiente y del conflicto constitucional sometido al
conocimiento y resolución del Tribunal

A fojas 1, Universidad O’Higgins ha solicitado la declaración de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas ya indicadas, para que surta
efecto en la causa laboral llevada en su contra, en que se acogió parcialmente la
denuncia de tutela laboral con ocasión del despido y cobro de prestaciones interpuesta
por Vania Figueroa Ipinza, sentencia en la que se determinó el pago de una serie de
prestaciones y la remisión de copia autorizada de la sentencia a la Dirección del
Trabajo, para su registro correspondiente.

Indica que respecto de esta sentencia, dedujo recurso de nulidad, el cual
constituye la gestión pendiente, fundado en la causal del artículo 478 letra e) del
Código del Trabajo, de manera principal, por cuanto la sentencia fue dictada con
omisión de los requisitos establecidos en los numerales 4 y 5 del artículo 459 del
Código del Trabajo, de manera subsidiaria en la causal de contemplada en el artículo
478 letra b) del mismo cuerpo legal, en relación con el artículo 456 del mismo cuerpo
legal, por cuanto la sentencia fue pronunciada con infracción manifiesta de las normas
sobre apreciación de la prueba, conforme las reglas de la sana crítica, y
subsidiariamente a ambas, la causal establecida en el artículo 477, por haber sido




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UN MIL OCHENTA Y SEIS




dictado el fallo con infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del
fallo.

Como conflicto constitucional, la actora argumenta que las disposiciones
cuestionadas infraccionan en primer lugar el artículo 1° inciso cuarto de la
Constitución Política, el que establece el principio de servicialidad del Estado.

Señala que la Universidad O’Higgins es una institución de educación superior
estatal, creada por la Ley N° 20.842, con el objeto de contribuir al desarrollo cultural,
material y social de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins. Agrega que
caracterizan a la Universidad la autonomía y descentralización, por lo que deben
relacionarse y coordinarse con otros órganos del Estado. Por ello, indica, excluir en el
caso concreto a esta institución de la posibilidad de contratar con el Estado, impide el
cabal cumplimiento del mandato constitucional de servicialidad y de coordinación
con los demás órganos de la Administración del Estado, y la satisfacción de los fines
públicos que le son propios.

En segundo término, señala la requirente que las normas en examen
transgreden la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2
constitucional. En este punto, refiere que se hace extensiva una sanción que, desde la
redacción de la norma, siempre estuvo pensada para instituciones u organismos
privados, igualándose a la Universidad a entes que no se encuentran en las mismas
circunstancias ni poseen las mismas características en cuanto a naturaleza jurídica y
función.

Enfatiza que estas normas fueron establecidas con la finalidad de reforzar la
eficacia de los derechos fundamentales en el contexto de la empresa privada.

Indica que no existen razones ni fundamentos legítimos para justificar la
inhabilidad para contratar con Estado, la que significa en la práctica, la privación de
financiamiento a servicios que cumplen una función pública, y son fuente de empleo
de muchos funcionarios.

Luego, la requirente alega que las disposiciones controladas vulneran la igual
protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y la prohibición del non bis in idem,
garantías establecidas en el artículo 19 N° 3, constitucional.

Indica que la sentencia ya contiene una condena por la denuncia efectuada por
vulneración de garantías fundamentales, la que se estimó en $18.227.916, y luego
establece la sanción de inhabilidad para contratar con el Estado, la que resulta
desproporcionada y abusiva.

Además, indica, las normas no permiten discutir ante el tribunal la
procedencia o duración de la sanción, porque ella se aplica a todos los casos por igual.

Finalmente, la actora acusa una infracción al derecho de propiedad,
garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.




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UN MIL OCHENTA Y SIETE




Señala que la aplicación de las normas cuestionadas le impedirá participar en
licitaciones, convenios y contratos que celebra en su calidad de proveedor de
organismos del Estado, los que representan una fuente de ingresos constante para la
Universidad, y por lo tanto, se ocasiona un perjuicio patrimonial.



Tramitación

El requerimiento fue acogido a trámite por la Primera Sala, con fecha 11 de
diciembre de 2020, a fojas 338, disponiéndose la suspensión del procedimiento. Fue
declarado admisible por resolución de la misma sala el día 30 de diciembre de 2020, a
fojas 1029.

Confiriéndose traslados de estilo, a fojas 868, formuló observaciones en sede
de admisibilidad, Vania Figueroa Ipinza. Señala en primer lugar, respecto a la
infracción denunciada al principio de igualdad ante la ley, que el requerimiento carece
de fundamento suficiente, pues por esta vía se busca la nulidad del juicio laboral, en
virtud de la interpretación extensiva que efectúa el tribunal sobre las normas de tutela
laboral, aplicables en forma supletoria a los empleados públicos, cuestión que fue
resuelta en su oportunidad.

Luego, en relación con el reclamo formulado respecto a la transgresión al
artículo 19 N° 3 constitucional, refiere que las normas denunciadas fueron dispuestas
por el legislador como una manera de promover la participación en el sistema de
provisión de servicios del Estado, a aquellas instituciones que efectivamente respeten
los derechos fundamentales del trabajador. Por ello, no puede estimarse la sanción
como desproporcionada, pues precisamente está cumpliendo con los fines que se
tuvieron en vista al momento de su creación.

Respecto a una eventual infracción al principio de servicialidad del estado, la
requerida señala que precisamente, es la propia requirente la que se ha puesto en esta
situación, al vulnerar derechos fundamentales de la funcionaria.

En cuanto a la infracción al derecho de propiedad, la requerida señala que no
se ha acreditado de manera fehaciente que exista una afectación al patrimonio de la
Universidad. Indica que sólo existe un reproche de carácter teórico a esta eventual
afectación.

Vista de la causa y acuerdo

En Sesión de Pleno de 22 de junio de 2021 se verificó la vista de la causa,
oyéndose la relación pública, y los alegatos de los abogados Valentina Suau Cot, por
la parte requirente, y Marco Antonio Zepeda Risso, por la parte de Vania Figueroa
Ipinza. Se adoptó acuerdo con igual fecha, conforme fue certificado por el relator de
la causa.




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UN MIL OCHENTA Y OCHO




Y CONSIDERANDO:

I.- LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS Y EL REQUERIMIENTO
DEDUCIDO EN AUTOS.

PRIMERO: En estos autos constitucionales, se pretende la inaplicabilidad por
inconstitucionalidad del artículo 4°, inciso primero, segunda frase, de la Ley N° 19.886,
de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

En virtud de aquella norma, quedan a priori excluidos de contratar con la
Administración todos y sin distinción “quienes, dentro de los dos años anteriores al
momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la
suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o
contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción
a los derechos fundamentales del trabajador”.

Además, se impugna el artículo el artículo 495, inciso final, del Código del
Trabajo, que en lo pertinente, reza: “La sentencia deberá contener, en su parte
resolutiva: (…) Copia de esta sentencia deberá remitirse a la Dirección del Trabajo
para su registro”.

SEGUNDO: Como ya ha tenido en vista este Tribunal, respecto de la primera
norma impugnada, la Ley N° 19.886 “fue dictada el año 2003, insertándose en el
conjunto de iniciativas encaminadas a afianzar el principio de probidad pública y,
especialmente, a evitar que en las convocatorias o adjudicaciones se consideren
factores ajenos al objeto o fines de los contratos administrativos de que en cada caso
se trate, que pudieran menoscabar arbitrariamente las reglas sobre libre concurrencia
e igualdad de los oferentes.

El texto original de dicha ley no contempló el impedimento absoluto ahora
cuestionado. Éste fue incorporado posteriormente el año 2008 por la Ley N° 20.238, en
el contexto de una moción parlamentaria orientada a reforzar los derechos laborales,
de una manera distinta a como ello se ha venido asegurando en distintas normas
legales” (STC Rol N° 3570, c. 1°).

TERCERO: Según la parte requirente, con la aplicación de los preceptos, se
infringen, entre otros, los numerales 2 y 3 del artículo 19. Lo anterior, en los términos
y en el contexto que han sido expuestos en la parte expositiva de la presente sentencia.



II.- ESTE TRIBUNAL YA HA CONOCIDO DE IMPUGNACIONES
SEMEJANTES

CUARTO: No es esta la primera vez en que se impugna la disposición
contenida en el artículo 4°, inciso primero, de la Ley N° 19.886, de bases sobre
contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.




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UN MIL OCHENTA Y NUEVE




En efecto, este Tribunal ha dictado varias sentencias en torno a la disposición
señalada. Por una parte, se dictaron las STC Roles N° 1968, 2133 y 2722. En aquellas,
se rechazaron los requerimientos, en votación dividida.

Posteriormente, se dictaron, entre otras las STC Roles N° 3570, 3702, 5695, 7529,
7516, 7626, 7785, 7635, 7777, 8002, 7778, 7584, 7753, 8294, 8624, 8559, 8620, 8703, 8820,
8803, 8760, 9007, 9047, 8930 y 9412.

La línea argumental de estas últimas sentencias se seguirá, abreviadamente, en
la presente.



III.- EL ARTÍCULO 4º, INCISO PRIMERO, SEGUNDA FRASE, DE LA LEY
Nº 19.886 Y EL ARTÍCULO 495, INCISO FINAL, DEL CÓDIGO DEL TRABAJO,
SERÁN DECLARADOS INAPLICABLES

CUESTIONES PREVIAS

Incidencia decisiva de los preceptos impugnados

QUINTO: En primer lugar, es menester señalar que en esta causa, como en
otras sobre los preceptos ahora impugnados, se ha cuestionado la incidencia decisiva
que tendrían.

Estimamos, por las razones que se apuntarán a continuación, que las
disposiciones impugnadas si pueden resultar decisivas en la resolución de un asunto,
como lo exige la Constitución, en su artículo 93 inciso decimoprimero.

SEXTO: La gestión pendiente de autos es un recurso de nulidad cuya
resolución se encuentra pendiente, en mérito de la decisión de nuestra Magistratura
de suspender su tramitación.

En otros casos, como el presente en que la inaplicabilidad se dedujo en el
contexto de un recurso de nulidad, se ha alegado y sostenido que “siendo la gestión
pendiente un recurso de nulidad y las causales de nulidad de derecho estricto y no
existiendo una impugnación a los preceptos que se cuestionan, para que las normas
impugnadas sean decisivas en la resolución del asunto, su inaplicabilidad sólo podría
plantearse cuando el referido recurso se resuelva y únicamente en la etapa de
ejecución del fallo, lo cual supone que exista una sentencia ya ejecutoriada” (Entre
otras, disidencia en STC Rol N° 6513, c. 21°).

SÉPTIMO: Las consideraciones expuestas – carácter estricto del recurso de
nulidad y la no impugnación allí de las normas impugnadas – no privan a estas, de la
aptitud exigida por la Constitución de ser decisivo para la resolución de un asunto.

Al efecto, es menester considerar que tal como explica Karl Larenz, “las
normas jurídicas, contenidas en una ley, no están simplemente unas al lado de otras,
sino que están relacionadas entre sí de diferente modo y sólo en su recíproca
limitación y en su armonía producen una regulación. El orden jurídico no consta de




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UN MIL NOVENTA




una suma de normas jurídicas, sino de regulaciones. En la regulación de una
determinada materia, por ejemplo, del Derecho de compraventa, de arrendamiento,
de los actos ilícitos, el legislador no alinea únicamente unas normas jurídicas al lado
de otras, sino que más bien construye los supuestos de hecho y asocia a ellos
consecuencias jurídicas bajo ciertos puntos de vista directivos” (Larenz, Karl (1980).
Metodología de la Ciencia del Derecho. Barcelona: Editorial Ariel, pp. 257-258).

OCTAVO: Desde aquella aproximación, no ha de perderse de vista que las
normas reprochadas forman parte de la regulación que el legislador le ha dado a
las prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
El legislador, parafraseando al citado autor, construye los supuestos de hecho –
prácticas antisindicales o infracción de derechos fundamentales del trabajador - y
asocia a ellos consecuencias jurídicas. Dentro de las cuales, huelga decir, se encuentra,
en carácter de consecuencia accesoria y automática, la inhabilidad para contratar con
el Estado, prevista en el precepto de la Ley N° 19.886.

De allí aparece incuestionable el hecho de que cuando un Tribunal conoce de
una denuncia por práctica antisindical o bien por infracción de derechos
fundamentales, sea este el Tribunal laboral que conoce directamente de la causa o bien
un Tribunal superior al haberse ejercido un recurso procesal (como el de nulidad), al
adoptar la decisión de condenar por tales hechos o bien refrendarla o mantenerla a
firme, al rechazar el recurso, se está configurando la hipótesis que torna procedente la
consecuencia jurídica asociada a aquellos, y que se encuentra contenida en la norma
señalada. Si bien aquello no constituye el centro de la decisión, es un efecto de la
misma, debiendo el Tribunal que se encuentra conociendo de la causa pendiente, si
esta Magistratura hace lugar a la inaplicabilidad del precepto, arbitrar las medidas
necesarias para que la requirente no sea excluida de contratar con el Estado, las que
pueden consistir, verbigracia, en la simple no remisión del fallo condenatorio o bien,
incorporar una declaración de que no obstante haberse mantenido la condena, por
haberse rechazado el recurso respectivo, dicha condena no lleva aparejada la
consecuencia jurídica prevista en el artículo 4° de la Ley N° 19.886.

NOVENO: Además, frente al razonamiento citado en el considerando sexto,
es menester considerar que la Constitución, en lo pertinente, exige que “la aplicación
del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto”
(artículo 93, inciso 11°). La Carta Fundamental, entonces, no establece que la norma
impugnada deba resultar decisiva en la resolución “del” asunto, en el
pronunciamiento final que haya de dictarse. Como ha advertido este Tribunal, “Al
actual texto de la Carta Fundamental le basta (…) que el precepto impugnado pueda
resultar decisivo en la resolución de un asunto cualquiera, que naturalmente deba
resolverse en la gestión pendiente y que, para efectos del fondo, produzca en esa
gestión en que pueda aplicarse, un resultado contrario a la Constitución” (STC Rol N°
1061-08, considerandos 8° y 9°). Como se ha visto en el considerando precedente, es
precisamente lo que acontece en la especie.




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UN MIL NOVENTA Y UNO




El razonamiento contrario, en cambio, parece entender la incidencia del
precepto impugnado en términos análogos a los exigidos respecto del recurso de
casación en el fondo, instituto con el cual la inaplicabilidad por inconstitucionalidad
tiene marcadas diferencias.



Sobre el pretendido condicionamiento de la inaplicabilidad de los preceptos
a criterios de orden económico-patrimonial

DÉCIMO: En segundo lugar, es menester señalar, como cuestión previa, que
la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos reprochados, no viene
condicionada criterios de orden económico-patrimonial. Lo anterior es inconducente,
pues supondría supeditar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad a la repercusión
económica que la aplicación del precepto importa, cuando lo que importa al orden
constitucional es que la norma fundamental sea respetada, impidiéndose la
concreción de efectos inconstitucionales. Es la producción de resultados
inconstitucionales, derivados de la aplicación de preceptos legales, lo que pretende
salvaguardar la acción de inaplicabilidad. Como se explicará más adelante, la
aplicación de los preceptos reprochados produce efectos inconstitucionales.

Y más allá de la anterior constatación de cara a la naturaleza propia de la
inaplicabilidad, la argumentación también resulta inconducente si se considera el
carácter de la medida dispuesta en los preceptos reprochados y el contexto en que ella
se inserta. Ella significa la privación de la posibilidad de contratar con el Estado en
términos absolutos y por un periodo fijo de tiempo, que se aplica dentro del régimen
de contratación previsto por la Ley N° 19.886. En dicho marco, es menester señalar
que la disposición por parte de la respectiva empresa de suministrar bienes o prestar
servicios al Estado no supone la celebración de los contratos respectivos, siendo
entonces lo relevante la posibilidad de concurrir para que, conforme a los mecanismos y
requisitos previstos en dicho cuerpo legal, se determine quien ha de suministrar los
bienes o prestar los servicios. Dicha posibilidad de concurrir, con incierto contenido
económico, es lo que precisamente se coarta en base a las normas reprochadas.



La medida de exclusión constituye una sanción

DÉCIMO PRIMERO: En tercer lugar, es menester despejar, como cuestión
previa, tal como se lo hiciere a partir de la STC Rol N° 8820, que la medida de exclusión
para participar en procedimientos contractuales con la Administración del Estado
corresponde a una sanción del ámbito administrativo. Esto es así por dos razones,
cuyo cumplimiento ocasiona que, a partir del control concreto desarrollado por esta
Magistratura, deban aplicarse las garantías propias del debido proceso adjetivo y los
principios sustantivos del Derecho Público sancionador (STC Rol N° 2264, c. 33°).




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DÉCIMO SEGUNDO: La primera de las dos razones anunciadas, consiste en
que el precepto reprochado de la Ley N° 19.885, en relación al artículo 294 bis, y 495
del Código del Trabajo, faculta a la Dirección del Trabajo a llevar un registro que
inhibe a los sujetos que figuren en éste de formular ofertas o suscribir contratos
administrativos. Por ello, el género dentro del cual se sitúa esta medida es en el de una
sanción o castigo hecho valer por la Administración.

La norma ahora impugnada forma parte de la regulación que el legislador le
ha dado a las prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del
trabajador y aquel, al construir supuestos de hecho – prácticas antisindicales o
infracción de derechos fundamentales del trabajador – ha asociado a dichos supuestos,
consecuencias jurídicas. La norma impugnada es una de aquellas consecuencias
jurídicas. Y lo es marcadamente negativa o desfavorable, ya que consiste en la
exclusión del sujeto, de la celebración de contratos con el estado.

A aquel, en términos concretos, se le priva de la posibilidad de concurrir para
que, conforme a los mecanismos y requisitos previstos en la Ley N° 19.886, se
determine quien ha de suministrar los bienes o prestar los servicios que el Estado
requiere. Dicha posibilidad de concurrir es lo que precisamente se coarta en base a la
norma reprochada, y lo es en relación a un acto cometido por el sujeto, acto que el
legislador estima merecedor de reproche, siendo una de las consecuencias negativas
que conlleva la comisión de dicho acto, conforme lo ha dispuesto la Ley, la medida de
exclusión contenida en la norma reprochada.

El segundo motivo consiste en que así lo ha determinado la jurisprudencia de
este Tribunal, al catalogar una medida que no es denominada legislativamente como
sanción, dentro de tal categoría. Esta Magistratura ha inducido que la aplicación del
precepto legal impugnado ocasiona que la medida que éste contiene se inserte dentro
del género de una sanción. Así se ha hecho, por ejemplo, en cuanto a este mismo
precepto legal impugnado (STC 3570, c. 7° y 8703. c. 13°, entre otras), o bien respecto
de la medida de interés penal moratorio aplicado por el Servicio de Impuestos
Internos (STC rol 8.458, c. 14° y 16°).



RAZONES DE LA INAPLICABILIDAD

DÉCIMO TERCERO: El requerimiento de autos, en cuanto a la impugnación
de los artículos 4º, inciso primero, segunda frase, de la Ley Nº 19.886 y, del inciso final
del artículo 495 del Código del Trabajo, será acogido. Lo anterior, por dos motivos:

Primero, toda vez que la aplicación concreta de dichos preceptos vulnera la
garantía de igualdad ante la Ley – garantizado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución
– pues la norma no diferencia situaciones que son objetivamente distintas.

Segundo, en tanto la aplicación dichas normas contraviene la garantía del
artículo 19 N° 3, inciso 6°, de la Constitución, toda vez que implica la imposición de




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plano de una sanción única e ineludible, sin el previo procedimiento justo y racional
exigido por la mentada disposición constitucional.

En los considerandos siguientes, desarrollaremos los motivos señalados, en
mérito de los cuales se acogerá el presente requerimiento de inaplicabilidad.



A.-SE INFRINGE LA IGUALDAD ANTE LA LEY

DÉCIMO CUARTO: Frente a la garantía constitucional de igualdad ante la
ley, ha de considerarse, primordialmente, que la norma, al referirse a las “prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador”, “no
identifica positivamente ningún supuesto en que puede subsumirse alguna específica
infracción, sino que alude a los hechos reprochados solo por el efecto negativo que
han producido conforme a un criterio de valoración. De modo que, por esa sola
consecuencia generada, cualquier acto o conducta deviene susceptible de una única
sanción, sin importar sus características intrínsecas, entidad, trascendencia ni
gravedad” (STC Rol N° 3750, c. 7°).

Sanción excesivamente gravosa, que en otros cuerpos normativos se ha
reservado respecto de conductas precisas y delimitadas, frente a conductas
particularmente reprochables.

Así, por ejemplo, en la Ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las
personas jurídicas, en su artículo 8°, contempla la “prohibición temporal de celebrar
actos y contratos con los organismos del Estado”, como sanción frente a conductas tan
graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la
facilitación de la corrupción, previstas respectivamente en las Leyes N°s 19.913
(artículo 13) y 18.314 (artículo 8°), y en el Código Penal (artículos 250 y 251 bis).

DÉCIMO QUINTO: En razón de la garantía de igualdad ante la ley, la
jurisprudencia de esta Magistratura ha determinado que el legislador se encuentra
impedido de tratar a sus distintos destinatarios de manera indiscriminada, ya que la
igualdad ante la ley consiste en que sus normas deben ser iguales para todas las
personas que se encuentran en la misma situación, pero, consecuentemente, distintas
para aquellas que se encuentran en circunstancias diversas.

Esa misma jurisprudencia reitera que, acorde con el inciso segundo del
referido artículo 19, N° 2°, si es que deben hacerse diferencias entre iguales, éstas no
pueden ser arbitrarias, esto es, sin fundamentos o por motivos ajenos a la
cuestión (STC roles N°s 53, considerando 72°; 1502, considerando 11°; 1535,
considerando 33°, y 2888, considerando 22°, entre varias).

DÉCIMO SEXTO: Vinculado a lo anterior, resulta pertinente considerar que
la Carta Fundamental se proyecta cumplidamente en el artículo 9° de la Ley N° 18.575,
orgánica constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, al
señalar que, en lo administrativo contractual, “El procedimiento concursal se regirá




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por los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y
de igualdad ante las bases que rigen el contrato” (inciso segundo).

Dicha disposición, ha considerado este Tribunal, “concreta los principios por
los cuales debe regirse la Administración del Estado, según el artículo 38, inciso
primero, constitucional, además de abrevar del derecho de igualdad ante la ley que
asegura la misma Carta Fundamental, en su artículo 19, N° 2°.” (STC Rol N° 3750, c.
8°).

DÉCIMO SÉPTIMO: La inconstitucionalidad del precepto contenido en el
inciso 1° del artículo 4° de la Ley N° 19.886 se manifiesta, fundamentalmente, en tanto
aquel obsta participar a todos los empleadores condenados por igual, con
independencia de su comportamiento individual y sin atender a que puedan haber
cumplido el respectivo fallo condenatorio, en su oportunidad. La disposición,
entonces, opera con desaprensión a las particulares circunstancias, que pueden
constituir como diverso un caso respecto de otro, imponiendo un tratamiento idéntico
en todo evento. Pese a que pueden cometerse infracciones no iguales –desiguales - la
respuesta del legislador, materializada en la norma impugnada, es y será siempre la
misma.

En este sentido, esta Magistratura ha entendido que “la disposición
cuestionada desborda los límites que debe respetar el Legislador a la hora de perseguir
y castigar a quienes cometen ilícitos, conforme a la Carta Fundamental. Por cuanto,
cualquiera sea la naturaleza o entidad de la falta cometida, con prescindencia absoluta
de su extensión o gravedad, siempre e ineluctablemente la disposición legal objetada
da lugar a esa sanción única de obstrucción contractual durante el lapso inamovible e
invariable de dos años” (STC Rol N° 3750, c. 9°).



DÉCIMO OCTAVO: De este modo, no escapa a esta Magistratura que el
precepto impugnado se presta para abusos por ser insuficiente a efectos de asegurar
que la medida de castigo no trascienda la gravedad de los hechos cometidos.

Lo anterior, en tanto describe una conducta amplísima, que no individualiza
por sus características propias cuáles son en sí mismos los hechos concretos que se
valoran por sus repercusiones negativas (“prácticas antisindicales o infracción a los
derechos fundamentales del trabajador”). Por ello, este Tribunal ha considerado que
la norma es susceptible de aplicación indiscriminada, pudiendo llegar hasta abarcar
actuaciones de ínfima significación o apenas reconducibles a su formulación genérica,
a las que se ha de aplicar una sanción única e inexorable, prevista con un rigor que
otras normas reservan para los crímenes más graves, como se ha apuntado
precedentemente (la “exclusión” por dos años del sistema de contratación
administrativa señalado) (STC Rol N° 3750, c. 10°).

Lo dicho exhibe prístinamente que la norma trata igual, con una misma y única
pena, a quienes pueden haber cometido infracciones muy desiguales. Aquello infringe



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UN MIL NOVENTA Y CINCO




el derecho a ser sancionado, siempre en directa relación con la conducta efectivamente
realizada.



B.-SE INFRINGE EL DEBIDO PROCESO

DÉCIMO NOVENO: La infracción a la garantía constitucional del artículo 19,
número 3, inciso 6°, que conlleva la aplicación de la norma impugnada, se produce en
tanto la Ley N° 19.886 no contempla una oportunidad en que el afectado pueda
discutir, ante los tribunales laborales, la procedencia o bien la duración de la pena de
inhabilitación que se le impone en virtud del inciso primero de su artículo 4°.

De esta suerte, el afectado no tiene una posibilidad de discutir la procedencia
o extensión de la sanción que en virtud de la norma reprochada se le impone,
coartando en definitiva toda posible intervención suya, en defensa de sus intereses, al
no arbitrar el legislador oportunidad alguna que resulte idónea al efecto, lo que
equivale lisa y llanamente a negarle toda posibilidad de defensa.

VIGÉSIMO: Como ha considerado este Tribunal, “si el afectado nunca tiene
una posibilidad para discutir la procedencia o extensión de esta verdadera pena de
bloqueo contractual, inexorable e indivisible, que impone directamente dicho
precepto legal, entonces se consagra una sanción de interdicción con ejecución directa
e inmediata, esto es que opera por el solo ministerio de la ley y sin más trámite, habida
cuenta de que se valida y surte efectos con su sola comunicación, independientemente
de la conducta del afectado”. Lo anterior, se agrega, en circunstancias que, con arreglo
al derecho, “no hay sanción válida sin juzgamiento previo. A partir del artículo 19, N°
3°, inciso sexto, constitucional, la cuantiosa jurisprudencia que avala este aserto es
demasiado conocida para que sea necesaria otra cosa que reiterarla nuevamente, ante
una ley que hace de la aplicación de cierta sanción un hecho puramente maquinal”
(STC Rol N° 3570, c. 14°).

VIGÉSIMO PRIMERO: En este caso, además se ha impugnado el artículo 495,
inciso final, del Código del Trabajo, que dispone que “Copia de esta sentencia deberá
remitirse a la Dirección del Trabajo para su registro”.

Esta norma del orden laboral constituye complemento indispensable para la
aplicación de la inhabilidad de contratar, pues se relaciona con la materialización de la
misma, por parte de la Administración del Estado. Motivo por el cual también se declarará
inaplicables, por cuanto el vicio de inconstitucionalidad que posee aquel artículo 4°,
inciso primero, se comunica igualmente a esta;

VIGÉSIMO SEGUNDO: Por todo lo anterior, el requerimiento será acogido,
declarándose inaplicables, por inconstitucionales, la segunda frase del inciso primero
del artículo 4° de la Ley N° 19.886 y el inciso final del artículo 495 del Código del
Trabajo, en tanto su aplicación contraviene las garantías constitucionales de igualdad
ante la ley y debido proceso, de los N° 2 y 3 del artículo 19, respectivamente.




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UN MIL NOVENTA Y SEIS




Y TENIENDO PRESENTE lo preceptuado en el artículo 93, incisos primero,
N° 6°, y decimoprimero, y en las demás disposiciones citadas y pertinentes de la
Constitución Política de la República y de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:



1. QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A FOJAS 1,
POR LO QUE SE DECLARA LA INAPLICABILIDAD POR
INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 4°, INCISO PRIMERO, DE
LA LEY N° 19.886, DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE
SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS; Y 495, INCISO FINAL, DEL
CÓDIGO DEL TRABAJO, EN EL PROCESO RIT T-27-2019, 19-4-0172745-3,
SEGUIDO ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE RANCAGUA,
EN ACTUAL CONOCIMIENTO DE LA CORTE DE APELACIONES DE
RANCAGUA, POR RECURSO DE NULIDAD, BAJO EL ROL N° 407-2020
(LABORAL COBRANZA).OFÍCIESE.

2. ÁLCESE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA
EN AUTOS. OFÍCIESE A TAL EFECTO.



DISIDENCIA



Los Ministros señores GONZALO GARCÍA PINO, NELSON POZO SILVA y señora
MARÍA PÍA SILVA GALLINATO estuvieron por rechazar el requerimiento de fojas 1, por
las siguientes consideraciones:

I. Gestión judicial pendiente y garantías aducidas como sustento
principal de la acción

1º. La gestión judicial pendiente que da origen al requerimiento de estos autos
consiste en un recurso de nulidad interpuesto por la Universidad de O’Higgins y
dirigido en contra de la sentencia de 20 de octubre de 2020, pronunciada por el
Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, que se tramita ante la Corte de
Apelaciones de Rancagua, bajo el Rol de Ingreso N° 407-2020. Dicha sentencia acogió
parcialmente la denuncia de tutela de derechos fundamentales deducida por Vania
Andrea Figueroa Ipinza al declarar que la denunciada violó el derecho fundamental
a la integridad psíquica de la actora por no haber fundamentado el término de la
contrata como tampoco haber comunicado el mecanismo de evaluación en base a
indicadores conocidos por la denunciante para el desempeño de sus funciones




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UN MIL NOVENTA Y SIETE




2º. En relación a tal gestión, la requirente Universidad de O’Higgins dedujo
ante esta Magistratura un requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 4°,
inciso primero, de la Ley N° 19.886 y del artículo 495, inciso final, del Código del
Trabajo.

3º. La actora invoca que la aplicación de la norma impugnada, en cuanto
impide a la requirente contratar con el Estado o participar en licitaciones públicas por
dos años, resulta contraria a la Constitución por vulnerar el principio de servicialidad
del Estado, la igualdad ante la ley, la garantía de un justo y racional procedimiento, el
principio del non bis in ídem y el derecho de propiedad.

En cuanto al principio de servicialidad del Estado, argumenta la requirente
que la aplicación de las normas impugnadas impide el cabal cumplimiento del
mandato constitucionalidad de servicialidad y de coordinación de los órganos de la
administración del Estado y la total satisfacción de los fines públicos que le son
propios. (fs. 25)

En cuanto a la infracción al derecho a la igualdad ante la ley, contemplada en
el artículo 19, Nº 2, de la Constitución, señala que se ve vulnerada en la medida que
hace extensiva una sanción que, desde la redacción de la norma, siempre estuvo
pensada para instituciones u organismos de connotación privada, igualándose a la
Universidad de O’Higgins a entes que no se encuentran en las mismas circunstancias
ni que tampoco poseen las mismas características en cuanto a su naturaleza jurídica y
función. (fs. 26) Además, aduce que la aplicación de las normas deviene en
desproporcionadas por cuanto no considera las circunstancias relevantes que
distinguen a dicha institución de otras entidades ni establece un parámetro razonable
para su aplicación.

En relación a la garantía del debido proceso, la requirente manifiesta que los
preceptos impugnados no admiten la posibilidad de discutir, ante Tribunal alguno, la
procedencia ni la duración de la sanción que se aplica, impidiéndose así el derecho a
la defensa de la requirente. Además, alega que se infringe el principio del non bis in
ídem.

Por último, señala que se infringe el artículo 19, N° 24, de la Constitución que
garantiza el derecho de propiedad, toda vez que se le priva de parte de su patrimonio,
por cuanto las licitaciones, convenios y contratos que celebra en su calidad de
proveedor a organismos públicos representa y representará una fuente de ingresos
constante para la Universidad. (fs. 42)



II. Implementación de políticas horizontales en la contratación pública

4°. Los contratos administrativos se mueven en el ámbito de las relaciones de
carácter patrimonial que mantiene el Estado con los particulares y han sido definidos
como “acuerdos de voluntades entre un organismo de la Administración del Estado




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UN MIL NOVENTA Y OCHO




que actúa dentro de su giro y tráfico propio administrativo y en ejercicio de sus
competencias específicas y un particular u otro organismo público que actúa como
particular y no dentro de sus competencias específicas, que tiene por objeto la
satisfacción de necesidades públicas, produciendo entre ellas derechos y
obligaciones”(Bermúdez, Jorge (2014), ”Derecho Administrativo General” (Santiago,
Legal Publishing, p. 239). Mientras que Enrique Silva Cimma los define como un “acto
jurídico bilateral celebrado entre la Administración y un particular u otro órgano de
aquella, que persigue un fin público y que se somete a las reglas del derecho público”
(“Derecho Administrativo Chileno y Comparado”, Ed. Jurídica de Chile, 1995, p. 174).

Dichos contratos se caracterizan porque: a) una de las partes es un ente
integrante de la Administración del Estado; b) se rigen, en primer lugar, por las
normas del derecho público que regulan la actividad estatal, aplicándose las normas
del derecho privado sólo a falta de regulación expresa; c) pueden recaer sobre bienes
que no están dentro del comercio, como ocurre, por ejemplo, al entregar una concesión
sobre un bien nacional de uso público; d) en ellos opera el principio de preeminencia
de la Administración, en cuanto a que los contratos están estructurados bajo cláusulas
exorbitantes que no serían posibles de estipular en contratos del derecho común; e)
existe en ellos desigualdad entre las partes, como consecuencia de que el organismo
público que suscribe estos contratos persigue una finalidad pública, mientras que la
contraparte un interés particular, convirtiéndose esta última más bien en un
colaborador del Estado; f) las licitaciones públicas deben propender a la eficiencia,
eficiencia y ahorro en sus contrataciones.

Además algunos de los principios que rigen a tales contratos son: 1) el de libre
concurrencia de los oferentes, por lo cual, potencialmente, cualquier persona puede
concurrir a una licitación y adjudicarse un contrato; 2) el de estricta sujeción a las bases
de licitación, porque ellas conforman el marco jurídico aplicable al contratante y a la
Administración; y, por último, 3) el principio de igualdad ante las bases, conforme al
cual el organismo debe tratar a todos los interesados del mismo modo, eligiendo la
propuesta que resulte objetivamente más conveniente.

5°. Tradicionalmente, se adjudicaban estos contratos a quienes ofrecían el
menor precio posible y cumplían ciertos estándares de calidad exigidos por el
respectivo organismo. Sin embargo, en la última década se ha puntualizado que esa
eficiencia, eficacia y ahorro si bien implican buscar el mejor “valor por el dinero” (value
for money o best value), ello no lleva necesariamente a adjudicar el contrato a quien
efectué la oferta más baja, sino que deben considerarse además una serie de otros
factores para elegir aquella que cumpla de mejor forma con los requerimientos del
organismo y de los usuarios finales. De este modo para la adjudicación deben
sopesarse diversos factores: el precio, la calidad, el cumplimiento de las normas, los
riesgos asociados, el costo total de la vida del producto, el presupuesto, la
sustentabilidad y la competencia para lograr la consecución de ciertos bienes de
relevancia pública. (Deloite, (2015) “Economic benefits of better procurement




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UN MIL NOVENTA Y NUEVE




practices”. Disponible:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/Economics/deloitte-
au-the-procurement-balancing-act-170215.pdf)

6°. El empleo de la contratación pública como herramienta para implementar
políticas públicas resulta ser un fenómeno cada vez más común y ampliamente
estudiado (Arrowsmith, Sue (2010): «Horizontal policies in public procurement: a
taxonomy», en Journal of Public Procurement, Nottingham University, Vol. 10, N° 2, pp.
149-186). A través de tal contratación, se busca entonces que el Estado influya en los
mercados y en el comportamiento de las empresas con las cuales se relaciona para
lograr objetivos de interés público. De este modo, mediante las denominadas
“políticas horizontales”, “socioculturales” o “secundarias” el Estado busca asegurar
el cumplimiento de leyes generales o, incluso, establecer exigencias que van más allá
del marco legal, como pagar remuneraciones “justas”, asegurar la igualdad de género
en la contratación, luchar en contra de la corrupción, etc.

Tales políticas horizontales pueden incidir en la decisión o no de contratar;
en establecer distintos criterios para evaluar con mejor puntaje a quien cumpla con
ciertos objetivos; en establecer ciertas condiciones de consumo de un producto o
servicio; en fijar medidas de producción, entrega y disposición para disminuir ciertos
impactos en la fabricación o entrega del producto o servicio; en limitar el acceso a
algunos contratos para incentivar a quienes observen la ley y castigar a quienes la
vulneren sin que estos últimos puedan acceder a los contratos públicos en aras de
proteger ciertos bienes jurídicos, etc.

7°. En el contexto actual de globalización, por la internacionalización de las
cadenas logísticas y de producción, así como por la complejidad a que se enfrentan
los estados para hacer cumplir sus propias legislaciones respecto a las actuaciones de
empresas transnacionales, diversos organismos internacionales han promovido el
establecimiento de políticas horizontales en la regulación de los contratos
administrativos, por cuanto tienen la ventaja de influenciar directamente en las
dinámicas privadas -en vez de tratar de intervenir mediante mandatos generales,
como serían las leyes- y, por ende, también son capaces de contar con una esfera de
influencia que traspasa las fronteras entre países (Beckers, Anna (2016): “Using
contracts to further sustainability? A contract law perspective on sustainable public
procurement”, en SJÅFJELL, Beate y WIESBROCK, Anna (edit.): Sustainable public
procurement under EU law: new perspective on the state as a stakeholder, Cambridge,
Cambridge University Press, p. 206).

Consecuentemente, la Asamblea General de ONU, de 25 de septiembre de
2015, aprobó la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Se trata de un plan de
acción conformado por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas para poner
fin a la pobreza, proteger el medioambiente y combatir el cambio climático, propender
al progreso económico y la paz, entre otras aspiraciones. Teniendo en cuenta las
distintas realidades, capacidades y nivel de desarrollo de cada país, dentro de los



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UN MIL CIEN




Objetivos de Desarrollo Sustentable se encuentra el de “promover prácticas de
adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y
prioridades nacionales” (N° 12), lo cual importa incluir criterios de sostenibilidad en
sus legislaciones de compra pública, lo que es un típico ejemplo de una política
horizontal; y el N°8, sobre “trabajo decente y crecimiento económico”, tiene entre sus
metas “promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a
servicios financieros”, políticas de fomento que pueden ser impulsada a través de la
contratación pública.

Por su parte, la OCDE, de la cual Chile forma parte, tiene dos guías
fundamentales respecto a políticas horizontales en la contratación pública, ambas de
2015. En la Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública sugiere a los
Estados adherentes que: “reconozcan que todo uso del sistema de contratación pública
que pretenda conseguir objetivos secundarios de política deberá sopesar estas
finalidades frente al logro del objetivo principal de la contratación” (el valor por
dinero), lo que conlleva una estrategia adecuada para integrarlos, considerando una
evaluación de riesgos y la realidad de cada país, para emplear una metodología
adecuada de evaluación de impacto para cuantificar sus efectos. Además, se lanzó la
guía “Principios de compra pública sostenible”, señalando que “la buena contratación
pública es contratación pública sostenible”, lo que implica discernir acerca de lo que
se está comprando o contratando en todas sus etapas: desde la obtención de los
materiales hasta la disposición final del producto, y la posibilidad de abordar a todos
los actores de dicha cadena, incluyendo a las autoridades ambientales, el comprador,
proveedor, a los trabajadores, etc. Estas guías pretenden que los estados que son parte
de la OCDE vayan incorporando estos criterios dentro de sus ordenamientos,
entregando apoyo y haciendo un seguimiento de tales políticas para que se avance en
su implementación.

En fin, el Convenio N° 94 OIT, aunque no ha sido suscrito ni ratificado por
Chile, busca asegurar que los salarios de los trabajadores no sean un elemento de
competitividad para contratar con el Estado, y por ello asegura ciertos estándares de
remuneración.

8°. De lo anterior resulta que, entre las diferentes políticas horizontales que
pueden adoptarse en la contratación pública, existen múltiples razones para que el
Estado exija contratar sólo con empresas que cumplan las leyes laborales, de manera
de evitar asociar al Estado con comportamientos ilícitos que vulneren los derechos de
los trabajadores. Ello puede lograrse proporcionando incentivos adicionales al
cumplimiento de la ley para evitar así vulneraciones legales en el cumplimiento del
contrato y garantizar una competencia justa, entre otras razones, (Arrowsmith, p. 154).
En nuestro sistema jurídico la finalidad de la sanción se puede sintetizar en las




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UN MIL CIENTO UNO




siguientes razones:

a.- Aseguramiento de libre competencia, cuestión que se tuvo a la vista y que
consta en la historia legislativa de este precepto, en la moción que dio origen a la Ley
N° 20.238, que incluyó este artículo a la Ley N° 19.886, se razonó que: “el óptimo
funcionamiento de estos mecanismos, además, precisa la libre competencia entre los
proveedores, la que se ve dificultada y entorpecida por actitudes desleales en algunos
oferentes que, mediante la violación de las leyes laborales, sociales y tributarias,
consiguen mejorar sus costos y tener así mayores posibilidades de éxito en las
licitaciones y convocatorias.” (Historia de la Ley, pp. 4-5).

b.- Reputación y buena fe en la contratación con el Estado: La provisión de bienes
y servicios del Estado tiene ciertas particularidades que hacen imprescindible que,
además del establecimiento de licitaciones públicas, igualitarias y transparentes, se
garantice que quienes contratan con el Estado cumplan la legislación y los contratos
plenamente y de buena fe.

En primer lugar, porque se paga con recursos públicos; en segundo lugar,
porque la mayoría de las veces la contratación está ligada con políticas públicas,
servicios públicos, y en general con asuntos de bien común que requieren de calidad
y continuidad. Las empresas que contratan con el Estado deben garantizar el
cumplimiento de la legislación y la buena fe en el cumplimiento de las cláusulas
contractuales. La condena por prácticas antisindicales es un indicio de que la empresa
en cuestión no sólo infringe las normas laborales, sino que además hace uso de
maniobras ilícitas y vulnera derechos fundamentales (incluyendo la libertad sindical).
Normas de este tipo se han incluido progresivamente en la legislación, y algunas de
ellas han sido revisadas por el Tribunal Constitucional, como ocurrió con el proyecto
que introdujo la televisión digital (STC 2645).

c.- Incentivo económico para el cumplimiento de legislación laboral: El
establecimiento de esta inhabilidad constituye un poderoso incentivo para que las
empresas cumplan la legislación laboral y, al mismo tiempo, es una medida altamente
eficiente, pues fomenta el cumplimiento de la ley y disminuye la presión en la
fiscalización de la misma, ya que las empresas estarán interesadas en no ser
condenadas por prácticas antisindicales o por vulnerar los derechos fundamentales
de sus trabajadores.

El establecimiento de incentivos a través de la ley, especialmente en el caso
de la protección de los derechos de los trabajadores es legítimo y coherente con el
principio protector del trabajo, asegurado en la Constitución y en toda la normativa
laboral. Así esta Magistratura ha señalado que la protección constitucional del trabajo
a que se refiere el artículo 19, Nº 16°, de nuestra Carta Fundamental, “no se limita sólo
a garantizar la libertad de elección y de contratación laboral, sino que, al incluir la
garantía constitucional el reconocimiento expreso de la libertad de trabajo y su
protección, la Constitución extiende la protección al trabajo mismo, en atención al
compromiso inseparable de respeto a la dignidad del trabajador en la forma en que



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UN MIL CIENTO DOS




efectúa su labor y a la ineludible función social que cumple el trabajo” (STC roles N°s
2086-12, 2110-12, 2114-12, 2182-12, 2197-12); […] Que lo que la Constitución protege
es “un trabajo de calidad, con condiciones justas y favorables de trabajo o de la
actividad lícita desempeñada” (Daniela Marzi Muñoz: “Derecho al trabajo: Trabajo
con contenido y fines”, en Derechos económicos, sociales y culturales en el orden
constitucional chileno. Editorial Librotecnia. Santiago, 2012, p. 127).

Se ha agregado que el trabajo que debe protegerse es el “digno” y el
“decente”. El trabajo digno, según ha señalado el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de Naciones Unidas, es aquel que respeta los derechos
fundamentales de la persona humana, así como los derechos de los trabajadores en lo
relativo a sus condiciones de seguridad laboral y remuneración. También lo es aquel
que ofrece una renta que permite a los trabajadores vivir y asegurar la vida de sus
familias. Estos derechos fundamentales también incluyen el respeto a la integridad
física y mental del trabajador en el ejercicio de su empleo. Por su parte, el trabajo
decente es aquel trabajo productivo para hombres y mujeres en condiciones de
libertad, equidad, seguridad y dignidad humana (Daniela Marzi Muñoz: “Derecho al
trabajo: Trabajo con contenido y fines”, en Derechos económicos, sociales y culturales
en el orden constitucional chileno. Editorial Librotecnia. Santiago, 2012, p. 131);”
(Prevención de STC 2470, c. 9° y 12°).



III. La inhabilidad establecida por el precepto no configura una diferencia
arbitraria ni vulnera el debido proceso.

9°. En relación al precepto legal impugnado de la ley 19.886, este Tribunal ha
considerado que: “a) Se trata de una inhabilidad congruente con los objetivos perseguidos,
desde un comienzo, por la legislación que reguló la contratación con la Administración del
Estado. b) La inhabilidad en cuestión es el efecto o consecuencia de una sentencia judicial
ejecutoriada, esto es, de un proceso judicial en que quien resulta imputado de haber lesionado
derechos fundamentales de sus trabajadores ha podido defenderse formulando sus descargos.
(…). No se trata, por ende, de una apreciación o juicio formulado por la Dirección del Trabajo
o por la Dirección de Compras y Contratación Pública, (…). En consecuencia, existe una gran
diferencia entre la suspensión o eliminación del Registro de Proveedores que puede efectuar la
Dirección de Compras y Contratación Pública en virtud del N° 6) del artículo 92 del Decreto
Supremo N° 250, del Ministerio de Hacienda, de 2004, y la condena por infracción a los
derechos fundamentales del trabajador de la misma norma), que opera con el solo mérito de la
sentencia judicial ejecutoriada que la pronuncia. c) La inhabilidad de que se trata persigue
evitar la repetición de conductas lesivas a los derechos de los trabajadores, pero no impedir del
todo el desarrollo de la actividad económica del empleador, que podrá seguir contratando con
entes o personas que no pertenezcan a la Administración del Estado. Ésa es la razón de que la
inhabilidad sólo dure dos años.” (STC 1968 c. 32°).

10°. Asimismo, esta Magistratura ha puesto énfasis en el modo concreto en
que se han ejercitado los derechos procesales de las partes acorde a un estándar de



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UN MIL CIENTO TRES




racionalidad y justicia del debido proceso. Es por eso que en la causa Rol 2133 se
sostuvo “[q]ue, en el proceso laboral aludido precedentemente, la parte demandada y actual
requirente de inaplicabilidad tuvo amplias posibilidades de defenderse, según dan cuenta
diversos considerandos de la sentencia que se ha venido citando. (….). Así, y teniendo a la vista
todos los antecedentes (…), esta Magistratura no comparte el argumento conforme al cual la
inhabilidad consecuencial que lo afecta impidiéndole contratar con la Administración, por
haber sido excluido del Registro Oficial de Contratistas, no se haya fundado en una sentencia
pronunciada por un juez de la República, fruto de un proceso legalmente tramitado y en que la
defensa del banco demandado no haya podido ejercitarse.”

11°. Se agregó que “[p]or lo demás, la afectación al principio de que no puede
presumirse de derecho la responsabilidad penal, tampoco ha podido producirse, toda vez que
esa prohibición, contenida en el inciso séptimo del artículo 19 N° 3° de la Carta Fundamental,
sólo resulta aplicable en materia penal, y no en causas en que se ha hecho efectiva la
responsabilidad civil, mediante la imposición de la respectiva indemnización de perjuicios –y
la inhabilidad consiguiente-, como ocurre en la especie.” (STC 2133 c. 22°).

12°. De lo anterior resulta que la inhabilidad de que se trata no resulta
desproporcionada ni injusta, toda vez que constituye una exigencia de cumplimiento
de la ley. No se trata de requerimientos que excedan el marco legal y, de hecho, no se
exige que los proveedores cumplan todas las reglas laborales; sólo se trata de que no
incurran en conductas especialmente graves, como es en este caso la vulneración de
derechos fundamentales; en segundo lugar, de acuerdo a las finalidades que persigue
la ley y que fueron expuestas, la aplicación de esta inhabilidad es fundamental para
proteger al Estado de futuras responsabilidades y para incentivar una justa y sana
competencia; en tercer lugar, nos encontramos aquí con una inhabilidad temporal y
no definitiva, pues exige que los proveedores no hayan sido sancionados sólo durante
los dos años previos; la determinación del proveedor que ha incurrido en algunas de
estas conductas no la realiza la Administración, sino que los Juzgados de Letras del
Trabajo competentes, pudiendo la requirente ejercer todos sus derechos en el proceso
respectivo (STC Rol N° 1968, c. 32).



IV. Aplicación de los criterios antes expuestos en relación al fondo de los
cuestionamientos

a) Igualdad ante la ley

13°. La requirente esgrime que la aplicación de los preceptos impugnados
vulnera la igualdad ante la ley.

Este derecho consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para
todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y,
consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones
diferentes. No se trata de una igualdad absoluta sino que ha de aplicarse la ley en cada
caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo



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UN MIL CIENTO CUATRO




tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición
(STC N° 784, c. 19°) (En el mismo sentido STC 2664, c. 22°, STC 2841, c. 6° y STC 2895,
c. 8°).

14°. Por otra parte, las garantías son funcionales a los derechos que tutelan y
no pueden quedar indexadas a una rigidez normativa que si se justifica en mayor
grado para las normas que los reconocen y configuran. De tal modo, el derecho a la
igualdad ante la ley se focaliza en la protección o distribución de otros bienes, en
especial de derechos fundamentales. Lo que hace la norma es proveer criterios para
evaluar si un determinado trato debe considerarse como igual o desigual.

15°. Desde otra perspectiva, la igualdad ante la ley prohíbe toda
discriminación arbitraria. Sin embargo, esto último no importa la exigencia de un trato
legal específico frente a toda diferencia, pues ello imposibilitaría la existencia de reglas
generales. “Lo que la Constitución prohíbe no es hacer diferencias, sino que
diferencias arbitrarias. No se prohíbe dar trato igual a situaciones diferentes, sino
hacerlo arbitrariamente; esto es, sin un fin lícito que lo justifique; lo prohibido es
hacerlo sin razonable justificación” (STC Rol N° 807, c. 22°).

16°. Lo objetado por la requirente es una presunta contradicción entre la
sanción de inhabilidad temporal para contratar con el Estado que se encuentra
establecida en la norma del artículo 4° de la ley N° 19.886 y el principio de igualdad
ante la ley consagrado en la Carta Fundamental, por cuanto no considera ni las
circunstancias relevantes que distinguen a dicha institución estatal de otras entidades
jurídicas, ni establece un parámetro razonable para su aplicación. (fs. 33)

17°. Sin embargo, la aplicación del artículo 4° de la ley N° 19.886 -que
corresponde a una medida accesoria destinada a perseguir un fin legítimo establecido
por el legislador, cual es evitar la afectación de garantías constitucionales de los
trabajadores en el contexto de su relación laboral o con ocasión del término de la
misma- no atenta en el caso particular en contra del derecho a la igualdad ante la ley
ni constituye una discriminación arbitraria con respecto a la requirente, por las
siguientes razones: i) su aplicación es consecuencia del cumplimiento del requisito
que exige la ley para que opere la inhabilidad: condena en sentencia judicial precedida
de un procedimiento en que el demandado pudo defenderse, como ocurrió en la
especie; ii) la diferencia que establece la norma es entre una misma categoría de
personas: quienes desean contratar con la Administración, diferenciación que resulta
necesaria e idónea para cumplir con las finalidades perseguidas por el legislador, esto
es, la protección más eficaz de los derechos fundamentales de los trabajadores.
Cuestión que también se ha plasmado en la incorporación de los procedimientos de
tutela laboral y otras modificaciones al Código del Trabajo, acorde al deber que
impone el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución; iii) el artículo 4° de la Ley de
Compras Públicas es una regla de Orden Público Económico, que refleja los valores
de la libertad de contratar y, a su vez, limita el ejercicio de determinados derechos,
como el que se desprende del artículo 19 N° 21 de la Constitución. No nos



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UN MIL CIENTO CINCO




encontramos aquí, en efecto, con una medida irracional y de una desproporción tal
que impida al requirente seguir ejerciendo su actividad propia. Se trata de aquí de
“evitar la repetición de conductas lesivas a los derechos de los trabajadores, pero no
impedir del todo el desarrollo de la actividad económica del empleador, que podrá
seguir contratando con entes o personas que no pertenezcan a la Administración del
Estado” y por ello la inhabilidad sólo dura dos años (STC Roles N°s 1968, c.37). Lo
mismo ocurre con la aplicación del artículo 495 del Código del Trabajo impugnado,
cuyo único objeto es mandatar al tribunal de fondo a que remita copia de la sentencia
a la Dirección del Trabajo para su registro.

b) Debido Proceso

18°. En segundo lugar, la empresa requirente alega que se vulnera el debido
proceso en la medida que los preceptos impugnados no admiten la posibilidad de
discutir, ante Tribunal alguno, la procedencia ni la duración de la sanción que en su
virtud se aplica. (fs. 40)

19°. Pero, como ya se afirmó, la inhabilidad de que se trata es el efecto o
consecuencia de una sentencia judicial ejecutoriada, esto es, del resultado de un
proceso judicial en que quien resulta imputado de haber lesionado derechos
fundamentales de sus trabajadores pudo defenderse formulando sus descargos, por
lo que la inhabilidad constituye sólo una medida accesoria que resulta de la sentencia
condenatoria.

20°. Por lo demás, los efectos que produzca tal sentencia sólo comenzarán con
la incorporación del requirente en el registro de proveedores que no pueden contratar
con el Estado. Desde entonces el afectado podrá reclamar contra tal acto
administrativo impugnándolo por la vía de reposición o jerárquica y, estando a firme
el acto administrativo si no le es favorable, puede interponer las acciones
jurisdiccionales que correspondan, como son la que establece la propia Ley de
Contratación Pública o el recurso de protección, por lo cual no se aprecia que se
vulneren las garantías del debido proceso por la aplicación en el caso de los preceptos
impugnados.

c) Principio del non bis in ídem

21º. En cuanto a la supuesta infracción al principio non bis in ídem, este
Tribunal lo ha identificado como una regla de integración convencional a contenidos
constitucionales. Por lo mismo, “hemos sostenido la vía complementaria y
convencional del contenido expreso desde los artículos 14.7 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y el 8.4 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, a través del artículo 5° inciso segundo de la Constitución. Cabe ahora
especificar las normas constitucionales internas, lo que traducido en el primer
estándar material del non bis in ídem implica que no es posible sancionar a una
persona dos veces en lo mismo. De este modo, “ningún delito se castigará con otra
pena (...)”. Este es un mandato dirigido al legislador penal que puede vulnerar cuando




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UN MIL CIENTO SEIS




establece otras penas por los mismos sujetos, hechos y fundamentos, vulnerando el
principio de legalidad penal, señalado en el inciso 8°, numeral 3° del artículo 19, de la
Constitución. Esta vertiente material puede complementarse interpretativamente
como una infracción al principio de tipicidad puesto que el dilema radica en la
configuración normativa de los ilícitos” (Sentencia Rol 3054, c. 20°).

22°. Asimismo, “en cuanto a la vertiente procesal del principio de non bis in
ídem, por una parte, están las reglas del debido proceso puesto que sería una garantía
de un procedimiento e investigación racional y justo. Sin embargo, podríamos
entender que una de las variantes del principio se encuentra consagrado de modo
indirecto al establecer la prohibición de que el “Presidente de la República y el
Congreso” Nacional pueda “hacer revivir procesos fenecidos” (frase final del inciso
primero del artículo 76 de la Constitución). Este precepto viene reiterándose en la
larga trayectoria constitucional chilena como una manifestación del principio de cosa
juzgada*; Que de este modo, con base normativa concreta, es posible advertir que los
fundamentos que explican el principio non bis in ídem se relacionan en la
Constitución chilena con el principio de legalidad penal y de tipicidad, en su
dimensión material, y con el debido proceso y la cosa juzgada en la vertiente
procedimental del principio non bis in ídem material. Y en ambas circunstancias,
complementadas por los tratados internacionales que regulan específicamente la
materia†” (STC 3054, cc. 21° y 22°).

23°. Adicionalmente, y ahora aplicando estos criterios a las materias
concernidas en esta causa hemos sostenido “[q]ue, en cambio, el fundamento o causa
de la inhabilidad prevista hoy en el artículo 4° de la Ley N° 19.886, modificado por la
Ley N° 20.238, se encuentra en la falta de idoneidad para contratar con la
Administración en que incurre aquella persona natural o jurídica que, estando inscrita
en el Registro Oficial de Contratistas de la Administración, infringe derechos
fundamentales de sus trabajadores, así declarado por una sentencia judicial
ejecutoriada. Así, los bienes jurídicos que están protegiendo los artículos 489 del
Código del Trabajo y 4° de la Ley N° 19.886, modificado por la Ley N° 20.238,
respectivamente, al contemplar las sanciones indicadas, son diferentes, lo que no
permite sostener que se haya vulnerado, en la especie, el principio del non bis in ídem,
y así se declarará.” (STC 1968 c. 40° y 41°).

24°. En este caso, el Tribunal condenó a la requirente al pago de la
indemnización en procedimiento de tutela con ocasión del despido y el feriado
correspondiente al año 2018, y la aplicación del artículo 4° de la Ley N° 19.886 tiene
muchas otras funciones más allá de la sanción, tal como se expuso previamente.
Siendo así, no existe plena identidad del fundamento en la aplicación de la sanción.



V. Defectos formales de que adolece el requerimiento.

25°. A mayor abundamiento, y sin perjuicio de los argumentos que se han dado a



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UN MIL CIENTO SIETE




conocer en los considerandos anteriores relacionados con la fundamentación de los
preceptos legales impugnados, necesariamente el requerimiento debe ser rechazado
porque éste adolece de una serie de defectos de carácter formal que nos llevan a
considerar que nos encontramos frente a un conflicto en el que la declaración de la
inaplicabilidad por inconstitucionalidad no producirá efectos útiles ven él.

Al respecto cabe recordar que esta judicatura constitucional ha razonado con
anterioridad que, si bien una de sus salas puede dar por cumplido el requisito de
admisibilidad, el pleno de este Tribunal puede formular un rechazo formal acerca de
la procedencia de un requerimiento como resultado del examen que le compete
realizar (STC Roles 2.693, 2.881, 3.146, 5192, entre otras).

a) Preceptos legales no resultan decisivos para la resolución del asunto
sometido a la consideración de la judicatura laboral

26°. Ha de tenerse presente que la gestión pendiente corresponde a un
recurso de nulidad, siendo las causales para interponerlo de derecho estricto. Pues
bien, de acuerdo a los antecedentes de la gestión pendiente aparece que los preceptos
legales impugnados de inaplicabilidad no serán decisivos en la resolución de tal
recurso, por cuanto éste se funda en otras disposiciones.

Según consta de los antecedentes, el recurso de nulidad se funda en la causal
del artículo 478, letra e), del Código del Trabajo, por haberse dictado la sentencia con
omisión del requisito establecido en los numerales 4 y 5 del artículo 459 del Código
del Trabajo. En subsidio de esa causal, la del artículo 478, letra b) del mismo cuerpo
legal, por haber sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la
apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Y, en subsidio, por la
causal contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, por haber sido dictado
el fallo recurrido con infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo
del fallo (fs. 803-860).

27°. De acuerdo al art. 93 Nº 6 de la Constitución, la atribución del Tribunal
Constitucional es resolver la inaplicabilidad de un precepto legal “cuya aplicación en
cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a
la Constitución”, exigiendo el inciso 11° del mismo art. 93 que “la aplicación del
precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución del asunto”.

Si conforme al art. 93 Nº 6 de la Constitución la atribución del Tribunal
Constitucional es resolver la inaplicabilidad de un precepto legal “cuya aplicación en
cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a
la Constitución”, queda de manifiesto que no es la aplicación de los preceptos
impugnados en esta gestión pendiente la que produciría efectos en ella.

28°. En efecto, la inaplicabilidad, que surte efectos en un caso concreto, en
una gestión y ante un tribunal determinados, no sirve para producir el resultado
esperado por la requirente.




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UN MIL CIENTO OCHO




No es la aplicación de los preceptos impugnados en la gestión pendiente, por
lo tanto, la que produciría los efectos inconstitucionales que denuncia la requirente,
sino que la aplicación futura e indeterminada, en un proceso de contratación pública,
en la cual una posible declaración de inaplicabilidad no tiene efecto alguno. No es
razonable contar con una especie de “inaplicabilidad por inconstitucionalidad en
blanco” aplicable a lo futuro como un instrumento al portador.

El artículo 4°, inciso primero, de la Ley N° 19.886 establece que quedarán
excluidos de contratar con la Administración quienes “hayan sido condenados por
prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o
por delitos concursales establecidos en el Código Penal”. Dicha inhabilidad, como se
ha explicado, opera como un efecto de la sentencia, independiente de lo discutido en
la gestión pendiente. Asimismo, el artículo 495, inciso final, del Código del Trabajo,
solo ordenan la remisión de la sentencia a la Dirección del Trabajo, lo que confirma
que los preceptos no son decisorios Litis.

29°. En definitiva, la afectación a los derechos del requirente sólo podría
plantearse cuando el referido recurso se resuelva y únicamente en la etapa de
ejecución del fallo, lo cual supone que exista una sentencia ya ejecutoriada. Por lo
tanto, el problema que plantea el requirente no tiene efecto alguno en el inter de la
relación laboral sino que se vincula con el derecho administrativo, cual es la
incorporación en el registro de proveedores del requirente en su calidad de condenado
por infracción a derechos fundamentales del trabajador. Solo entonces el acto
administrativo que inhabilite a la requirente para contratar con entidades públicas por
dos años, como ya se expresó, podrá impugnarse por las vías administrativas o
judiciales que correspondan.

b) El requerimiento plantea un problema de mera legalidad

30°. Además, hay cuestiones que son de competencia del juez del fondo y que
dicen relación con el ámbito de aplicación de la ley 19.886 para el caso de la
Universidad de O’Higgins, que es una institución pública. En tal sentido, la requirente
señala que “se aplica sin fundamento legal expreso, una inhabilidad concebida para las
instituciones privadas y no para aquellas de naturaleza pública como lo es la UOH,
Universidad estatal y servicio que forma parte de la Administración del Estado” (fs. 12) y que
la aplicación de los preceptos impugnados “violenta gravemente esta manifestación del
principio de igualdad ante la ley, en la medida que hace extensiva una sanción que, desde la
redacción de la norma, siempre estuvo pensada para instituciones u organismos de connotación
privada, igualándose a la Universidad de O’Higgins a entes que no se encuentran en las
mismas circunstancias ni que tampoco poseen las mismas características en cuanto a su
naturaleza jurídica y función“ (fs. 26). A partir de estos cuestionamientos el
requerimiento considera también vulnerado el principio de servicialidad del Estado
contemplado en el inciso 4° del art. 1° de la Carta Fundamental.

31°. Los reproches recién extractados son de mera legalidad, sin que le quepa
a esta Judicatura Constitucional examinarlos por cuanto no es materia suya



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UN MIL CIENTO NUEVE




determinar si el art. 4° de la ley 19.886 alcanza a los órganos públicos. Ello habida
cuenta de que tal disposición no menciona expresamente a las universidades estatales
que se rigen por una ley especial, en este caso por la ley N° 20.842, de 7 de agosto de
2015, que creó la Universidad O’Higgins, como persona jurídica de derecho público
autónoma, funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio
propio (art. 1°), cuyo personal “tendrá la calidad de empleado público y se regirá por
el estatuto de la universidad, los reglamentos especiales, si los hubiere, y
supletoriamente por las normas generales aplicables a los funcionarios públicos” (art.
9°).

32°. Respecto a ello la Excma. Corte Suprema, en relación al artículo 4° de la
Ley N° 19.886, ha sentenciado que “de la sola lectura de la disposición en comento aparece
que ésta no contempla distinción alguna en torno a las empresas o personas a quienes van
dirigidos sus preceptos, de modo que es posible concluir que la inhabilidad allí consagrada
resulta igualmente aplicable a personas y empresas tanto públicas como privadas” agregando
que “el texto de la ley y la prohibición general de discriminación arbitraria contenida en el
texto constitucional permiten aseverar que, a diferencia de lo sostenido por la recurrente, la
inhabilidad en comento, fundada en la condena judicial por infracción a los derechos
fundamentales de los trabajadores, empece tanto a entidades privadas como públicas que
contraten con el Estado, al tenor de la Ley N° 19.886” (SCS Rol N° 16.907-2019).

Sin embargo, no puede olvidarse que la jurisprudencia de los tribunales
ordinarios ha sido oscilante. Así, por ejemplo, en sentencia de 28 de diciembre de 2018,
la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo: : “Que tal exclusión fue introducida a la Ley
19.886 por la Ley N° 20.238, que en su proyecto original, tal como bien lo trae a colación la
parte recurrente, deja en evidencia que la sanción de inhabilitación en el Registro de
Contratistas y Proveedores, estaba dirigida a entes particulares, que incurriendo en actitudes
desleales mediante la violación de las leyes laborales, sociales y tributarias, pudieren “mejorar
sus costos y tener así mayores posibilidades de éxito en las licitaciones y convocatorias”
amagando así una libre competencia entre proveedores de la Administración Estado./ De este
modo para entender que tal sanción puede ser aplicada a una institución de derecho público,
habría de tener que recurrirse a una interpretación extensiva de la norma del artículo 4 de la
ley 19.886, cuestión que está vedada, pues esta clase de prohibiciones son restrictivas y
excepcionales no pudiendo ser aplicadas por analogía./ Que entonces la cuestión es si la
Universidad de Chile, indubitadamente es un ente público y no privado para efectos de la
operatividad de la antes referida exclusión, pues de ser así, la condena por vulneración de
derechos fundamentales en el ámbito laboral, del que fue objeto en la citada causa Rit T-439-
2016, del Segundo Juzgado Laboral de Santiago, no podría producir el efecto de excluirla
temporal o definitivamente de la posibilidad contratar con la Administración del Estado” (Rol
43.854 de 2017).

33°. Por otra parte, de lo que ya no hay dudas es que, como dispone la ley
interpretativa del inciso 1° del art. 485 del Código del Trabajo N° 21.280, de 9 de
noviembre de 2020, el procedimiento de tutela laboral contemplado es aplicable a




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UN MIL CIENTO DIEZ




todos los trabajadores, incluidos los funcionarios de la Administración del Estado,
centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, los
trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga
aportes, participación o representación, y que se encuentren sometidos por ley a un
estatuto especial, como asimismo los trabajadores que se desempeñen en los órganos
señalados en los Capítulos VII, VIII, IX, X y XIII de la Constitución Política de la
República y a aquellos que sus propias leyes declaren como autónomos.

Es decir, pudiendo tales instituciones públicas ser condenadas por vulneración
a los derechos fundamentales de sus trabajadores, dependerá que se aplique a su
respecto la sanción de inhabilidad establecida en el art. 4° de la ley 19.886 según la
interpretación que los jueces le den a dicho precepto.

34°. Por último, dependerá asimismo del propio juez del fondo determinar
el alcance de dicha norma para definir si la inhabilitación se aplica a toda la
universidad o a la razón social que actuó como empleadora. No es resorte de esta
Magistratura, so pretexto de argumentar que las cuestiones acontecidas al interior de
una unidad administrativa no tienen por qué afectar a otras áreas que nada tienen que
ver con una organización compleja y multiforme como es la universidad, resolver un
asunto de esas características por cuanto ello se encuentra en el ámbito de la
competencia del juez laboral o del recurso a la sistemática normativa de la
contratación pública.

35°. Por lo anterior, los reproches que formula el requerimiento en relación a
la afectación del principio de servicialidad del Estado serán materia que habrá de
ponderar el juez al decidir una materia que es propia de su competencia, como es si
cabe la aplicación del art. 4° de la ley 19.886 a los entes públicos.

36°. Por todo lo anteriormente expuesto, a juicio de quienes suscriben este
voto, debió desestimarse el requerimiento deducido.



Redactó la sentencia la Presidenta, Ministra señora MARÍA LUISA BRAHM
BARRIL, y la disidencia la Ministra señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO.




Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 9876-20-INA


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su
Presidente, Ministre señor JUAN JOSÉ ROMERO GUZMÁN, y por sus Ministros señor IVÁN
ARÓSTICA MALDONADO, señora MARÍA LUISA BRAHM BARRIL, señores GONZALO
GARCÍA PINO, CRISTIÁN LETELIER AGUILAR, NELSON POZO SILVA, JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ
MÁRQUEZ, señora MARÍA PÍA SILVA GALLINATO, y señor MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ.




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Firma el señor Presidente del Tribunal, y se certifica que los demás señoras y
señores Ministros concurren al acuerdo y fallo, pero no firman por no encontrarse en
dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las medidas dispuestas
ante la alerta sanitaria existente en el país.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María Angélica
Barriga Meza.




Juan José Romero Guzmán María Angélica Barriga Meza
Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional
Fecha: 14-10-2021 Fecha: 14-10-2021
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